Gráfico sobre principales exportadores de piña a nivel mundial extraído del Informe “Pineapples: U.S. import-eligible countries; world production and exports”, disponible en el sitio oficial: www.ers.usda.gov
Este 20 de marzo del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrará una audiencia para escuchar los alegatos de comunidades de Costa Rica víctimas de los efectos de la producción de la piña en Costa Rica (ver
nota de prensa) Se trata de las comunidades del Cairo, Francia, Luisiana y Milano de la región de Siquirres, cuyos acuíferos fueron contaminados por empresas piñeras. Desde el mes de julio del 2007, más de 6000 personas en estas comunidades toman agua proviniente de camiones cisternas proveídos por una entidad pública, Acueducto y Alcantarillado (AyA). A la fecha, el Estado costarricense no ha sancionado a los responsables de esta contaminación. No se tiene información sobre acción penal alguna de una entidad estatal contra las empresas responsables de dicha contaminación. El Estado tampoco ha proveído a las comunidades afectadas con un nuevo acueducto en agua potable. La expansión piñera fue titulada en el 2009 como "insensata (ver
artículo de El Financiero, del 1/07/2009).
Una larga lista de daños
Se trata de una actividad productiva que genera un serie de daños ambientales muy graves, algunos de carácter irreversible, en la medida en que, a diferencia de la piña criolla costarricense, o de la piña Hawaiana o de la piña Cayena producidas a inicios de los años 2000 para el mercado internacional, la especie "MD2" o "Sweet Gold" implantada en Costa Rica en el 2006 requiere de una gran cantidad de pesticidas y plaguicidas para ser producida. Un número especial de la
Revista Ambientico (Universidad Nacional) describe en detalle los daños ambientales que ocasiona la piña MD-2 en Costa Rica (Número 177 de junio del 2008 disponible
aquí). Estos daños también son económicos para los productores de ganado vecinos, debido a la proliferación de la mosca de establo que acarrea el mal manejo de los rastrojos de la piña (ver
artículo de La Nación del 12/07/2010). Desde el punto de vista de la denuncia social y ambiental, son varios los reportajes hechos fuera de Costa Rica que han alertado a la opinión pública interamncional sobre la situación que impera en muchas piñeras de Costa Rica y los efectos sociales del modelo productivo adoptado (ver reportajes de Suisse Romande, 2007, "
Les ananas de la colère", Miami Herald, 2008, "
Costa Rica's pineapple boom raises environmental questions", Radio Canada, 2009, "
Les ananas du Costa Rica" o The Guardian, 2010, "
Pineapples: Luxury fruit at what price?", The Guardian, 2010, "
Bitter fruit: The truth about supermarket pineapple" o el más reciente publicado en
Der Spiegel en julio del 2014), alertando a los consumidores (
Nota 1). En una nota del Semanario Universidad, una de las juezas del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) indicaba que al llegar sorpresivamente a investigar piñeras por presuntos delitos ambientales, los jueces observaban cómo los trabajadores salían huyendo de la finca, confundiendo los vehículos oficiales de TAA con los de la Policía de Migración.
Foto extraída de un informe publicado en Suecia en el 2013 titulado : "Toxic pesticides on Costa Ricas plantations"
La actitud del Estado costarricense
En un
artículo titulado "
La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña" publicado en septiembre del 2011, el experto en gestión ambiental Allan Astorga señalaba las diversas modificaciones hechas a la normativa ambiental por las mismas autoridades estatales para favorecer la expansión de la piña en el período 2006-2010, concluyendo que: "
Es urgente reorientar una producción piñera que, lejos de ser un orgullo para la imagen verde de nuestro país ante el mundo, se ha convertido en una verguenza nacional". En el precitado
número 177 de Ambientico, la abogada Gabriela Cuadrado estudio en detalle la inédita propuesta de Decreto Ejecutivo elaborada por el Ministerio de Salud tendiente a legalizar la contaminación de agua potable en su artículo: "
Legalización de la contaminación de aguas para
consumo humano (caso del diurón y el bromacil)". Más recientemente (noviembre del 2014), un estudio publicado en Francia describe otro efecto de la expansión de la piña ante el que el Estado costarricense demuestra una inédita complacencia: la concentración de tierras en detrimento del pequeño y mediano agricultor costarricense (artículo de Edgar Fernández Fernández "
L’accaparement des terres au Costa Rica : le cas des entreprises productrices d’ananas" (disponible
aquí).
Una advertencia desoída
Costa Rica es el primer exportador de piña a nivel mundial desde el 2007. Esta posición coïncide con la administración del Presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010) y su marcada política de apertura a la economía mundial, la cual se mantuvo durante la administración de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014). No obstante, la cantidad de denuncias y de recursos de amparo recibidos por parte de la Sala Constitucional en los años 2006 y 2007 y los numerosos cuestionamientos realizados por activistas y académicos llevaron al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) a solicitar a las autoridades de Costa Rica frenar la expansión de la piña. Dicha solicitud con fecha de
diciembre del 2008 exigía una moratoria para nuevas plantaciones de piña, hasta tanto, entre otros puntos, se valorara los efectos sociales y ambientales del modelo de producción impulsado, y se reforzara las capacidades de fiscalización del Estado costarricense (texto del Pronunciamiento del Consejo Universitario de Diciembre del 2008 disponible
aquí). En un
artículo reciente de septiembre del 2014, Geanina Amaya Rodríguez recordaba los compromisos de campaña de la actual administración del Presidente Luis Guillermo Solis: "
En campaña política el PAC aseguró que “Debe establecerse una moratoria a la expansión de la producción piñera de acuerdo al principio precautorio, hasta que se establezcan los mecanismos y controles adecuados por parte de las instituciones estatales con competencia en la materia". En octubre del 2014, un legislador de otra bancada, el diputado Edgardo Araya (Frente Amplio), propuso establecer una moratoria nacional por 5 años y gravar con un impuesto especial la piña (ver
nota de prensa): la segunda iniciativa dio lugar al proyecto de ley 19.371 publicado en La Gaceta en noviembre del 2014 (ver
texto). Habiéndose convertido el PAC en caja de resonancia a los fundados reclamos de las comunidades afectadas desde el 2008, habiendo además participado de forma activa (con la entonces unipersonal bancada del FA) para que la piña sea parte de la discusión política desde el 2008 en Costa Rica, y habiendo los académicos de la UCR nutrido parte de esta discusión, resulta lógico que la paciencia de comunidades, organizaciones, activistas y académicos empiece poco a poco a mermarse en estos meses del 2015.
Instancias internacionales y piña de Costa Rica
En el 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue solicitada con relación a la piña en Costa Rica, para ordenar a Costa Rica medidas para proteger la vida y la integridad física de un activista y reconocido opositor a la expansión de la piña, Aquiles Rivera (ver
nota). En este mismo año 2009, la relatora espacial de Naciones Unidas sobre Derecho Humanos, Agua y Saneamiento, Catarina Albuquerque, en su informe de misión en Costa Rica (ver
texto) señalaba: "
71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de
Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las
plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con
diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período
prolongado " (p.22, punto 71). La misma recomendaba en el 2009 "
85. La Experta independiente recomienda que Costa Rica apruebe, como medida
prioritaria, los proyectos de decreto ejecutivo destinados a reglamentar el uso de Bromacil
y Diurón en las explotaciones agrícolas" (p. 26, punto 86).En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra hizo circular una nota oficial (ver
texto del documento HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009) que detalla las presuntas carencias del Informe. Con relación al tema de la piña, el punto 4 precisa que “
sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica a la experta de Naciones Unidas entendible si proviniese del sector productivo, pero que sorprendió a muchos observadores al provenir del mismo Estado.
Concluión
Como se puede apreciar, a lo largo de estos últimos 8 años, la actitud del Estado costarricense con relación a la producción de la piña ha sido sumamente cuestionable. La CIDH oirá este 20 de marzo (en las vísperas de la celebraciones del Día Mundial del Agua) los descargos de las comunidades de Siquirres, quiénes han agotado pacientemente, una tras otra, todas las vías legales existentes para hacer valer su derecho al agua desde el 2007 (derecho consagrado como tal por la Sala Constitucional de Costa Rica). El marco de la demanda se circunscribe únicamente a los efectos en el agua de la contaminación de las empresas piñeras en Siquirres y a la conducta de las autoridades estatales desde el 2007 en esta zona, y no entra a analizar otros aspectos como los brevemente descritos. Pese a ello, es muy probable que otras comunidades afectadas por la expansión piñera desde muchos años, en particular las de la Zona Norte de Costa Rica - que actualmente concentra más del 50% de la producción total de la piña costarricense - y de otras partes del país (como Buenos Aires de Puntarenas o Chomes), observen con mucha atención este caso: la sustancias químicas usadas en Siquirres son muy similares a las que se usa en el resto del país para producir la MD-2; además, la capacidad de absorción de los suelos así como la vulnerabilidad de los acuíferos no son peculiaridades propias a la región de Siquirres. Por parte del Estado, no hay mucho que se pueda hacer ante los comisionados en Washington: el mismo Presidente del TAA fue recientemente bastante enfático con relación a la conducta estatal en el caso que se ventilará ante la CIDH: “
Vergüenza debe darle todo esto al Estado” (ver
artículo de La Nación de septiembre del 2014).
La profunda sensación de impunidad que evidencia el reciente reportaje del Semanario Universidad (
Nota 2) y el desinterés demostrado por el Estado costarricense por hacer valer en la hermosa tierra de Siquirres principios (bastante básicos) como el principio precautorio o el principio “quién contamina paga” constituyen, entre otros, argumentos de peso de difícil refutación que ahora colocan a Costa Rica en una situación extremadamente delicada desde el punto de vista internacional.
Nota 1:
Algunas organizaciones han intentado hacer ver al consumidor lo que no se dice de la piña costarricense: el informe "‘
The story behind the pineapples sold on our
supermarket shelves:
A case study of Costa Rica’ preparado por Consumers International y Bananalink constituye uno de estos intentos. En el 2008, la ONG británica OXFAM de igual manera lideró una campaña contra la comercialización de la piña de Costa Rica en los supermercados de Alemania (ver
nota de prensa de La Nación, 2008 y una
nota de DW titulada "
Explotación laboral en Latinoamérica: Alemania no es inocente" de abril del 2008).
Nota 2: Nos referimos a la edición del 11 de marzo del 2015 que incluye los siguientes reportajes: “
Milano de Siquirres sigue esperando un acueducto ocho años después” y “
Xinia Briceño, presidenta de Asada de Milano: “¡Ya nos hubieran construido tres acueductos con lo que han gastado en cisternas!”.
Una versión ampliada de esta nota fue publicada en
ALAINET el 13/03/2015, en
Periodistas-es el 15/03/2015, en
Informa-tico el 15/03/2015 y en
Diario La Extra (Página ABierta) el 24/03/2015. Una versión
mucho mas extensa fue editada en el sitio especializado en temas jurídico
Derechoaldia el 18/03/2015. Una versión
recortada e ilustrada con algunas fotos fue editada en
Tribuglobal el 22/3/2015.
