Las implicaciones de la sentencia de la CIJ condenando a Myanmar por genocidio contra la minoría Rohingya para Israel en Gaza
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
El pasado 19 de noviembre del 2026, por vez primera en toda la historia desde su creación en 1945, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) condenó a un Estado por cometer un genocidio: se trata de Myanmar (Birmania), objeto de una demanda por genocidio contra los integrantes de la comunidad musulmana Rohingya.
El texto de la sentencia dictaminada este 19 de noviembre del 2026 está disponible en francés (véase enlace) y en inglés (véase enlace).
Se trata de una sentencia que envía una señal muy poderosa a todas las víctimas de esta comunidad Rohingya de Myanmar, que han sufrido exacciones de todo tipo desde el 2016 y que la CIJ obliga ahora Myanmar a indemnizar, además de otras obligaciones en materia de reparación que precisa en su fallo.
Es de notar que en su reacción oficial (véase comunicado oficial), las autoridades de Myanmar se mostraron dispuestas a acatar todo lo señalado por la CIJ, un primer gesto que merece ser mencionado y sobre todo saludado: en particular en tiempos en los que ataques sistemáticos contra jurisdicciones internacionales y en contra de las reglas más básicas del ordenamiento jurídico internacional se observan por parte de algunos Estados y sus aliados.
Las autoridades diplomáticas de Francia han solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para examinar las implicaciones de esta decisión de la justicia internacional (véase nota de TV5Monde): se trata de una iniciativa bastante fuera de lo usual, al no tenerse precedente alguno de una reunión de este tipo luego de leerse una sentencia en La Haya por parte de la CIJ.
En las líneas que siguen, intentaremos explicar los alcances de esta sentencia de la CIJ contra Myanmar, pero más generalmente el significado de la misma para todas las víctimas de exacciones de todo tipo que claman por justicia, así como las implicaciones que tiene para Israel (y para su incondicional aliado norteamericano, así como algunos otros Estados cercanos a Israel) con respecto al genocidio siempre en curso en Gaza, también bajo examen en la CIJ desde diciembre del 2023.
El contexto de la demanda en breve
Es de resaltar que esta demanda por genocidio contra Myanmar fue interpuesta por Gambia en el año 2019.
Previo a ello, un informe de una comisión de investigación de Naciones Unidas había detallado las numerosas exacciones de todo tipo sufridas por esta comunidad musulmana en Myanmar y los discursos de odio de sus más altas autoridades políticas y militares contra los Rohingyas (véase enlace oficial a los informes de esta comisión).
El hecho que Myanmar haya sido demandada ante la CIJ por la lejana Gambia desde África genera varias interrogantes muy válidas.
Se trata de una situación bastante similar a la que enfrenta Israel, también demandado desde el mes de diciembre del 2023 por genocidio en Gaza por un Estado africano: Sudáfrica (véase texto de la demanda). E indirectamente, algunas similitudes afloran si pensamos en la demanda que enfrenta Nicaragua a Alemania por complicidad en el genocidio en curso en Gaza (véase demanda interpuesta en marzo del 2024 en su versión en francés y en inglés)
Estos casos examinados por la justicia internacional de La Haya deberían de interpelan a muchos en el mundo: la prevención y la prohibición del genocidio constituyen ambas obligaciones jurídicas que poseen todos los Estados miembros de Naciones Unidas (independientemente de que sean o no Estados Partes a la Convención de 1948 sobre la Prevención y la Sanción del Genocidio - véase estado oficial de firmas y ratificaciones). Adicionalmene, todos los Estados tienen la obligación jurídica de "respetar y hacer respetar" el derecho internacional humanitario desde que se estableció esta obligación en 1949 en los denominados Convenios de Ginebra ¿Qué es lo que se observará desde Gambia y desde Sudáfrica o desde Nicaragua, que no se logra apreciar mayormente desde los aparatos diplomáticos de todos los demás 151 Estados Partes a la Convención de 1948 sobre la Prevención y la Sanción del Genocidio?
Si bien el genocidio cometido por Myanmar no es el primero en la historia registrado desde 1945, es el primero en dar pié para una demanda contenciosa tramitada exitosamente ante los jueces de la CIJ. Y claramente, de no haber sido por los esfuerzos desplegados por el aparato diplomático de Gambia, no se hubiera obtenido ninguna condena por parte de la justicia de La Haya.
Con respecto a la justicia internacional de La Haya, debe recordarse siempre a la opinión pública que la CIJ solamente puede dictaminar sentencias en materia contenciosa contra un Estado, siempre y cuando haya sido solicitada por otro Estado o grupo de Estados: sus decisiones resultan de un largo proceso en La Haya en el que las dos partes tienen la posibilidad de presentar sus alegatos y contra alegatos en el marco de un procedimiento contencioso que dura varios años: se trata de cuatro años como mínimo, siempre y cuando no hayan incidentes procesales presentados por el Estado demandado o el Estado demandante.
Foto de refugiados Rohingyas en proveniencia de Myanmar en un campamento en Indonesia, extraía de esta nota de prensa de Al Jazeera titulada "European nations join Myanmar genocide case", edición del 17 de noviembre del 2023
El cambio significativo que opera la CIJ con esta importante decisión
Pese a una difusión bastante limitada en algunos medios de prensa internacionales sobre la importancia de esta sentencia del juez internacional de La Haya, una ONG como Amnistía Internacional no ha dudado en calificar de "histórica" esta sentencia de la CIJ (véase comunicado oficial), al igual que la ONG Human Rights Watch (véase comunicado) y la FIDH (véase comunicado). En similar sentido se expresó una ONG humanitaria como MSF (Médicos sin Fronteras) en su comunicado.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona igualmente celebró la decision de la CIJ (véase comunicado oficial), seguido por varios expertos y relatores de Naciones Unidas (véase comunicado conjunto).
Con respecto esta vez a reacciones oficiales de Estados, de igual manera la diplomacia de Sudáfrica externó su profunda sastisfacción por esta decisión de la CIJ (véase comunicado oficial), así como Bengladesh (véase nota de prensa) y Turquía (véase comunicado oficial), o bien Irlanda (véase comunicado) así como Noruega (véase comunicado oficial). De igual forma se expresó Australia (véase comunicado oficial), al tiempo que la Unión Europea (UE) "tomó nota" de la misma (véase comunicado oficial): ¿"tomó nota"? Como se lee: "tomó nota". Como si de pronto, condenar a un Estado por genocidio por vez primera en toda la historia desde 1945 no ameritaba mayor expresividad en el seno de la UE. Todos los analistas así como juristas y expertos o bien simples observadores de la vida internacional como nosotros "tomamos nota" que la UE no encontró otra expresión que indicar que "tomó nota". En tiempos tan difíciles para el derecho internacional público y para la justicia internacional así como para el multilateralismo, en particular desde la llegada en Estados Unidos a la Casa Blanca de su actual ocupante en enero del 2025, se hubiese esperado mayor apoyo de la UE con respecto a esta histórica decisión de la CIJ.
Por su parte, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) externó, con un tono muy diferente, al de la UE (véase comunicado) que:
"L'Organisation de la coopération islamique (OCI) salue l'arrêt historique rendu ce jour par la Cour internationale de Justice (CIJ), condamnant le Myanmar pour violation de ses obligations juridiques au titre de la Convention sur le génocide dans l'affaire concernant la minorité musulmane rohingya. L'OCI se félicite de cette importante avancée juridique, qui constitue un jalon lumineux sur la voie de la justice internationale et une victoire pour la vérité, la justice et la volonté de la communauté internationale de rendre justice aux victimes et de faire respecter le principe de non-impunité, d'autant que la Cour a ordonné au Myanmar d'accorder réparation aux victimes rohingyas et de soumettre un rapport officiel sur la question dans un délai de deux ans".
En América Latina, al momento de redactar estas líneas (22 de noviembre) y salvo error de nuestra parte, no se ha registrado comunicado oficial alguno de uno de los aparatos diplomáticos en la región: agradecemos desde ya el amable concurso de nuestros estimables lectores que pueden enviar el enlace correspondiente (de existir algún comunicado oficial de un Estado de la región) al correo electrónico siguiente: cursodicr(a)gmail.com. Con respecto a la Organización de Estados Americanos (OEA), el silencio también persiste desde el 19 de noviembre pasado.
Este artículo publicado en The Guardian desde su título señala los mensajes que la CIJ le manda a Israel, de igual manera lo hace este artículo del JerusalemPost publicado en Israel. El mensaje de la CIJ va no solamente dirigido a Israel, sino también a su incondicional aliado norteamericano y a las actuales "fichas útiles" latinoamericanas de Israel en Naciones Unidas, a través de esta decisión que condena a Myanmar.
Las "fichas útiles" antes mencionadas pueden ser identificadas en los tres tableros de votación reproducidos en esta muy completa nota del medio digital costarricense Delfino.cr del 18 de noviembre del 2026 (al que hay que agradecer el interés por documentar estas votaciones pocamente divulgadas): Argentina, Colombia y Paraguay, así como Costa Rica y Ecuador que optaron ambos por abstenerse, al tiempo que los integrantes de la delegación de Bolivia no encontraron nada mejor que ver la manera de ausentarse justo al momento de registrarse la votación (recurriendo a la opción siempre muy cuestionable, del "No Show"). En el caso de Venezuela desde hace varios años ya no participa en votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, debido a atrasos en el pago de sus contribuciones anuales a la organización.
De igual manera, el mensaje a Israel de la CIJ es lo que sugiere desde el mismo titulo esta nota de Swiss Info, esta nota de la BBC, y esta otra nota que contiene una entrevista a un jurista belga, así como esta otra de la agencia turca de noticias Anadolu que entrevista esta vez a juristas y a académicos israelíes.
En cambio este análisis publicado en el sitio Just Security en Estados Unidos evita cualquier referencia a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza. En este otro análisis publicado en Estados Unidos por quien fuera el jefe de la delegación de Estados Unidos en julio de 1998 en Roma al momento de negociarse el Estatuto de Roma, se lee únicamente que:
"Despite its historic significance, the ICJ’s judgment in the Myanmar case presents a minefield of contentious interpretative issues that judges will continue to grapple with in future genocide judgments, such as the pending South Africa v. Israel case."
Cabe recordar que fue tan solo en los años 90 que la CIJ debió examinar acusaciones por genocidio en el territorio de la Ex Yugoslavia, sin lograr determinar la responsabilidad de Serbia. En el caso de la demanda interpuesta por Croacia en 1999, su decisión del 2015 sobre el fondo eximió a Serbia de un genocidio (véase decisión del 3 de febrero del 2015). En una decisión anterior del 2007, un acción intentada por Bosnia en 1993 contra Serbia y Montenegro (véase decisión del 26 de febrero del 2007) conoció exactamente la misma suerte, al no atribuirle a Serbia (como Estado) los actos genocidas observados. Ambas decisiones fueron duramente criticadas en su momento por la doctrina y por diversos expertos en derechos humanos, al tiempo que otros autores defendieron la idea que, en una situación de conflicto donde abundan las exacciones de todo tipo contra civiles indefensos, sea por parte de ejércitos regulares o por milicias y grupos organizados, no siempre puede resultar fácil para el juez internacional distinguir claramente los crímenes de guerra del crimen de genocidio.
Resulta oportuno recordar que fue a raíz de las exacciones de todo tipo contra poblaciones civiles observadas en la ex Yugoslavia a partir de 1991, y en Ruanda a partir de 1994, que la comunidad internacional consideró oportuno crear una jurisdicción penal internacional permanente, la Corte Penal Internacional (CPI) establecida mediante un instrumento multilateral conocido como el Estatuto de Roma (véase texto), adoptado en julio de 1998: se trata de una jurisdicción que no juzga a Estados, sino a individuos desde el punto de vista penal que cometen tres actos considerados particularmente graves como el crimen de genocidio (cuya definición se lee en el Artículo 6 del Estatuto de Roma), los crímenes de lesa humanidad (Artículo 7) y los crímenes de guerra (Artículo 8).
De manera bastante desafortunada, en la corta declaración tripartita recientemente suscrita por los Presidentes de China, Estados Unidos y Rusia, se lee que (véase texto colgado por la diplomacia de China):
"3. The three heads of state recognized that the principle of state consent and respect for immunities of State officials are of paramount importance, and concurred that the International Criminal Court and other similar bodies must not abuse their jurisdiction"
Lo desafortunado consiste en que los jefes de Estado de tres Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con influencia en el resto del mundo, se alineen en esta cumbre tripartita para poner en entredicho la labor de la justicia penal internacional de La Haya. Y que el Presidente de China se preste a la maniobra en aras de satisfacer a sus dos homólogos (uno en razón de las órdenes de captura que pesan en su contra - el Presidente de Rusia - y el otro en razón de órdenes de captura vigentes desde noviembre del 2024 contra el actual Primer Ministro israelí y su ex ministro de Defensa). Se trata de personas responsables uno de crímenes de guerra a repetición en Ucrania desde febrero del 2022 y los dos otros en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Más allá del profundo temor que la CPI provoca en círculos dirigentes en Israel, en Rusia y en Estados Unidos, en este artículo publicado en el sitio especializado de EJIL-Talk este 20 de noviembre se lee por parte del autor que los cambios en la composición de la CIJ, son los que pueden explicar el cambio de criterio observado en el seno de la CIJ este 19 de noviembre del 2026:
"Second, the Court’s changing composition, the importance of which simply cannot be understated. Of the 15 judges (including judges ad hoc) on the GvM bench, only four sat on the 2015 Croatia v. Serbia merits bench (Tomka (as President), Sebutinde, Xue and Abraham), while only two also sat on the 2007 Bosnia v. Serbia merits bench (Tomka and Abraham). It is precisely these four judges who, together with Judge Nolte and Judge ad hoc Kress, dissented in GvM – circumstantial evidence (!) that the GvM majority departed at least to some extent from the majority of the past. Obviously, the lesser the overlap in the composition of the bench, the lesser the imperative to maintain consistency of outcomes".
Un intenso debate intra muros
Y es que la decisión dada a conocer este 19 de noviembre del 2026 fue objeto de un sostenido debate interno entre los 15 integrantes de la CIJ y los dos jueces ad hoc, en el que la intención genocida fue objeto de diversas interpretaciones:
- demostrar que la secuencia de masacres que iniciaron en el 2016 en Myanmar contra la población Rohingya sí contaba con una clara y deliberada intención genocida fue parte de la labor de los habilidosos asesores legales de Gambia ante los jueces de la CIJ;
- demostrar por el contrario que no había mayor intención genocida ni una política deliberada de las autoridades políticas y militare de Myanmar contra esta comunidad musulmana, fue lo que intentaron explicar los asesores legales de Myanmar (en vano).
En el verbatim del primer día de audiencias celebrada el 12 de enero del 2026 en La Haya, figura la lista de los respectivos equipos de asesores legales de ambos contendores.
Nótese que quien fungió como jueza ad hoc designada por Gambia, fue la jurista sudafricana Navi Pillay, ex magistrada en la Corte Penal Internacional (CPI), y recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz: es posible que su legendaria capacidad de diálogo y de convencimiento haya logrado convencer a algunos juristas indecisos en el seno de la CIJ.
El debate interno fue tan intenso que dio pié para una multitud de opiniones disidentes, declaraciones individuales o colectivas, con en particular el texto suscrito por seis integrantes sumamente disgustados con el razonamiento seguido por la mayoría (véase texto en francés y en inglés): de mayoría en los años 90-2000 hoy son minoría en el seno de la CIJ.
Por su parte, el juez titular sudafricano de la CIJ hizo ver en su declaración (véase texto) que ya era hora de superar el extremo formalismo de la CIJ con respecto al conflicto en el territorio de la ex Yugoslavia, al tiempo que el juez titular de la CIJ oriundo de México en su opinión separada (véase texto) consideró que la CIJ debió ser más incisiva con respecto a la interpretación que da al elemento material que contiene la definición de genocidio. En el caso del juez oriundo de Brasil, su declaración (véase texto) de igual manera explica cómo esta vez la CIJ sí logró superar las interpretaciones que dio en su momento para eximir a Serbia de toda responsabilidad como Estado en la comisión de un genocidio. Este mismo juez de Brasil suscribió con la jueza ad hoc de Gambia (Navi Pillay) una declaración conjunta (véase texto) sobre las medidas denominadas "garantías de no repetición" que la CIJ no ordenó, pudiendo hacerlo.
El párrafo operativo de la sentencia del 19 de noviembre del 2026
En su decisión dada a conocer este 19 de noviembre del 2026, con nueve votos a favor y seis en contra, se lee en los seis primeros puntos resolutivos que (párrafo final operativo 646):
"LA COUR,
1) Par neuf voix contre six,
Dit que la République de l’Union du Myanmar a commis un génocide contre le groupe des Rohingya dans le nord de l’État rakhine, en violation des obligations que lui impose la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;
2) Par neuf voix contre six,
Dit que la République de l’Union du Myanmar a violé l’obligation que lui impose la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de prévenir la commission d’un génocide par certaines personnes aux côtés de ses forces de sécurité ;
3) Par quatorze voix contre une,
Dit que la République de l’Union du Myanmar n’a pas, au regard de l’obligation que lui impose la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, directement et publiquement incité des personnes privées à commettre un génocide contre le groupe des Rohingya dans le nord de l’État rakhine ;
4) Par onze voix contre quatre,
Dit que la République de l’Union du Myanmar a violé son obligation de punir le génocide et d’autres actes énumérés à l’article III de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;
5) Par quatorze voix contre une,
Dit que la République de l’Union du Myanmar a violé l’obligation que lui impose la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de prendre les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la convention ;
6) Par quatorze voix contre une,
Décide que la République de l’Union du Myanmar doit mettre fin à toute violation persistante des obligations que lui impose l’article V de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en prenant des mesures législatives donnant plein effet à ses obligations au regard de la convention ;
../..
THE COURT,
(1) By nine votes to six,
Finds that the Republic of the Union of Myanmar has committed genocide against the Rohingya group in northern Rakhine State, in violation of its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;
(2) By nine votes to six,
Finds that the Republic of the Union of Myanmar has violated its obligation, under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, to prevent the commission of genocide by individuals alongside its security forces;
(3) By fourteen votes to one,
Finds that the Republic of the Union of Myanmar has not directly and publicly incited the commission of genocide against the Rohingya group by private persons in northern Rakhine State in violation of its obligation under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide".
(4) By eleven votes to four,
Finds that the Republic of the Union of Myanmar has violated its obligation to punish genocide and other acts enumerated under Article III of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;
(5) By fourteen votes to one,
Finds that the Republic of the Union of Myanmar has violated its obligation under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide to enact the necessary legislation to give effect to the provisions of the Convention;
(6) By fourteen votes to one,
Decides that the Republic of the Union of Myanmar must cease any ongoing violation of its obligations under Article V of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide by enacting legislation giving full effect to its obligations under the Convention"
Se recomienda la lectura completa del párrafo final 646 que ordena también a Myanmar reparar e indemnizar a las víctimas de este genocidio y tomar varias medidas de carácter legislativas a su favor. Más generalmente, la lectura detallada de este extenso fallo de la CIJ es recomendada, dado que permite entender mucho mejor cómo llego a estas y varias otras conclusiones la mayoría de la CIJ.
Responsabilizar a un Estado de cometer un genocidio es una ardua tarea: en junio del 2025, tuvimos la ocasión con algunos colegas y expertos reunidos por la Universidad de Nottingham (Reino Unido) de debatir álgidos aspectos jurídicos (véase enlace oficial del seminario titulado "Apartheid, Genocide and Ethnic Cleansing – a NILSC Workshop" con el video respectivo de cada ponencia presentada): pese a la diversidad de criterios, en varias de las intervenciones se hizo ver que, en lo que respecta al genocidio, la jurisprudencia de la CIJ de los años 1990-2000 no podía mantenerse y que un cambio de criterios interpretativos era lo esperable.
Algunas indicaciones que Israel debería ir tomando en consideración
El pasado 26 de octubre del 2026, un informe de una comisión de investigación de Naciones Unidas creada desde el 2021, confirmó nuevamente que la calificación de genocidio aplica a lo que se está observando en Gaza, y que el ensañamiento desde hace más de tres años contra civiles palestinos corresponde a crímenes de lesa humanidad y a crímenes de guerra, que se cometen sistemáticamente por parte de Israel en Cisjordania así como en los demás territorios palestinos ocupados: véanse al respecto esta nota oficial de Naciones Unidas con enlace remitiendo al informe A/81/430.
La lectura de las innumerables publicaciones firmadas por personas afines a Israel (o a sus círculos de influencia) desde diciembre del 2023 para intentar restarle toda validez jurídica a la acusación ante la CIJ por genocidio en Gaza de Sudáfrica, indica que sus escritos se apoyan en gran parte en la poca jurisprudencia de la CIJ existente en materia de genocidio, superada desde este 19 de noviembre del 2026 como lo hemos visto en las líneas anteriores.
Las súbitas solicitudes de intervención de Estados Unidos (véase texto), Hungría (véase texto) y de Paraguay (véase texto) presentadas de manera bastante tardía a la CIJ (en marzo del 2026) en el marco de la demanda de Sudáfrica contra Israel retoman este mismo planteamiento, tendiente a reducir significativamente el alcance de la definición de genocidio, tal y como concebida en el Artículo II de la Convención de 1948. Es de notar que salvo Hungría, ningún otro Estado europeo se prestó para apoyar a Israel ante la CIJ.
Cabe precisar que en Israel, una ONG israelí del prestigio de B'tselem no ha dudado en titular un informe en julio del 2025 "Our genocide" (véase enlace), que ha venido a confirmar desde el punto de vista operativo en el seno del ejercito israelí, el reciente documental israelí Naza. Sobre este último remitimos a nuestra nota de octubre del 2026, titulada "Gaza / Israel: reflexiones sobre el documental Naza y la verdadera saga observada con respecto a su proyección en Costa Rica".
Afiche de la proyección de Naza en el Auditorio de la la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), seguida de un foro, a realizarse este próximo 27 de noviembre del 2026
Resulta oportuno precisar que, a diferencia de Myanmar, Israel posee un aparato diplomático muy eficaz para intentar maquillar sus exacciones en Gaza y para minimizar los daños ocasionados por sus militares, contando con la complicidad y relevos en una multitud de salas de prensa en el mundo, que detalla de manera muy completa el último informe de la Relatora Especial Francesca Albanese presentado en octubre del 2026 y que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nota nuestra titulada. "¿Cómo volver aceptable lo inaceptable? Francesca Albanese y su informe sobre Gaza, la manipulación y la desinformación de los medios de prensa").
Con respecto al genocidio en curso en Gaza, desde el 7 de octubre del 2023 hemos sostenido que la acción punitiva de Israel en Gaza a modo de represalia contra la población civil en respuesta al ataque sufrido por el Hamás, iba rapidamente a degenerar en una masacre a gran escala (véase nuestro artículo publicado en ElMundocr el 10 de octubre del 2023).
Foto de tienda en un campamento de desplazados en Gaza, que sufre las intemperies del clima, extraída de este artículo de prensa publicado en Israel por Magazine+972, titulado "Gaza´s displaced families ´helpless' as winter threatens their lives", en su edición del 20 de noviembre del 2026
Al respecto, el párrafo siguiente de esta sentencia de la CIJ del 19 de noviembre del 2026 posiblemente recuerde a muchos en Israel lo escuchado a partir de la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023 para justificar su insensata ofensiva militar en Gaza, la cual continua causando muertes y heridos en este mes de noviembre del 2026 (véase informe de Naciones Unidas al 19 de noviembre del 2026):
"464. La Cour rappelle que l’intention génocidaire peut coexister avec d’autres intentions, à condition que les secondes ne soient pas incompatibles avec l’existence de la première (voir le paragraphe 443 ci-dessus). Selon elle, l’intention génocidaire s’accompagne souvent d’une intention de punir, notamment de manière collective. Les intentions génocidaire et punitive peuvent ainsi être intrinsèquement liées dans le sens où la destruction d’un groupe protégé constitue une forme extrême de châtiment, et on ne peut pas toujours, aux fins de la recherche d’autres déductions possibles, les distinguer réellement ../ .. 464. The Court recalls that genocidal intent may co-exist with other intentions, as long as such intentions are not incompatible with the existence of genocidal intent (see paragraph 443 above). In the Court’s view, genocidal intent is likely to be accompanied by an intent to punish, particularly in the context of collective punishment. Genocidal and punitive intentions may often be entwined in the sense that the destruction of a protected group is an extreme form of punishment, and the two intentions may not always be capable of meaningful separation for the purpose of drawing alternative inferences".
Adicionalmente a otros muchos párrafos de esta sentencia que deberían interesar a muchos en Israel (en particular con respecto al asesinato de niños, mujeres y personas de la tercera edad, a las violencias sexuales, al desplazamiento forzado, a la limpieza étnica, a la eliminación física de familias desplazadas en busca de refugio, a la falta de cooperación con entidades de Naciones Unidas), merece mención la extensa opinión disidente de la jueza oriunda de Uganda (véase texto): se trata de la única jueza de la CIJ que, desde el 2023, se ha sentido obligada (por razones que se desconocen) de desmarcarse de todos los demás integrantes de la CIJ cuando un asunto que examina la CIJ refiere a Israel. En agosto del 2025 sus declaraciones provocaron que la ONG gala JURDI hiciera ver la total falta de imparcialidad de esta jueza (véase comunicado). En octubre del 2025 al darse a conocer la opinión consultiva de la CIJ con respecto a las obligaciones de Israel como Estado miembro de Naciones Unidas en el territorio palestino ocupado (véase texto en francés y en inglés), el párrafo operativo final 223 evidenció su profunda soledad con respecto a los demás integrantes de la CIJ, al votar en contra de varios puntos resolutivos de manera solitaria. Es tal su apego a las tesis jurídicas israelíes que el 26 de enero del 2024, en el marco de la primera ordenanza de la CIJ, esta misma jueza votó en contra de varios puntos resolutivos por los que votó a favor el juez ad hoc designado por ... Israel (véase texto, en particular el párrafo operativo 86). Siempre en el marco de la demanda de Sudáfrica contra Israel, en la cuarta ordenanza de mayo del 2024 (véase texto) ambos jueces constituyeron los dos integrantes opuestos a cada uno de los puntos resolutivos contenidos en el párrafo final 57.
A modo de conclusión
Al confirmar esta decisión del 19 de noviembre del 2026 el cambio de la jurisprudencia de la CIJ en la materia desde los años 90-2000, queda claro que los adeptos del formalismo en el seno de la CIJ que explicó aquella jurisprudencia, hoy representan una minoría de jueces: desde este punto de vista, el mensaje del juez internacional a Israel, a Alemania, pero sobre todo a todas las víctimas de actos genocidas en el mundo es potente. Esta decisión debería de interesar también a jueces a nivel nacional que examinan acusaciones penales contra personas que han participado en actos genocidas.
En el plano regional, las consultas informales de julio del 2026 con las autoridades de Myanmar en el marco de la ASEAN (véase comunicado de la diplomacia Singapur) deberían replicarse pronto, sentencia de la CIJ en mano esta vez: ninguna región o subregión del mundo puede considerar normal contar entre sus integrantes a un Estado genocida, declarado como tal por la CIJ.
Esta sentencia de la justicia internacional de La Haya viene también a confortar a Sudáfrica en su demanda interpuesta contra de Israel por genocidio en Gaza, así como a las víctimas palestinas en Gaza y a muchas organizaciones de derechos en el mundo que luchan por poner fin a la impunidad campante contra violaciones graves a los derechos humanos.
Es muy probable que a partir de esta decisión, la actual administración norteamericana, que se ha prestado a un espectáculo sin precedentes contra el personal de la CPI y contra la CPI como tal en aras de garantizar la impunidad de líderes israelíes, extienda ahora sus hostilidades a la CIJ. Y que aumente sus presiones económicas y diplomáticas contra Sudáfrica de manera a garantizarse en algún futuro no muy lejano, el retiro de la demanda interpuesta contra Israel en diciembre del 2023.





