DAÑO AMBIENTAL EN PROYECTO MINERO LAS CRUCITAS: VALORACION POR PARTE DE LA JUSTICIA

Este próximo 25 de agosto, estaba programada una audiencia en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) con relación a la cuantificación del daño ambiental causado por la empresa canadiense Infinito Gold y el Estado costarricense. El escenario es "complejo" según uno de los abogados que representa al sector ecologista, Alvaro Sagpt, especialista en derecho ambiental (ver nota de Informa-tico). Con ocasión de un primer ejercicio de valoración económica del daño ambiental en Crucitas realizado en abril del 2012, se leyó que: "Lo que está en juego en el conflicto de Crucitas es muchísimo más grande de lo que parece, no es solamente un veredicto judicial y solamente un monto lo que se está determinando en estos días. Esta resolución está sentando un precedente, tenemos muy poco en materia de precedentes en nuestro sistema judicial de cómo establecer valoraciones de daños ambientales. Esto es sumamente importante desde la perspectiva resolución de los conflictos” (ver nota de CRHoy). Dicha evaluación arrojó un rango preliminar oscilando entre 4,6 millones de US$ y 12 millones de US$ (ver nota de La República).

Cabe recordar que luego de un repudio generalizado a la declaratoria de conveniencia nacional y de una solicitud expresa del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) de octubre del 2008 (ver acta del 29/10/2008, pp.43-47), así como de parte de su homólogo de la Universidad Nacional (UNA) exigiendo ambos la derogación del decreto de conveniencia nacional, el proyecto minero de Las Crucitas termino en los estrados judiciales costarricenses: la sentencia emitida en noviembre del 2010 por el TCA anuló todos los permisos, concesión, viabilidad ambiental, decreto de conveniencia nacional, y los jueces consideraron además necesario cuantificar el daño ambiental ocasionado en Crucitas. Remitimos a lector al texto completo de la sentencia del TCA de noviembre del 2010, confirmada en noviembre del 2011 por la Sala Primera en todos sus extremos (ver texto completo). La sentencia del TCA concluía precisando que: "Se anulan las resoluciones número 3638-2005-SETENA, número 170-2008-SETENA, número R-217-2008-MINAE, número 244-2008-SCH y el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET. Se condena a los demandados Industrias Infinito Sociedad Anónima, al Estado y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a la reparación integral de los daños ambientales provocados con la tala rasa llevada a cabo en las propiedades de Industrias Infinito Sociedad Anónima, con posterioridad al dictado de la resolución N°244-2008-SCH, mismos que se determinarán en fase de ejecución de sentencia /…/".

Con relación a la ejecución de la sentencia del TCA del 2010 confirmada en el año 2011, las organizaciones ecologistas y sus abogados debieron proceder a reunir peritos para cuantificar el daño: una primera evaluación del daño ambiental causado en la zona concluye con una cuantificación del daño que asciende a más de 4,6 millones de US$ (ver informe, p. 76). Una segunda evaluación realizada esta vez por un equipo que sí pudo realizar una visita in situ unos meses después sitúa el monto en más de 10 millones de US$ (ver nota de prensa). Entre ambas, la jueza a cargo de la ejecución de la sentencia procedió a una visita en el sitio del proyecto en el mes de junio del 2012 (ver nota de La República).

El procedimiento de ejecución se dilato en el período 2012-2014 debido a la estrategia de la empresa, recusando de forma extemporánea a peritos (ver nota de Radio Santa Clara de junio del 2012), a la jueza a cargo de la ejecuión de la sentencia (ver nota de CRHoy de febrero del 2013 y otra nota de CRHoy de junio del 2013). La audiencia convocada por la jueza a cargo de la ejecución del fallo prevista en junio del 2015 fue pospuesta nuevamente, a solicitud de la empresa (ver nota de Radio Santa Clara). La nueva fecha de esta audiencia está programada para este Martes 25 de agosto del 2015 a las 2 de la tarde.

El pasado 24 de julio del 2015, Costa Rica solicitó desistir del procedimiento arbitral interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Estado e Inversionista Extranjero (CIADI) por la empresa minera canadiense en febrero del 2014: en su demanda (ver texto completo), la empresa canadiense exigía a Costa Rica el pago de una indemnización por 94 millones de US$ (ver nuestra modesta nota publicada en Tribuglobal). Para tener una idea de lo que significa para cualquier Estado defenderse ante el CIADI, vale la pena señalar que en febrero del 2014, se indicó por parte de las autoridades que el costo en honorarios para la defensa de Costa Rica en el caso de la demanda presentada por Infinito Gold ascendería a 2 millones de US$ anuales (ver nota del Tico Times)

El pasado 15 de julio del 2015, se había informado en la prensa especializada (ver nota de prensa titulada "Infinito Gold Ltd. Announces Resignation of All Directors and Officers") de la renuncia de todos los directivos y funcionarios de la empresa debido a su delicada situación financiera: "As a result of the aforementioned working capital deficit and given the fact that the Company's major shareholder and creditor has advised the Company that it is unwilling to advance any further funds to the Company, the Company has concluded that it will not be possible for it to continue operations". Es muy probable que haya repercusiones de esta situación de Infinito Gold en su subsidiaria en Costa Rica, denominada "Industrias Infinito SA (IISA)".

Hace pocas semanas, se hicieron públicas gestiones de la empresa en Costa Rica tendientes a traspasar varias propiedades de Industrias Infinito en Costa Rica a mano de terceros (ver nota de CRHoy y nota de La Nación) del 17/08/2015. Se indicó en esta nota del DiarioExtra de 13/08/2015, por parte del diputado Edgardo Araya, que: "Según afirmó Araya, solo una de estas fincas posee un valor registral de $825 mil, es decir ¢445,5 millones, lo que significa que todos los terrenos están siendo vendidos a un precio menor de la mitad de lo que realmente valen". Pese a solicitudes hechas por los abogados de las entidades ecologistas en distintas ocasiones al Poder Judicial para anotar las propiedades y los bienes de IISA en Costa Rica, estas solicitudes fueron desestimadas. Al parecer, solicitudes más recientes están nuevamente en curso ante el Poder Judicial para impedir cualquier traspaso de las propiedades de la empresa hasta tanto se fije el monto exacto del daño ambiental por parte del mismo Poder Judicial. En caso de no tener bienes o activos a su nombre con los que pueda responder la empresa por los daños causados, el Estado costarricense sería el llamado a responder solidariamente.

Foto del único foro público realizado en Costa Rica (ver resumen en inglés) en el que participaron representantes del Estado, de la empresa conjuntamente con académicos y ecologistas (diciembre del 2008, sede de la Universidad para la Paz, Ciudad Colón). Con posterioridad a este foro, el Estado costarricense sistemáticamente evitó participar en debates públicos.

Una incapacidad (repentina, como en ocasiones anteriores) de uno de los abogados de la empresa minera aplazó nuevamente la audiencia pevisat este 25 de agosto, según informó en la tarde del 25 la prensa costarricense (ver nota de Informa-tico, así como nota de La Nación y nota de El Pais.cr): en medio de duros cuestionamientos por parte de las entidades ecologistas ante esta nueva posposición del procedimiento, la audiencia fue reprogramada por la jueza Lorena Montes de Oca para el próximo 11 de septiembre del 2015 a las 3 de la tarde.