Tal y como anunciado un año atrás (véase nota de prensa), México ha iniciado hoy formalmente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC, más conocida por sus siglas en ingles de WTO) una solicitud de arbitraje comercial, debido a la imposibilidad de exportar hacia Costa Rica una variedad de aguacate producida en suelo mexicano (véase nota de El Universal).
Pese a diversas reuniones bilaterales para encontrar una salida entre ambos Estados, desde que Costa Rica suspendió la importación de esta variedad de aguacate en el 2015, México ha optado por dar por finalizados los intentos de sus equipos negociadores. La medida fitosanitaria tomada por Costa Rica es considerada por México como violatoria a las reglas que imperan en el comercio internacional, y por ello ha acudido al sistema de solución de controversias establecido por la OMC, el cual establece un mecanismo de páneles y un órgano de apelación (véase sitio oficial en el que se explica el funcionamiento de estos órganos).
En una publicación oficial del Ministerio de Economía de Costa Rica, se concluye que: "... corresponde a las autoridades nacionales sustentar mediante el estudio de análisis de riesgo
de introducción de la plaga (ARP), para fundamentar la medida fitosanitaria. Si este estudio no
sustenta apropiadamente la restricción fitosanitaria, se deberá eliminar dicha restricción en forma
inmediata" (p. 25).
En una nota posterior al anuncio oficial hecho por México, se informa de una extraña sugerencia del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX), denotando, como ya ha ocurrido en el pasado, ser una entidad del Estado costarricense distante con la defensa de los intereses del Estado al que pertenece (veáse nota de La Nación). Al iniciarse la discusión en Costa Rica en el 2015, COMEX se había claramente desmarcado de los Ministerios de Argicultura (MAG) y de Economía (MEIC), argumentando en favor de las empresas comercializadoras del aguacate (véase nota de CRHoy). Estas últimas vaticinaron un desabastecimiento del producto en Costa Rica que afectaría directamente al consumidor (véase nota de La Nación), algo que nunca ocurrió.
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