Este 28 de setiembre, expertos de Naciones Unidas han hecho un vehemente llamado a España a respetar los derechos de los ciudadanos, de cara al referéndum previsto para este 1ero de octubre del 2017, y declarado ilegal por las autoridades españolas. Con relación a aspectos jurídicos, tanto de carácter constitucional como internacional, remitimos al lector a nuestra breve nota publicada en el portal de Ius360.
Ante la negativa de la Generalitat de desconvocar la consulta, pese a haber sido declarada ilegal desde el pasado 7 de setiembre por el juez constitucional español, la tensión se ha incrementado en los últimos días, con movilizaciones de diversos sectores de la sociedad catalana favorables al "derecho a decidir" en las urnas su futuro. Las autoridades catalanas han procedido a reimprimir boletas decomisadas por las autoridades españolas, a reemplazar las urnas interceptadas por las autoridades por otras confeccionadas en los últimos días, y a crear sitios distintos a los desactivados por orden de la justicia española conteniendo información sobre los centros de votación. Estas y otras actuaciones se dan en medio de acciones legales contra algunas de las medidas decididas por las autoridades españolas.
Los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas señalan, entre otros puntos, que
"Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española".
El pasado 23 de setiembre, fue la ONG Amnistía Internacional la que hizo ver en un comunicado que, además de cuidar el tono de sus declaraciones, las autoridades españolas debían resguardar y proteger los derechos a la libertad de expresión y a manifestarse de forma pacífica.
Mientras que desde Ginebra se circuló el comunicado de Naciones Unidas, desde Bruselas fueron las autoridades catalanas las que explicaron ante medios de prensa internacionales convocados para la ocasión que la jornada electoral se realizará pese a todas las acciones llevadas a cabo por España para impedirla: véase nota de prensa sobre declaraciones de Raul Romeva en Bruselas.
El uso del derecho penal para frenar las pretensiones de las autoridades catalanas (citación de alcaldes catalanes a declarar ante la Fiscalía, intercepción y decomiso del material previsto para las urnas, desactivación ordenada por la justicia española de los sitios que informan a los electores, penalización de quiénes son llamados a formar parte de las mesas electorales, entre otras medidas) constituye una peligrosa opción de las actuales autoridades españolas, renuentes a cualquier negociación política con las máximas autoridades de Cataluña en los últimos años.
A continuación se reproduce textualmente el comunicado circulado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (versión en español y en inglés), 48 horas antes de la consulta que la Generalitat ha convocado y mantenido como tal para este próximo Domingo 1ero de octubre.
España debe garantizar el respeto a derechos fundamentales en su respuesta al referéndum catalán
GINEBRA (28 de septiembre de 2017) – Dos expertos de las Naciones Unidas* exhortaron a las autoridades españolas a garantizar que las medidas adoptadas antes del referéndum catalán del 1 de octubre no interfieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública.
El gobierno catalán ha programado un referéndum sobre la independencia de la comunidad autónoma para el 1 de octubre. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de España decidió el 6 de septiembre que el referéndum sería inconstitucional.
“Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas”, dijeron los expertos.
Desde la sentencia, cientos de miles de catalanes han salido a la calle para protestar. Las tensiones han aumentado, con las autoridades registrando casas de imprenta y confiscando materiales electorales. Varios sitios web relativos al referéndum han sido bloqueados y las reuniones políticas al respecto han cesado.
Diferentes personajes políticos han sido arrestados, al tiempo que los dirigentes de las protestas masivas han sido acusados de sedición, un crimen que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión.
“Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española”, señalaron.
El 21 de septiembre, más de 4.000 agentes de policía fueron desplegados en la región autónoma, con una orden del Gobierno de ‘actuar en caso de que se celebrara el referéndum ilegal’.
“Nos preocupa que esta orden y la retórica que la acompaña puedan aumentar las tensiones y el malestar social”, dijeron los expertos.
“Instamos a todas las partes a ejercer la mayor moderación y a evitar actos violentos de cualquier tipo en el contexto de las protestas pacíficas que se den en los próximos días”, concluyeron.
Los expertos han estado en contacto con el Gobierno de España con respecto a la situación.
FIN
(*) Los expertos: el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión y el Sr. Alfred de Zayas, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.
Spain must respect fundamental rights in response to Catalan referendum, UN rights experts
GENEVA (28 September 2017) - UN experts* have called on the Spanish authorities to ensure that measures taken ahead of the Catalan referendum on 1 October do not interfere with the fundamental rights to freedom of expression, assembly and association, and public participation.
The Catalan government has scheduled a referendum on independence for the autonomous region for 1 October. However, the Constitutional Court of Spain decided on 6 September that the referendum would be unconstitutional.
“Regardless of the lawfulness of the referendum, the Spanish authorities have a responsibility to respect those rights that are essential to democratic societies,” the experts said.
Since the ruling, hundreds of thousands of Catalans have taken to the streets in protests. Tensions have escalated, with the authorities searching print houses and seizing referendum material. Websites have been blocked, and political meetings stopped.
Politicians have been arrested, and leaders of the mass protests have been charged with sedition, a crime which carries a maximum sentence of 15 years imprisonment.
“The measures we are witnessing are worrying because they appear to violate fundamental individual rights, cutting off public information and the possibility of debate at a critical moment for Spain’s democracy.”
On 21 September, more than 4,000 police officers were deployed to the autonomous region, with an order from the Government to “act in case the illegal referendum takes place”.
“We are concerned that this order and the accompanying rhetoric may heighten tensions and social unrest,” the experts said.
“We urge all parties to exercise the utmost restraint and avoid violence of any kind to ensure peaceful protests in the coming days”, they concluded.
The experts have been in contact with the government of Spain concerning the situation.
ENDS
(*) The experts: Mr. David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression and Mr. Alfred de Zayas, Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order.
No hay comentarios:
Publicar un comentario