El pasado 16 de octubre, las autoridades españolas instaron a las autoridades catalanas a aclarar nuevamente la situación con relación a la declaratoria de independencia diferida (véase texto completo de la carta). A continuación se reproduce la carta del Presidente de la Generalitat del 19 de octubre del 2017, contestando al requerimiento de Mariano Rajoy, Jefe del Ejecutivo en España, como paso previo a la activación formal del artículo 155 de la Constitución Española de 1978, y la carta de este último con fecha del mismo día 19. La lectura de estos documentos permite precisar el alcance de las posiciones de ambos, que no siempre se deja ver en los titulares de los medios de prensa.
"Apreciado Presidente Rajoy,
El pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de los electores. Un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el proceso del Brexit y con un número de catalanes mayor del que votó el Estatut d'Autonomia de Catalunya.
El 10 de octubre, el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos; y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular.
Lo hice para propiciar el diálogo que de manera reiterada nos han hecho llegar, a usted y a mí, instituciones y dirigentes políticos y sociales de toda Europa y el resto del mundo. En este sentido, en mi carta del lunes, le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido atendida.
Del mismo modo, tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión. Al contrario, se ha incrementado y ha comportado la entrada a prisión del presidente de Òmnium Cultural y el presidente de la Assemblea Nacional Catalana, entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y democrática.
Esta suspensión continua vigente. La decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado, previa autorización del Senado. Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar.
Finalmente, si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre.
Atentamente,
Carles Puigdemont i Casamajó
Barcelona, 19 de octubre de 2017".
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A continuación, el comunicado con el que el Gobierno respondió al Presidente de la Generalitat, este jueves 19 de octubre (véase texto oficial):
"El Gobierno de España ha constatado a las 10 horas de esta mañana, último plazo establecido, la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender al requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre y en el que se le reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa Comunidad Autónoma y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado.
En consecuencia, el Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña.
El próximo sábado el Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, aprobará las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma.
El Gobierno agradece el apoyo de las distintas formaciones políticas con las que está cerrando en estos momentos una respuesta mayoritaria y consensuada al desafío secesionista. Por otra parte, denuncia la actitud mantenida por los responsables de la Generalitat de buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña.
El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña".
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