Costa Rica- Nicaragua: CIJ anuncia para el 2 de febrero fallo por compensación por daño ambiental en Isla Portillos y dos asuntos más
Este proximo 2 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará a conocer su fallo sobre el monto que Nicaragua le adeuda a Costa Rica por los daños ambientales ocasionados en el sector de Isla Portillos (véase comunicado en francés y en inglés ). Se trata de los daños ocasionados por Nicaragua en octubre del 2010, con la construcción de un caño ilegal, y con la apertura de dos nuevos caños detectados en setiembre del 2013 en el sector de Isla Portillos.
A notar que la lectura de esta decisión por parte de la CIJ será este mismo día acompañada de dos más: la lectura del fallo sobre delimitación marítima entre Costa Rica y Nicaragua (véase nota nuestra al respecto) y la del fallo sobre el campamento militar de Nicaragua ubicado en la lengueta de arena frente a la laguna de Portillos, correspondiente a la última demanda de Costa Rica contra Nicaragua registrada en enero del 2017 (véase nota nuestra al respecto).
Volviendo al monto por compensación por daño ambiental, en agosto del 2017 (véase nota nuestra), la CIJ había dado por concluido el debate entre ambos Estados, entrando a deliberar, por lo que el plazo que el juez internacional utilizó para proceder al "délibéré" en este caso, es de 6 meses.
En una nota anterior se analizó la peculiar manera en la que ambos Estados "negociaron" el monto, que Costa Rica anunció de forma unilateral en un comunicado oficial en junio del 2016 por más de 6 millones de US$ (véase nota publicada en OPALC, Sciences-Po, Paris titulada "Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntes"). Este monto fue rechazado por Nicaragua, pero cabe notar que no fue mediante algun comunicado formal, sino a través de declaraciones recogidas por la prensa de algunos de sus diplomáticos en Managua y en La Haya. Salvo error de nuestra parte, no se tiene conocimiento del monto que Nicaragua ha oficialmente dado a conocer para compensar a Costa Rica.
El desacuerdo sobre el monto propuesto por Costa Rica obligó este último a pedir a la CIJ activar el procedimiento de fijación del monto previsto en su sentencia de diciembre del 2015 (que otorgaba a ambos Estados un plazo de 12 meses para que acordaran el monto de manera conjunta): sobre los alcances de este fallo del 2015 de la CIJ para Costa Rica y para Nicaragua, remitimos a nuestra nota también publicada en el OPALC titulada "El fallo de la Corte internacional de justicia entre Costa Rica y Nicaragua: breves apuntes".
Nótese que al anunciar el monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016, Costa Rica reconoció que la metodología usada para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos no proviene de una entidad del Estado, sino de una entidad privada costarricense.
Es muy probable que la CIJ en su decisión busque un término medio entre el monto solicitado por Costa Rica y el monto ofertado por Nicaragua (el cual deberá aparecer en alguna parte de la sentencia a leerse): se trata de un recurso al que recurre a menudo el juez internacional en aras de permitir a ambos Estados salir airosos ante sus respectivas opiniones públicas. "Partir el ayote por la mitad" es un concepto familiar en Costa Rica para quiénes son llamados a impartir justicia y agradecemos desde ya a nuestros atentos lectores indicarnos si la misma expresión es también usada en Nicaragua.
El monto que asigne la CIJ dependerá de la metodología usada por cada uno de los dos Estados para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos, al materializar una cifra a partir de un desglose del daño ocasionado y valores asignados, por ejemplo, a la tala de árboles, entre muchos otros rubros. Desde este punto de vista, y sin tal vez proponérselo, la escogencia oficial que hayan hecho Costa Rica por su parte y Nicaragua por su lado en sus respectivos alegatos escritos, puede resultar de interés para efectos internos, y en particular para los sectores ecologistas de ambos Estados.
A la fecha, en ausencia de una metodología oficializada por parte del Estado costarricense para cuantificar el daño ambiental, está pendiente de una decisión de la justicia costarricense la fijación exacta del monto por el daño ambiental ocasionado por la empresa minera canadiense Infinito Gold en octubre del 2008. Con relación a otro escándalo ambiental, que ordenó esta vez el mismo Estado costarricense en abierta violación a su legislación ambiental, no se ha dado a conocer (aún) la cuantificación del daño ambiental causado por la construcción de la denominada "trocha fronteriza" construida a partir del 2011 por las autoridades costarricenses a lo largo de buena parte de la frontera fluvial con Nicaragua. De igual manera un sinfín de acciones contra piñeras están archivadas por el Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) desde muchos años en ausencia de una cuantificación del daño ambiental por parte del Estado costarricense.
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