El pasado 30 de abril del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió ordenar a Costa Rica medidas cautelares en aras de proteger la vida y la integridad física de las poblaciones indigenas Teribe y Bibri ubicadas en Salitre de Puntarenas (ver texto de la decisión de la Comisión).
Se trata de un caso en el que dichas poblaciones se han visto intimidadas por distintos actos de violencia por parte de personas privadas armadas para que abandonen sus terrtorios. Una de las acciones más violentas contra mujeres indígenas fueron perpetradas el mismo día en que la Selección Nacional de Costa Rica jugaba en cuartos de final contra Países Bajos durante el pasado campeonato mundial de fútbol, el 5 de julio del 2014.
La Comisión ordenó a Costa Rica informarle dentro de un plazo no menor a 15 días a partir de la notificación de su decisión sobre las distintas medidas tomadas por las autoridades en resguardo de estas poblaciones indígenas. Las medidas cautelares constituyen un mecanismo mediante el cual la Comisión, en casos de urgencia y gravedad, busca evitar que se le cause un daño irreparable a personas o grupo de personas.
En el plano estríctamente interno, la Sala Constitucional en octubre del 2014 suspendió una orden de desalojo ordenada por el Ejecutivo en la zona de Salitre como medida cautelar (ver nota de prensa). En noviembre del 2014, uno de los lideres indígenas en Salitre, Sergio Rojas, fue aprehendido por el Ministerio Público por supuesto delito de fraude (ver nota de prensa). En abril del 2015, varias organizaciones sociales solicitaron levantar las medidas de privación de libertad ordenadas por el juez a cargo de este caso (ver nota de prensa).
Estas medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dado lugar a algunas manifestaciones por parte de otras entidades internacionales. Leemos en un artículo reciente que: " El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que las autoridades costarricenses deben proceder con la expropiación, en todo el país, de quienes ocupen tierras indígenas de modo ilegal. Según el PNUD, un 40% de esas tierras está en manos de individuos que no son indígenas. “No se puede avanzar en materia de derechos humanos, si un derecho tan básico como la tenencia de las tierras no está garantizado. Esas tierras son exclusivas de los indígenas”, dijo Yoriko Yasukawa, coordinadora del PNUD en Costa Rica".
Una versión ampliada de esta nota fue publicada en Derechoaldia el 16/05/2015 y en Hablandoclaro (Radio Columbia) el 15/5/2015 así como en Alainet y en Elpais.cr el 14/5/2015.
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