CIADI: constituido el tribunal arbitral en demanda de EBI contra Costa Rica interpuesta en julio del 2025
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Introducción
El pasado 30 de octubre, se anunció la integración de un tribunal arbitral en el marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista extranjero y Estado, más conocido por sus siglas en inglés - ICSID - y en francés - CIRDI) en el caso de la demanda interpuesta por la empresa EBI contra Costa Rica en julio del 2025: véase nota de IA reporter y enlace oficial del CIADI sobre el caso ARB. 25/33. En este otro enlace se detallan aspectos del procedimiento iniciado en julio del 2025
Según la base de datos del ICSID, al 6 de noviembre del 2026 Costa Rica enfrenta además dos otras demandas, al tiempo que ha concluido procedimientos en el caso de 18 de ellas.
El Estado con mayores demandas en su contra en estos momentos pendientes de resolución ante el CIADI de América Latina es Perú (23 demandas pendientes), seguido por México (19), Panamá (14), Honduras (13) y Venezuela (9).
Como por extraña coincidencia, en la semana posterior al 30 de octubre del 2026, se escuchó hablar mucho de Turrúcares y del relleno sanitario que pretende la empresa EBI instalar en esta comunidad, tal y como lo veremos a continuación, con un inusitado esfuerzo de convencimiento por parte del Estado costarricense.
EL CIADI y la profunda desconfianza que genera
Como se ha analizado en textos anteriores nuestros (véanse esta nota editada por Bretton Wood Project del 2013, así como esta nota de CIARGlobal del 2017 entre otras más), el sistema de arbitrage de inversión del CIADI ha ido generando una desconfianza tal en América Latina y en el resto del mundo que son muchos los Estados que ya sea:
- han denunciado la Convención del Washington de 1965 que lo establece (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Honduras), o ya sea;
- han renegociado las cláusulas sobre solución de diferencias incluidas en tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones (denominados TBI en español o BIT en ingles), tratados que habilitan a un inversionista a interponer demandas internacionales ante el CIADI (Bolivia, Ecuador, Indonesia, Sudáfrica) o bien:
- han mantenido una distancia prudente con este mecanismo como por ejemplo Brasil: se trata, paradojicamente, del principal Estado receptor de inversión extranjera en América Latina que tan siquiera ha firmado este tratado de 1965; así como Cuba, Nicaragua o el mismo México que ratificó la Convención de Washington de 1965 tan solo en el 2018. Con respecto a la denuncia de este tratado por parte de Honduras, remitimos a nuestra nota de marzo del 2024, titulada:
"CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965".
Es de de notar que Brasil ha firmado varios TBIs sin nunca ratificarlos, lo cual denota el cuido extremo de sus autoridades de manera a no exponer a Brasil a demandas por parte de inversionistas extranjeros.
También es de señalar que en el 2023, fue desde el Congreso de Estados Unidos que 33 integrantes exigieron a sus autoridades extraer a Honduras, víctima de demandas abusivas, del sistema arbitraje de inversión del CIADI (véase cable de Reuters). Luego de la denuncia del CIADI en marzo del 2024, las nuevas autoridades electas de Honduras decidieron en julio del 2026 reintegrar el CIADI, provocando una ola de repudio (véase documento titulado:" Statement in Defense of Sovereignty and Collective Rights in Honduras - Returning to ICSID is a sign of Nasry Asfura's Subservience to Transnational Capital".
Desde la perspectiva ambiental y de los derechos humanos, un informe poco difundido de Naciones Unidas del 2023 en América Latina (véase enlace) y cuya lectura completa se recomienda, elaborado por el "Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible", se titula:
"Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos".
En el 2021, tuvimos la ocasión de explicar en una nota publicada en CIARGlobal, a raíz de la decisión de un tribunal arbitral del CIADI relacionada a una demanda interpuesta por una empresa minera canadiense contra Costa Rica que:
"(...) no tiene mayor sentido el permitir a un inversionista extranjero de mala fe recurrir ante el CIADI contra decisiones de la justicia nacional que declaran ilegal su proyecto y mucho menos el tener que esperar siete largos años de costosos procedimientos ante el CIADI para escuchar a tres árbitros confortar las decisiones judiciales antes mencionadas. Ello sin hablar del riesgo, inherente a este tipo de demandas millonarias, de ver a dos (de los tres árbitros) acoger, por alguna razón, algunas de las pretensiones económicas del inversionista".
En el caso de la Unión Europea (UE), sus Estados miembros acordaron un tratado regional en el 2020 para suspender todos los TBI existentes entre ellos, de manera a no permitir más demandas abusivas de inversionistas extranjeros europeos en contra de Estados miembros de la UE (véase enlace al tratado y estado de firmas y ratificaciones). Se trata de una interesante protección legal que han establecido estos Estados, y que debiera de poder interpelar a muchos otros Estados en otras latitudes, en particular en las que persisten algunos decisores políticos que siguen negociando TBIs con sumamente cláusulas muy favorables para el inversionista extranjero.
Como ha ocurrido en el pasado, esta demandas ante el CIADI ejercen una presión muy fuerte sobre decisores políticos y algunos círculos políticos, dispuestos a "flexibilizar" algunas reglas con tal de que la demanda sea retirada.
En el caso específico de Costa Rica, en la parte final de este enlace oficial de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) aparece en "Acuerdos de Inversión" la lista de los 15 TBIs que tiene vigentes, a los que hay que añadir varios de los tratados de libre comercio vigentes de la sección primera, que también contienen una cláusula permitiendo al inversionista extranjero acudir contra Costa Rica ante el CIADI.
La demanda contra Costa Rica como tal del 2025 interpuesta por la empresa EBI
La demanda de la empresa canadiense EBI contra Costa Rica fue planteada formalmente el 14 de julio del 2025 ante el CIADI, con base en el tratado bilateral de inversiones (TBI) entre Costa Rica y Canadá suscrito en 1998: véase nota del Semanario Universidad publicada una semanas antes del registro oficial de la demanda ante la Secretaría del CIADI.
A diferencia de otros casos, el texto de la demanda interpuesta como tal no está por el momento disponible (véase por ejemplo texto de la demanda interpuesta contra Costa Rica de inversionistas para un megaproyecto en Playa Esterillos del 2014 y texto de demanda de empresa suiza en representación de Gaz Z del 2013). Desde ya agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores si alguno/a de ellos sabe donde está disponible en línea el texto de la demanda como tal.
Cabe recordar que este mismo tratado bilateral entre Costa Rica y Canadá fue el que también había servido de base jurídica en el caso de la demanda interpuesta en febrero del 2014 contra Costa Rica por la empresa minera canadiense Infinito Gold relacionada a su polémico proyecto minero ubicado en Las Crucitas, en Cutris de San Carlos (véase texto de la demanda con fecha del 6 de febrero del 2014, presentada pocos día después de celebrarse los comicios en Costa Rica). En la precitada nota del Semanario Universidad se hace ver que la empresa cuestiona el hecho que no pueda construir rellenos sanitarios en las localidades de Turrúcares y Montes de Oro debido a la oposición de los vecinos y de los mismos municipios conerñidos.
Dos comunidades opuestas a la instalación de rellenos sanitarios
En el caso de la primera comunidad, en esta nota del 4 de noviembre del 2026, se hace ver la férrea oposición de vecinos al parecer muy organizados que se "plantaron" (expresión usada en el título de la nota) y obligó al Estado costarricense a desplazar a cuatro de sus ministros en un acto ante una comunidad profundamente indignada y molesta por el apoyo a este relleno sanitario de las máximas autoridades costarricenses (véase nota del Semanario Universidad).
Como pequeño detalle de interés, nótese la cercanía de la fecha del anuncio de la integración de la terna arbitral del CIADI (30 de octubre) con esta reunión con los vecinos de Turrúcares realizada el 4 de noviembre por las máximas autoridades costarricenses.
En esta otra nota de CRHoy, se señala la oposición de las mismas autoridades municipales a este polémico proyecto. Ya en el año 2024, se había observado a la máxima instancia costarricense en materia de salud cuestionar la posición de la Municipalidad en defensa de la comunidad de Turrúcares (véase nota del Semanario Universidad).
La reunión del 4 de noviembre y la torpeza de las máximas autoridades ministeriales fueron tales, que hirieron la susceptibilidad de las autoridades municipales (tal y como se señala en el título de esta nota del programa radial Nuestra Voz del 5 de noviembre) al tiempo que personas que votaron por el oficialismo en las elecciones de febrero del 2026 externaron su profunda decepción (véase nota del Semanario Universidad).
En esta otra nota del medio universitario Semanario Universidad, de julio del 2025, se lee que:
"EBI afirmó que “la demanda se basa, en parte, en el abuso de los procesos locales por parte de las municipalidades y en su falta de diligencia razonable para avanzar en los asuntos, tal y como exige la legislación costarricense y el principio procesal de impulso de oficio”."
En esta otra nota del programa radial matutino de Nuestra Voz de junio del 2025, se señala que para los representantes de la empresa:
"“Lo que ha impedido avanzar con el proyecto son dos procesos de lesividad que ha interpuesto la Municipalidad de Alajuela para anular los usos de suelo que ya habían sido otorgados a esas fincas por la misma administración. Además, en los últimos años, esa municipalidad emitió cuatro acuerdos indicando, sin fundamento alguno, que no permitiría la aprobación del permiso constructivo y a pesar de que esos acuerdos fueron impugnados por la empresa, desde el año 2023 se ha negado a resolver los recursos a pesar de existir una orden de un Tribunal”.
Si procesos de lesividad en contra de funcionarios municipales fueron iniciados por las autoridades municipales y están aún en proceso, resulta de cierto interés leer que para la empresa EBI, "impiden avanzar". Remitimos a nuestros estimables lectores a la definición del proceso de lesividad vigente en Costa Rica de manera a entender mejor la expresión de "impiden avanzar", así como los plazos previstos en el ordenamiento jurídico costarricense que recordó la Procuraduría General de la República (PGR) ante una consulta en el 2017 (véase enlace). En esta nota del 2024 de Diario Extra se precisa por parte de una autoridad municipal que:
"Esos usos de suelo se dieron en 2011 de manera muy rápida, no hago juicios de valor, solo cumplo con mi deber como alcalde de Alajuela y de los turrucareños, por eso iniciamos la lesividad, porque los usos de suelo se hicieron mal dados".
Es de notar que se trata de un proyecto que lleva ya varios años discutiéndose: en el 2014, en una decisión de la Sala Constitucional (véase voto 16359-2014) relativa al proyecto de relleno sanitario en Turrúcares, fueron tres los magistrados (de siete) los que habían considerado que la Sala Constitucional no debía modificar el alcance del principio de la participación ciudadana en materia ambiental como derecho fundamental. Siempre en el 2014, fue esta vez un magistrado el que reiteró, siempre con respecto a este mismo proyecto en Turrúcares su posición anterior (véase voto 19621-2014).
Con respecto a la otra comunidad (Montes de Oro) también sujeta a un proyecto de relleno sanitario de la misma empresa, en el 2023 tuvimos la ocasión de analizar el alcance de la discusión interna en la Sala Constitucional con respecto al principio de participación ciudadana en materia ambiental, a raíz del voto 11236-2023: véase al respecto nuestra nota de julio del 2023, titulada:
"Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia".
A modo de conclusión
Nuevamente aquí, o como ocurrió con el fallido proyecto minero de Infinito Gold en Crucitas, o como ocurrió en Colombia cuando el Estado decidió proteger los páramos, o cuando en Panamá la justicia constitucional suspendió una concesión minera, u otras situaciones en las que la protección del derecho a la salud o al ambiente, o la protección de derechos de pequeñas comunidades rurales o indígenas frenan un megaproyecto, se vuelve a verificar lo siguiente: decisiones de entidades estatales costarricenses (o bien de tribunales de justicia costarricenses) o procedimientos en trámite ante instancias jurisdiccionales que alteran el plan operativo de un megaproyecto de un inversionista extranjero, dan pié para una demanda internacional multimillonaria ante el CIADI.
En el caso de Infinito Gold, la demanda interpuesta en febrero del 2014 culminó con una decisión de junio del 2021, en la que si bien se condenó a Costa Rica por violar disposiciones del TBI con Canadá, no se le ordenó pago alguno por concepto de indemnización: véase al respecto nuestra nota de junio del 2021 titulada:
" Infinito Gold contra Costa Rica: nuevo fracaso de minera canadiense al tiempo que persisten secretos en Costa Rica".
La empresa solicitó posteriormente una anulación parcial de este laudo ante un órgano de apelación del CIADI y en el 2024, la empresa y Costa Rica acordaron solicitar el archivo del caso al CIADI. Un pequeño detalle que se omitió oficialmente en Costa Rica al anunciar la "victoria" ante el CIADI. En julio del 2024, COMEX precisó que no se había pactado nada con la empresa (véase nota del Semanario Universidad). Considerando que si ambas partes piden de común acuerdo archivar un procedimiento pendiente a un órgano de apelación del CIADI y una de las dos omite señalarlo, es que algo se pactó.En junio del 2025, elaboramos otra nota que se tituló de la siguiente manera:
"Crucitas: Infinito Gold c. Costa Rica ante el CIADI a 11 meses de un comunicado oficial omiso, en medio de un súbito entusiasmo por el oro".
Con respecto a la comunidad de Turrúcares, en esta nota del Semanario Universidad de marzo del 2024 se lee por parte de un reconocido abogado costarricense en materia ambiental, una aseveración que debiera interesar a todo especialista en extrema celeridad de funcionarios municipales para el otorgamiento de permisos:
"Consultado al respecto, Sagot destacó que “a EBI no se le puede otorgar ningún permiso de construcción de ese relleno sanitario en Turrúcares porque el Plan Regulador lo prohíbe por los usos del suelo que existen actualmente”.
En segundo lugar, señaló que los usos del suelo “fueron otorgados de una manera totalmente irregular, al grado de que se otorgaron en cuatro horas”."
En el 2018, en una decisión del CIADI con respecto a una demanda interpuesta contra Costa Rica por un grupo de inversionistas norteamericanos cuyo megaproyecto en Playa Esterillos fue frenado por el Estado costarricense, se pudo leer una situación muy similar de celeridad municipal al consignarse que (véase texto completo de la decisión):
"127. Fue por eso que la Sra. Vargas presentó una denuncia el 15 de junio de 2010 ante el Tribunal Ambiental Administrativo (“TAA”), una división del Ministerio de Ambiente, mediante la cual solicitaba una investigación del Proyecto Las Olas en vista de (i) las inquietudes acerca de si se estaban rellenando humedales; (ii) la construcción de calles pavimentadas y (iii) el hecho de que se había talado y quemado “vegetación. 128. Al día siguiente, el 16 de junio de 2010, la Sra. Vargas informó al SINAC acerca de sus hallazgos e informes anteriores emitidos con respecto al Proyecto Las Olas. 129. Curiosamente, el mismo día que la Sra. Vargas anunció públicamente sus inquietudes, la Municipalidad emitió siete permisos de construcción para el Sector de Servidumbres del Proyecto Las Olas. Pocos días después, el 22 de junio de 2010, DEPPAT—la Regente Ambiental contratada por el Sr. Aven—presentó un plan de movimientos de tierra y un programa de obras previstas con respecto al Sector de Servidumbres".
Más allá de la extrema celeridad de algunos entes municipales que a veces puede interpelar, ¿a qué se debe esperar Costa Rica a partir de la constitución de la terna arbitral anunciada por el CIADI el pasado 30 de octubre? A un largo, costoso y siempre riesgoso procedimiento ante el CIADI, como ello ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores en las que un inversionista extranjero encuentra manera de intentar obtener afuera lo que el ordenamiento jurídico costarricense y sus tribunales no le han permitido obtener.




