miércoles, 28 de septiembre de 2022

Pueblos indígenas y sus derechos: informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica



Pueblos indígenas y sus derechos: informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica


Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)


El pasado 28 de septiembre del 2022, se dio a conocer el informe elaborado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a raíz de su visita in situ en Costa Rica a finales del año 2021. 

Como bien se sabe, los relatores especiales sobre temas específicos de derechos humanos forman parte de los denominados "mecanismos no convencionales" dentro del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas (Nota 1): la relatoría especial para examinar y analizar los derechos de los pueblos indigenas se estableció en el 2001 (véase enlace oficial). El informe anterior sobre los derechos de los pueblos indígenas en un Estado de América Latina es el relativo a Ecuador, dado a conocer a finales del 2019 (véase texto integral). En América Central, la última visita de esta naturaleza con el informe correspondiente, fue la realizada en Guatemala en el 2018 (véase informe).

Este informe sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica está desde ya disponible en los diversos idiomas oficiales de Naciones Unidas en este enlace así como la ficha técnica del mismo.

Es de notar que el delegado oficial de Costa Rica indicó en su intervención (véase comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas del 28 de septiembre del 2022) que:

Costa Rica reaffirmed its unwavering commitment to the protection of all under its jurisdiction, and their exercise of their human rights, without discrimination. Costa Rica worked to eliminate discrimination, and had accepted and analysed international recommendations, strengthening mechanisms for dialogue and interaction with indigenous peoples, leading to a better understanding of the impediments to their socio-economic development and exercise of their rights.  Their land rights should be respected, as one of the main causes of violence was the lack of certainty in the property system.The bedrock of the identity of indigenous peoples was nourished through their unique ties to their indigenous lands. Costa Rica had made progress with respect to the recovery of indigenous lands, and had filed formal cases, undergoing due process and ensuring continuing recovery". 

No se tiene acceso a la versión en castellano de lo externado por el representante del Estado costarricense, de manera a poder dilucidar eventuales dudas con respecto a los términos usados en la traducción a la lengua inglesa realizada por los intérpretes oficiales de Naciones Unidas.


Sobre algunos hallazgos preocupantes

Más allá de las cosas que se oyen a veces por parte de un delegado costarricense en un foro internacional, se sugiere una lectura integral y detallada del informe como tal: en efecto, contiene una gran cantidad de datos muy valiosos recopilados por el experto independiente de Naciones Unidas durante su visita a Costa Rica. Al momento de concluirla, en diciembre del 2021, el mismo Relator Especial ya habia externado de manera muy preliminar algunas preocupaciones (véase comunicado de prensa oficial al terminar su visita a Costa Rica, muy pocamente replicado en la prensa costarricense).

Son muchos en su informe los temas en los que el Relator evidencia iniciativas gubernamentales y un actuar errático del Estado costarricense a la hora de implementarlas. De entrada, en los primeros párrafos del informe, se lee que:

"8. Si bien el Relator Especial destaca la importancia de la inclusión por primera vez del enfoque de la autoidentificación étnica en el censo nacional de 2011, lamenta la falta de datos estadísticos desglosados sobre pueblos indígenas requeridos para definir políticas sociales y económicas pertinentes para atender las necesidades específicas de los pueblos indígenas".

Un Estado que carece de datos estadísticos desglosados sobre las poblaciones indígenas dificilmente puede llevar a cabo políticas públicas exitosas, por lo que este primer punto constituye desde ya un verdadero desafío para Costa Rica. A la vez, exhibe el desinterés del Estado como tal para atender correctamente la problemática de las comunidades indígenas. 

Leemos, en otra parte del informe, que:

"33. Costa Rica inició en 2016 el Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas liderado por el Instituto de Desarrollo Rural. El Relator Especial toma nota de que, aunque el plan fomenta la titulación de las tierras, hasta la fecha no ha producido ninguna restitución. En las diversas reuniones con los pueblos indígenas se planteó la existencia de varios obstáculos que impiden que este plan pueda garantizar la restitución efectiva, justa y equitativa de sus territorios". 

De igual manera, se lee en el informe que:

"48. El conflicto social se ha exacerbado tras más de 40 años de ocupación de los territorios indígenas por personas no indígenas, sin una política estatal efectiva de restitución de tierras, lo que ha llevado a una situación de violencia sistemática por parte de algunos finqueros, particularmente en el sur (Cabagra, China Kichá, Salitre y Térraba). 

49. A pesar del seguimiento a las alertas tempranas y los continuos llamados de la comunidad internacional a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a favor de los pueblos indígenas teribe (brörán) y bribri de Salitre , los ataques contra los pueblos indígenas no han cesado. Según un informe, en el año 2020, se documentaron un total de 86 actos de violencia en contra de pueblos indígenas". 

En el punto 66 se indica que:

"Por ejemplo, según información recibida, las autoridades fiscales a menudo no investigan las denuncias presentadas por una persona indígena y se le solicita que presente pruebas del hecho. En muchas ocasiones, los hechos no son calificados adecuadamente o investigados de oficio, ni aun cuando son denunciados. Esta situación ha sido denunciada ante las instancias competentes, sin que haya habido respuesta alguna. El Relator Especial expresa su particular preocupación por la ineficiencia de los mecanismos internos en el Poder Judicial para sancionar los comportamientos discriminatorios y racistas de los funcionarios".

Son estos tan solo algunos de los señalamientos hechos en el informe, y se recomienda una lectura completa del documento, que evidencia un análisis muy pormenorizado de la realidad que enfrentan las comunidades indígenas costarricenses y de la manera del Estado costarricense de intentar remediarla: se trata, en nuestra opinión, de un análisis integral por parte del Relator y de su equipo de trabajo, quienes pudieron reunirse con diversas entidades estatales y no estatales conocedoras de esta realidad durante su visita. Cabe indicar que en el mes de agosto del 2021, este mismo Relator realizó una visita, de corte académico esta vez, a la Universidad de Costa Rica (UCR) y a varios proyectos que esta universidad lleva a cabo con varias comunidades indígenas (véase nota oficial de la UCR).

Es de notar que en su contienda con Chile y Venezuela para lograr ser electo como miembro del Consejo de Derechos Humanos en este 2022 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas (tres postulaciones para dos vacantes), Costa Rica en su lista de compromisos en materia de derechos humanos (véase nota verbal del 4 de agosto del 2022), incluyó el siguiente:

"(b) To maintain and strengthen the process of dialogue with indigenous peoples through the implementation of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples, which gives effect to the recognized right to free, prior and informed consultation to ensure participation of those peoples in decision -making regarding the issues that directly affect them; also, to continue the stage -by-stage implementation of the National Plan for the Recovery of Indigenous Territories of Costa Rica 2016–2022, with the aim of ending conflicts related to land tenure and the security of inhabitants"

Un reciente y muy valioso reportage titulado "China Kinchá: la recuperación de una tierra arrebata" sobre la dura realidad que enfrentan las mujeres indígenas Cabécares en Costa Rica permite relativizar la afirmación anterior hecha en Naciones Unidas. Una nota anterior sobre la violencia que sufren los recuperadores indígenas Malekus (véase nota) va en igual sentido, así como, esta vez, una carta pública de ONGs del año 2020 con relación a intimidaciones sufridas por indígenas Bribri y Bröran.  No está de más indicar que en Panamá, luego de luchas muy similares, comunidades indígenas Kunas obtuvieron en el 2014 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una sentencia favorable a sus legítimas reinvindicaciones sobre sus territorios ancestrales (Nota 2).


Sobre algunas recomendaciones hechas a Costa Rica

Las conclusiones ubicadas en la parte final del informe del Relator Especial revisten gran interés para sectores sociales y deberían de poder propiciar una reflexión en el seno de algunas entidades estatales. Como indicado con anterioridad, en varias de ellas, el experto hace ver que las diversas iniciativas legislativas o reglamentarias no han sido implementadas de manera a beneficiar a las comunidades indígenas costarricenses. En la parte conclusiva, se lee por parte del Relator Especial que:

"91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos".

Entre las numerosas recomendaciones hechas al Estado costarricense, y que deberían interesar a diversas entidades estatales, se lee, en el párrafo 98, que el Relator recomienda a Costa Rica:

"f) Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los ataques, incluidas las amenazas contra los líderes indígenas; 

g) Garantizar la investigación administrativa y judicial, el juzgamiento y la sanción de los responsables del supuesto abuso de la fuerza por parte de la policía en marzo de 2020 contra las personas indígenas recuperadoras de tierra en China Kichá; 

h) Proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado para las personas indígenas víctimas, en particular a los pueblos indígenas bribri de Salitre y brörán de Térraba por los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera, incluidas, pero no limitadas a: 

    i) Garantías de no repetición mediante esquemas preventivos y alerta temprana con participación de la Defensoría de los Habitantes;

     ii) Medidas de satisfacción como la disculpa pública; 

i) Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe".


Aprobar el Acuerdo de Escazú, una previsible sugerencia a Costa Rica

El instrumento internacional al que refiere el  Relator Especial en este punto i) es más conocido como Acuerdo de Escazú (Nota 3), el cual fue suscrito en Costa Rica en marzo del 2018. 

Este tratado fue recientemente objeto de una nueva ratificación en este 2022 (Chile), luego de Argentina y México (que lo ratificaron en el 2021). Tuvimos la oportunidad de analizar la cada vez más incómoda situación que le significa a Costa Rica cada nueva adhesión a este acuerdo regional de vanguardia, adoptado en suelo costarricense: véase nuestra breve nota al respecto titulada "Acuerdo de Escazú:  Chile oficialmente es Estado Parte número 13.  Algunas reflexiones desde Costa Rica"

Se trata por lo tanto de una nueva excitativa, hecha a Costa Rica, de muchas ya realizadas desde el ámbito internacional. 

Nótese que en la precitada nota verbal del 2022 de cara a la candidatura oficial de Costa Rica para ser electa en el Consejo de Derechos Humanos, el Acuerdo de Escazú no figura entre los compromisos de Costa Rica (véase texto), mientras que en la nota verbal del 2019 que Costa Rica presentó al mundo para intentar ser electa en el Consejo de Derechos Humanos, sí figuraba una mención al Acuerdo de Escazú  (véase texto, en particular párrafo 16) (Nota 4).

Independientemente de esta y otras inconsistencias de Costa Rica en el plano internacional, el pasado 28 de septiembre, Colombia aprobó en tercer debate por parte de su Cámara de Representantes el Acuerdo de Escazú (véase nota oficial), quedando aún pendiente un cuarto debate muy pronto a realizarse para materializar su adhesión: el Acuerdo de Escazú ya cuenta con 13 Estados Parte (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), con fuertes probabilidades para que Colombia eleve el número a 14.


Sobre la disculpa oficial recomendada en su informe por el Relator Especial

Volviendo a Costa Rica y a la situación que enfrentan sus indígenas, cabe recordar las recurrentes acciones violentas que sufren los líderes indígenas en Costa Rica. 

El hecho que dos de ellos en la región de Salitre perdieran la vida en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019 y Jerhy Rivera, febrero del 2020) sin que a la fecha las autoridades de justicia hayan sancionado a los responsables de estos dos graves hechos, coloca a Costa Rica en una situación bastante insólita, en particular desde una perspectiva internacional de derechos humanos (Nota 5).  


Foto extraida de nota de prensa de la BBC titulada "Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios", edición del 20/03/2019


Al mismo tiempo, persiste un indignante clima de impunidad, el cual tiene un efecto intimidador para muchas comunidades indígenas costarricenses: desde esta precisa perspectiva, la "disculpa pública" recomendada  en el punto h), ii) del precitado párrafo 98 por el Relator de Naciones Unidas al Estado costarricense cobra mucha mayor relevancia. 

En junio del 2020, otra experta de Naciones Unidas había externado en un comunicado de prensa (véase texto) que, en Costa Rica, la impunidad prevalece de manera sumamente preocupante cuando se trata de víctimas indígenas:

"“It seems that perpetrators of intimidations, threats, shootings and killings often walk free when their victims are indigenous human rights defenders,” the Special Rapporteur said. Impunity increases the impact of human rights violations committed against human rights defenders, as it conveys a lack of recognition for their role in society and constitutes an invitation to continue violating their rights, she said".

Otra disculpa, esta vez por la denominada "arrastrada" vivida en el edificio de la Asamblea Legislativa en el mes de agosto del 2010 por integrantes de varias comunidades indígenas costarricenses, podría también facilitar el proceso de diálogo: véase al respecto nuestra breve nota publicada al conmemorarse 10  años de este triste episodio que marcó (y sigue marcando) profundamente, a las comunidades indígenas costarricenses. 

Finalmente, en el 2020, al analizar el trámite dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una petición de indígenas con relación al proyecto hidroeléctrico El Diquis, habíamos escrito en una breve nota (véase enlace) que:

"Si bien el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció en el 2018 que "cierra" el PHDiquis (véase la nota del Semanario Universidad), nunca se procedió a realizar ninguna consulta a las comunidades indígenas impactadas por este megaproyecto. Tampoco se registra un reconocimiento público de responsabilidad del Estado por irrespeto a los derechos de comunidades indígenas. El hecho de que el ICE haya desistido de este proyecto por razones ajenas a las reivindicaciones de las poblaciones indígenas no significa que en años previos al 2018 no se haya causado un daño a estas comunidades, al entorno natural en el que se inscribe su cultura y al valor espiritual que para ellas poseen algunos espacios naturales, lo cual puede ahora entrar a ser valorado por la CIDH".

A ese respecto, un informe anterior del 2011 elaborado por el entonces Relator Especial de Naciones Unidas y titulado "La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica" (véase enlace) puso de manifiesto las graves carencias del Estado costarricense a la hora, esta vez, de llevar a cabo un megaproyecto que impacte negativamente a poblaciones indígenas costarricenses.  En el punto 12 de su informe del 2011, se lee textualmente que:

12. El Relator Especial considera que debería haberse iniciado un proceso de consulta sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los estudios técnicos, lo que hubiera permitido a las comunidades indígenas afectadas participar en las decisiones iniciales. Por el contrario, el diseño del proyecto se encuentra en un estado avanzado, y el Gobierno ha tomado varias decisiones comprometiéndose al estudio y la elaboración del proyecto, sin una consulta previa adecuada. Para el Relator Especial es claro que en esta situación, aunque el proyecto hidroeléctrico todavía no haya sido finalmente aprobado, la capacidad de los pueblos indígenas de ejercer su derecho a la libre-determinación y de sentar sus propios prioridades para el desarrollo ha sido menoscabada".


El informe del Relator Especial del 2022 puesto en perspectiva

Este nuevo informe de Naciones Unidas en este año 2022 viene a detallar de manera muy completa la situación de total vulnerabilidad e indefensión de muchas comunidades indígenas en Costa Rica. 

Para la fecha de este 2022 en la que se conmemora internacionalmente a las poblaciones indígenas, la oficina de Naciones Unidas en Costa Rica habia alertado que:

"... en Costa Rica la pobreza alcanza al 23% de los hogares, sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas, las cifras aumentan de forma considerable. Por ejemplo: en el pueblo Cabécar es del 94%; en el pueblo Ngäbe 87 % y en el pueblo Brörán 85%" (véase uno de los pocos artículos de la prensa costarricense referenciando este comunicado).

Hay que tener en cuenta que este informe se da a conocer después de una reciente decisión relacionada a un monocultivo en Paraguay por parte de un mecanismo convencional de Naciones Unidas como lo es el Comité de Derechos Humanos (véase texto del dictamen del octubre del 2021): se trata de una decisión que debería interesar a varias comunidades en Costa Rica que sufren impactos negativos de monocultivos (en particular lo que se lee en los párrafos 8.6 a 8.8 del precitado dictamen). No está de más indicar que este dictamen interesa en realidad a muchas otras comunidades indígenas en America Latina (Nota 6) que viven situaciones muy similares a la de la valiente y perseverante comunidad de Campo Agua’ẽ, del pueblo Ava Guaraní.

También cabe señalar que este informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Costa Rica se da a conocer después de que, en el año 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptara una histórica sentencia contra Argentina (véase sentencia del caso Lahka Honhat): la cual viene a expandir los alcances de la jurisprudencia en la materia de forma notable, en particular para los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) (Nota 7). El ex Presidente de esta jurisdicción regional no dudó en escribir en su voto razonado que esta sentencia constituye un verdadero "hito":

"El caso Lhaka Honhat representa un hito en la jurisprudencia interamericana fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, constituye la primera ocasión en que el Tribunal Interamericano se pronuncia de manera autónoma sobre DESCA que atañen a pueblos y comunidades indígenas. En segundo término, a diferencia de los precedentes que había tenido la oportunidad de conocer, la Sentencia declara la vulneración de cuatro DESCA que pueden ser derivados y protegidos por el artículo 26 del Pacto de San José - derecho a la identidad cultural, en lo atinente a participar en la vida cultural, derecho al medio ambiente sano, derecho a la alimentación, y derecho al agua - . En tercer lugar, las reparaciones ordenadas están centradas de manera diferenciada, tratando de restituir la violación de cada uno de los derechos sociales, culturales y ambientales declarados violados en la Sentencia"  (véase párrafo 4 de su voto, disponible después del texto de la sentencia, página 2).

Como bien se sabe, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Nota 8) no se limita a ordenarle medidas al Estado incriminado en un caso concreto, sino que interpela a los otros Estados del hemisferio americano y los invita a paliar las insuficiencias y las lagunas en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales: no paliarlas constituye una invitación velada al litigio internacional ante los órganos del sistema interamericano.


A modo de conclusión

Haciendo a un lado el sistema interamericano de derechos humanos, es de esperar que estas nuevas recomendaciones proviniendo de Naciones Unidas sean ampliamente difundidas y conocidas por muy diversos sectores en Costa Rica. 

Y que, en algún momento, logren inspirar a decisores políticos sobre la urgente necesidad de ir paulatinamente remediando la grave situación que sufren las comunidades indigenas costarricenses. La profunda desconfianza con las que muchas de ellas viven a diario constituye un obstáculo que debe superarse poco a poco: en ese sentido, este informe de Naciones Unidas ofrece valiosas  pautas y herramientas a varias entidades del Estado costarricense.

Adicionalmente, organizaciones de la sociedad civil y el movimiento social en favor de los derechos de estas comunidades pueden activar los diversos mecanismos internacionales en aras de forzar al Estado costarricense a cumplir con las diversas obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos ha asumido, sin extender su beneficio a las comunidades indigenas, tal y como lo detalla de manera contundente este informe.


-- Notas --


Nota 1Esta publicación de carácter informativo de Naciones Unidas titulada "Los pueblos indígenas y el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas" permite ubicar mejor estos mecanismos no convencionales con relación a los mecanismos convencionales.


Nota 2: En esta sentencia contra Panamá del 2014 que repsonde favoarblemente a una petición presentada por las comunidades indígenas Kunas de Panamá, se lee en la parte dispositiva final que la Corte ordena que:

"12. El Estado debe demarcar, dentro de un plazo de máximo un año, las tierras que corresponden a las comunidades Ipetí y Piriatí Emberá y titular las tierras Ipetí como derecho a la propiedad colectiva de la comunidad Ipetí Emberá, en los términos del párrafo 232 de la presente Sentencia. 13. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto el título de propiedad privada otorgado al señor C.C.M. dentro del territorio de la Comunidad Emberá de Piriatí, en los términos del párrafo 233 de la presente Sentencia. 14. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 240, 247 y 253 de la presente Sentencia por concepto de daño material e inmaterial, reintegro de costas y gastos en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la misma" (véase texto completo de la sentencia, página 73).


Nota 3: Remitimos a nuestros estimables lectores a esta reciente obra colectiva que explica los alcances de este innovador tratado regional aprobado en Costa Rica en el  mes de marzo del 2018: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 pgs. Obra disponible de manera integral en este enlace


Nota 4: Sobre las elecciones del 2022 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, véase nuestra breve nota: BOEGLIN N., "América Latina ante las elecciones en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (para el período 2023-2025):  breves apuntes", publicada en la sección de Voz Experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 30 de agosto del 2022, disponible aquí. El 27 de septiembre del 2022, se supo que Cuba le otorgaría su apoyo a Chile (véase nota del medio chileno Ex-Ante).


Nota 5: Con relación al asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo del 2019, tuvimos la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica - UCR). Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas (que fueron solicitados en el mes de marzo del 2019) buscaban que hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5): el 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena en Salitre, Jerhy Rivera. Cabe inidicar que el Comité de Derechos Humanos, mecanismo convencional de Naciones Unidas, también se ha mostrado sumamente preocupado por la violencia imperante en Costa Rica contra dirigentes indígenas: en sus observaciones en septiembre del 2020 a las respuestas dadas por Costa Rica (véase enlace), el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas externó que: "El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte sobre el Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas. Sin embargo, requiere información sobre el plazo para su implementación y las medidas para garantizar en la práctica el derecho de los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y la protección jurídica necesaria. El Comité requiere, asimismo, comentar la información que le fuera proporcionada acerca de que continúan las ocupaciones ilegales por personas no indígenas. El Comité reitera su recomendación sobre la necesidad de proporcionar los medios legales necesarios para asegurar la recuperación de tierras inalienables que ya han sido otorgadas a pueblos indígenas mediante la legislación nacional, así como brindar la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques. El Comité solicita, asimismo, comentar la información recibida sobre agresiones contra personas indígenas en procesos de recuperación de tierras".


Nota 6: En efecto, el Protocolo de 1976 al Pacto Internacional sobre Derechos Civíles y Políticos de 1966, que permite al Comité de Derechos Humanos recibir y examinar denuncias de particulares y colectivos,  ha sido ratificado por todos los Estados de América Latina, con excepción de Cuba (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). 


Nota 7: La paciencia y la perseverancia de las comunidades argentinas afectadas son dignas de resaltar: esta sentencia culmina un reclamo de 36 años impulsado por varias comunidades indígenas de la provincia de Salta en Argentina, cuyo objetivo era obtener el título de su propiedad territorial. Las comunidades indígenas en 1991 conformaron la “Asociación Lhaka Honhat” e iniciaron su reclamo por los territorios ancestrales. Posteriormente, en el 1998, optaron por denunciar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH dictaminó su informe sobre el fondo en el año 2012, emitiendo una serie de recomendaciones a Argentina. Ante el incumplimiento de sus recomendaciones, la CIDH remitió el caso a la Corte IDH en febrero de 2018, la cual dio a conocer su sentencia en febrero del 2020.


Nota 8: Sobre la extensa jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de pueblos indígenas, véase esta publicación de la misma Corte titulada "Cuadernillo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Num.11: Pueblos Indígenas y Tribales". En el 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe titulado "Derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales", de lectura recomendada: en su conclusión, se lee (párrafo 361) que: "El reconocimiento de la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales debe ser comprendido como una medida reparativa frente a violaciones históricas y contemporáneas a sus derechos como colectivos diferenciados que tienen sus propias culturas, instituciones sociales, políticas y culturales y sus propias visiones y prioridades de desarrollo, y que han sido excluidos de los procesos de constitución de los Estados y en la definición de las políticas económicas, sociales y otras de los Estados. Esta historia de exclusión, discriminación y graves violaciones de derechos humanos de estos pueblos debe ser reconocida por los Estados a fin de tomar medidas decididas para la protección de estos pueblos y sus culturas, de la vida e integridad de sus integrantes, de sus tierras, territorios y recursos naturales, a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y a su libre determinación".




sábado, 17 de septiembre de 2022

Asamblea General de Naciones Unidas: votación sobre participación en virtual del Presidente de Ucrania


Asamblea General de Naciones Unidas: votación sobre participación en virtual del Presidente de Ucrania


Este 16 de septiembre, la Asamblea General de Naciones Unidas votó una resolución mediante la cual permite al Presidente de Ucrania dirigirse a la Asamblea General de Naciones Unidas desde una cámara. 

Como bien se sabe, la cita anual en Nueva York tiene como regla que se hagan presentes los Jefes de Estado de los 193 Estados Miembros si quieren personalmente dar a conocer su discurso. En algunos casos, es el jefe de la diplomacia  de un Estado el designado para leer un discurso. 

La votación registró un total de 101 votos a favor, 7 en contra, y 19 abstenciones, tal y como se puede observar en el siguiente tablero de votación: 




Este tablero puede ser comparado al voto para excluir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos en abril del 2022, que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nuestra breve nota al respeto), en el que la votación arrojó el siguiente resultado: 93 a favor, 24 en contra y 58 abstenciones; así como al tablero del voto registrado en marzo del 2022, al cumplirse un mes de lo que Rusia sigue denominando oficialmente "operación militar especial" en Ucrania que arrojó el siguiente resultado: 140 votos a favor, 5 en contra y 38 abstenciones (véase nuestra breve nota al respecto).

Con relación a esta última resolución sobre la modalidad permitida para escuchar al Presidente de Ucrania este próximo 21 de septiembre, en América Latina, Cuba y Nicaragua votaron en contra, al tiempo que Brasil se sumo a 18 Estados más que optaron por abtenerse. Por su parte, Bolivia, Haití y Honduras  optaron por no tener presentes a sus respectivos delegados en el momento de la votación (técnica del No Show), al igual que 66 otros Estados. Por su parte, si bien Venezuela aparece entre los "no Show", hay que recordar que desde enero del 2022 Venezuela no puede participar en votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, debido a atrasos en el pago de su contribución anual a Naciones Unidas como Estado Miembro.



miércoles, 14 de septiembre de 2022

El arbitraje del Alabama de celebración (1872-2022)


El arbitraje del Alabama de celebración (1872-2022)


Este 14 de septiembre del 2022, el mundo del arbitraje internacional debiera estar de fiesta, y más generalmente el mundo del derecho internacional público.

En efecto, se conmemoran los 150 años de la primera decisión arbitral dada a conocer para resolver una disputa entre dos Estados: el laudo sobre el vapor del Alabama (y otros vapores más) del 14 de septiembre de 1872. 

Se trata de una decisión que puso fin a una larga disputa entre Gran Bretaña y Estados Unidos, y que se considera en todo buen manual de derecho internacional público como una decisiva decisión arbitral para la historia del derecho internacional público.

Anterior a 1872, se cuenta únicamente con el tratado de Jay de 1794 mediante el cual Estados Unidos y Gran Bretaña se comprometieron a crear comisiones mixtas en aras de resolver las disputas venideras entre ambos, sin que se pueda realmente hablar de la forma moderna del arbitraje que se materializó en el laudo de 1872.


Un litigio entre dos Estados: de la política ...

Las 8 páginas de esta decisión (véase texto completo) fueron dadas a conocer por cinco árbitros:  dos eran nacionales designados por cada una de las Partes (Estados Unidos y Gran Bretaña), uno por Suiza, otro por Brasil y uno designado por Italia. Ello constituye una verdadera innovación en aquella época con relación a las "comisiones mixtas" creadas por los anglosajones a raiz de la dificultades encontradas luego de la proclamación de la independencia de Estados Unidos de Inglaterra y la necesidad de resolver una gran cantidad de controversias de muy diversa índole entre Estados Unidos y Gran Bretaña: estas comisiones funcionaron compuestas por nacionales en idéntico número designados por ambos Estados, con comisionados inclinados a resolver las controversias recurriendo a una negociación política a la hora de examinarlas.


... a la aplicación de criterios jurídicos a partir de una discusión colegial

Como se leerá en el laudo arbitral del 14 de septiembre de 1872, las referencias a reglas, disposiciones de tratados, principios jurídicos, aparecen en diversas partes del texto. ¿Dos Estados soberanos dispuestos a someter una disputa al rigor de las normas y a dejar en manos de juristas la resolución de su controversia? Para la época, se trata de una verdadera proeza.

Siendo todo una cuestión de interpretación de cada jurista, son varios los puntos dispositivos que se tomaron con un voto entre los integrantes de este órgano colegial. 

Incluso se permitió al árbitro británico Alexander Cockburn dar a conocer su profunda disconformidad, publicando un extenso texto que se puede considerar como la primera opinión disidente en la historia (véase texto).


Una primera iniciativa colegial sustituida ... por arbitrajes unipersonales

 A partir del éxito rotundo del arbitraje sobre el Alabama de 1872, el auge del arbitraje durante el siglo XIX fue consolidándose, al ser adoptada esta modalidad por muchos otros Estados para resolver sus controversias. Cabe recordar que en su laudo de 1872, los árbitros consideraron que Gran Bretaña sí había violado varias disposiciones sobre la neutralidad exigida en un conflicto de carácter interno como lo fue la Guerra de Secesión, y optaron por ordenarle el pago de 15 millones de US$ (de la época) a Estados Unidos a título de reparación e indemnización: un monto que fue depositado pocas semanas después de leído el laudo en Ginebra por parte de las autoridades norteamericanas.  

No obstante, en vez de reforzar y de consolidar el carácter colegial del órgano árbitral, y de convocar a juristas para integrarlo, como invitaba a hacerlo el caso del Alabama, los Estados optaron por recurrir a un único árbitro, usualmente un Jefe de Estado, y no fue sino mucho más tarde que se volvió a la modalidad colegial del arbitraje entre Estados. La confianza entre anglosajones para confiar una controversia interestatal a juristas y a la ciencia jurídica no se logró replicar de manera inmediata y tardó varios decenios en ir asentándose en la práctica arbitral.


Costa Rica y el arbitraje interestatal

En el caso de Costa Rica, su primera decisión arbitral con Nicaragua data de 1888 (laudo del Presidente Grover Cleveland de Estados Unidos - véase texto), mientras que su otra frontera terrestre fue objeto de una decisión del Presidente Emile Loubet de Francia en el año 1900 entre Costa Rica y Colombia (véase texto completo). 

Costa Rica luego optaría en tres ocasiones más por el arbitraje para resolver una controversia con otro Estado: el laudo de un jurista, el Chief Justice White de 1914 entre Costa Rica y Panamá (véase texto), el laudo Tafts entre Costa Rica y Gran Bretaña (véase texto completo), y más contemporáneo, el laudo Lalive entre Costa Rica e Italia (véase texto completo) dado a conocer en junio de 1998 por una terna arbitral compuesta por un árbitro costarricense, italiano y suizo. Tres juristas reunidos en el último arbitraje de Costa Rica, de la misma manera que Estados Unidos e Inglaterra reunieron a cinco para 1872.

El Presidente de Estados Unidos Grover Cleveland también fue llamado por Brasil y Argentina para resolver su controversia sobre su frontera en Iguazú (véase laudo de 1895). En Centroamérica, el laudo Cleveland de 1888 entre Costa Rica y Nicaragua fue precedido por el laudo del Emperador de Austria entre Nicaragua y el Reino Unido dado a conocer en 1881 (véase texto).  


El arbitraje del Alabama: un primer paso hacia la justicia internacional

La decisión de 1872 entre Estados Unidos e Inglaterra debe mucho al pragmatismo de la cultura anglosajona: se trató del primer intento de acercar la ciencia jurídica a la resolución de una controversia entre dos Estados. 

El hecho que ambos Estados compartieran esta misma tradición jurídica facilitó en gran medida el buen funcionamiento del órgano arbitral que sesionó en Ginebra (Suiza): a ese respecto, el "Hotel de Ville" de la ciudad de Ginebra posee un salón denominado "Salon Alabama" en el que sesionaron los cinco árbitros, y en el que se han realizado desde 1872 actos protocolarios de importancia internacional y de gran relevancia para el ordenamiento jurídico internacional. 


Fotografía del Salon Alabama del Hotel de Ville en Ginebra, extraída de este enlace oficial de la ciudad de Ginebra.

La técnica del arbitraje fue consolidándose, dando pie para decisiones arbitrales emanadas de órganos colegiales como por ejemplo entre Bolivia y Paraguay a propósito de la región del Chaco en 1938 (véase texto). También el arbitraje fue utilizado de manera recurrente, como por ejemplo entre Argentina y Chile en 1899 (véase texto), en 1902 (véase texto), en 1966 (véase texto), en 1977 con relación esta vez al Canal de Beagle (véase texto): esta última decisión monstró no obstante los límites del derecho internacional público, al poner a ambos Estados al borde de una confrontación militar,  y llevó a sus autoridades a recurrir a una mediación papal, concluida en 1984. 

Los límites de los árbitros tambien salieron a relucir en el caso del arbitraje de 1899 entre Gran Bretaña y Venezuela a propósito de la Guyana británica (véase texto), optando desde entonces Venezuela por mantener una distancia prudente con el arbitraje y con el arreglo judicial para resolver sus disputas con  otros Estados.

Paralelamente al auge del arbitraje, surgió a inicios  del siglo XX la idea de constituir un órgano judicial internacional permanente (y no efímero como lo son por definición los tribunales arbitrales) similar a los tribunales con los que se cuenta a nivel nacional. 

Es así como se crearon los primeros tribunales permanente en la historia, a saber: un primer intento que duró 10 años (1907-1917) en Centroamérica, con la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, localizada en un primer momento en Cartago y luego trasladada a partir de 1910 a San José en Costa Rica (actual Casa Amarilla); una segunda iniciativa, a nivel universal esta vez, en 1920, con la creación de la  Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) en el seno de la Sociedad de las Naciones (SDN), una jurisdicción anterior a la actual Corte Internacional de Justicia (CIJ) creada en 1945 en el seno de las Naciones Unidas.


A modo de conclusión

Tal y como se puede apreciar, el arbitraje del Alabama de 1872 marca un hito histórico en el derecho internacional público. Los Estados de América Central tempranamente buscaron la manera de resolver mediante la técnica del arbitraje sus disputas, inspirados en el éxito del arbitraje del Alabama. 

De manera pionera esta misma región del mundo fue la que hospedó el primer intento por dotarse en derecho internacional público de una jurisdicción permanente. 


lunes, 1 de agosto de 2022

América Latina ante las elecciones en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (para el período 2023-2025): breves apuntes

 

América Latina ante las elecciones en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (para el período 2023-2025):  breves apuntes


Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)


Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos constituye la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro de Naciones Unidas. Se trata de un órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados: en este año 2022, es presidido, por vez primera en toda su historia, por Argentina (véase comunicado oficial de diciembre del 2021). 

Según se desprende de la lista de los actuales Estados que lo integran, en este 2022 llegan a expiración de sus respectivos mandatos Brasil y Venezuela (véase listado oficial). 

La última sesión especial del Consejo de Derechos Humanos se celebró en mayo del 2022 y analizó el deterioro de la situación de los derechos humanos después de la agresión militar de Rusia a Ucrania, iniciada el 24 de febrero (véase enlace oficial): como dato de interés, Rusia y Ucrania fueron electos miembros del Consejo de Derechos Humanos en octubre del 2020.

Las elecciones anuales de Estados para integrar el Consejo constituyen siempre un momento oportuno para analizar las maniobras diplomáticas que supone llevar a feliz término una candidatura por parte de un Estado perteneciente a una determinada región del mundo. Nos limitaremos, en las líneas que siguen, a los Estados de la región de América Latina de cara a la contienda que los espera en octubre del 2022, no sin antes explicar brevemente la importancia del Consejo de Derechos Humanos dentro del organigrama de Naciones Unidas

Es de notar que en una reciente actividad organizada por varias ONG especializadas en derechos humanos, de 18 Estados que han propuesto sus respectivas candidaturas, solamente 11 accedieron a hacerse presentes al foro virtual celebrado el 7 de septiembre del 2022 (véase video del evento).


El Consejo de Derechos Humanos en breve

Entre sus numerosas atribuciones (Nota 1), el Consejo de Derechos Humanos es el órgano llamado a crear, mediante resolución, comisiones de investigaciones para documentar situaciones en las que se violan de manera masiva y grave los derechos humanos: en la actualidad son 36 los mecanismos de investigación de este tipo (véase enlace oficial), siendo uno de los últimos en crearse una comisión sobre la situación en Nicaragua en marzo del 2022 (véase enlace y enlace sobre la designación de sus tres integrantes, en mayo del 2022 así como texto de la resolución A/HRC/49/L.20 del 31 de marzo del 2022); también recae en el Consejo de Derechos Humanos el crear (o bien renovar) mandatos temáticos sobre ámbitos específicos en materia de derechos humanos, los cuales en la actualidad ascienden a 45 (véase enlace oficial). 

Ello sin olvidar de mencionar la adopción de resoluciones en temas relevantes que luego son puestos a conocimiento de la Asamblea General. Entre muy diversos ejemplos, podemos citar la reciente (e histórica) resolución A/76/300 sobre derecho al ambiente como un derecho humano adoptada el 28 de julio del 2022 por la Asamblea General con una abrumadora (e inédita) mayoría (véase nota de prensa y esta nota publicada en Costa Rica explicando el significado de tan abultada mayoría de votos a favor): esta resolución fue inducida desde el Consejo de Derechos Humanos en el mes de octubre del 2021 (véase nota oficial). 

De igual manera, la Declaración sobre Derecho de los Pueblos Indígenas de septiembre del 2007 (véase texto) adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas fue incubada desde el Consejo de Derechos Humanos mediante una de sus primeras resoluciones, la cual fue adoptada en el mes de junio del 2006 (véase texto pp.18-27 del documento A/61/53/SUPP disponible aquí).

Las diferencias entre un texto aprobado en el Consejo de Derechos Humanos y el adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas suelen ser imperceptibles, confirmando esta simple constatación al Consejo de Derechos Humanos como el espacio por excelencia para debatir de derechos humanos en Naciones Unidas y para afinar en su seno los términos de una futura resolución a ser adoptada por su órgano plenario. 



Tablero de la votación acaecida el 23 de julio del 2014, con un solo voto en contra (Estados Unidos) a la hora de votar el Consejo de Derechos Humanos una resolución que crea una comisión de investigación sobre las exacciones israelíes cometidas en Gaza en julio del 2014 y cuyo informe final se presentó en el mes de junio del 2015. En mayo del 2018 una resolución similar creó un mecanismo de investigación sobre las acciones militares desproporcionales de Israel contra manifestantes palestinos desarmados con el mismo voto en contra de Estados Unidos y de Australia (véase nota del Timesof Israel con foto del tablero de votación): el informe final se presentó en el mes de marzo del 2019.


Hay que tener siempre presente que el Consejo de Derechos Humanos no es un órgano compuesto por expertos en derechos humanos, sino por Estados: y que las discusiones que en él se llevan a cabo son ineludiblemente de orden político, como ocurre en todo órgano internacional de carácter intergubernamental compuesto por representantes estatales. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cada uno de los 47 Estados que integra el Consejo de Derechos Humanos posee un solo y único voto, sin ningun otro privilegio. Cada Estado, en igualdad de condiciones con sus 46 pares, participa en la discusión sobre el contenido de un texto, presenta enmiendas al mismo si lo desea, y su delegado vota a favor o en contra los textos que se adoptan por votación (o bien se abstiene).


La repartición geográfica dentro del Consejo de Derechos Humanos

La repartición geográfica conlleva algunos criterios muy propios (véase enlace oficial) tendientes a asegurar un equilibrio entre todas las regiones del mundo, a la hora de realizarse la votación en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas para escoger a los Estados miembros. 

En la integración del Consejo de Derechos Humanos, la región de América Latina y del Caribe cuenta con 8 escaños, mientras que África cuenta con 13, al igual que la región Asia/Pacífico, también con 13; como resultado de la antigua partición de Europa durante la Guerra Fría, se considera la región de Europa Occidental por una parte, con 7 y por otra, Europa Oriental, con 6 escaños. Estados Unidos y Canadá son considerados como parte de Europa Occidental para los propósitos de las designaciones de cada región.

Cada año, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, usualmente en el mes de octubre, se procede a renovar de manera parcial el Consejo de Derechos Humanos, eligiendo para cada una de estos cinco bloques regionales a varios Estados por un mandato de tres años. Un Estado puede ser reelecto por un segundo mandato consecutivo y no podrá volverse a presentar justo después de concluido su segundo mandato. En el caso de Brasil y de la contienda de este año 2022, no puede postularse, al concluir su segundo mandato consecutivo.

En la actualidad, por América Latina y el Caribe figuran: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Honduras, México, Paraguay y Venezuela.

Cabe recordar que el Consejo de Derechos Humanos fue creado en el 2006 (véase resolución A/RES/60/251 de abril del 2006) y reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas: un órgano intergubernamental que funcionó desde 1946 hasta el año 2005 compuesto por 53 Estados. Es de notar que esta resolución se adoptó con 170 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos, Islas Marshall, Israel y Palau) y 3 abstenciones (Bielorusia, Irán y Venezuela) según se informa en esta nota de prensa de Naciones Unidas. En un interesante artículo del 2007 que analiza las negociaciones previas a la votación de la resolución A/RES/60/251 del 2006, se lee que un diplomático norteamericano  - conocido por sus posiciones radicales e instransigentes - originó este voto de Estados Unidos:

"La mayoría de los Estados concordaron con el Presidente Eliasson en cuanto a que esta redacción era la mejor posible, dada la atmósfera existente y que era urgente consolidar el acuerdo antes de que se realizara la siguiente reunión de la CDH. Estados Unidos no compartía esta opinión. El Embajador Bolton manifestó su inquietud acerca de muchas disposiciones contenidas en el texto y, junto con negarse a explicitar cuáles cambios lograrían que Estados Unidos apoyara la resolución, hizo un nuevo llamado a efectuar negociaciones individuales entre países. El apoyo para esta posición fue casi nulo y finalmente la Asamblea aprobó la resolución que creaba el nuevo Consejo ..." (Nota 2).

Recientemente, tuvimos la oportunidad de analizar la exclusión de Rusia de este órgano de Naciones Unidas (véase nuestra nota del 7 de abril del 2022), como consecuencia de la agresión militar perpetrada en el territorio de Ucrania: cabe indicar que Rusia (158 votos) y Ucrania (166) fueron electas en representación de la región de Europa del Este en octubre del 2020 para integrar el Consejo de Derechos Humanos (véase nota oficial de Naciones Unidas).


Costa Rica y su súbito interés en integrar el Consejo de Derechos Humanos en el 2019

Habíamos tenido la oportunidad de analizar en octubre del 2019 la repentina decisión de Costa Rica de postularse en aras de intentar arrebatarle la silla a Venezuela (Nota 3). 

Se trató de una maniobra que no fructificó, quedando electos Brasil y Venezuela por América Latina y el Caribe (véase nuestra breve nota). Sobre los resultados alcanzados en la votación del 27 de octubre del 2019, fueron los siguientes:  la diplomacia de Brasil reunió 153 votos, la de Venezuela 105, al tiempo que la de Costa Rica (no electa) pudo contar con el respaldo de 96 Estados que votaron en favor de su candidatura (para más detalles sobre los resultados de la votación, véase acta A/74/PV.17, pp. 3-4).

Este episodio bastante peculiar permitió confirmar lo que enseña la observación de la práctica diplomática en Naciones Unidas para este tipo de ejercicios: los intercambios de votos y de compromisos que los Estados han pactado entre sí en materia de candidaturas difícilmente pueden ser revisados a menos de dos semanas de una votación. Algunas candidaturas se negocian y se anuncian con mucho tiempo de antelación y es muy probable que Venezuela y Brasil tenían asegurada gran parte de sus votos cuando Costa Rica anunció súbitamente su postulación. No se trata de semanas o meses de antelación, sino en algunos casos, de candidaturas que se han preparado y negociado desde varios años (Nota 4).

Después de lo acontecido en el 2019, tanto en el año 2020 como en el 2021, Costa Rica optó, por alguna razón que sería de interés conocer, por no postularse; al igual que lo había hecho entre el 2015 y el 2019 (después de su postulación en el 2014, que no le permitió tampoco ser electa).

En el 2020, resultaron electos para las tres vacantes por la región Bolivia, Cuba y México, con respectivamente 172, 170 y 175 votos respectivamente (véase detalle de los votos obtenidos por los demás Estados en el acta A/75/PV.16, pp.14-15); y en el 2021, resultaron electos Argentina (175), Honduras (172) así como Paraguay, con una destacada marca de 185 votos reunidos.


Las elecciones venideras para el 2022, el 2023 y el 2024

Como ya indicado, para este año 2022, son dos las vacantes que dejan Brasil y Venezuela y que deberán ser objeto de una decisión colectiva para suplirlas por parte del bloque regional de América Latina y del Caribe: la práctica en Naciones Unidas indica que se delega a cada bloque regional el acordar y presentar los candidatos para suplir las vacancias de turno que le correspondan. 

En caso de desacuerdo entre los integrantes del GRULAC (Grupo de América Latina y el Caribe en Naciones Unidas), son entonces los votos obtenidos por cada candidatura los que deciden cuáles Estados son electos y cuáles no resultan electos. Únicamente los números obtenidos en la Asamblea General de Naciones Unidas cuentan, al tratarse de una votación secreta.

En el año 2023, serán tres las vacantes al llegar al término de su actual mandato Bolivia, Cuba y México. En el 2024, serán tres nuevamente, al concluir su mandato Argentina, Honduras y Paraguay.


El espacio para tres será siempre mayor al espacio para dos

Tres vacantes en el seno del Consejo de Derechos Humanos dan lugar a elecciones mucho menos reñidas que cuando se trata de dos, y merece mención revisar lo ocurrido en las últimas elecciones en las que, por el GRULAC, se contaba con tan solo dos vacantes:

- para el último ejercicio (2019), las diplomacias brasileña y venezolana lograron su cometido, dejando por fuera a la de Costa Rica con su osada iniciativa;  

- al igual que las de Brasil y Cuba (2016), Brasil reuniendo 137 votos, Cuba 160, y Guatemala tan solo 82; 

- así como  los aparatos diplomáticos de Cuba y México (2013): en aquella oportunidad Cuba reunió 148 votos, México obtuvo 135 votos, quedando por fuera Uruguay con 93 votos; 

- en octubre del 2010, con 180 votos cada uno, Ecuador y Guatemala fueron electos, al tiempo que se registra, sin explicación plausible, un solo voto a favor de Perú (véase enlace oficial con tablero general de votos obtenidos): se trata posiblemente de un único voto de un delegado que, sin haber recibido instrucción alguna desde su capital, voto con su mejor criterio o bien por el Estado con el que más se siente identificado ...

- en octubre del 2007, Bolivia obtuvo 169 votos, Nicaragua 174, al tiempo que se registró (como en el caso de Perú en el 2010), a Costa Rica, Chile y Belize cada uno con un solo voto (veáse acta A/61/PV.97, página 3): en este caso, al menos para lo concerñiente a Costa Rica, otra hipótesis a considerar es que su delegado en Naciones Unidas, por alguna razón muy personal, no considerara que pudiera votar ni por Bolivia ni por la vecina Nicaragua ... Una hipótesis similar puede explicar que su homólogo chileno se sintiera imposibilitado de votar a favor de Nicaragua o de la vecina Bolivia.


Algunas de las marcas obtenidas por Estados de América Latina, algunas ausencias y algunas presencias notorias

Más allá de las cosas que a veces pueden ocurrir en la mente de un diplomático cuando su capital omite enviarle una instrucción de voto (sin percatarse este diplomático que sus decisiones quedarán registradas como insólitas "curiosidades" en Naciones Unidas), resulta oportuno recordar que son los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas los que son llamados a votar en favor de las candidaturas correspondientes. 

Como previsible, la marca más alta registrada por un Estado de América Latina (antes del notorio hito logrado por Paraguay en la última contienda del 2021 reuniendo 185 votos a su favor), fue la obtenida por el aparato diplomático de Brasil en el 2012 (con 184 votos a su favor), seguido por Perú (180) en el 2017, y México (179) también en las elecciones del 2017. 

Con un solo voto (probablemente el suyo), Colombia es el Estado que obtuvo la menor cantidad de votos en las primeras elecciones realizadas en el 2006, seguido por Honduras con 3 y por Costa Rica con 6 votos reunidos (véase acta A/60/PV.80 del mes de mayo del 2006, pp. 3-4).

Resulta oportuno precisar que, desde su integración en el mes de mayo del 2006, el Consejo de Derechos Humanos nunca ha contado (véase listado oficial) en su seno con los siguientes Estados: Colombia, Haití y República Dominicana. En el caso de Colombia, se lee en la conclusión de un valioso artículo su "desdén" hacia el sistema de Naciones Unidas, y el desinterés pronunciado de sus autoridades hasta agosto del 2022 por mantener la presencia de juristas colombianos dentro de órganos de expertos de Naciones Unidas.

Por otro lado, como dato de interés, Cuba ha sido escogido  en cinco ocasiones desde el 2006 como integrante del Consejo de Derechos Humanos para los siguientes períodos: (2007-2009), (2010-2012), (2014-2016), (2017-2019) y (2021-2023). Al igual que México: (2007-2009), (2010-2012), (2014-2016), (2018-2020) y (2021-2023). Se puede considerar que las diplomacias de Cuba y de México consideran como un objetivo prioritario el integrar al Consejo de Derechos Humanos, al registrar ambos Estados la mayor cantidad de mandatos desde el 2006. 

Cuba y México son seguidos por Argentina y Brasil, con cuatro mandatos cada uno. Los mandatos de Brasil son: (2007-2008), (2013-2015), (2017-2019) y (2020-2022); y los de Argentina: (2007, un año), (2014-2016), (2019-2021) y (2022-2024). 

Siguen luego Venezuela con tres mandatos: (2013-2015), (2016-2018) y (2020-2022) así como Ecuador: (2007, un año), (2011-2013) y (2016-2018),  Perú con mandatos en (2007-2008), (2013-2015) y (2018-2020) y Uruguay: (2007-2009), (2010-2012) y (2019-2021). 

En el 2018, conjuntamente con Argentina y Uruguay, Bahamas (con 180 votos) logró por vez primera (y única) la participación de un Estado isleño anglófono del Caribe desde el 2006: una designación que ameritaría ser replicada y extendida a otros Estados del Caribe anglófono, que se han mantenido muy distantes.

Como se puede observar, un equilibrio muy sútil se ha instalado entre las diplomacias de Argentina, Brasil, Cuba y México desde el 2006; mientras que para los demás Estados de América Latina, es mucho más esporádica su participación a la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro del organigrama de Naciones Unidas.

 

Las candidaturas oficiales para las elecciones en este año 2022

El pasado 5 de mayo del 2022, Chile anunció de manera oficial su candidatura (véase comunicado oficial de su diplomacia). De igual manera se lee que Perú ha anunciado oficialmente postularse para integrar el Consejo de Derechos Humanos en el 2023 (véase anuncio oficial del 19 de febrero del 2022 y nota de su misión en Naciones Unidas): Perú además coordina el espacio de concertación y de coordinación (GRULAC) de América Latina y del Caribe en este 2022.

Según una nota de prensa,Venezuela ha optado por presentarse para una reelección (véase nota de prensa de Talcualdigtal del 25 de julio del 2022): es posible que la referencia a Venezuela hecha refiera a un sondeo previo realizado por la diplomacia venezolana antes de tomar la decisión de anunciar oficialmente su postulación. 

Con relación a Costa Rica, al momento de redactar estas líneas no se ha hecho público anuncio alguno. Después de su repentino intento en el 2019, y del fracaso de su candidatura en el 2014 para lograr su reelección, la última vez que Costa Rica fue electa en el Consejo de Derechos Humanos remonta al año 2011, al quedar electa con Chile y con Perú, quedando fuera de la contienda Nicaragua: véase al respecto nota oficial de Naciones Unidas así como esta nota oficial de los resultados obtenidos por cada aparato diplomático (Chile con 159 votos, Costa Rica con 138, Perú con 136, y Nicaragua -no electa- con 98 votos reunidos). 

Con respecto a su fallido intento en octubre del 2014, la explicación oficial dada fue que Costa Rica presentó tardíamente su candidatura y que "a principios del año (2014) solo teniamos 20 votos" (según las declaraciones del titular de la cartera de relaciones exteriores en esta nota de prensa de octubre del 2014): tan pocos votos para una candidatura anunciada desde el 2013 ameritaría una explicación adicional. En efecto, fue durante su última visita como jefe de Estado a la sede de las Naciones Unidas en septiembre del 2013 que la Presidenta Laura Chinchilla anunció que Costa Rica se postularía para un segundo mandato (reelección) (véase nota de prensa de La Nación, 26/09/2013). Más allá de los intentos de explicación que no lo son del todo, al analizar con más detalle lo acaecido en el 2014,  habíamos concluído nuestras reflexiones sobre este desliz de la diplomacia costarricense indicando que: 

"No obstante, esta no reelección debiera también ser entendida como una clara señal invitando a Costa Rica a buscar la forma de recuperar paulatinamente el liderazgo que durante muchos años ostentó en materia de derechos humanos en el ámbito multilateral "(Nota 5).

Nótese que en este enlace de una ONG especializada en derechos humanos con sede en Ginebra y en el volante de la actividad realizada en Ginebra este 7 de septiembre del 2022, sí se mencionó a Costa Rica conjuntamente con Chile y con Venezuela (véase volante) para ocupar las dos vacantes a suplir en octubre del 2022, sin que haya trascendido (salvo error nuestro),  algun anuncio oficial de candidatura: en la actividad como tal (véase video) como tal participaron delegados de Chile y de Costa Rica.

Por su parte, República Dominicana, el pasado 14 de junio anunció su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos (véase comunicado oficial): al revisar con detenimiento su contenido, se trata de una postulación para el período (2024-2026), y no para el que se decidirá próximamente (2023-2025). 

En estos momentos, con excepción de Chile y Perú que sí han oficializado mediante anuncios en canales estatales sus respectivas candidaturas, intensas consultas y sondeos entre aparatos diplomáticos deberían estar orientando a algunos Estados a tomar la decisión de postularse oficialmente (o bien, de no hacerlo). Este interesante artículo publicado en Chile por la máxima representante de Chile en Naciones Unidas en Ginebra el pasado 9 de agosto del 2022 evidencia la gran labor desplegada por Chile y la importancia que se le ha asignado a su candidatura.

 Las designaciones para el mandato (2023-2025) se decidirán durante la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que iniciará en septiembre del 2022.


A modo de conclusión

Cabe precisar que quien fuera el máximo representante de Costa Rica en Naciones Unidas en la sede de Nueva York en el período (2018-2022) fue electo como experto independiente en derechos humanos para integrar el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el mes de junio del 2022 (véase nota oficial de Naciones Unidas y hoja de vida de los candidatos propuestos): no se trata de un órgano intergubernamental, sino de un órgano de tratado (también denominado órgano de supervisión o monitoreo en la literatura especializada - Nota 6) compuesto por expertos independientes y encargado de velar por el debido cumplimiento de las obligaciones internacionales de los 173 Estados Parte al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). Tuvimos la oportunidad de analizar un ejercicio similar realizado en octubre del 2021, esta vez en el marco regional hemisférico, de cara a  la designación de cuatro jueces para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Nota 7).

Desde el 30 de junio del 2022 (véase nota oficial sobre renuncia aceptada en mayo del 2022), Costa Rica adolece de un representante con rango de Embajador en Naciones Unidas en Nueva York. Al momento de redactar este texto (14 de agosto) persiste esta situación. Esta última recuerda la vivida por Costa Rica en el 2014 (un año en el que las elecciones celebradas para designar a los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en octubre de este año fueron precedidas por la toma de posesión de nuevas autoridades electas en mayo): el vacío del 2014, mientras se procedió a la designación e instalación en Nueva York del nuevo representante en Naciones Unidas por parte del Poder Ejecutivo costarricense, puede en parte explicar el traspié sufrido con la candidatura de Costa Rica en aquel momento.  Con relación a la otra Misión de Costa Rica en Naciones Unidas (Ginebra), el mismo vacío con relación a su máximo representante desde que asumieron las nuevas autoridades en mayo del 2022 se registra.

Con relación a Chile, es de notar que designó a su nueva embajadora en Naciones Unidas diez días después de la toma de posesión de sus nuevas autoridades (véase nota de prensa del 21 de marzo del 2022). Cabe destacar que Chile adhirió recientemente al Acuerdo de Escazú, convirtiéndose en el Estado Parte número 13 desde el pasado 13 de junio del 2022 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones): quiérase ver o no, esta aprobación exhibe aún más a Costa Rica en sus graves inconsistencias en el plano internacional (Nota 8). Adicionalmente, el Poder Ejecutivo chileno acaba de proceder a depositar el instrumento de ratificación del Protocolo de San Salvador de 1998 ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos / OEA (véase nota oficial de su diplomacia del 28 de julio del 2022). 

Con respecto a Perú, recientemente varias ONG denunciaron la posición del nuevo jerarca de su diplomacia, opuesto al Acuerdo de Escazú (véase nota de LaRepública del 19 de agosto y nota de Servindi). Su antecesor en el cargo, en cambio, había reiterado en una de sus redes sociales la importancia que reviste para Perú aprobar este tratado, incluyendo una presentación que hizo en su momento: un reciente reportaje sobre la situación  de total indefensión de comunidades indígenas peruanas ante los ataques que sufren sus integrantes  (véase reportaje de OjoPúblico titulado "Defensores ambientales: la impunidad somete a los deudos a un duelo externo" publicado en julio del 2022) ilustra el drama humano que se vive en la Amazonia peruana.

Como se ha podido apreciar en estos últimos meses, mientras que en Costa Rica y en Perú se debate todavía sobre la conveniencia de aprobar el Acuerdo de Escazú, la diplomacia de Chile profundiza de manera decidida su firme compromiso internacional con los derechos humanos y con el ambiente.


--Notas--

Nota 1: Sobre las nuevas competencias del Consejo de Derechos Humanos con relación a su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos y un intento de comparar ambos órganos despué de 5 años de funcionamiento del primero, véase VIEGA e SILVA M., El Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2011, 667 páginas, pp. 169-246. Texto integral de la tesis disponible aquí


Nota 2: Véase HALPERIN H.M,  ORENTLICHER D., "El nuevo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas", Anuario de Derechos Humanos (2007), pp. 113-120, en pp.117-118. Texto disponible aquí.


Nota 3: Véase BOEGLIN N., "La reciente candidatura de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos: breves reflexiones", Réseau International des Droits Humains, edición del 16 de octubre del 2019, disponible aquí


Nota 4: En la misiva circulada por Costa Rica el 11 de abril del 2011 enviada al Presidente de la Asamblea General (véase texto completo), se indica por parte del Embajador de Costa Rica en Naciones Unidas que:

"La información sobre las promesas y los compromisos de Costa Rica en materia de derechos humanos se distribuyó a todos los Estados Miembros en julio de 2009, cuando el Gobierno anunció la decisión de presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el período 2011-2014.Las elecciones al Consejo de Derechos Humanos se celebrarán durante el sexagésimo quinto períodode sesiones de la Asamblea General, el 20 de mayo de 2011".

Siempre con relación a Costa Rica, en el 2005, Costa Rica apoyó a Nicaragua para ocupar una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, honrando de esta manera un compromiso adquirido con Nicaragua al solicitarle votar en junio del 2003 en favor del candidato de Costa Rica para ocupar el cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase nota de La Nación de octubre del 2005).


Nota 5: Véase BOEGLIN N., "Bolivia, El Salvador, Paraguay electos en el Consejo de Derechos Humanos", DIPúblico (Argentina), edición del 27/10/2014, disponible aquí.


Nota 6: Véase por ejemplo MUSSO J.A, RODRIGUEZ M.C.,  SÁNCHEZ MERA S. TAHHAN R. M., Lecciones de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Universidad Católica Santiago del Estero, ediciones UCSE, 2021, 413 páginas, texto completo disponible aquí, pp. 86-101. Para un estudio sobre los órganos de tratados más detallado en español, véase CASTAÑEDA HERNANDEZ M. Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas como elementos de cambio en el orden internacional, Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2018, 325 páginas. Texto integral de la tesis disponible aquí


Nota 7: Véase BOEGLIN N., "La elección de nuevos integrantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 20 de octubre del 2021, disponible aquí.


Nota 8: Sobre esta notable adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, y las contradicciones existentes en Costa Rica que la alejan cada vez más de una aprobación del Acuerdo de Escazú, véase BOEGLIN N., "Acuerdo de Escazú: Chile es oficialmente Estado Parte número 13. Algunas breves reflexiones desde Costa Rica",  Diario Constitucional, edición del 31 de julio del 2022, disponible aquí.  Recientemente, en el programa de Consulta Legal de Radio UCR (870), tuvimos la ocasión de explicar en detalle la situación existente: véase emisión del 18 de agosto del 2022, titulada "El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica: una vergonzosa ausencia".


--