sábado, 18 de junio de 2022

Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)


Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)


El 13 de junio del 2022, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una nueva ordenanza fijándole a Guyana un plazo para contestar argumentos presentados el 7 de junio por Venezuela (véase texto en francés y en inglés de la ordenanza).  

Como se recordará, en marzo del 2018, Guyana interpuso de manera unilateral una demanda contra Venezuela ante el juez de La Haya relativa a lo que en Venezuela se denomina la "Guayana Esequiba", un territorio en disputa entre ambos Estados de más de 159.000 kilómetros cuadrados, y que representa proporcionalmente más de las 2/3 partes del territorio actual de Guyana (véase el segundo mapa en esta nota de la BBC del 2021). 

Es de notar que en el 2018 y 2019, la CIJ fue también solicitada, de manera conjunta, por parte de Guatemala y Belice para resolver su disputa territorial (véase texto del acuerdo conjunto).

No cabe duda que ver la justicia internacional zanjar viejas controversias territoriales entre Estados siempre resulta reconfortante para quienes consideramos que la fuerza del derecho debería siempre prevalecer sobre el derecho a la fuerza: no obstante, resulta notorio la manera muy distinta en llevar el caso a conocimiento de la CIJ por parte de Guyana con relación a la forma conjunta en la que la hicieron Belice y Guatemala (después de un largo y arduo proceso de negociación que involucró a instancias regionales hemisféricas - véase acuerdo obtenido en diciembre del 2008).  

Si bien la atención a la actividad de un tribunal internacional como la CIJ recae usualmente en el contenido de sus sentencias como tal, el análisis de las ordenanzas (también denominadas "providencias" en la literatura jurídica) reviste también cierto interés: intentaremos demostrarlo a nuestros estimables lectores en las líneas que siguen.

 

La tercera ordenanza desde el 2018

Esta ordenanza de junio del 2022 fue precedida de una ordenanza de esta índole sobre la fijación de plazos, la cual fue adoptada el 8 de marzo del 2021 estableciendo el cronograma para la presentación de escritos sobre el fondo para Guyana y para Venezuela: 8 de marzo del 2022 para Guyana, 8 de marzo del 2023 para Venezuela (véase texto francés y en inglés).  

Una providencia previa con fecha del 18 de junio del 2018 (véase texto en ambos idiomas) fue la primera de este tipo adoptada por la CIJ entre Guyana y Venezuela.

Este caso ya ha dado lugar a una primera sentencia de la CIJ sobre su competencia: en efecto, en el mes de diciembre del 2020, la CIJ se declaró competente para poder analizar en una segunda etapa los argumentos de Guyana sobre el fondo (véase texto de la sentencia  en francés/inglés). Cabe precisar que esta decisión se tomó sin poderse realizar un juicio contradictorio como es lo usual en La Haya, con dos rondas de alegatos (en la fase escrita y luego en la fase oral), al optar Venezuela por no comparecer en el procedimiento: veáse al respecto verbatim de las audiencias orales realizadas el 30 de junio del 2020 en La Haya con la presencia de la única delegación de Guyana.

En su sentencia de diciembre del 2020, se lee por parte de la CIJ (párrafo 22) que:

"22. Aucune pièce écrite n’ayant été déposée par le Gouvernement du Venezuela et celui-ci n’ayant pas comparu lors de la procédure orale, aucune conclusion formelle n’a été présentée par ce gouvernement. Cependant, il ressort clairement de la correspondance et du mémorandum reçus du Venezuela que ce dernier soutient que la Cour n’a pas compétence pour connaître de l’affaire.

/

22. Since the Government of Venezuela filed no pleadings and did not appear at the oral proceedings, no formal submissions were presented by that Government. However, it is clear from the correspondence and the Memorandum received from Venezuela that it contends that the Court lacks jurisdiction to entertain the case."

Como se observará en las líneas que siguen, la no comparencia en un procedimiento contencioso por parte del Estado demandado ante el juez internacional de La Haya no afecta mayormente el desarrollo del procedimiento en sí. 

Resulta oportuno precisar a nuestros estimables lectores, en particular de América Latina, que a diferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de varios Estados en América Latina y en el mundo, Naciones Unidas reconoce a las autoridades encabezadas por el Presidente Nicolas Maduro como único representante de Venezuela: esta regla aplica por consiguiente para todas sus agencias especializadas y órganos, incluyendo a la CIJ. 


Un muy breve recuento

En marzo del 2018, Guyana presentó una demanda contra Venezuela ante el juez de La Haya, con el fin de resolver la larga controversia que mantiene con Venezuela desde 1966. Esta controversia fue objeto de un tratado preliminar cuyo artículo IV es interpretado de manera diversa desde el 2018 (véase texto). Anterior a este año de 1966, Venezuela mantuvo esta disputa territorial con Gran Bretaña desde el siglo XIX: desde el año 1899 para ser exactos, fecha en que un tribunal arbitral emitió un laudo arbitral (véase texto en inglés) desfavorable a Venezuela y que Venezuela considera sin validez (Nota 1). El tribunal arbitral que emitió su laudo en 1899 fue presidido por un jurista ruso, y contó con la presencia de dos árbitros de nacionalidad inglesa y dos de nacionalidad norteamericana. 

En este valioso  artículo del jurista venezolano Allan Brewer-Carías publicado en 2009 por el prestigioso Max Planck Institute de Heidelberg en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado, se lee que:

The boundary established in the 1899 arbitration tribunal was considered to be settled for the next half-century, until a memorandum written by Severo Mallet-Provost (11 August 1944), a lawyer who had acted as a junior counsel for Venezuela at the Paris tribunal, was published posthumously in the 1949 issue of the American Journal of International Law (O Schoenrich ‘The Venezuela-British Guiana Boundary Dispute’ (1949) 43 AJIL 523, 528–30). The memorandum adduced that the arbitral tribunal’s president had coerced several members into assenting to the final decision, the result of a political deal between Britain and Russia. Reportedly, this memorandum had been dictated five years earlier by Mallet-Provost to Judge Otto Schoenrich, his partner in the US law firm of Curtis, Mallet-Prevost, Colte and Mosle, with instructions that it was not to be published until after his death, and even then, only at Judge Schoenrich’s discretion. Mallet-Prevost died on 10 December 1948, and his memorandum appeared in print some six months later” (punto 17).

Se puede afirmar que desde este arbitraje de 1899, y de revelaciones sobre algunos integrantes de este tribunal dadas a conocer en 1948, Venezuela desconfía de todo lo que se asemeja a los mecanismos de solución pacífica de controversias de carácter jurídicos (arbitraje y arreglo judicial) y se ha cuidado de no ratificar ningun tratado que contemple el recurso a uno de estos dos mecanismos, salvo una notable  excepción: el arbitraje de inversión (Nota 2). Esta posición explica también que Venezuela nunca haya procedido a reconocer unilateralmente la jurisdicción obligatoria de la CIJ, mecanismo previsto en el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la CIJ (véase listado de Estados que han hecho esta declaración).

Cabe precisar que la demanda de Guyana de marzo del 2018 plantea como base de competencia una sencilla carta del Secretario General de Naciones Unidas dada a conocer en enero del 2018, que recomienda, con base en el tratado de 1996, a ambos Estados someter el asunto a la CIJ. Una carta adoptada pocas semanas después de estrenar su cargo el actual Secretario General de Naciones Unidas, al parecer algo urgido para ese entonces, a diferencia de todos su antecesores desde 1966.



Foto de las cataratas de Kaieteur en el Río Potaro en la región que en Venezuela se denomina la "Guayana Esequiba", extraída de esta nota de prensa titulada "El Esquibo, una joya inundada de petroleo que se disputan Venezuela y Guyana", El Clarín, edición del 29/06/2020. Un video sobre estas majestuosas caratatas está también disponible en este enlace.


Habíamos tenido la oportunidad de analizar la sentencia de la CIJ declarándose competente, dada a conocer en el mes de diciembre del 2020 (véase nuestra nota titulada "Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se declara competente". En este análisis se indicaba que el debate intra muros entre los 15 integrantes de la CIJ había dejado algunas huellas, con varias opiniones disidentes externadas por varios de ellos, al precisar nuestro texto que:

"Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo. Nótese que el primero de ellos, el francés Ronny Abraham, fue Presidente de la CIJ (2015-2018)".


El contenido de la ordenanza, en particular un detalle notorio pocamente divulgado

En la precitada ordenanza del 13 de junio del 2022, se lee que Venezuela procedió a un cambio de actitud repentino en el mes de junio del 2022 y que el 7 de junio remitió a la CIJ una batería de argumentos tendientes a cuestionar la competencia de la CIJ (las excepciones preliminares):

"Vu la lettre en date du 6 juin 2022, par laquelle S. Exc. Mme Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vice-présidente de la République bolivarienne du Venezuela, a informé la Cour que le Gouvernement vénézuélien avait désigné S. Exc. M. Samuel Reinaldo Moncada Acosta, représentant permanent de la République bolivarienne du Venezuela auprès des Nations Unies, en qualité d’agent et S. Exc. M. Félix Plasencia González, ancien ministre du pouvoir populaire des affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, et Mme Elsie Rosales García, professeure à l’Universidad Central de Venezuela, en qualité de coagents aux fins de l’affaire ; Considérant que, le 7 juin 2022, le Venezuela a déposé des exceptions préliminaires d’irrecevabilité de la requête, et qu’un exemplaire original de celles-ci a immédiatement été transmis à l’autre Partie ; 

 /   

Having regard to a letter dated 6 June 2022, whereby H.E. Ms Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Executive Vice President of the Bolivarian Republic of Venezuela, informed the Court that the Venezuelan Government had appointed H.E. Mr. Samuel Reinaldo Moncada Acosta, Permanent Representative of the Bolivarian Republic of Venezuela to the United Nations, as Agent and H.E. Mr. Félix Plasencia González, Former People’s Power Minister for Foreign Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela, and Ms Elsie Rosales García, Professor at the Universidad Central de Venezuela, as Co-Agents for purposes of the case; Whereas, on 7 June 2022, Venezuela filed preliminary objections to the admissibility of the Application, and whereas an original of those preliminary objections was immediately transmitted to the other Party";

Se trata de un notorio cambio de Venezuela en la medida en que, desde la presentación de la demanda por parte de Guyana en marzo del 2018, Venezuela optó por no comparecer en el procedimiento en La Haya. 


La no comparecencia en términos prácticos 

Como lo indica el jurista venezolano Victor Rodríguez Cedeño en un artículo reciente, cuya lectura se recomienda: 

"La no comparecencia podemos definirla como una situación en la que una parte en un proceso ejerce el derecho que le otorga el artículo 53 del Estatuto de la Corte de no participar en una fase del proceso o en una de sus partes, escrita u oral. Una postura procesal que puede adoptar tanto en la fase preliminar, es decir, en la fase relativa a la competencia y la admisibilidad de la demanda, en la parte de fondo e incluso en una etapa ulterior o en un procedimiento incidental sobre medidas cautelares o provisionales" (Nota 3).

No comparacer en el presente caso para Venezuela significó el no nombrar a un Agente encargado de centralizar la documentación y de fijar la posición de Venezuela en La Haya ante los jueces de la CIJ, el no remitir documentos a la CIJ en los plazos establecidos, el asistir a las reuniones convocadas por la Presidencia de la CIJ para fijar plazos de presentación de escritos con autoridades políticas y el no asistir a las audiencias orales convocadas por la CIJ.  Tampoco Venezuela nombró a un juez ad hoc de su escogencia, ni presentó las excepciones preliminares a las que tiene derecho todo Estado demandado que cuestiona la competencia de la CIJ para analizar el fondo de un asunto, ni (Nota 4). 

Como bien se sabe, las excepciones preliminares constituyen una herramienta procesal existente en todos los tribunales internacionales puesta a disposición del Estado demandado: se considera en derecho internacional público que un Estado soberano no tiene porqué venir a explicarse si el tribunal carece de competencia para analizar una determinada situación y si el Estado demandado nunca externó su consentimiento a someterse a la jurisdicción de este tribunal. El fin que persigue el Estado al presentar excepciones preliminares es cuestionar la base de competencia utilizada por el Estado demandante, en aras de evitar que el fondo del asunto sea discutido y examinado por un juez internacional. Para un connotado y experimentado asesor internacional de Estados en sus litigios en La Haya, se lee también que hay otro elemento de carácter más político (y hasta sicológico) en particular para Estados con poca experiencia ante la justicia internacional cuando son notificados de una demanda en su contra presentada unilateralmente por otro Estado: 

"... il faut réaliser à quel point les Etats ressentent souvent comme une espèce d´injure d´être appelés devant la Cour, et que cela suscite chez eux une sorte d´affolement" (Nota 5).  

La sensanción de "pánico" puede también inclinar al Estado demandado a hacer valer todas las herramientas existentes para intentar sustraerse a la justicia internacional, siendo las excepciones preliminares las más usadas en La Haya, salvo muy contadas excepciones.


La estrategia escogida por Venezuela y el giro operado en junio del 2022

Dicho en otras palabras, Venezuela desde el 2018 se privó sola de todas las herramientas y figuras procesales existentes en La Haya cuando un Estado demandado por otro cuestiona la competencia de la CIJ.  

En su comunicado oficial del pasado 8 de junio (véase texto completo), la diplomacia venezolana no explica en ningún momento este cambio de actitud, señalando únicamente que:

"Sin embargo, estamos obligados a señalar, sin duda alguna, del curso del procedimiento que se ha seguido a partir de la demanda unilateral de Guyana, así como de la decisión del 18 de diciembre de 2020 en la que, contra todo precedente, la Corte se arroga jurisdicción para pronunciarse sobre “la validez del laudo arbitral de 1899”, un asunto superado y que fue artificiosamente propuesto en la demanda unilateral de Guyana, para buscar librarse de su compromiso a negociar, al cual está obligado conforme al Acuerdo de Ginebra.

Venezuela espera que el asunto vuelva de inmediato al terreno de la negociación amistosa entre las partes y a la correcta aplicación del Acuerdo de Ginebra para dirimir la controversia territorial que justificó su suscripción". 

Como indicado con anterioridad, las excepciones preliminares pudieron ser presentadas por Venezuela desde que fue notificada por la Presidencia de la CIJ del contenido de la demanda de Guyana, la cual fue registrada en marzo del 2018 (véase texto de la demanda en francés e inglés). En diciembre del 2020, la CIJ se declaró competente para analizar el fondo del asunto.

Más allá del caso planteado por Guyana contra Venezuela, este cambio de actitud de Venezuela hacia la justicia internacional de La Haya rompe de forma notable con una sólida y firme posición histórica en todos los foros internacionales desde 1959 y que recoge muy bien el precitado jurista Victor Rodríguez Cedeño en este artículo  publicado en el 2018, en el que expresa que:

"Venezuela nunca ha aceptado la jurisdicción obligatoria de la corte, sin desconocer evidentemente su importancia como órgano judicial de las Naciones Unidas. En muchas reuniones, incluso de codificación, hemos dejado en forma expresa y clara nuestra reserva en relación con el carácter obligatorio de la jurisdicción de la corte. Recuerdo que como representante de Venezuela en muchas reuniones jurídicas hice declaraciones muy claras al respecto, entre otras, en la Conferencia de Viena de 1986, en las negociaciones cuando se adoptó la Constitución de la Onudi, en 1977-78, que evitó, como consta en actas, que se incluyera el recurso obligatorio y entre muchas otras, durante el proceso de adopción del Acuerdo Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, también a finales de los años setenta del siglo pasado. Posiciones coherentes formuladas con base en una política exterior jurídica seria que desarrollaron los gobiernos democráticos desde 1959".

Esta actitud de Venezuela explica el hecho que Venezuela a la fecha no haya ratificado el Pacto de Bogotá de 1948 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), y que no haya tan siquiera firmado la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados (véase estado oficial),  la Convención de 1982 de Montego Bay sobre Derecho del Mar (véase estado oficial) o la Convención de Viena de 1986 sobre Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales (véase estado oficial): todas estas (y muchas otras) convenciones de carácter universal contienen casi siempre una cláusula mencionando a la CIJ o al arbitraje como mecanismos de solución pacífica de controversias. 


La no comparecencia ante la CIJ: ejemplos recientes

Es de recalcar que cada caso de no comparecencia ante el juez de La Haya en el marco de un procedimiento contencioso incoado por otro Estado debe ser considerado de manera individual: las comparaciones son usualmente bastante aventuradas, y cada caso de no comparecencia debería siempre entenderse como sui generis

Son muy diversas las razones que puede alegar un Estado para desdeñar la barra de La Haya. 

En el hemisferio americano, antes de Venezuela en el 2018, podemos citar el caso de Estados Unidos en 1984, al optar por no comparecer en La Haya en el procedimiendo en su contra presentado por Nicaragua. Cabe precisar que en un primer momento, Estados Unidos sí se presentó a la barra de La Haya, presentó varias excepciones preliminares y participó en las diversas etapas del procedimiento, pero desafió a la CIJ cuando esta rechazó algunos de sus argumentos y se declaró competente, al decidir no participar más en el procedimiento sobre el fondo: la no comparecencia de Estados Unidos no impidió en lo más mínimo que fuera condenado en una sentencia considerada histórica en junio de 1986 en la que la CIJ  le señaló su parecer sobre su conducta que merece mención (Nota 6).  

Después de Venezuela en el 2018, el único Estado que ha optado por no comparecer ante el juez de La Haya fue Rusia en marzo del 2022, ante la solicitud de medidas provisionales de carácter urgente presentada en su contra por Ucrania (Nota 7).


Sobre algunas interrogantes, expectativas y su alcance

Como se puede apreciar en esta reciente ordenanza de la CIJ de junio del 2022, Guyana tiene hasta el 7 de octubre del 2022 para analizar y refutar los argumentos presentados por Venezuela en este mes de junio del 2022 sobre la incompetencia de la CIJ. No debería extrañar que sean exactamente los mismos argumentos que Venezuela le hizo llegar a la CIJ en su momento y que fueron en parte rechazados por los jueces en el 2020: remitimos a nuestros estimables lectores en particular a la carta suscrita por el canciller venezolano del 24 de julio del 2020 (texto en francés y en inglés), así como el memorandum enviado el 28 de noviembre del 2019 por Venezuela a la CIJ (texto en francés y en inglés). 

Una vez recibido el escrito de Guyana, es probable que la CIJ se tome unos meses de reflexión y zanje sobre los  diversos aspectos discutidos para (probablemente) retomar el análisis sobre el fondo que había iniciado  con posterioridad al fallo de diciembre del 2020. 

Cabe precisar que desde el punto de vista procesal, la disposición del Reglamento aplicado por la CIJ desde 1945 en materia de excepciones preliminares (el artículo 79 parcialmente reformado en diciembre del 2000) fue objeto de una nueva revisión en el mes de octubre del 2019. Se puede comparar la versión antigua en español y la versión actual del Reglamento en francés e inglés. Según esta nueva reforma, se dispone ahora de tres nuevas disposiciones done antes solamente había una, el artícul 79: se cuenta ahora con el Artículo 79, el Artículo 79(bis) y el Artículo 79(ter) (véase al respecto comunicado de prensa del 21 de octubre del 2019 en francés y en inglés). Es al parecer la primera vez que la CIJ aplica el Artículo 79 (bis) del Reglamento creado en el 2019, y es muy posible que los asesores legales de Guyana cuestionen su aplicación en el presente caso (así como algunos jueces de la CIJ).

¿Porqué presentar en junio del 2022 excepciones preliminares que bien se pudieron haber presentado desde mucho años antes? ¿Qué ha ocurrido de relevante en Venezuela o en Guyana en este mes de junio del 2022 para que Venezuela súbitamente reconsidere la posición inicial de no comparecer en este juicio iniciado en el 2018?¿Habrá en el escrito sobre el fondo de Guyana que fue depositado el pasado 8 de marzo algun argumento que sugiera cambiar radicalmente de posición por parte de Venezuela? ¿Porqué la CIJ acepta que Guyana dé su parecer sobre argumentos venezolanos que ya fueron en parte rechazados en el 2020 por la misma CIJ cuando se declaró competente? Desde el punto de vista táctico, ¿se puede considerar riesgoso este cambio de actitud de Venezuela? 

Son preguntas que lanzamos al aire sin mayores elementos para responderlas. La primera de ellas tiene una respuesta que deberían poder brindar las máximas autoridades venezolanas. Con relación a la última de ellas, se podría contestar por la afirmativa: en efecto, desde la perspectiva de algunos jueces de la CIJ, esta repentina maniobra de Venezuela bien podría ser interpretada como tendiente a dilatar cuestiones ya zanjadas en el 2020 y ganar tiempo (por alguna razón que se considera ventajosa en Venezuela).

Cabe precisar, como dato de interés, que el pasado 7 de junio también se celebró una reunión entre autoridades de Guyana y de Venezuela en Georgetown (véase nota al respecto publicada en El Universal): desde que la CIJ se declaró competente en el 2020, el retomar las negociaciones bilaterales con Guyana es un objetivo prioritario de la diplomacia venezolana y esta reunión posiblemente sea una de muchas otras por venir. Negociar el retiro de la demanda a cambio de un acuerdo bilateral con Guyana puede ser uno de los objetivos por parte de la diplomacia venezolana. Al respecto, el retiro de una demanda en La Haya constituye una práctica muy poco estudiada y que, en nuestra opinión, lo ameritaría, en particular cuando se obtiene a cambio de nada o casi (Nota 8).


A modo de conclusión

Este discreto giro operado por Venezuela con relación a su histórica distancia mantenida con la justicia internacional merecería explicaciones, que a la fecha de redactar estas líneas, se desconocen.  Sin duda alguna responde a un cambio radical de estrategia ante el juez de la CIJ: esta última fue solicitada desde el 2018 por Guyana para zanjar definitivamente la controversia territorial más antigua sin resolverse en el continente americano. 

Como tuvimos la oportunidad de indicarlo desde el 2018, la no comparecencia ante la CIJ es una opción usada a veces por un Estado demandado que conlleva algunos riesgos, cuando escribíamos que:

"Cabe precisar que la estrategia que ha escogido Venezuela no está exenta de todo riesgo: en efecto, la no participación de Venezuela la priva de la posibilidad de presentar sus argumentos legales en la etapa preliminar en la que puede precisamente cuestionar la competencia de la CIJ en el marco del procedimiento contencioso: la etapa de las excepciones preliminares. Dicho en otras palabras, al optar Venezuela por no participar, la base de competencia usada por Guyana (que se limita a una recomendación del actual Secretario General de Naciones Unidas) no será cuestionada ante los jueces de la CIJ " (Nota 9).


 

- - Notas  - -

Nota 1: Sobre esta decisión arbitral véase reciente análisis de RUAN SANTOS G., " La clausula de "prescripción" en la controversia entre Venezuela y Gran Bretaña por la Guayana Esequiba", in AYALA CORAO C. & BREWER CARIAS A. R. (Editores), Libro Homenaje al Dr. Pedro Nikken, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2021, Tomo II, pp. 923-944,  disponible aquí.


Nota 2:  No fue sino hasta el 18 de agosto de 1993 (firma) y el 2 de mayo de 1995 (depósito del instrumento de ratificación) que Venezuela adhirió a la Convención de Washington de 1965 que establece el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado, más conocido como CIADI o ICSID en inglés  (véase estado de firmas ya ratificaciones): esta convención de 1965 permite a un inversionista extranjero demandar a un Estado. Luego de más de 50 demandas en su contra (de las cuales 13 aún pendientes de resolución a junio del 2022) y de condenas con cifras millonarias (en algunos casos exhorbitantes) ordenadas por tribunales arbitrales del CIADI contra Venezuela, en el 2012 Venezuela optó por denunciar este instrumento internacional, precedida por Bolivia (2007) y por Ecuador (2010). Sobre las críticas recurrentes al CIADI, la desconfianza que ha ido generando que explican, entre otros factores, estas denuncias, véase BOEGLIN N., "ICSID and Latinamerica: criticism, withdrawal and the search for alternatives", Bretton Woods Project, December 2013, texto disponible aquí. Es de notar que importantes flujos de inversión extranjera eran atraídos por Venezuela desde mucho tiempo antes de 1995, por lo que resulta sorprendente asociar CIADI con llegada de inversión extranjera, siendo Brasil un ejemplo usualmente omitido por muchos sectores en América Latina: Brasil es el principal receptor de inversión extranjera en América Latina sin tan siquiera haber firmado la Convención de 1965. Con relación a Ecuador, es de notar que sus actuales autoridades electas en febrero del 2021 decidieron volver precipitadamente a firmar y a depositar el instrumento de ratificación de la Convención de 1965. La precipitación es notoria: la toma de posesión de las nuevas autoridades se efectuó el 26 de mayo del 2021 y fue seguida de la firma de la Convención de 1965, el 21 de junio, y el depósito del instrumento de ratificación fue realizado el 4 de agosto del 2021 (véase estado oficial de la firma y ratificación). Nótese que la Corte Constitucional decidió, en un dictamen del 30 de junio del 2021 (véase texto), que la aprobación legislativa no era necesaria en el caso de este convenio. Se trata de la ratificación más expedita de esta Convención por parte de nuevas autoridades electas de un Estado jamás registrada en la historia del CIADI. Como previsible, a finales de diciembre del 2021, se leyó en Chile que una corporación minera chilena inició los trámites ante el CIADI para demandar a Ecuador, utilizando para ello como base de competencia el tratado bilateral de inversiones (TBI) vigente entre Chile y Ecuador (véase nota de prensa de La Tercera del 24/12/2021). Esta demanda se registró oficialmente en el CIADI el 26 de enero del 2022 (véase enlace oficial del CIADI): se trata posiblemente de la demanda más inmediata después de la ratificación por parte de un Estado de la Convención de 1965 jamás registrada y que se explica, en gran parte, por la premura antes señalada de las actuales autoridades ecuatorianas.


Nota 3: Véase RODRIGUEZ CEDEÑO V., "Las implicaciones de la no comparecencia en el procedimiento contencioso ante la Corte Internacional de Justicia:  reglas y principios a la luz de la práctica de la Corte", in Boletin de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Número 166 (Octubre-Diciembre 2021), Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren, pp. 405-418, p.407. Texto integral de este Número 166 disponible aquí.


Nota 4: Véase al respecto nuestra nota de abril del 2019, BOEGLIN N., "A propósito del reciente comunicado en el que Venezuela reitera formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no comparecerá ante ella", Ius360, edición del 29/04/2019 y disponible aquí. Anterior a ella (2018), véase también WENTKER A., "Venezuela´s non participation before ICJ in the dispute over Essequibo region", EJIL-Talk, edición del  29/06/2018 y disponible aquí.


Nota 5: Véase PELLET A., "Exposés", in SOREL J.M.  & POIRAT Fl., Les procédures incidentes devant la Cour internationale de Justice:  exercice ou abus de droit?, Paris, Pedone 2001, pp. 109-112, p. 110. 


Nota 6: Es de precisar que el fallo de la CIJ sobre el fondo del 26 de junio de 1986 entre Estados Unidos y Nicaragua es considerado en la literatura jurídica especializada como uno de los mejores fallos jamás redactados por parte de los integrantes de la CIJ. Parte de esta característica se puede deber a un presidente extremadamente exigente y a un comité a cargo de la redacción de un fallo igualmente preocupado por aspectos de forma y aspectos de fondo. Pero también se puede deber al hecho de que los argumentos del demandante (Nicaragua) no encontraron objeción alguna durante el procedimiento sobre el fondo. Los jueces de la CIJ optaron, dos años después de declararse competente, por darle a cada uno el alcance requerido desde el punto de vista jurídico.

En aquella oportunidad, los jueces no desaprovecharon la ocasión (histórica) para externar a Estados Unidos su desaprobación, incluyendo una pequeña lección sobre principios muy básicos. Lo hicieron en el fallo de 1986 de la siguiente forma, que nos permitimos reproducir a continuación en ambos idiomas:

«In the present case, the Court regrets even more deeply the decision of the respondent State not to participate in the present phase of the proceedings, because this decision was made after the United States had participated fully in the proceedings on the request for provisional measures, and the proceedings on jurisdiction and admissibility. Having taken part in the proceedings to argue that the Court lacked jurisdiction, the United States thereby acknowledged that the Court had the power to make a finding on its own jurisdiction to rule upon the merits. It is not possible to argue that the Court had jurisdiction only to declare that it lacked jurisdiction. In the normal course of events, for a party to appear before a court entails acceptance of the possibility of the court’s finding against that party» (párrafo 27 de la sentencia de la CIJ de 1986; las itálicas fueron añadidas por el autor).

/

«En l’espèce la Cour regrette d’autant plus profondément la décision de l’Etat défendeur de ne pas participer à la présente phase de la procédure qu’une telle décision est intervenue après que les Etats-Unis eurent pleinement participé aux procédures sur les mesures conservatoires et sur la compétence et la recevabilité En effet, en ayant pris part à l’instance pour plaider l’incompétence de la Cour, les Etats-Unis reconnaissaient par là à celle-ci le pouvoir de se prononcer sur sa propre compétence pour statuer au fond. Il n’est pas possible de prétendre que la Cour n’était compétente que pour se déclarer incompétente. La comparution devant une juridiction implique normalement l’acceptation de la possibilité d’être débouté» (párrafo 27 de la sentencia de la CIJ de 1986; las itálicas fueron añadidas por el autor).


Nota 7: Véase al respecto BOEGLIN N., "La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza (el caso de Ucrania y Rusia). A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia", Portal Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 23/03/2022, y disponible aquí


Nota 8El retiro de una demanda ante el juez de La Haya ("désistement" o "discontinuance" en los dos idiomas oficiales de la CIJ) es una opción a la que a veces recurren los Estados que litigan en La Haya y que se ha estudiado y sistematizado muy poco en doctrina. Véase por ejemplo entre los muy pocos estudios existentes, GUILLAUME G., "Le désistement devant la Cour internationale de Justice", in GUILLAUME G., La Cour internationale de Justice à l´aube du XXIème siècle. Le regard d´un juge, Paris Pedone, 2003, pp.141-159. ¿Retirar una demanda en La Haya a cambio de ... nada?  En 1986, Nicaragua obtuvo una condena a Estados Unidos contundente de la CIJ, que abrió la puerta para una segunda etapa por compensación y daños: no obstante, en 1991, a raiz de un cambio de orientación política, Nicaragua optó por retirar la demanda pendiente por daños y perjuicios (véase el comunicado de la CIJ del 27/09/1991) sin que se conozca de alguna contrapartida económica por parte de Estados Unidos. Siempre con relación al hemisferio americano, se puede también citar el caso de la demanda de Ecuador contra Colombia por aspersiones químicas aéreas, interpuesta en el 2008 (véase texto de la demanda en francés y en inglés): Colombia obtuvo el retiro de la demanda planteada por Ecuador en el 2013, comprometiéndose a no realizar más acciones de este tipo en sus zonas fronterizas y a depositarle a Ecuador la suma de 15 millones de US$, la cual incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ desde el 2008  (veáse punto 9 del acuerdo suscrito entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013). 


Nota 9: Véase BOEGLIN N., "Ordenanza de la CIJ en relación a la demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes", CIARGlobal, edición del 11/07/2018 y disponible aquí.






Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).



viernes, 3 de junio de 2022

In Memoriam: Antônio Cançado Trindade (1947-2022) /par S.E. Philippe Couvreur


In Memoriam: Antônio Cançado Trindade (1947-2022)   /  par S.E. Philippe Couvreur



                                            Antônio Augusto Cançado Trindade


Par SE Philippe Couvreur

Ce 29 mai 2022 s’est éteint à Brasilia, où il avait longtemps enseigné, Antônio Cançado Trindade, un illustre intellectuel et juriste, un homme de convictions, défenseur infatigable des idéaux les plus nobles, un être d’une profonde bonté d’âme et d’une grande simplicité, un joyeux compagnon et un ami très cher.

Rien ne pouvait laisser pressentir que cet homme si robuste et dynamique, travailleur acharné, toujours engagé avec enthousiasme et bonne humeur dans de nouveaux projets,  passionné d’écriture, de livres et de musique (mais aussi, comme maints de ses compatriotes, de football) et doté d’un sens de l’humour de tous les instants, allait soudain connaître, au cours des deux dernières années, tant d’épreuves qui, à chaque fois surmontées avec un courage et une sérénité exemplaires, fort de l’appui de sa famille, avaient fini par laisser renaître tous les espoirs d’un rétablissement durable et d’une reprise prochaine de ses nombreuses activités, jusqu’à ce que la dernière eût raison de sa vie, ce triste jour de mai 2022…

Hélas, la souffrance humaine, si présente dans son oeuvre et qu’il avait tant à cœur de soulager, et, en définitive, la mort elle-même, sont indissociables de la vie…

Antônio Cançado avait vu le jour à Belo Horizonte (Brésil) en 1947. Après des études de droit à l’Université fédérale de Minas Gerais, il s’était spécialisé en droit international à l’Université de Cambridge, dont il sortit docteur en 1977 avec une thèse très remarquée sur la règle de l’épuisement des voies de recours internes, qui lui valut le prix Yorke. De retour dans son pays natal, il fut d’emblée nommé professeur titulaire de droit international public à l’Université de Brasilia (1978) et au prestigieux Institut diplomatique de Rio Branco (1979), charges qu’il conserva jusqu’à son élection à la Cour internationale de Justice en 2009.

Sa bienveillance naturelle et de son sens aigu de l’humanisme expliquent sans doute l’intérêt  particulier que le professeur Antônio Cançado Trindade nourrit presque instantanément  pour la protection internationale des droits de l’homme, à l’éveil duquel la préparation de sa thèse ne fut assurément pas étrangère. Il se convertit rapidement en l’une des plus éminentes autorités en la matière, et, pendant des décennies, fut appelé à partager son impressionnant savoir, solidement ancré dans l’histoire du droit des gens, et ses très vives aspirations à la « ré-humanisation » progressive de ce droit, dans les établissements d’enseignement et autres institutions académiques (Académie de droit international de la Haye, Institut international des droits de l’homme de Strasbourg, Institut inter-américain des droits de l’homme, etc.) les plus en vue du monde. Les honneurs divers qu’il y reçut ne se comptèrent bientôt plus.

En même temps, Antônio Cançado eut le privilège d’être confronté durant de longues années aux réalités exigeantes et aux servitudes multiples de la « politique juridique extérieure », exerçant des tâches aussi variées que celles de conseiller juridique du ministère des relations extérieures du Brésil, représentant du Brésil à maintes conférences internationales, expert et conseiller de l’Organisation des Nations Unies, de plusieurs de ses agences et Institutions spécialisées, ainsi que de l’Organisation des Etats américains.

C’est donc fort d’un savoir et d’une expérience aussi solides que complémentaires qu’il trouva assez naturellement le chemin de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dont il fut successivement Juge ad hoc (1990-1994), Juge titulaire (élu en 1995 et réélu en 2000), Vice-Président (élu en 1997) et enfin Président (élu en 1999 et réélu en 2002). On sait combien cette institution, d’une importance capitale sur le continent américain, le marqua…aussi profondément qu’il allait à son tour la marquer.

Les quelque quinze années passées au service de la Cour interaméricaine, où il se forma au difficile métier de magistrat international, lui offrirent l’occasion d’œuvrer sans relâche, depuis une position unique, à la promotion du respect des droits de l’homme par l’application du droit. Il l’a constamment fait avec une totale liberté d’esprit, fidèle à ses idéaux et en plein accord avec sa conscience d’homme et de juge, privilégiant invariablement la générosité des objectifs assignés à la règle juridique par rapport à ses rigidités formelles, une règle qu’il s’est toujours évertué à humaniser, en l’interprétant de façon ouverte, dynamique et évolutive,  pour lui conférer un maximum de ce qu’il estimait être son effet utile.

Antônio Augusto Cançado Trindade, Juge à la Cour internationale de Justice et Président de son Comité de la Bibliothèque.

Élu membre de la Cour internationale de Justice en 2009, et réélu en 2018, Antônio Cançado Trindade s’y est inscrit dans la lignée des illustres juristes brésiliens qui l’y avaient précédé (Azevedo, Carneiro, Sette-Camara et Rezek); de tous, il fut celui qui siégea le plus longtemps à la Cour. Il lui insuffla un esprit nouveau. La Cour bénéficia à la fois de son savoir encyclopédique, qui n’avait d’égal que sa jovialité et sa modestie, et de sa vision éminemment progressiste du droit international, qui ne s’en nourrissait pas moins aux sources mêmes de celui-ci, les enseignements de ses pères fondateurs. Elle s’enrichit aussi de son expérience judiciaire antérieure. Antônio Cançado devait toutefois désormais exercer ses fonctions de juge dans un cadre assez différent. La Cour internationale de Justice, ouverte aux seuls Etats au contentieux, ne constituait  en effet pas une cour des droits de l’homme, même si, avec l’extension progressive du champ d’application matériel du droit international, elle avait été amenée à en traiter des aspects chaque fois plus variés. La présence exclusive des Etats devant la Cour, et leur rôle encore fréquemment prépondérant dans les relations juridiques internationales, furent pour lui l’objet de préoccupations et de frustrations constantes.

Que les droits des individus fussent directement ou plus médiatement en cause dans les affaires qu’il eut à traiter, le Juge Antonio Cançado, faisant preuve d’une vigilance sans faille, n’a jamais manqué l’occasion de remettre les intérêts de la personne humaine – qu’il regardait comme sujet plénier et permanent du droit international –  au centre du débat, les faisant primer sur ceux des Etats, conformément aux exigences de ce qu’il dénommait le « nouveau jus gentium » et au « principe d’humanité ». Ce dernier devait selon lui trouver application bien au-delà des limites formelles du droit humanitaire et fonder les règles les plus essentielles de l’ordre juridique international, telles celles de l’interdiction du génocide et de la torture ou du droit à l’autodétermination des peuples, toutes règles qu’il considérait relever du jus cogens en vertu d’une opinio juris communis, émanation de la conscience universelle.

Dans les très nombreuses opinions qu’il signa, il n’eut de cesse de militer en faveur d’une « justice objective », propre au droit naturel, et de s’insurger contre les « effets pervers » du volontarisme étatique et du formalisme juridique, qu’il regardait comme des phénomènes, non seulement obsolètes et toxiques, mais aussi gravement immoraux, dès lors qu’ils étaient susceptibles de porter atteinte aux droits des personnes (« La Cour ne peut rester indifférente …au sort des êtres humains, ainsi qu’à leurs souffrances…il demeure nécessaire (pour elle) d’atténuer (ces) souffrances…, en faisant en sorte (avant tout) que justice soit faite »). Au « jus voluntarium » sécrété par les Etats devait, pour Antônio Cançado, se substituer le « jus necesarium » dérivé des valeurs objectives de l’humanité toute entière. Maintes fois, le positivisme juridique, participant à son sens d’une « vision myopique du droit », a constitué la cible de ses attaques; il n’y voyait rien de moins qu’un facteur de « fossilisation du droit international », responsable de son maintien dans un état de « sous-développement ».

Ainsi n’a-t-il pas hésité à soutenir que le consentement des Etats à la juridiction de la Cour devait être interprété de manière à donner aux clauses compromissoires insérées dans les conventions de protection des droits de l’homme un effet utile maximal conforme à la nature et à l’objet de celles-ci (« La Cour ne peut demeurer l’otage du consentement des Etats »; « la conscience l’emporte sur la volonté ») ou que le droit d’accès des individus à la justice et leur droit à un procès équitable (droits fondamentaux relevant d’un  jus cogens qu’il regrettait parfois être en voie de « déconstruction ») devaient primer sur les immunités des Etats (non destinées à leur assurer l’impunité) lorsque des violations graves du droit international étaient en cause (« Il est inadmissible…que des Etats prétendent s’accorder pour suspendre des droits naturels de la personne humaine »). Dans le même esprit, le Juge Cançado s’en est pris à certaines « fictions juridiques », aujourd’hui si communes, telles celle de la protection diplomatique (« fiction vattelienne »), insistant sur ce que toute reparatio dans ce cadre devait être « déterminée du point de vue des victimes », dès lors que « les êtres humains – et non les Etats – (devaient) bénéficier des réparations des violations des droits de l’homme commises à leur détriment ». D’une manière plus générale, l’éminent Juge a par ailleurs fréquemment mis en relief l’importance de la renaissance d’une « justice réparatrice » des souffrances de l’humanité, qu’il appelait de tous ses vœux.

En dépit de son activité judiciaire intense, Antônio Cançado a réussi à poursuivre, à un rythme soutenu, les activités académiques et de recherche qu’il affectionnait tant, apportant une contribution substantielle aux travaux des nombreuses institutions de prestige dont il était membre (telles l’Institut de Droit international ou l’Academia brasileira de Letras juridicas) et ne renonçant jamais à écrire, au point que l’on peut affirmer sans hésitation qu’il est l’un des auteurs les plus prolifiques de sa génération (près de 80 ouvrages et 800 articles ou autres publications).

Tout départ d’un être cher laisse un vide cruel auprès de ses proches et de ses amis. Celui d’Antônio Cançado Trindade laissera assurément aussi un vide énorme au sein de la communauté universelle des juristes. On doit à l’illustre défunt, parmi tant d’autres œuvres,  un petit opuscule publié en 2013 à Valence et intitulé « Conversación con Antonio Augusto Cançado Trindade. Reflexiones sobre la Justicia Internacional », qui contient ces très belles paroles:

    « La verdad es que hay una relación  íntima de los vivos con sus muertos, que los “posmodernos”, en su pobreza de espíritu, han dejado de cultivar, sometidos como están a la  tiranía del “aquí ” y del “ahora”. En cambio, las culturas más antiguas de América latina enseñan que nuestros muertos siguen vivos dentro de nosotros, y solo mueren definitivamente el día en que nos olvidamos de ellos ».

S’il est vrai que la véritable mort est l’oubli, l’ami Antônio vivra, car il demeurera longtemps encore présent dans nos mémoires.

 

Note de Nicolas Boeglin: cet article a été publié sur le site de DiplomatMagazine (La Haye) le 30 mai 2022 (disponible ici) et nous tenons à remercier très sincèrement ses Directeurs de nous avoir autorisé à le rééditer sur notre site au Costa Rica, un pays que connaissait fort bien Antônio Augusto Cançado Trindade pour y avoir vécu plusieurs années et noué des amitiés très solides. Alors qu'il était Directeur Exécutif de l´Institut Inter-américain des Droits de l´Homme (IIDH), nous avions eu le grand honneur de participer avec lui au comité d´organisation afin de recevoir, pour la première (et unique) fois le Programme Extérieur de l´Académie de Droit International de La Haye au Costa Rica (voir texte complet de l´ouvrage publié sur cette mémorable session extérieure réalisée en 1995). 

                                                                       

miércoles, 1 de junio de 2022

La aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de Chile: reflexiones con ocasión del Día Internacional del Ambiente desde Costa Rica

 

Hace unos años atrás, tenía a mi hijo muy enfermo, tenía problemas respiratorios, lo tenían en observación, poniéndole nebulizaciones. El enfermero, que todavía trabaja allí en la clínica, desde que llegué empezó a cuestionar, que por qué nos oponíamos a la hidroeléctrica en ese entonces (Proyecto Hidroeléctrico Diquís), que por qué nosotros defendíamos derechos indígenas si todos éramos iguales”. Cindy Vargas, indígena Brorán de Térraba en Costa Rica. Extracto de artículo publicado en el Semanario Universidad (Costa Rica), "Mujeres indígenas denuncian discriminación y racismo en instituciones públicas por ser recuperadoras de tierra", edición del 28/04/2022

"En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar"Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista a El País (España), artículo publicado el 10/02/2022

"El 8 de marzo de 1995 el Juzgado dejó “sin valor ni efecto la orden de captura librada”. Aunque esta decisión no fue motivada, el fiscal encargado de la investigación en ese momento indicó, en una declaración rendida posteriormente (infra párr. 63), que el joven Juan Francisco López Mejía reveló haber sido coaccionado a rendir declaración incriminatoria, por lo que se determinó que no hubo méritos para la captura. El 23 de marzo de 1995 se recibió la última de las 27 declaraciones testimoniales mencionadas, correspondiente a un coronel del Ejército, de apellido Amaya. Un año después, el 10 de marzo de 1996 la Dirección de Investigación Criminal en Tela presentó un informe sobre el caso en el que subrayó que “en las investigaciones de este caso se van a tocar intereses muy grandes y de cualquier forma los oficiales de investigación asignados al caso corren mucho peligro. Extractos (párrafos 57-58) de la sentencia de la Corte IDH contra Honduras dictaminada en el 2009, sobre el caso de Blanca Jeannette Kawas Fernández, ecologista hondureña asesinada el 6 de febrero de 1995. 


La aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de Chile: algunas reflexiones con ocasión del Día Internacional del Ambiente desde Costa Rica


Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)


El pasado 30 de mayo del 2022, dos Comisiones del Senado de Chile (Ambiente y Relaciones Exteriores) aprobaron el Acuerdo de Escazú: lo hicieron con 7 votos a favor y 2 abstenciones (véase nota de El Mostrador y esta nota oficial de las autoridades ambientales chilenas). 

Tan solo 24 horas después, el Senado chileno procedió a una segunda votación ampliada que se materializó el 31 de mayo, con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones (véase nota oficial del mismo Senado).

Se trata de votaciones sucesivas en Chile que ponen fin al proceso interno de aprobación del Acuerdo de Escazú, y que ahora, plantean algunas interrogantes a los demás Estados en los que se sigue manteniendo obstaculizada la aprobación del Acuerdo de Escazú dentro de sus respectivos poderes legislativos. 

La conmemoración este 5 de junio del 2022 del Día Internacional del Ambiente constituye una fecha propicia para reflexionar al respecto.



A modo preliminar: un generoso mes de mayo para Escazú

Estas dos votaciones en el Senado chileno vienen a culminar un proceso iniciado en la Cámara de Diputados de Chile, la cual aprobó el pasado 11 de mayo del 2022, en primer debate constitucional, el Acuerdo de Escazú: véase nota de El Mostrador y cable EFE registrado en La Vanguardia.  Esta aprobación también se hizo con una abrumadora mayoría de 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.  

Siempre en el mismo mes de mayo, un segundo debate se llevó a cabo en el seno del mismo Poder Legislativo chileno asociando al Senado (véase al respecto esta nota oficial del mismo Senado del 16 de mayo del 2022). 

Las indiscutibles mayorías obtenidas en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días indican que los supuestos "argumentos" en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Las cifras obtenidas en ambas cámaras chilenas recuerdan a su vez que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado) y que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos  a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial).

Es muy probable que con tan decidido paso, Chile deposite el instrumento de ratificación correspondiente al Acuerdo de Escazú durante el mes de junio del 2022, mes del ambiente, como muy bien se sabe, con su máxima expresión el 5 del mes (Día Mundial del Ambiente): cabe precisar que en este mes de junio del 2022, se celebran los 50 años de la primera declaración internacional en materia ambiental, la cual fue adoptada en Estocolmo en 1972 durante una cumbre realizada del 5 al 16 de junio de 1972 (véase texto de la Declaración de Estocolmo de 1972, en páginas 3-6). Es desde entonces que Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil conmemoran y celebran el 5 de junio como el Día del Ambiente.


Una breve puesta en contexto

El Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica en marzo del 2018 y su nombre completo es "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe". 

Este instrumento regional de vanguardia se adoptó, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato,  una nota más reciente sobre una sentencia esperada para el 18 de mayo del 2022 que no se leyó, y esta nota del 13 de junio del 2022 indicando que se pospuso nuevamente su lectura).  

Cabe indicar que para este año 2022, el Premio Goldman en materia ambiental incluyó, en el caso de América Latina, a dos líderes indígenas ecuatorianos que llevan muchos años luchando contra proyectos extractivistas (véase nota de La Vanguardia  y nota de France24 del 26/05/2022). En Honduras, Berta Cáceres había sido galardonada con este mismo prestigioso premio internacional, en el año 2015.


Foto de Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016, extraída de esta nota de prensa de La Vanguardia titulada "El asesino de Berta Cáceres era un sicario: un joven pobre". El GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas) es un grupo de investigación internacional que fue constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, que intentaron en un primer momento encubrir y maquillar las autoridades del mismo Estado hondureño (véase al respecto el informe titulado "Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres").


El pasado 22 de abril, fecha en la que se celebra el Día de la Madre Tierra, tanto órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hicieron un vehemente llamado conjunto (véase comunicado) exigiendo la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, señalando además que: 

"el Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden".

En el caso específico de Costa Rica, al concluir su visita oficial en Costa Rica, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas había hecho un llamado muy similar (véase comunicado de diciembre del 2021).

Recientemente, el V informe anual (2021) dado a conocer el 26 de mayo del 2022 (véase informe) de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) - un órgano adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - expresa sin mayor contemplaciones, en el capítulo correspondiente a Costa Rica, que:

"579. En relación con el acceso a la justicia respecto a asuntos ambientales, la REDESCA toma nota que a pocos días que entre en vigor el Acuerdo de Escazú, que protege el acceso a la información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, Costa Rica aún no lo ratificó, pese a que el acuerdo fue firmado hace tres años y desde entonces Costa Rica impulsó que otras naciones latinoamericanas lo suscribieran. La Relatoría Especial llama a Costa Rica a la ratificación del Acuerdo adoptado en Escazú, en sintonía con su compromiso con la protección del ambiente".

Con el Acuerdo de Escazú, la esperada "síntonía" de Costa Rica con el compromiso en favor de la protección del ambiente está dando lugar a yerros, silencios, improvisaciones, omisiones y declaraciones que más bien evidencian una sorprendente e insólita cacofonía, tal y como lo veremos a continuación. 


Costa Rica y Chile: dos Estados en la mira

Hay que tener en mente que el largo proceso de negociación del Acuerdo de Escazú, que duró exactamente 5 años, 7 meses y 7 días, fue coliderado por Chile y por Costa Rica. Dos Estados que pusieron a sus mejores equipos de negociadores para lograr llevar a feliz término el proceso de discusión entre los 33 Estados que integran la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas  (más conocida como CEPAL): un trabajoso proceso, que requirió un total de 9 largas rondas de negociación (véase acta final de la novena y última ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica).

Adoptado en marzo, en el mes de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto completo) enfatizaron que: 

"Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo".

Esta declaración conjunta del mes de junio del 2018 constituye la última manifestación  oficial de ambos Estados en favor del Acuerdo de Escazú: hay que agradecer a la diplomacia chilena por haberla mantenido en su portal oficial desde entonces.

Cabe indicar que en el mes de julio del 2019, ante los titubeos evidenciados con la aprobación del Acuerdo Escazú en América Latina, ambos Estados recibieron un primer llamado de atención suscrito por varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, que fue remitido de igual manera a otros Estados (véase texto del comunicado conjunto enviado a Costa Rica): pese al importante número de firmantes de esta misiva, no se logró mayor avance en el caso de Chile, ni tampoco de Costa Rica.


Un paso más hacia una rectificación por parte de Chile

La aprobación en la Cámara de Diputados el pasado 11 de mayo seguida por la del Senado el 31 de mayo constituyen dos importantes logros del Poder Ejecutivo de Chile, que permiten vislumbrar una nueva ratificación del Acuerdo de Escazú muy pronto: un tratado regional que ya cuenta con 12 Estados Partes (los últimos en ratificarlo - de forma conjunta - en enero del 2021 siendo Argentina y México). 

Por parte de América Latina, Chile vendrá a sumarse a las ratificaciones ya registradas (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) de Bolivia y Uruguay (septiembre del 2019), Panamá y Nicaragua (marzo 2020), Ecuador (mayo 2020), así como Argentina y México (enero 2021). Se trata de Estados en los que, dicho sea de paso, no se ha observado en lo más mínimo una salida de las inversiones extranjeras o una parálisis de sus respectivas economías o una inseguridad jurídica desde que se aprobó el Acuerdo de Escazú. Ni mucho menos una invasión indebida de la inversión de la carga de la prueba en el ámbito del derecho penal, tal como se ha escuchado que provocaría el Acuerdo de Escazú en Colombia, en Costa Rica pero también en Perú y en Paraguay (Nota 1) por parte de algunos: sobre estos últimos, debemos precisar que lo han hecho de una manera bastante extraña para el caso costarricense, como se explicará en las líneas que siguen. 

Al haber firmado este acuerdo regional (en setiembre del 2018), pero no haberlo aún ratificado en estos últimos cuatro años, Costa Rica comparte esta situación en América Latina con (además de Chile) los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Una Costa Rica que ha basado históricamente su imagen internacional en el respeto y la defensa de los derechos humanos y en la protección del ambiente, ... ¿en esta lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee, por más extraño que pueda sonar para nuestros estimables lectores costarricenses (así como a los no costarricenses ...).

Dicho sea de paso, Colombia constituye un dramático caso en el que, año tras año, las muertes registradas colocan a este Estado encabezando una triste lista en América Latina (véase nota de la BBC del 9 de junio del 202).

Con relación a las buenas prácticas en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, no está de más referir a nuestros lectores a esta publicación de la CEPAL titulada precisamente "Las sinergias entre el gobierno abierto y el Acuerdo de Escazú". En el caso específico de Costa Rica además, podemos referir a este comunicado de prensa oficial de la CEPAL difundido a raiz de una importante reunión celebrada en San José el 8 de marzo del 2022, titulado "Banca multilateral y OCDE consideran fundamental el Acuerdo de Escazú para generar un clima de inversiones sostenidas y sostenibles": un comunicado oficial de prensa que, extrañamente, no fue referenciado en ninguno de los principales medios de prensa costarricenses (Nota 2). ¿Como así? Como se lee.  Otro comunicado de prensa, sobre esta misma reunión de la CEPAL, esta vez proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, fue objeto de la misma indiferencia mediática (Nota 3). No se tiene explicación alguna sobre tan notorio silencio a la hora de redactar estas líneas, pero debe existir (y desde ya se agradecería a especialistas en la materia realizar las investigaciones pertinentes).

Al proveer el Acuerdo de Escazú también herramientas tendientes a un mayor acceso a la información pública, a mayor transparencia y rendición de cuentas, no está de más preguntarse quiénes podrían sentirse (eventualmente) amenazados por tan loables objetivos en América Latina.  En el caso de Colombia, un reciente artículo - cuya lectura recomendamos - habla de "terror" al respecto en algunas cúpulas empresariales (véase artículo publicado en el medio internacional Pressenza).

Más allá de la percepción de miedo, que puede ir aumentando en temor, miedo intenso, pavor, espanto o pánico e ir conduciendo a una sensación cercana al precitado "terror" de algunos sectores colombianos, no está de más señalar que el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEA) elaboró un instructivo sobre participación ciudadana en materia de evaluación ambiental (véase texto completo), dado  a conocer el pasado 2 de junio del 2022. Se trata de una valiosa herramienta que consolida el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental, en particular para las comunidades afectadas por lo que se denomina "externalidades ambientales negativas" causadas por proyectos de cierta envergadura. Este instructivo, en nuestra modesta opinión, debería interesar desde ya a autoridades de otros Estados de América Latina en los que "externalidades" de este tipo afectan a comunidades enteras. En la parte final del documento, se indica (página 12) que: 

" se instruye a las Divisiones y Direcciones Regionales del SEA decretar la apertura de los procesos de participación ciudadana en todas aquellas Declaraciones de Impacto Ambiental, en las cuales, habiéndose cumplido los requisitos formales de la solicitud (artículos 30 bis de la Ley N°19.300 y 94 del RSEIA) generen a su vez, los presupuestos de la carga ambiental -beneficios sociales y externalidades ambientales negativas- en los términos expuestos en el acápite 2 letras A y B precedentes".

Como se podrá apreciar, las autoridades políticas en Chile parecieran tener muy claro las herramientas que hay que adoptar en perfecta sintonía con el contenido del Acuerdo de Escazú y las enormes ventajas que ofrecen en materia de gobernanza ambiental, participación informada y más generalmente paz social; mientras que en otras latitudes de la región, se adolece de esta claridad. La misma Ministra de la Presidencia de Costa Rica, en la parte final del comunicado oficial del 9 de marzo que nunca fue referenciado en ningún medio de prensa costarricense (y al que referimos en la Nota 3), precisaba al respecto al concluir la reunión de la CEPAL del 8 de marzo en San José que: 

"la apuesta al desarrollo sostenible está en la esencia del Acuerdo de Escazú, el cual será un instrumento esencial para garantizar el diálogo y la cohesión social".

Un mismo tratado con dos lecturas y realidades tan disímiles entre Santiago y San José observadas en este mes de junio del 2022, ameritan nuevamente analizar con más detalle las razones aludidas por los detractores del Acuerdo de Escazú en Costa Rica.

 

Supuestos "argumentos" en contra de Escazú que la realidad objetiva desnuda por completo con el pasar del tiempo

En Costa Rica, como en varios otros Estados, una serie de "argumentos" contra Escazú han sido difundidos en los últimos dos años. En este 2022, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) y otras seis cámaras nacionales, varias de ellas ligadas al sector agroexportador costarricense, reiteraron el 25 de febrero a los diputados su firme oposición al Acuerdo de Escazú: véase el texto de la carta en la que indican que "dicho Acuerdo contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector productivo" y en la que concluyen solicitando que "se proceda con el rechazo del proyecto 21.245, ante los riesgos que representa para la competitividad del sector privado y por resultar altamente inoportuno para el país (sic)".

Apenas fueron hechos públicos estos y otros "argumentos" meses atrás, en abril del 2021, por parte de otra cámara empresarial (UCCAEP), un primer intento para debatirlos públicamente con especialistas no logró su cometido (véase la emisión Café para Tres del medio Delfino.cr del 22 de abril del 2021 al que no quisieron concurrir representantes de UCCAEP). Dos intentos posteriores en aras de realizar debates públicos con representantes de la UCCAEP  tampoco fructificaron (Nota 4).

Una observación muy sencilla permite, desde la perspectiva del derecho internacional público, explicar esta renuencia al debate público con especialistas: en efecto, el Acuerdo de Escazú es un  tratado internacional que establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban, al no permitir ningún tipo de reserva  (Artículo 23) que pueda modular o limitar el alcance de algunas de sus disposiciones.  

Si todo lo que se predice de negativo que va ocurrirle a Costa Rica si aprueba el Acuerdo de Escazú no se ha observado en ninguno de los Estados que ya lo ratificaron, hay un problema. Y es bastante grande, en particular para los detractores costarricenses del Acuerdo de Escazú y las fichas políticas que gravitan a su alrededor repitiendo sus supuestos "argumentos".

Con relación a las afirmaciones anteriores, se entiende cada vez con mayor claridad, conforme es aprobado el Acuerdo de Escazú en otras latitudes de la región, que los supuestos "argumentos" en su contra, en realidad, no lo son. Por cierto, en el caso de Costa Rica, un muy tempranero ejercicio periodístico desde la Universidad de Costa Rica (UCR) ya lo había así detectado: véase esta nota de Doble Check del 26 de abril del 2021 - cuya lectura se recomienda - y cuyo título y contenido no han dado lugar, a la fecha, a ningún derecho de respuesta, rectificación o aclaración por parte de la UCCAEP. Recientemente el mismo equipo de periodistas puso en tela de duda algunas afirmaciones de un "experto" sobre las reservas de petroleo en Costa Rica, hechas durante una emisión de televisión (véase enlace).

Volviendo a Escazú y a algunas cámaras empresariales empecinadas en presentarlo como peligroso y dañino para la economía de Costa Rica, tuvimos la oportunidad de lanzarles públicamente varias preguntas así como a sus (siempre muy hacendosas) fichas políticas: véase nuestra breve nota publicada en el medio Delfino.cr el 3 de marzo del 2022, la cual, por alguna razón, no ha sido aún contestada a la fecha de redactar estas líneas (5 de junio).

Remitimos también al artículo del jurista costarricense Mario Peña (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en noviembre del 2020 en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia. En otro artículo de octubre del 2021del este mismo autor titulado "El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica" (véase texto), se puede leer algo que algunas cámaras empesariales podrían revisar con un poco más de atención, al escribir este especialista en derecho ambiental "que el ordenamiento interno ya contempla, al menos, treinta y un distintos mecanismos e instancias de participación en temas ambientales que otorgan la oportunidad del público de ser escuchados y de presentar observaciones por los distintos medios disponibles conforme a las circunstancias del proceso, y que ni el Acuerdo de Escazú, ni la legislación interna, contemplan la posibilidad del público de vetar proyectos empresariales a través de mecanismos o instancias de participación pública".

Intuímos que los asesores legales de las principales cámaras empresariales de Costa Rica no son necesariamente especialistas en derecho ambiental: como simple académico, les recomendaríamos que investiguen un poco más antes de exponer a los directivos de estas mismas cámaras a sostener públicamente "argumentos" que no lo son contra el Acuerdo de Escazú.


Escazú y  la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental, o del arte de amenazar con la vaina vacía

Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a algunas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta hace poco), se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde 1998. 

Así se detalla en este valioso artículo del precitado jurista, publicado en el medio digital Delfino.cr: dicho sea de paso, este artículo tampoco ha dado lugar a una aclaración o reacción por parte de algunos, que han invocado la inversión de la carga de la prueba como un "argumento" incuestionable para oponerse al Acuerdo de Escazú.

Cabe recordar que el no aceptar el principio de la inversión de la carga en materia ambiental apareció en la sentencia del 2011 que puso fin en los tribunales costarricenses a lo que se puede denominar el "affaire Crucitas" (Nota 5): un escándalo ambiental que expusó ante el mundo la faz oscura de la "Costa Rica Verde" que tanto se publicita. La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica confirmó en todos su extremos la valiente decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del 2010 (véase texto) declarando ilegal el proyecto minero en Crucitas. Al revisar con detalle la batería de supuestos "argumentos" jurídicos presentados por la empresa minera canadiense Infinito Gold (véase el texto completo de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran interés), se observa que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental fue invocada por los abogados de la recurrente en su apelación: como era de esperar, esta argumentación fue rechazada sin mayor contemplación por los integrantes de la Sala Primera (véanse en particular los párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera). Una empresa minera canadiense que al apelar una sentencia en su contra ...¿cuestiona la aplicación de un principio básico del derecho ambiental vigente en el ordenamiento jurídico por parte de un tribunal costarricense? Así como se lee.

No está de más señalar a  nuestros estimables lectores que muchos de los que advirtieron de una supuesta (y claro está totalmente errónea)  "inseguridad jurídica" en Costa Rica a raíz de la decisión del 2010 del TCA (y del supuesto riesgo de ver ahuyentada la inversión extranjera en Costa Rica) ... coinciden con los que hoy adversan el Acuerdo de Escazú.


La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros Poderes Judiciales en América Latina

Como indicado anteriormente, el Acuerdo de Escazú establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban. 

Ciertamente, su discusión ha dado lugar a la repentina aparición de supuestos "argumentos" en su contra similares (extrañamente similares) difundidos en varios de los Estados en los que sectores políticos y económicos han logrado frenar su aprobación.  En el caso de Costa Rica, estos "argumentos" fueron difundidos por algunos sectores empresariales y por sus fichas políticas, aunque también se detectó una extraña coincidencia desde otra esfera, sin que a la fecha se nos brinde una explicación al respecto (Nota 6). Sobre esta última, una diputada, en una emisión radial universitaria, refirió a las complejas - e insondables - relaciones que mantienen los huevos y las gallinas (véase emisión disponible en YouTube del programa Interferencias del 11 de marzo del 2022, Radio UCR, minuto 45:15 / 45:48)

No obstante,  a esta inexplicada coincidencia, persiste en el tiempo otra extrañeza específica a Costa Rica: más precisamente, se trata de un insólito "descubrimiento" escuchado (y que a la fecha, no ha encontrado eco alguno en el resto de América Latina). En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno, ha sostenido un criterio similar  al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia: según ella, el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo de creatividad.

Es de notar que este "descubrimiento" (Nota 7) ha complicado innecesariamente la aprobación del Acuerdo de Escazú al haber sido luego confirmado por  seis de los siete integrantes de la Sala Constitucional: el magistrado Paul Rueda fue el único en explicar muy bien en su voto salvado la lectura completamente errada hecha por la Corte Plena y luego por sus seis pares dentro de la Sala Constitucional (Nota 8). 

Contrario a lo que se podría pensar, este "descubrimiento" no debería verse como algo fortuito. En efecto, no sería la primera vez que en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, que constituye precisamente uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y ... solamente ella) como un derecho humano (Nota 9). Un años antes, el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles (Nota 10).

Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento - algo original - de las autoridades de  salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o "Sweet Gold") en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor.

Con relación a la cuestionada sentencia del 2017, se pudo leer en uno de los (pocos) artículos de prensa al respecto (véase artículo publicado en el Semanario Universidad) que: 

"... la resolución de la  Sala Constitucional fue escrita “en  las nubes, no pensaron en las consecuencias en la tierra, posiblemente  para quitarse de encima un montón  de recursos de amparo, no pensaron  en las consecuencias, la desesperanza y conflictividad ”.

Como previsible, este insólito "descubrimiento" del juez constitucional costarricense del 2020 con respecto a una de las cláusulas del  Acuerdo de Escazú ha sido totalmente omitido en las discusiones y en las consultas recientes realizadas en Chile en torno a su aprobación: tratándose de un Estado en el que los argumentos más fantasiosos e insostenibles los unos que los otros salieron a relucir por parte de las mismas autoridades estatales (y ello hasta el 2022) y de sectores económicos afines, el "descubrimiento" del Poder Judicial costarricense  podría considerarse desde ya como una verdadera "joya" a la creatividad y a la imaginación en América Latina. 

En efecto, el oficio del Poder Judicial de Chile (véase documento, con fecha del 26 de abril del 2022) analiza con sumo detalle los alcances de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, y con relación al inciso 5 del artículo 8 se lee simplemente "en passant" que: 

" los puntos 8.4, 8.5 y 8.6 del Acuerdo Regional se orientan a establecer una serie de dispositivos para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, todos los cuales persiguen aumentar el grado de información y participación ciudadana en la protección del medioambiente, junto con establecer mecanismos de apoyo específicos a grupos en situación de vulnerabilidad, y que tanto la decisión como su fundamentación estén consignadas por escrito. Todos estos compromisos parecen adecuados y necesarios con el objeto de hacer viable el acceso a la justicia ambiental. En nuestro país, algunos de estos mandatos de difusión y divulgación se canalizan a través de instrumentos que se encuentran operativos, como la información medioambiental, de riesgo climático y otros, por parte del Ministerio del Medioambiente (disponible en https://mma.gob.cl/) u otra en vías de serlo, como es el caso del proyecto de buscador de jurisprudencia de la Corte Suprema que permitirá acceder a una plataforma sistematizada de sentencias judiciales, incluyendo las de matera ambiental " (página 9). 


Es muy probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la profunda soledad - en nuestra opinión bastante insólita -  del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.


Chile: un Estado anfitrión de la primera COP sin serlo del todo

Más allá del hecho que algunos sectores en Costa Rica cuestionen una herramienta muy básica del derecho ambiental contemporáneo (obteniendo sentencias desfavorables en su contra, y que no obstante parecieran dispuestos a persistir en sostener lo que a todas luces resulta insostenible desde un estricto punto de vista jurídico); y haciendo a un lado la vergonzosa mezquindad exhibida por el Poder Judicial costarricense, cabe recordar que los pasados 20-22 de abril, se celebró en Chile la primera Conferencia de Estados Partes (COP) al Acuerdo de Escazú. 

La ubicación de esta cumbre regional se debió a la localización geográfica de las instalaciones de la CEPAL, ente que auspició las negociaciones de este innovador instrumento regional. 

Sobre esta primera COP, una reunión fundamental de cara a la futura implementación del Acuerdo de Escazú, remitimos a nuestros estimables lectores a una breve nota nuestra explicando sus alcances (versión en español así como en inglés).  

A la cita, además de los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú, participaron como Estados observadores  delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, al no haber aún aprobado dicho instrumento regional estos Estados: en el caso de Colombia, su representante oficial no pasó desapercibido, al ser una persona conocida de movimientos sociales colombianos, y de familiares de personas fallecidas y/o gravemente heridas durante las protestas acaecidas en Colombia en el 2019 (Nota 11).  Recientemente (véase artículo publicado el 22 de mayo del 2022 en el portal de Mongabay), una entrevista a una reconocida activista ambiental en Colombia ha puesto de manifiesto la incoherencia gubernamental que se observa en Colombia con relación al Acuerdo de Escazú.


A modo de conclusión

El pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile, durante una muy emotiva jornada vivida en el Palacio de la Moneda, firmó el Acuerdo de Escazú, poniendo así fin a un craso error de lectura de su antecesor en el cargo y cerrando una paréntesis bastante triste para los derechos humanos y el ambiente que significó en líneas generales la administración (2018-2022) en Chile.  

Desde este momento,  Chile inició de forma decidida el proceso en la dirección correcta (que nunca debió abandonar), reafirmando de esta manera su regreso y el de su indiscutible liderazgo en la región en temas de ambiente y de derechos humanos: a tal punto que en este misma primera COP, se acordó que la segunda COP (a celebrarse en el 2024) volverá a realizarse en la capital chilena, al tiempo que un reunión intermedia (2023) se celebrará en Argentina. 

Cabe precisar que el pasado 3 de mayo del 2022 , la primera etapa ante el Poder Legislativo con la que Chile inició la senda en aras de una pronta aprobación del Acuerdo de Escazú (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo  reproduciendo un cable de la agencia de noticias EFE), fue seguido, el 4 de mayo de cables de agencias de noticias internacionales  reportando lo escuchado en Costa Rica, lo cual, como era previsible, va en la dirección ... exactamente opuesta (Nota 12). 


- - Notas - -

Nota 1: Ante la aparición de "argumentos" muy similares en contra del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano, esfuerzos valiosos desde la sociedad civil y desde la academia han denunciado esta verdadera campaña de desinformación fomentada por algunos sectores empresariales en contra de este tratado internacional. En el caso de Costa Rica, véase en particular PEÑA  CHACÓN M., "Desmitificando el Acuerdo de Escazú", DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí;  así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., "Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos", Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a "argumentos" idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, "Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales", disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada "Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú" disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos "argumentos" en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos. 


Nota 2 Ni en el día en que fue divulgado este comunicado de prensa de la CEPAL ni en los días posteriores se encontró referencia alguna en los grandes medios de prensa costarricenses. Unos 10 días después del evento, el 18 de marzo para ser exactos, fue el Semanario Universidad el que editó esta nota de prensa.


Nota 3:  El 9 de marzo del 2022, el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica publicó en horas de la mañana el siguiente comunicado de prensa (véase enlace oficial) que repoducimos de manera integral a continuación, incluyendo fecha y hora de emisión: 

"PPT CEPAL, Marzo 09, 2022, 10:45 am.  La región avanza en los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú Quinto Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible

San José, 8 de mayo de 2022.- En el marco del Quinto Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible de la CEPAL, se llevó a cabo el seminario “Los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Banco Europeo de Inversiones (EIB) y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El evento contó con la puesta en escena por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, la Sra. Alicia Bárcena, y del Sr. Jaime Roberto Díaz, Vicepresidente Ejecutivo, BCIE, quienes celebraron la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, un instrumento innovador de la región que establece el íntimo vínculo entre un ambiente sano, los derechos humanos y la consecución de un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. El Acuerdo busca fortalecer el Estado de derecho, una democracia participativa y el diálogo intersectorial para enfrentar los desafíos ambientales, económicos y sociales del presente y el futuro.

En sus palabras, el Viceministro de Ambiente, el Sr. Franklin Paniagua, denotó que “en una recuperación verde, la institucionalidad ambiental tiene que ir al centro de la economía. La oportunidad que tiene el sector privado con este Acuerdo es grande. Hay que tender un puente al sector privado para que se entienda que es parte de la economía del futuro, que se acompaña y respalda en estos valores de derechos, participación y transparencia”.

Por su parte, el Viceministro de Asuntos Multilaterales, el Sr. Christian Guillermet Fernández, resaltó cómo el Acuerdo de Escazú se ha reconocido a nivel global como un instrumento marco de altos estándares para fomentar la inversión responsable, la transparencia en la gestión pública y privada y las salvaguardias ambientales, lo cual quiere decir que cualquier política pública o empresarial que tome en cuenta los principios marco de Escazú, gozará de respaldo y confianza, incrementando sus probabilidades de éxito e inclusive la competitividad del sector empresarial.

El evento albergó la trascendental firma de un Memorándum de Entendimiento entre la CEPAL y el BCIE para apoyar a los países en la implementación del Acuerdo de Escazú, el cual busca promover acceso a créditos, herramientas e información financiera, procurando procesos más beneficiosos para todas las comunidades de la región. Este convenio provee un marco de estabilidad para los negocios y las inversiones dentro y fuera de los países, basado en la rendición de cuentas, el diálogo y la transparencia.

Se contó asimismo con las exposiciones de representantes de la banca multilateral y regional para el desarrollo y asociaciones empresariales, quienes resaltaron la alineación y las sinergias del Acuerdo de Escazú con las políticas e instrumentos de sus instituciones para promover la Conducta Empresarial Responsable y la importancia de la transparencia y el acceso a la información en materia ambiental para que las inversiones sean sostenibles.

La Ministra de la Presidencia de Costa Rica, la Sra. Geannina Dinarte Romero, cerró el evento invitando a romper los paradigmas sobre la dicotomía imaginada entre el crecimiento económico, el medio ambiente, los derechos humanos y la democracia. Indicó que la apuesta al desarrollo sostenible está en la esencia del Acuerdo de Escazú, el cual será un instrumento esencial para garantizar el diálogo y la cohesión social. Llamó a la creación de la confianza y la construcción conjunta para aprovechar la oportunidad que el Acuerdo de Escazú aporta en la competitividad y seguridad jurídica para inversiones y empleo que garantice el futuro de las próximas generaciones.

Comunicación Institucional (2237  CR CEPAL acuerdo de Escazú) 

Miércoles 9 de marzo de 2022". 


Nota 4: Diversos intentos en aras de debatir públicamente estos supuestos "argumentos" con académicos y especialistas en materia ambiental han fracasado: primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también comunicado oficial de la UCR), así como en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitó a la UCCAEP conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos "argumentos" pareciera ser la tónica de algunos en Costa Rica.


Nota 5: La expresión "affaire" refiere al complejo entramado politico-empresarial (y a un nutrido grupo de figuras y personeros gravitando a su alrededor), que desnudó ante la opinión pública costarricense este caso que fue llevado ante la justicia costarricense: con una sentencia redactada en el 2010 por tres jueces que refirieron a una verdadera "orquestación de voluntades" para explicar las múltiples ilegalidades de muy diversa índole observadas por parte del mismo Estado costarricense. Una "orquestación de voluntades" que, con más de 10 años de haber sido declarada como tal (2010), luego apelada, y reconfirmada (2011), aún no ha dado lugar a una sola sentencia en materia penal ni a a la condena de algunos de los altos funcionarios del Estado o de la empresa involucrados. En un reciente artículo del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Fernando Cruz, publicado en La Revista.cr (véase texto), leemos que: "La trascendencia política y económica del caso, no impidió a los jueces resolver conforme al mérito de los autos, con plena conciencia que la decisión no complacía a las instancias de poder político y económico. No es fácil que un juez resuelva a contrapelo de los poderosos intereses que sustentan el caso. La decisión de este tribunal es un luminoso homenaje a la independencia judicial". Es menester referir a nuestros estimables lectores al voto particular (véase texto) de este mismo magistrado en abril del 2010, al separarse del criterio de la mayoría de los integrantes de la Sala Constitucional conjuntamente con su colega, el magistrado Gilbert Armijo. En febrero del 2022, tuvimos la ocasión de analizar la última maniobra de la empresa minera Infinito Gold contra Costa Rica aún pendiente de resolución: véase BOEGLIN N., "Infinito Gold contra Costa Rica: una nueva maniobra de la empresa minera contra Costa Rica", Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 8 de febrero del 2022, disponible aquí.


Nota 6: La lectura de este artículo del medio costarricense Ojo al clima, titulado "Acuerdo de Escazú entró en vigor sin el país que le dió el nombre", del 26 de abril del 2021, permite conocer los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos en relación con su contenido. En este muy completo reportaje cuya lectura se recomienda, se lee que: La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos”, continuó la exviceministra.“Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricence de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto", añadió Madrigal."


Nota 7: Sobre el particular remitimos a la sección "Las extrañezas del Poder Judicial costarricense ante el Acuerdo de Escazú" en nuestro artículo BOEGLIN N., "Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita con los demás a ... ¿mirar?" Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022, disponible aquí.


Nota 8: En el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 (véase texto completo), en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda  señala que: "Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creaciónla variacn sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone".


Nota 9: Sobre tan desconcertante e indecorosa conclusión del juez constitucional costarricense que se lee en el párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo), resulta oportuno señalar que fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de  la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no amerita ninguna reflexión particular. Sobre este peligrosa regresión del juez constitucional costarricense, véase breve nota nuestra al respecto. De manera a no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense en el mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores  al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa de manera muy clara que: «231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante». En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión". En un reciente estudio del jurista Álvaro Sagot Rodríguez sobre las repetitivas regresiones ambientales del juez constitucional costarricense, el autor cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee textualmente que:  «En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (p. 30 del precitado estudio).


Nota 10:  Véase texto completo de la sentencia 11545-2016  en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia  para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar  una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico«. Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta altamente cuestionable que la Sala considere que se trate de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».


Nota 11: El ahora diplomático Guillermo Botero, con rango de embajador de Colombia en Chile, fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y las organizaciones sociales negociaron con el Poder Ejecutivo colombiano las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña de desinformación en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación, orquestada por cúpulas empresariales colombianas y sectores políticos afines empecinados en presentarlo como un verdadera freno al desarollo: se trata de sectores reacios a que se proteja la vida y la integridad física de líderes comunitarios, campesinos, indígenas y ecologistas que defienden el ambiente en Colombia.


Nota 12: Véanse al respecto, nota de la agencia alemana DW y, por parte de la agencia gala AFP, esta nota de RFI y nota de Le Figaro así como la única nota aparecida en Costa Rica en el Tico Times reproduciendo este mismo cable AFP.