miércoles, 11 de mayo de 2022

La aprobación en primer debate del Acuerdo de Escazú por parte de la Cámara de Diputados de Chile: breves apuntes desde Costa Rica

 


Hace unos años atrás, tenía a mi hijo muy enfermo, tenía problemas respiratorios, lo tenían en observación, poniéndole nebulizaciones. El enfermero, que todavía trabaja allí en la clínica, desde que llegué empezó a cuestionar, que por qué nos oponíamos a la hidroeléctrica en ese entonces (Proyecto Hidroeléctrico Diquís), que por qué nosotros defendíamos derechos indígenas si todos éramos iguales”. Cindy Vargas, indígena Brorán de Térraba en Costa Rica. Extracto de artículo publicado en el Semanario Universidad (Costa Rica), "Mujeres indígenas denuncian discriminación y racismo en instituciones públicas por ser recuperadoras de tierra", edición del 28/04/2022

"En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar", Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista a El País (España), artículo publicado el 10/02/2022

"El 8 de marzo de 1995 el Juzgado dejó “sin valor ni efecto la orden de captura librada”. Aunque esta decisión no fue motivada, el fiscal encargado de la investigación en ese momento indicó, en una declaración rendida posteriormente (infra párr. 63), que el joven Juan Francisco López Mejía reveló haber sido coaccionado a rendir declaración incriminatoria, por lo que se determinó que no hubo méritos para la captura. El 23 de marzo de 1995 se recibió la última de las 27 declaraciones testimoniales mencionadas, correspondiente a un coronel del Ejército, de apellido Amaya. Un año después, el 10 de marzo de 1996 la Dirección de Investigación Criminal en Tela presentó un informe sobre el caso en el que subrayó que “en las investigaciones de este caso se van a tocar intereses muy grandes y de cualquier forma los oficiales de investigación asignados al caso corren mucho peligro”. Extractos (párrafos 57-58) de la sentencia de la Corte IDH contra Honduras dictaminada en el 2009, sobre el caso de Blanca Jeannette Kawas Fernández, ecologista hondureña asesinada el 6 de febrero de 1995. 


La aprobación en primer debate del Acuerdo de Escazú por parte de la Cámara de Diputados de Chile: breves apuntes desde Costa Rica


Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)


Según se ha reportado en varios medios de prensa (véase nota de El Monstrador y cable EFE registrado en La Vanguardia), la Cámara de Diputados de Chile aprobó el pasado 11 de mayo, en primer debate constitucional, el Acuerdo de Escazú: lo hizo con una abrumadora mayoría de 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones. 

Un segundo debate debería llevarse a cabo muy pronto en el seno del mismo Poder Legislativo chileno asociando a la Cámara alta (Senado) (véase nota del mismo Senado del 16 de mayo del 2022) y es probable que con este decidido paso, Chile deposite el instrumento de ratificación correspondiente al Acuerdo de Escazú durante el próximo mes de junio del 2022 (mes del ambiente, como bien se sabe).


Una breve puesta en contexto

Como se recordará, hace 4 años, el Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica. Su nombre completo es "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe". 

El Acuerdo de Escazú se adoptó en Costa Rica un 4 de marzo, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato y una nota más reciente sobre una sentencia esperada para el 18 de mayo del 2022 que no se leyó).  

Foto de Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016, extraída de nota del GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas): un grupo de investigación internacional constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, que intentó en un primer momento encubrir y maquillar el mismo Estado hondureño (véase al respecto el informe titulado "Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres").


Costa Rica y Chile: dos Estados en la mira

El largo proceso de negociación, que duró exactamente 5 años, 7 meses y 7 días, fue coliderado por Chile y por Costa Rica. Dos Estados que pusieron a sus mejores equipos de negociadores para lograr llevar a feliz término el proceso de discusión entre los 33 Estados que integran la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas  (más conocida como CEPAL): un trabajoso proceso, que requirió un total de 9 rondas de negociación (véase acta final de la novena ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica).

Adoptado en marzo, en el mes  de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto completo) enfatizaron que: 

"Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo".

Esta declaración conjunta del mes de junio del 2018 constituye la última manifestación  oficial de ambos Estados en favor del Acuerdo de Escazú: hay que agradecer a la diplomacia chilena por haberla mantenido en su portal oficial desde entonces.

Cabe indicar que en el mes de julio del 2019, ante los titubeos evidenciados con la aprobación del Acuerdo Escazú en América Latina, ambos Estados recibieron un llamado de atención suscrito por varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas que fue remitido de igual manera a varios otros Estados (véase texto del comunicado conjunto enviado a Costa Rica): pese al importante número de firmantes de esta misiva, no se logró mayor avance en el caso de Chile, ni tampoco de Costa Rica.


Un paso más hacia una rectificación por parte de Chile

Esta primera aprobación en la Cámara de Diputados chilena del pasado 11 de mayo constituye un importante logro para el Poder Ejecutivo de Chile, que permite vislumbrar una pronta nueva ratificación del Acuerdo de Escazú: un tratado regional que ya cuenta con 12 Estados Partes (los últimos en ratificarlo - de forma conjunta - en enero del 2021 siendo Argentina y México). 

Por parte de América Latina, Chile vendría a sumarse a las ratificaciones ya registradas (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) de Bolivia y Uruguay (septiembre del 2019), Panamá y Nicaragua (marzo 2020), Ecuador (mayo 2020), así como Argentina y México (enero 2021). Se trata de Estados en los que, dicho sea de paso, no se ha observado en lo más mínimo una salida de las inversiones extranjeras o una parálisis de sus respectivas economías o una inseguridad jurídica desde que se aprobó el Acuerdo de Escazú. Ni mucho menos una invasión indebida de la inversión de la carga de la prueba en el ámbito del derecho penal, tal como se ha escuchado que provocaría el Acuerdo de Escazú en Colombia, en Costa Rica pero también en Perú y en Paraguay (Nota 1) por parte de algunos: sobre estos últimos, debemos precisar que lo han hecho de una manera bastante extraña para el caso costarricense, como lo explicaremos en algunas de las líneas que siguen. 

Al haber firmado este acuerdo regional (en setiembre del 2018), pero no haberlo aún ratificado en estos últimos cuatro años, Costa Rica comparte esta situación en América Latina con (además de Chile) los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Una Costa Rica que ha basado históricamente su imagen internacional en el respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente, ... ¿en esta lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente así como a mayor acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas? Así como se lee, por más extraño que pueda sonar para un/a costarricense.

Con relación a las buenas prácticas en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, no está de más referir a nuestros estimables lectores a esta publicación de la CEPAL titulada precisamente "Las sinergias entre el gobierno abierto y el Acuerdo de Escazú". En el caso de Costa Rica además, podemos referir a este comunicado de prensa oficial de la CEPAL difundido a raiz de una reunión celebrada en San José el 8 de marzo del 2022, titulado "Banca multilateral y OCDE consideran fundamental el Acuerdo de Escazú para generar un clima de inversiones sostenidas y sostenibles": un comunicado oficial de prensa que, extrañamente, no fue referenciado en ninguno de los principales medios de prensa costarricenses.



Supuestos "argumentos" en contra de Escazú que la realidad objetiva desnuda por completo con el pasar del tiempo

El Acuerdo de Escazú es un  tratado internacional que establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban, al no permitir ningún tipo de reserva  (Artículo 23) que pueda modular o limitar el alcance de algunas de sus disposiciones.  

En relación a la afirmación anterior, se entiende cada vez con mayor claridad, conforme es aprobado el Acuerdo de Escazú en otras latitudes de la región, que los supuestos "argumentos" en su contra escuchados por parte de sectores políticos y económicos opuestos al Acuerdo de Escazú, en realidad, no lo son: por cierto, en el caso de Costa Rica, un muy tempranero ejercicio periodístico desde la Universidad de Costa Rica (UCR) ya lo había así detectado: véase esta nota de Doble Check del 26 de abril del 2021 (cuyo título y contenido no han dado lugar, a la fecha, a ningún derecho de respuesta, rectificación o aclaración por parte de la UCCAEP, una influyente cámara empresarial costarricense).

Al respecto, tuvimos la oportunidad de lanzar públicamente varias preguntas a algunas cámaras empresariales costarricenses y a sus (siempre muy hacendosas) fichas políticas: véase nuestra breve nota publicada en el medio Delfino.cr el pasado 3 de marzo (la cual, por alguna razón, no ha sido aún contestada).

Remitimos también al artículo del jurista costarricense Mario Peña (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia. 


Escazú y  la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental, o del arte de amenazar con la vaina vacía

Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a algunas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta hace poco), se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde 1998.

Así se detalla en este valioso artículo del precitado jurista, publicado en el medio digital Delfino.cr: dicho sea de paso, este artículo tampoco ha dado lugar a una aclaración o reacción por parte de algunos, que han invocado la inversión de la carga de la prueba como un "argumento" incuestionable para oponerse al Acuerdo de Escazú.

Cabe recordar que el no aceptar el principio de la inversión de la carga en materia ambiental apareció en la sentencia del 2011 que puso fin en los tribunales costarricenses a lo que se puede denominar el "affaire Crucitas" (Nota 2): un escándalo ambiental que expusó ante el mundo la faz oscura de la "Costa Rica Verde" que tanto se publicita. La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica confirmó en todos su extremos la valiente decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del 2010 (véase texto) declarando ilegal el proyecto minero en Crucitas. Al revisar con detalle la batería de supuestos "argumentos" jurídicos presentados por la empresa minera canadiense Infinito Gold (véase el texto completo de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran interés), se observa que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental fue invocada por los abogados de la recurrente en su apelación: como era de esperar, esta argumentación fue rechazada sin mayor contemplación por los integrantes de la Sala Primera (véanse en particular los párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera). Una empresa minera canadiense que al apelar una sentencia en su contra ...¿cuestiona la aplicación de un principio básico del derecho ambiental vigente en el ordenamiento jurídico por parte de un tribunal costarricense? Así como se lee.

No está de más señalar que muchos de los que advirtieron de una supuesta (y claro está totalmente errónea)  "inseguridad jurídica" en Costa Rica a raíz de la decisión del 2010 del TCA coinciden con los que hoy adversan el Acuerdo de Escazú.


La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros Poderes Judiciales en América Latina

Como indicado anteriormente, el Acuerdo de Escazú establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban. 

Ciertamente, su discusión ha dado lugar a la repentina aparición de supuestos "argumentos" en su contra similares (extrañamente similares) difundidos en varios de los Estados en los que sectores políticos y económicos han logrado frenar su aprobación.  En el caso de Costa Rica, estos "argumentos" fueron difundidos por sectores empresariales y sus fichas políticas, aunque también se detectó una extraña coincidencia desde otra esfera, sin que a la fecha se nos brinde una explicación al respecto (Nota 3).

No obstante, persiste en el tiempo como un insólito "descubrimiento" el escuchado en Costa Rica (y que a la fecha, no ha encontrado eco alguno en el resto de América Latina). En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), ha "descubierto" un criterio similar  al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia: según ella, el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de la justicia de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo creativo.

Es de notar que este extraño "descubrimiento" (Nota 4) ha complicado innecesariamente la aprobación del Acuerdo de Escazú al haber sido luego confirmado por  seis de los siete integrantes de la Sala Constitucional: el Magistrado Paul Rueda explicó muy bien en su voto salvado la lectura completamente errada hecha por la Corte Plena y luego por sus seis pares dentro de la Sala Constitucional (Nota 5). 

Contrario a lo que se podría pensar, este "descubrimiento" no debe verse como algo fortuito. En efecto, no sería la primera vez que en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, que constituye precisamente uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada.  En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y ... solamente ella) como un derecho humano (Nota 6). Un años antes, el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles (Nota 7).

Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento - algo original - de las autoridades de  salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o "Sweet Gold") en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor.


Este insólito "descubrimiento" del juez constitucional costarricense con respecto al Acuerdo de Escazú ha sido totalmente omiso en las discusiones y en las consultas recientes realizadas en Chile en torno a su aprobación: tratándose de un Estado en el que los argumentos más fantasiosos e insostenibles los unos que los otros salieron a relucir por parte de las mismas autoridades estatales (y ello hasta el 2022) y de sectores económicos afines, el "descubrimiento" del Poder Judicial costarricense  podría considerarse desde ya como una verdadera "joya" a la creatividad y a la imaginación en América Latina.

Es muy probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú a venir), la profunda soledad - en nuestra opinión bastante vergonzosa -  del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares en América Latina.


Chile: un Estado anfitrión de la primera COP sin serlo del todo

Más allá del hecho que algunos influyentes sectores en Costa Rica cuestionen una herramienta muy básica del derecho ambiental contemporáneo (obteniendo sentencias desfavorables en su contra, y que no obstante parecieran dispuestos a persistir en sostener lo que a todas luces resulta insostenible desde un estricto punto de vista jurídico); y haciendo a un lado la insólita mezquindad exhibida por el Poder Judicial costarricense, cabe indicar que los pasados 20-22 de abril, se celebró en Chile la primera Conferencia de Estados Partes (COP) al Acuerdo de Escazú. 

La ubicación de esta cumbre regional se debió a la localización geográfica de las instalaciones de la CEPAL, ente que auspició las negociaciones de este innovador instrumento regional. 

Sobre esta primera COP, una reunión fundamental de cara a la futura implementación del Acuerdo de Escazú, remitimos a nuestros estimables lectores a una breve nota nuestra explicando sus alcances (versión en español así como en inglés).  

A la cita, además de los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú, participaron como Estados observadores  delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, al no haber aún aprobado dicho instrumento regional estos Estados: en el caso de Colombia, su representante oficial no pasó desapercibido, al ser una persona conocida de movimientos sociales colombianos, y de familiares de personas fallecidas y/o gravemente heridas durante las protestas acaecidas en Colombia en el 2019 (Nota 8).  Recientemente (véase artículo publicado el 22 de mayo del 2022 en el portal de Mongabay), una entrevista a una reconocida activista ambiental en Colombia ha puesto de manifiesto la incoherencia gubernamental que se observa en Colombia con relación al Acuerdo de Escazú.


A modo de conclusión

El pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile, durante una muy emotiva jornada vivida en el Palacio de la Moneda, firmó el Acuerdo de Escazú, poniendo así fin a un craso error de lectura de su antecesor en el cargo y cerrando una paréntesis bastante triste para los derechos humanos y el ambiente que significó en líneas generales la administración (2018-2022) en Chile.  

Desde este momento,  el Poder Ejecutivo inició de forma decidida el proceso en la dirección correcta (que nunca debió abandonar), reafirmando de esta manera el regreso de Chile y el de su indiscutible liderazgo en la región en temas de ambiente y de derechos humanos: a tal punto que en este misma primera COP, se acordó que la segunda COP (a celebrarse en el 2024) volverá a realizarse en la capital chilena, al tiempo que un reunión intermedia (2023) se celebrará en Argentina. 

El pasado 3 de mayo del 2022 , fue un primer paso en Chile el que inició la senda en esta dirección (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo  reproduciendo un cable de la agencia de noticias EFE). En cambio, el 4 de mayo la agencia de noticias alemana DW (véase nota con su cable)  y la agencia francesa AFP (véanse esta nota de RFI y - salvo error de nuestra parte - la única nota aparecida en Costa Rica en el Tico Times reproduciendo este mismo cable de la AFP) reportaron lo escuchado en Costa Rica: lo cual, como era previsible, va en la dirección exactamente opuesta.


- -Notas- -

Nota 1: Ante la aparición de "argumentos" muy similares en contra del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano, esfuerzos valiosos desde la sociedad civil y desde la academia han denunciado esta verdadera campaña de desinformación fomentada por algunos sectores empresariales en contra de este tratado internacional. En el caso de Costa Rica, véase en particular PEÑA  CHACÓN M., "Desmitificando el Acuerdo de Escazú", DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí;  así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., "Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos", Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a "argumentos" idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, "Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales", disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada "Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú" disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos "argumentos" en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos. 


Nota 2 La expresión "affaire" refiere al complejo entramado politico-empresarial (y a un nutrido grupo de personeros  gravitando a su alrededor), que desnudó ante la opinión pública costarricense este caso que fue llevado ante la justicia costarricense: con una sentencia redactada en el 2010 por tres jueces que refirieron a una verdadera "orquestación de voluntades" para explicar las múltiples ilegalidades de muy diversa índole observadas por parte del mismo Estado costarricense. Una "orquestación de voluntades" que, con más de 10 años de haber sido declarada como tal (2010), luego apelada, y reconfirmada (2011), aún no ha dado lugar a una sola sentencia en materia penal ni a a la condena de algunos de los altos funcionarios del Estado o de la empresa involucrados. En un reciente artículo del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Fernando Cruz, publicado en La Revista.cr (véase texto), leemos que: "La trascendencia política y económica del caso, no impidió a los jueces resolver conforme al mérito de los autos, con plena conciencia que la decisión no complacía a las instancias de poder político y económico. No es fácil que un juez resuelva a contrapelo de los poderosos intereses que sustentan el caso. La decisión de este tribunal es un luminoso homenaje a la independencia judicial". Es menester referir a nuestros estimables lectores al voto particular (véase texto) de este mismo magistrado en abril del 2010, al separarse del criterio de la mayoría de los integrantes de la Sala Constitucional conjuntamente con su colega, el magistrado Gilbert Armijo. En febrero del 2022, tuvimos la ocasión de analizar la última maniobra de la empresa minera Infinito Gold contra Costa Rica aún pendiente de resolución: véase BOEGLIN N., "Infinito Gold contra Costa Rica: una nueva maniobra de la empresa minera contra Costa Rica", Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 8 de febrero del 2022, disponible aquí.


Nota 3: La lectura de este artículo del medio costarricense Ojo al clima, titulado "Acuerdo de Escazú entró en vigor sin el país que le dió el nombre", del 26 de abril del 2021, permite conocer los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos en relación con su contenido. En este muy completo reportaje cuya lectura se recomienda, se lee que: La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos”, continuó la exviceministra.“Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricence de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto", añadió Madrigal."


Nota 4: Sobre el particular remitimos a la sección "Las extrañezas del Poder Judicial costarricense ante el Acuerdo de Escazú" en nuestro artículo BOEGLIN N., "Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita con los demás a ... ¿mirar?" Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022, disponible aquí.


Nota 5: En el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 (véase texto completo), en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda  señala que: "Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creaciónla variacn sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone".


Nota 6: Sobre tan desconcertante e indecorosa conclusión del juez constitucional costarricense que se lee en el párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo), resulta oportuno señalar que fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de  la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no amerita ninguna reflexión particular. Sobre este peligrosa regresión del juez constitucional costarricense, véase breve nota nuestra al respecto. De manera a no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense en el mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores  al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa de manera muy clara que: «231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante». En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión". En un reciente estudio del jurista Álvaro Sagot Rodríguez sobre las repetitivas regresiones ambientales del juez constitucional costarricense, el autor cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee textualmente que:  «En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (p. 30 del precitado estudio).


Nota 7:  Véase texto completo de la sentencia 11545-2016  en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia  para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar  una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico«. Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta altamente cuestionable que la Sala considere que se trate de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».


Nota 8: El ahora diplomático Guillermo Botero, con rango de embajador de Colombia en Chile, fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y las organizaciones sociales negociaron con el Poder Ejecutivo colombiano las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña de desinformación en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación, orquestada por cúpulas empresariales colombianas y sectores políticos afines empecinados en presentarlo como un verdadera freno al desarollo: se trata de sectores reacios a que se proteja la vida y la integridad física de líderes comunitarios, campesinos, indígenas y ecologistas que defienden el ambiente en Colombia.



domingo, 1 de mayo de 2022

First COP (Conference of States Parties) of the Escazú Agreement (2018)


"On March 8, 1995, the Court “annulled the warrant of arrest issued”.Even though this decision was groundless, the prosecutor in charge of the investigation at that time stated in a subsequent statement (infra para. 63) that Juan Francisco López-Mejía confessed to have been coerced into rendering an incriminating statement; therefore, the arrest was declared without Merits. On March 23, 1995, the last of the 27 witness testimonies mentioned above was received from an Army Coronel, Mr. Amaya.One year later, on March 10, 1996, the Tela Bureau of Criminal Investigations filed a report on the case whereby it stated that “in the investigations of the instant case, various important interests will be affected and, in any case, the investigation officers assigned to the case are in serious danger.”", Extracts (paragraphs 57-58), Inter-american Court of Human Rights´s decision, Kawas Fernandez against Honduras, 2009, the first case related to the assassination of an environmental defender in the inter-american system, Blanca Jeannette Kawas Fernandez assassinated on February 6, 1995


"En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar", Rodrigo Tot, leader Q’eqchi from Agua Caliente in Guatemala, interview to El País (Spain), article published on February 10, 2022



First COP (Conference of States Parties) of the Escazú Agreement (2018) 


Nicolas Boeglin, Professor of Public International Law, Law Faculty, Universidad de Costa Rica (UCR)


On April 20-22, 2022,  the first meeting of States Parties to the Escazú Agreement (or "COP1" for "Conference of Parties 1") was held in Santiago, Chile (see details here and some pictures here).

The Escazú Agreement (see full text in English, French and Spanish) was adopted in Costa Rica in 2018, after a long negotiation process. 

Its official name is "Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean" (see final the Acta Final of the ninth round of negotiations, held in March 2018 Costa Rica). 


A Bureau that completed its task in Chile

This last document specifies that the Bureau of the Negotiating Committee will remain integrated until the first COP: this Bureau is composed of Chile and Costa Rica, as co-chairs, as well as Argentina, Mexico, Peru, Saint Vincent and the Grenadines and Trinidad and Tobago. 

Adopted in March, and as co-chairs of the negotiations process, both Chile and Costa Rica celebrated the International Environment Day in June 2018, and stated in a joint Declaration (see full text) that:

"Both co-chairs invite all thirty-three governments in the region to sign this important treaty and contribute to a more comprehensive protection of the environment and the strengthening of human rights through its implementation. Likewise, they reiterate that the Escazú Agreement inaugurates, from the particularities of Latin America and the Caribbean, a new standard for the construction and consolidation of environmental democracy. Costa Rica and Chile firmly believe that the early entry into force of the Escazú Agreement will be an unequivocal sign of our region's vocation to make progress towards meeting the Sustainable Development Objectives of Agenda 2030 and represents an important contribution to multilateralism".

A Bureau co-chaired by two States that four years after its adoption still have not ratified the Escazú Agreement and one of them signed it only last March 18? This is unfortunately the spectacle - somewhat peculiar - offered to the region and the world by Chile and Costa Rica. On Caribbean side, it must be added that Trinidad and Tobago has not (still) signed the text.

This regional instrument extremely innovative from different perspectives (Note 1) has been signed to date by 24 Latin American and Caribbean States, of the 33 belonging to the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC): of these 24 States that have signed it, 12 have already ratified it, the last ones to do so being Argentina and Mexico (January 2021). Chile recently (March 2022) began its accession process to this regional treaty; Costa Rica continues to raise very valid questions (Note 2). To be clear, of the aforementioned Bureau, only Argentina, Mexico and Saint Vincent and the Grenadines are States Parties to the Escazú Agreement.

To complete the picture of signatures, ratifications or future accessions, the following States are absent among signatories of this regional treaty: Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad and Tobago as well as Venezuela.

This meeting in the Chilean capital, attended by the 12 States that are already Parties to the Escazú Agreement (see official status of signatures and ratifications), coincided with the celebrations of International Mother Earth Day (April 22) and was accompanied by a list of side events (see official list) organised by academia and civil society that were extremely varied and very diverse: in a way, the Chilean capital was dressed in green and hope, and this after many years. 


Photo of Berta Cáceres Flores, Honduran Lenca leader, assassinated on March 3, 2016, extracted from a GAIPE ("Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas"): an international investigation group formed to clarify her assassination and in particular the political-corporate plot responsible for her death, which the Honduran State itself initially tried to cover up and disguise (see in this regard the report entitled "Represa de Violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres").


A celebration for very diverse entities

As it is known, the Escazú Agreement was adopted in Costa Rica on March 4, 2018, the date of March 4 being chosen as a region-wide tribute to the birthday of Berta Cáceres, Honduran Lenca leader, assassinated in 2016 (see Amnesty International press release published -in Spanish - in March 2022 on the commemoration of 6 years since her assassination and - in English- in March 2021, on the commemoration of 5 years). 

In the framework of the celebrations observed in Chile on April 20-22, 2022, the "Legislators for the Environment" circulated a strong call to their colleagues in Latin America who have not yet managed to approve this innovative regional instrument, among many initiatives of very diverse nature including those of several NGOs and regional organisations of indigenous communities (see official list of documents that circulated in the section "Insumos del público / Inputs from the public").

The official delegations of Costa Rica and Chile, as well as those of Brasil, Colombia and Peru, participated in the meeting as observer States, invited to attend the event: concerning the participation of Colombia, through its ambassador in Santiago de Chile  - a very well known person for activists and street protesters in Colombia as well as relatives of those killed and injured in protests in Colombia in 2019 and for Colombian NGOs in favour of Escazú (Note 3)- we refer our esteemed readers to this interesting note published in the Colombian press (El Tiempo, edition of 04/23/2022). Days after this note was published, the European Union (EU) Commissioner for the Environment in person, during his visit to Colombia, indicated (see note in El Espectador of 04/28/2022) that:

"On a continental scale, I believe that the Escazú Agreement is a great step forward for Latin America and the Caribbean in the area of environmental and human rights policies. We will lend our full support to projects that facilitate its implementation. And we certainly hope that the Colombian Congress will ratify it as soon as possible"  / Free translation by the author of "A escala continental, creo que el Acuerdo de Escazú es un gran paso adelante para América Latina y el Caribe en el ámbito de las políticas medioambientales y de derechos humanos. Prestaremos todo nuestro apoyo a los proyectos que faciliten su aplicación. Y por cierto, esperamos que el Congreso colombiano lo ratifique lo antes posible".

It is quite feasible that, if the outrageous level of violence against physical integrity and lives of community leaders, peasants, environmentalists and indigenous people who raise their voices in some Latin American States (starting with Colombia) continues, the EU will have to consider the idea of conditioning some of its actions in the Americas with the degree of compliance with the Escazú Agreement. It is not yet known what effect on EU's policy could have the fact that main corporative chambers of some tropical products an fruits oppose a regional treaty that seeks to protect the rights of those who defend the environment. 

It should be recalled that the 2018 Escazú Agreement follows closely in its content and internal structure the Aarhus Convention, adopted for Europe in 1998 (and which never drove away foreign investment or caused negative effects on European economies), with three main pillars: the first pillar of Aarhus establishes a set of rules and requirements for State´s authorities concerning the disclosure of environmental information; the second pillar seeks to establish a legal framework for citizen participation in environmental decision-making; and a final pillar deals with the right of individuals or groups to have recourse to an effective justice on environmental issues, particularly when non-compliance with the legal obligations set out in the first and second pillars is observed (Note 4).

As a point of detail on Colombia, a few days after the conclusion of this first COP, in Colombia a first move was registered in its Senate, regarding the approval of the Escazú Agreement (see note of ElEspectador of 04/26/2022). The coincidence of this decision with the presence of the high emissary of the EU may remind some of the fact that during the COP26 in Glasgow, the President of Colombia "submitted" urgently the Escazú Agreement to the Congress as a matter of priority, to then ignore its fate (see press release of ElTiempo, edition of 11/1/2021).


Environmental defenders in the spotlight

This very first formal meeting of the Escazú Agreement reaffirmed the importance of provisions that seek to protect environmental defenders in Latin America and the Caribbean: as it has been written and publicised since its adoption, the Escazú Agreement is a pioneer in the world, being the first international instrument in the entire history of international human rights law containing a provision (Article 9) that seeks to protect environmental defenders. This specific provision is due to a joint initiative of Chile, Costa Rica, Panama, Paraguay and Peru, which shaped what became Article 9 of the Escazú Agreement adopted in 2018 (see the official note - in Spanish-  presented by this group of States to the other delegations during the negotiation process): a provision that is fully in line with the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights (Note 5).

Very recently, on United States´s State Department DRL website publication (see it here) , it has been written that:

"In 2020, Global Witness and its partners documented 227 murders of land and environmental defenders around the world, making it the deadliest year on record for advocates seeking justice in environment matters. Nearly three quarters of these killings (165) took place in Latin America, with Colombia, Mexico, Brazil, and countries in Central America accounting for most of them. Available data also reveals the disproportionate number of attacks targeting indigenous peoples who often live in remote locations and have limited access to resources to seek justice and redress.  Additionally, women environmental defenders face intersecting and reinforcing forms of discrimination and violence rooted in misogynist gender norms and socioeconomic and political marginalization, which create additional barriers to participation in decisions impacting their communities".

At the meeting in Santiago, Chile, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Inter-American Commission on Human Rights jointly reiterated the urgent need to protect environmental defenders and to implement the Escazú Agreement without further preludes (see joint communiqué, in English and in Spanish, poorly publicised in the press), stating that:

"It is worth stressing that the Escazú Agreement is a powerful instrument to prevent conflict by improving access to participation, information, and justice on environmental issues. The Escazú Agreement is a milestone, because it stresses protection for defenders and their role: its spirit reminds us that, to protect the environment, we need to start by protecting the people who defend it".

The head of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights stated at the closing ceremony of the meeting that: 

"The Escazú Agreement is undoubtedly a milestone because the protagonists are the defenders. We could summarise the spirit of Escazú by saying that if we want to defend the environment we must begin by protecting those who defend it. However, according to data from our office, three out of every four murders of people who defend the Earth and the environment currently occur in Latin America and the Caribbean" / Free translation of the author of "El Acuerdo de Escazú es sin duda un hito porque los protagonistas son las personas defensoras. Podríamos resumir el espíritu de Escazú diciendo que si queremos defender el ambiente debemos iniciar por proteger a quienes lo defienden. Sin embargo, según datos de nuestra oficina, tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de la Tierra y el medioambiente ocurren actualmente en América Latina y el Caribe" (see ECLAC final communiqué in Spanish).

The protection of environmental defenders was also the subject of a draft decision (see full text of the Conference of the Parties, which reads - resolution point 4) that: 

"4. Invites the Parties and all countries of the region to increase their efforts to develop and strengthen all necessary measures at the national level to guarantee the rights of human rights defenders in environmental matters " Free translation translation of the author of "4. Invita a las Partes y a todos los países de la región a incrementar sus esfuerzos para desarrollar y reforzar todas las medidas necesarias a nivel nacional, para garantizar los derechos de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales."

This invitation is already made, and not only to the States Parties, but also to the other States that are not yet Parties. From this perspective, it is worth noting the adoption in Peru a year ago, on April 22, 2021, of Supreme Decree 004-2021 (see full text) of the Ministry of Justice, establishing a mechanism for the protection of human rights defenders, including environmental defenders (see also this press release published in Actualidad Ambiental): this is a very first initiative of a State that is not yet a State Party (Peru has signed the agreement, but its approval in Congress has been shelved due to pressure from various corporative sectors, including military), and which has already established a public policy in line with the objectives of Escazú. This kind of initiative deserves to be strengthened and replicated in various parts of the American continent.

It is also worth mentioning that a State that is a Party to the Escazú Agreement, such as Nicaragua, has registered a series of murders of Mayagnas community and indigenous leaders (see article in La Vanguardia of 19/03/2022, this FIDH report of 2021 and this extremely complete report of December 2021 of the digital media Divergentes entitled "Journey to the hell of the Mayagnas. "Here a pig is worth more than one of us!" ") without knowing of a single State initiative to stop and investigate these assassinations. 

The other called "draft decisions" of this first COP on procedural and financial matters are all available at this official ECLAC link (see documents in English and in Spanish). It was also agreed that the second COP will be held again in 2024 in Chile, with an intermediate meeting to be held in Argentina in 2023, reaffirming Chile its undisputed leadership in Latin America on environmental and human rights issues.


Some interesting details about the States Parties

The Conference of the Parties (or "COP") brought together official delegations from the following States: Antigua and Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Mexico, Nicaragua, Panama, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, St. Lucia and Uruguay, the latter being the State that presided over this first COP. 

In this interview conducted by the media Diálogo Chino (and published in the edition of 27/04/022), the first impressions of the Uruguayan diplomat who served as President of this first COP of the Escazú Agreement can be read.

It should be noted that some States Parties began with a rather surprising proposal: Bolivian NGOs had to make their authorities reconsider their proposal for limiting the participation of civil society in the framework of this summit. Something totally unacceptable and finally rejected by all other States Parties (see the communiqué reproduced in this note from the Peruvian digital media Servindi).

For the moment, the COP of Escazú Agreement  didn´t not include the formal participation as States Parties of the two States that promoted it during the previous phase of the negotiation that culminated in March 2018 with the adoption of the final text of the treaty: Chile and Costa Rica. An absence that we already had the opportunity to analyse (Note 6) and that deserves an update.


The case of Chile: a coming rectification very soon

As it must be recalled, on March 18, the new President of Chile signed the Escazú Agreement, thus launching the campaign for Chile's prompt approval and ratification of the Escazú Agreement. In his official statement (see full text in English), we read that:

"this agreement represents a milestone on the road to a new relationship between the State and its inhabitants in environmental matters, and it requires a commitment from everyone. We are faced with the challenge of building a new model for development that will allow us to live in a healthy environment, develop in a more sustainable way, conserve our biodiversity, stop land degradation, adapt to climate change, and build a country in which our children can grow up safe and happy".

In a very emotional ceremony, the highest Chilean authority also stated (see this CNN Chile report) that "We have taken longer than we should have", thus allowing Chile to amend an astonishing reading error of his predecessor in office, who stubbornly presented indefensible and unsustainable "arguments" for not signing this important regional international instrument. As of this date, the two chambers of the Chilean Legislative branch are both dedicated to the early approval of this instrument (see this article of El Desconcierto, edition of 18/03/2022), so that Chile may rectify as soon as possible the total incoherence of the previous administration. 

This wonderful ceremony at the Palacio de la Moneda in Santiago allowed to close the sad parenthesis for human rights and the environment that meant for Chile the period (2018-2022), and to open a new stage that reaffirms its undisputed leadership in the region in environmental and human rights matters.

As a point of detail remaining to be clarified in Chile, the following episode deserve to be mentioned: in the face of strong criticism from the social and academic sector in Chile against the alleged "reasons" put forward (in a light and evasive manner) by its authorities since 2018 for not signing the Escazú Agreement, in September 2020  a "documento" (see full text) without signature, nor indication of the departments from which it originates, nor consecutive number, nor other details that any good public administration includes in any of its offices, was disclosed by the Chilean authorities, reaffirming their "reasons" justifying, according to them, the non signature by Chile of Escazú Agreement. Instead of the signature, in the final part of the "documento", our readers will notice that it simply says "Ministerio del Medioambiente - Ministerio de Relaciones Exteriores" (Ministry of the Environment - Ministry of Foreign Affairs). Who drafted it? Who devised and ordered such originality to present untenable arguments to public opinion? It is all a mystery to date in Chile.


The case of Costa Rica: a sky full of storm clouds

With regard to the other State that co-led with Chile the negotiations of the Escazú Agreement for long 5 years, 7 months and 7 days, Costa Rica, the situation is quite different: to an Executive Branch that is not very consistant and committed to the Escazú Agreement, and to a Judicial Branch stubborn in unnecessarily complicating its approval, we must add a Legislative Branch in which its current congressmen (who began work in May 2018 until next May 2022) have been pressured by the Costa Rican business chambers, who since 2020 have opposed the Escazú Agreement head-on based on so-called "arguments" (Note 7). 

Concerning the Judicial Branch, to date, neither in the 12 States that have already ratified the Escazu Agreement, nor in Peru (see official document), nor in Chile has a Judicial Branch "discover" an argument as strange as the one found by the Costa Rican Judicial Branch: according to its "Corte Plena" (Supreme Court session with all the judges of the different Chambers sitting), and then according to 6 judges out of 7 that make up the Constitutional Chamber (see decision 06134-2020 and in particular the dissenting vote of Judge Paul Rueda), paragraph 5 of Article 8 of Escazú Agreement would oblige the Judicial Branch to have additional economic resources to those it has for its implementation.The other human rights treaties that contain a very similar provision have never been the subject of such a "discovery" by the Judiciary when examined in Costa Rica: an explanation and clarification from the Corte Plena would be more than welcomed.

Recently (February 25, 2022) the National Chamber of Pineapple Producers and Exporters (CANAPEP), the National Banana Corporation (CORBANA) and six other national chambers, several of them linked to the Costa Rican agro-export sector, reiterated to the deputies their firm opposition to the Escazú Agreement (see full text of the letter) stating that:

"said Agreement contains unconstitutional flaws, inaccuracies and substantive errors that are highly risky for the stability of the productive sector" and concluding their letter by requesting that "the rejection of project 21. 245, due to the risks it represents for the competitiveness of the private sector and for being highly inopportune for the country" (free translation of the author of  "dicho Acuerdo contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector productivo"  and " se proceda con el rechazo del proyecto 21.245, ante los riesgos que representa para la competitividad del sector privado y por resultar altamente inoportuno para el país".

In this regard, it should be noted that several attempts to publicly discuss these alleged "arguments" (in April 2021 with a public debate sponsored by the Costa Rican digital media Delfino.cr, in May 2021 with a debate organized by the UCR, and in June 2021 a forum organized by the College of Biologists of Costa Rica) with academics and specialists in environmental matters have failed. It seems that sending communiqués to congressmen against the Escazú Agreement and constantly avoiding public debate on its supposed "arguments" seems to be the trend of some sectors in Costa Rica. However, some Costa Rican jurists have devoted themselves to decipher and explain the scope of these true "myths" and what they call "fallacies" on Escazú that have circulated in some corporative sectors (Note 8).

Taking into consideration the US State Department´s programme before mentioned, its programme officers could also include a very specific training programme to explain the importance of Escazú Agreement to political and economical circles usually very close to US embassies in Latin America: this kind of initiative would also help the region to better protect its environmental defenders. In Costa Rica, the Costa Rican - American Chamber of Commerce (AMCHAM) has also opposed the Escazú Agreement approval by Congress (see this press note of La República of April 24, 2021).

A documentary of the University of Costa Rica (UCR) from 2021 entitled "UCCAEP and the Escazú Agreement /UCCAEP y el Acuerdo de Escazú" portrays quite comprehensively the position of these chambers and some of their political cards (see video availabe in You Tube); this video was completed by another on environmental defenders entitled "The Escazú Agreement and environmental defenders / El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente" which is also recommended (see video) and which includes an interview with an indigenous leader assassinated in February 2020 in Costa Rica and a leader who has been denouncing the senseless expansion of pineapple in the Guácimo region for many years.  In 2019, a very complete report published in the Costa Rican media Delfino.cr, whose reading is recommended, evidenced the scope of the negative effects of pineapple in Costa Rica (about which the authorities and several press media conveniently omit to refer). For some reasons that are not very clear to us, these two videos that were produced in August 2021 from the Vicerrectoría de Acción Social (VAS) of the UCR - and which include an interview with the Rector himself - are still waiting (still) to be disseminated by the institutional networks of the UCR. 

As for the electoral result in Costa Rica last April 2022, it indicates that the possibilities of seeing the Escazú Agreement approved soon have been fading away. In recent days, a very complete article published in the digital media Divergentes (edition of 04/19/2022) on Costa Rica and the Escazú Agreement (whose reading we recommend) showed the great debt that Costa Rica has accumulated in relation to another sector, whose legitimate claims were totally ignored by both contenders during the second electoral round: the Costa Rican indigenous communities. 

On March 4, the date on which the Escazú Agreement celebrated its fourth anniversary amidst a notorious silence in Costa Rica, both in the media and in others sectors, we indicated (see our note) that Costa Rica was still in time to reconsider the fact that it is not a State Party to the Escazú Agreement.


Demonstration against the Ministry of Health, August 21, 2008, with the presence of the Minister of Health, Maria Luisa Avila, on the attempt - somewhat original - of the health authorities to legalize the bromacil in drinking water (it is not a joke, just as you read - see article - to legalize bromacil in drinking water) of several communities affected by the senseless expansion of MD2 (or "Sweet Gold") pineapple in the region of Siquirres. In 2011, health authorities shunned a public debate at the same UCR (see note). In 2017, Executive Decree 40423 (see full text) finally banned the use of bromacil in Costa Rica. Photo belonging to the author's archives.

A few days after, an important event (see final press release) took place in Costa Rica, held by ECLAC itself  on March 8, 2022 on the Escazú Agreement: CABEI, IDB, EIB, World Bank and OECD were associated for this occasion in order to explain the scope of the Escazú Agreement to the delegates from Latin America and the Caribbean present at the meeting, including representatives of Costa Rican business chambers (see link with invitation and detailed program). For some reason that, from our point of view, should be explained and made known - or at least investigated -, both the ECLAC press release (see full text) and the official communiqué of the Costa Rican Ministry of Foreign Affairs (see full text) on this important meeting went totally unnoticed in the Costa Rican media.


On silences and questions thrown into the air without answers in Costa Rica

Beyond the silences that sometimes seem to be achieved in the Costa Rican media spectrum, recently, from the Costa Rican digital media Delfino.cr, we asked some very simple questions to various Costa Rican business chambers and their political tokens (see our article): questions that, to date, have not received answers. It seems that discussion and debate are not the way to be used for some people in Costa Rica. We have recently asked them again in the very same Costa Rican media (Note 9).

What is noteworthy is that we are not aware of any business chamber that has publicly denied or modulated the assertions against the Escazú Agreement made by several of its influential counterparts: it would seem that we are facing something more than a simple trend, and that would (also) deserve to be investigated. It is also worth noting that the Costa Rican authorities in charge of foreign trade and the economy - as well as of environment - have felt no special need since 2018 to publicly take their distance with these assertions, particularly regarding the alleged negative effects on foreign investment that the approval of the Escazú Agreement would have.

In an article published last March 18 in Costa Rica (see article of Semanario Universidad), date on which is also commemorated, in Costa Rica, the death of Sergio Rojas, an indigenous leader murdered in Salitre on March 18, 2019 (see article published also in Semanario Universidad), we pointed out that:

"For those who, in Costa Rica, but also in Colombia, in El Salvador, in Honduras, in Paraguay and in Peru continue to doubt the Escazú Agreement, they will be able to observe that as of tomorrow, foreign investment will not flee Chile, nor will legal insecurity be created, nor will the reversal of the burden of proof in environmental matters invade Chilean criminal law, calling into question the principle of innocence and the rule of law. None of what the business chambers foresee will happen if Costa Rica ratifies the Escazú Agreement was observed in any of the 12 States that have already ratified the Escazú Agreement: neither in Argentina, nor in Bolivia, nor in Ecuador, nor in Mexico, and much less in Panama " (free translation of the author of "Para quienes, en Costa Rica, pero también en Colombia, en El Salvador, en Honduras, en Paraguay y en Perú siguen dudando del Acuerdo de Escazú, podrán observar que a partir de mañana no sale huyendo de Chile la inversión extranjera, ni se crea inseguridad jurídica, ni la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental  invade el derecho penal chileno poniendo en entredicho el principio de inocencia y el Estado e Derecho. Nada de esto que prevén las cámaras empresariales que va a ocurrir si Costa Rica ratifica el Acuerdo de Escazú se observó en ninguno de los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú: ni en Argentina, ni en Bolivia, como tampoco en Ecuador, ni tampoco en México, y mucho menos en Panamá".


First effects of the COP ?

As said before, just a few days after the conclusion of this first COP, a first advance was apparently registered in Colombia's Senate, in relation to the approval of the Escazú Agreement (see note from ElEspectador of 04/26/2022). Is it a real direct effect of  Escazú s first COP, or a simple political move due to the presence of the higher ranked EU official on environmental issues in these days in Colombia?

In Costa Rica, no initiative has been observed in Costa Rica by its outgoing legislators (at office until April 30, 2022) in relation to the Escazú Agreement. The newly elected environmental authorities, whose designation has provoked strong reservations in the environmental sector (see note from Semanario Universidad of 04/22/2022) are apparently already straining (unnecessarily) relations with several environmental groups due to some of their statements (see note from Surcos Digital of 04/26/2022). Regarding news from international agencies, this cable from the Spanish agency EFE illustrates from its very title the total inconsistency that Costa Rica exhibits before the rest of the international community.

More generally speaking, in relation to Costa Rica but also to the other States in Central America (Guatemala, El Salvador and Honduras), in South America (Brazil, Colombia, Paraguay, Peru and Venezuela) and in the Caribbean (Bahamas, Barbados, Cuba, Haiti,  Dominican Republic as well as Trinidad and Tobago) that still maintain their distance from the Escazú Agreement, despite observing in some of them how leaders of small peasant or indigenous communities who raise their voices are intimidated and physically eliminated, we make our own the reflections of a valuable article written by two Chilean jurists entitled "The need for an environmental democracy in Latin America: The Escazú Agreement La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú " in which they point out, with a meridian clarity that can leave no one indifferent, that:

"It has been rightly emphasized that the Escazú Agreement is both an environmental instrument and a human rights treaty. Thanks to this double dimension, the commitments that the States have assumed in favor of sustainable development -as well as those derived from international human rights law- are reinforced thanks to new standards that aspire to greater prosperity, dignity and sustainability. Undoubtedly, in the most unequal region in the world and the one with the greatest attacks on human rights defenders in environmental matters, the Escazú Agreement enjoys even greater justification"   Free translation of the author of "Con justa razón se ha destacado que el Acuerdo de Escazú es tanto un instrumento ambiental como un tratado de derechos humanos. Gracias a esta doble dimensión, los compromisos que los Estados han asumido en favor de un desarrollo sostenible —así como aquellos derivados del derecho internacional de los derechos humanos— se ven reforzados gracias a nuevos estándares que aspiran a una mayor prosperidad, dignidad y sostenibilidad. Sin duda, en la región más desigual del mundo y de mayores ataques a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú goza aún de una mayor justificación" (Note 10).


By way of conclusion

It is very likely that the absence of Chile and Costa Rica among the States Parties to the Escazú Agreement has influenced decision makers of other latitudes in the region, by offering its main detractors a new argument, unexpected for many.  A lack of political vision in both States, whose effects transcend the borders of their respective territories, leaving in a situation of total defenselessness many environmental defenders who live a much harsher and critical reality than the one that environmental defenders face in Costa Rica and Chile.

However, in this 2022, Chile seems to be on the verge of correcting this error. We would not like to conclude these brief lines without expressing to the Chilean jurist Constance Nalegach, with whom we had the privilege of sharing several spaces and forums, in particular a recent interview on university television (see video available on You Tube), our deep admiration for her tireless work and unwavering commitment in favour of a true environmental democracy in Latin America and the Caribbean. 

The Escazú Agreement and all environmental defenders in Latin America owe much to this great Chilean figure. We wish her every success in his new functions in the administration of President Gabriel Boric, whose emotional and committed speech at this first COP (see text) did not go unnoticed: we are sure that Chile will be the next State to approve this innovative regional treaty. 

On May 3, 2022 (see Swissinfo note of an EFE ´s cable ), the first step was taken in this direction in Chile. On the other hand, this May 4, from Germany (see note of DW) it was reported what it has been heard in Costa Rica, which, as expected, goes exactly in the opposite direction. 


- -Notes - -

Note 1: On Escazú Agreement, we refer to these two extremely comprehensive publications from Colombian and Argentinian universities: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L, TORRES V. (editors)El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, CEPAL /Universidad del Rosario de Colombia, 2021 (298 pages), full text available here;  and NAPOLI A., PRIEUR M., SOZZO G. (editors), Acuerdo de Escazú : hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Universidad del Litoral (Argentina), Colección Ciencia y Tecnología, 2020, 330 pages, full text available here. For recent articles on Escazú in English,  see CIESIELCZUK J. & LOPEZ PORRAS G. "Public Participation and the Escazú Agreement: Implementation Challenges for Vulnerable Groups Amid a Global Pandemic", IUCN eJournal, April 2021, pp 12-33, available here and PÁNOVICS A., "The Escazú Agreement and the Protection of Environmental Human Rights Defenders", Pécs Journal of International and European Law, 2021, pp.23-34, available here.  A bibliography on Escazú Agreement (thesis and academic articles) prepared by GNHRE (at the date of October 2021) is also available here.


Note 2: See BOEGLIN N., "¿Escazú sin Costa Rica? Así como lo oye, por más extraño suene", Universidad de Costa Rica (UCR) s´website, Section "Voz Experta", edition of May 8, 2021, available here.


Note 3: The now diplomat Guillermo Botero was Defense Minister in Colombia in 2019, an extremely tense period. After his resignation as Minister (November 2019), NGOs and social movements negotiated with Colombian authorities the conditions to put an end to massive streets protests at national level,  and obtained, among others, from the Colombian Executive Branch, the signature of Escazú Agreement (December 2019). Since then, a strong campaign against the Escazú Agreement has slowed down its approval. Among many efforts to counter it from civil society, LaPulla's talented team of Colombian communicators produced a very complete video of 15 minutes in which the various political maneuvers of Colombian political and economic sectors opposed to the Escazú Agreement are extreely well identified and explained, entitled "The new trap that congressmen want to set for us / La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas" (available here).


Note 4: On the relations between  Aarhus (1998) and Escazú (2018), see JIMENEZ GUANIPA H., "El Acuerdo de Escazú y el Convenio de Aaarhus  en el marco de la democracia ambiental", Ideas Verdes, Heinrich Böll Stiftung /Colombia, December 2020, text available here. On the possible interaction between Aarhus and Escazú before the adoption of the definitive text in 2018, see DELZANGLES H. "L’accès à la justice dans le projet de convention sur l’information, la participation et l’accès à la justice en Amérique du sud et aux Caraïbes : analyse comparée avec l’article 9 de la Convention d’Aarhus", in BETAILLE J. (directeur), Le droit  d´accès a la justice en matière d´environnement", Toulouse, Presses de l´Université de Toulouse Capitole, 2018, pp.79-90, full text available here.


Note 5: See for exemple, among other decisions, the Inter-american Court of Human Rights indicating in 2013 that :"123. The Court recalls that there is an undeniable link between the protection of the environment and the protection of other human rights and that the “recognition of work undertaken in defense of the environment and its relationship to human rights is even greater in the countries of the region, where a growing number of threats, acts of violence and murders of environmentalists have been denounced.” In this regard, the Court considers that States have the obligation to adopt all necessary and reasonable measures to guarantee the right to life of those persons who find themselves in situations of special vulnerability, particularly as a consequence of their work, whenever the State is “aware of a situation of real and imminent danger for a specific individual or a group of individuals and has reasonable possibilities of preventing or avoiding that danger.” Furthermore, States should provide the necessary means for persons who are defenders of human rights, or who perform a public function, so that when they encounter threats or situations of risk or report violations of human rights, they can “freely carry out their activities; protect them when they receive threats so as to prevent attacks on their lives and integrity; create the conditions to eradicate violations by State agents or other individuals; refrain from hindering their work and seriously and effectively investigating violations committed against them, combating impunity" (see decision of Inter-american Courth of Human Rights on "Carlos Luna Lopez vs Honduras", 2013, paragraph 123). See also Advisory Opinion OC-23 of 2018 of the inter-american judge of San José (see full text and particularly paragraphs 211-241).  


Note 6: See BOEGLIN N."Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita como los demás a ... ¿mirar?UCR´s website, Section "Voz Experta", edition of March 4, 2022, available here


Note 7: See BOEGLIN N., "El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación", Delfino.cr, edition of November 29, 2020, full text available here


Note 8: See in particular PEÑA  CHACÓN M., "Desmitificando el Acuerdo de Escazú", DerechoalDía, edition of November 28, 2020, available here;  as well as MADRIGAL CORDERO P. y GONZALEZ BALLAR R., "Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos", Collection of Papers "Perspectiva", Friedrich Ebert Stiftung, August 2021, available here. A very similar effort coming from academia and civil society took place in Peru in relation with identical so-called "arguments" (see the report SPDA, "Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales", available here) as well as in Colombia (see the publication entitled "Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú" available here). An interesting exercise on the balance of information would consist, in the case of the Costa Rican press, as well as in the case of the Colombian and Peruvian press, in analysing the number of references in the main media to these efforts, to be contrasted with the number of references reproducing the so-called "arguments" against Escazú disseminated by corporate sectors. 


Note 9: See BOEGLIN N., "Acuerdo de Escazú: primera COP1 (sin Costa Rica)", Delfino.cr, edition of April 20, 2022, available here


Nota 10: See  ASTROZA P. & NALEGACH C., "La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú", Fundación Carolina, Serie "Documentos de Trabajo", Number 40, 2020, p. 28. Full text available here. 


Final note: A Spanish version of this text is avaible here. Nota final: una versión en español de este mismo texto está disponible aquí.