El relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indigenas, James Anaya, durante su visita a Costa Rica
Las actuaciones del Instituto Costarricence de Eletricidad (ICE) en los territorios indígenas que serán afectados por el Proyecto Hidroelectrico Diquis (un megaproyecto d eunos 2.000. millones de US$), y la falta de consulta previa a las organizaciones indígenas, dieron lugar a la visita en Costa Rica de James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Su visita a Costa Rica se efectuó entre el 24 y el 27 de abril del 2011. Constituyó la primera visita a Costa Rica de este Relator, la cual fue precedida en el 2009, por la de otra experta de las Naciones Unidas, Catarina Albuquerque, Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Agua, y Saneamiento (visita realizada en marzo del 2009): esta última también dedicó parte de su informe a la situación de las poblaciones indígenas de Costa Rica en relación al recurso hídrico (ver su informe presentado en julio del 2009 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, párrafos 48, 70 y 84).
Es menester recordar que Costa Rica presentó en el 2006 el décimo informe oficial que debió presentarse en el 2004 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (ver página sobre funcionamiento del CERD).
En la actualidad, Costa Rica ha pospuesto ya por 2ª vez la presentación de un informe adicional. En el cruce de notas con este órgano de control encargado de velar por el debido cumplimiento de Costa Rica de las obligaciones que derivan de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Costa Rica se comprometió oficialmente ante el CERD a cumplir con una serie de requerimientos de información, los cuales debíán ser remitidos a más tardar el pasado 31 de julio del 2011 (ver carta del Presidente del CERD a las autoridades de Costa Rica con fecha del 11 de marzo del 2011)
En su informe presentado el 30 de mayo del 2011, el cual consta de 49 puntos desarrollados en 11 páginas, el Relator Especial, James Anaya, considera que "debería haberse iniciado un proceso de consulta sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los estudios técnicos, lo que hubiera permitido a las comunidades indígenas afectadas participar en las decisiones iniciales. Por el contrario, el diseño del proyecto se encuentra en un estado avanzado, y el Gobierno ha tomado varias decisiones comprometiéndose al estudio y la elaboración del proyecto, sin una consulta previa adecuada. Para el Relator Especial es claro que en esta situación, aunque el proyecto hidroeléctrico todavía no haya sido finalmente aprobado, la capacidad de los pueblos indígenas de ejercer su derecho a la libre-determinación y de sentar sus propios prioridades para el desarrollo ha sido menoscabada". Por otra parte, el Relator indica que "sería aconsejable que el ICE añada a ese gesto un claro compromiso de no reintroducir sus operaciones en territorios indígenas sin una consulta previa adecuada, así como que sean reconocidas las deficiencias del ICE en su comportamiento con los pueblos indígenas hasta el momento". Otra de las medidas que el Relator Especial considera necesaria en el informe elaborado a raíz de su visita a Costa Rica "sería la divulgación de los estudios de factibilidad del proyecto hidroeléctrico que fueron completados antes del inicio de la etapa actual de investigación sobre el proyecto todavía en curso"
Es de notar que esta visita, objeto de un inusual despliegue de notas de prensa de cierta importancia (ver el voluminoso dossier de prensa preparado por la misma oficina del Relator Especial, de 110 páginas) fue anunciada como resultado de una gestión de Gobierno (ver comunicado de prensa del 4 de abril del 2011) según el cual "El Gobierno ha solicitado al Relator Especial visitar el país en particular con el objeto de recibir su asesoría para procurar un abordaje más efectivo a los desafíos que tiene el país en materia de derechos indígenas". No obstante, las organizaciones indígenas reclamaron que su presencia en Costa Rica se debía a sus propias gestiones. En un comunicado titulado "Cancillería miente al pueblo de Costa Rica" (con fecha del 7 de abril del 2011), las organizaciones recordaron que fueron ellas quienes "solicitaron la intervención y visita del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas); mediante nota fechada el 20 de julio del 2010, la cual se titula "La situación del Pueblo Indígena Térraba de Costa Rica: Una solicitud urgente presentada al Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas", y que solicitaba acción inmediata en el marco del procedimiento de alerta temprana del CERD. Hecho que llama la atención, y poco usual en este tipo de visitas, resulta el hecho que al final de su visita a Costa Rica, James Anaya participara a un foro público organizado en un recinto universitario con presencia de directivos del ICE y de representantes de los pueblos indigenas, así como de antropólogos de la UCR.
Consecuencia (o ¿simple coincidencia de fechas?), cabe recordar el hecho que el ICE anunció su retiro de los territorios indígenas un día antes (26 de abril del 2011) de concluir la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas al territorio de Costa Rica.
Finalmente, es menester indicar que un proyecto de ley sobre autonomía de los pueblos indígenas (expediente 14.352) ya lleva 17 años en la Asamblea Legislativa, esperando ser aprobado. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD) fue enfático en exigir de manera urgente que Costa Rica adopte esta legislación (ver recomendaciones del CERD del 2007 en relación a Costa Rica, en partículas las recomendaciones 9 a 15 en relación a las poblaciones indígenas). En declaraciones públicas (que seguramente interesaron en su momento al equipo que acompañó al Relator Especial James Anaya), diputados refirieron en agosto del 2010 que el mismo Ministro del Ambiente, Teófilo de la Torre, solicito al actual Consejo de Gobierno no presentar ninguna iniciativa tendiente a la aprobación de este expediente legislativo, de manera a no entorpecer el Proyecto PH Diquis (artículo de La Nación, 15 de agosto del 2010).. Esta aseveración, entendible por parte de un directivo del ICE, pero sorprendente por parte de un Ministro de Estado, ameritaría una rectificación por parte de las autoridades, so pena de mantener a Costa Rica bajo el escrutinio internacional de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas en este delicado tema.
Nota; La "Clínica Ambiental" de la Universidad de la Florida (Estados Unidos) realizó un informe al respecto en julio del 2009, en relación a las obligaciones internacionales en materia ambiental. Recientemente, la "Clinica de Derechos Humanos" de la Universidad de Texas (Estados Unidos) reportó en su detallado informe (103 páginas) titulado "Nadando a Contracorriente: El Pueblo Teribe y el Proyecto Hidroelectrico El Diquis en Costa Rica" violación a los derechos de los pueblos indigenas (informe de julio del 2010, versión en inglés y en español) y más recientemente la Universidad de Dundee (Reino Unido) anticipa posible impacto a las comunidades indígenas (Ver informe de junio del 2011).
Adicionalmente, desde la perspectiva del derecho ambiental vigente en el ordenamiento jurídico costarricense, los "trabajos preliminares" realizados por el ICE parecieran rozar con la legalidad (articulo de Alvaro Sagot, LN, 13/07/2011), y sectores ecologistas catalogan desde ya esta represa como "represa Crucitas". A estas fuertes críticas, el ICE respondió recientemente defendiendo la "legalidad y transparencia" de sus acciones en relación a este polémico proyecto.