martes, 25 de junio de 2024

Infinito Gold vs. Costa Rica: empresa minera canadiense parece desistir a cambio de ... (?)


Infinito Gold vs. Costa Rica: empresa minera canadiense parece desistir a cambio de ... (?)


Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

 

Según información proporcionada por el sitio especializado sobre arbitraje de inversiones de CIARGlobal (véase nota), la empresa minera canadiense Infinito Gold pareciera estar desistiendo del caso en el trámite pendiente ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI) contra Costa Rica.  

El uso del condicional se debe al hecho que, al menos oficialmente, nada ha trascendido desde el CIADI, como tampoco ningún anuncio oficial por parte de las autoridades costarricenses de comercio exterior, a cargo de llevar a cabo la defensa de Costa Rica ante el CIADI, mediante la contratación de firmas de abogados especializadas norteamericanas (en este preciso caso se trata de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer).


Breve puesta en contexto

Como se recordará, el 4 de junio del 2021, el CIADI dio a conocer un laudo arbitral parcialmente favorable a Costa Rica (véase texto) en respuesta a la demanda presentada por la empresa minera canadiense Infinito Gold en febrero del 2014.  

En este artículo publicado por el Semanario Universidad de julio del 2021 (véase texto) en el que menciona la participación de ilutres juristas costarricenses que aparecen como testigos de la empresa minera se lee una inusual arremetida, raramente leída en un medio de prensa en Costa Rica: "Jurídicamente y lógicamente es una tontería; sencillamente es una estupidez". 

Este laudo fue objeto de una solicitud de anulación parcial por parte de la empresa minera canadiense en octubre del 2021, que tuvimos la ocasión de analizar en una nota anterior al constituirse la terna arbitral en los primeros días del año 2022: véase nuestra nota titulada "Infinito Gold vs. Costa Rica: conformación de un Comité del CIADI para examinar la solicitud de nulidad del laudo arbitral presentada por la empresa minera" del 18 de enero del 2022.



Manifestaciones contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica. Imagen extraída del artículo titulado "Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans" (Bilaterals.org., edición del 17 de abril del 2013).


De algunos detalles

Aún no se tiene por parte del CIADI confirmación oficial. Unicamente se precisa en los detalles procesales del caso disponible en su sitio oficial  (véase enlace) que el último epidodio procesal data del 14 de junio del 2024:

June 14, 2024

The parties file a request for the discontinuance of the proceeding pursuant to ICSID Arbitration Rules 53 and 43(1).


Si, tal como se indica, ambas partes (Infinito Gold y Costa Rica) - y no solamente una (Infinito Gold) - han solicitado que el caso sea objeto de algun tipo de suspensión o si la empresa ha decidido definitivamente desistir, ello debería ser confirmado en algun decisión oficial, que por el momento se desconoce. 

Al no contar la empresa Infinito Gold con oficinas en Costa Rica desde hace ya muchos años, no se tiene como solicitar alguna confirmación al respecto. Hace unos años, su ex CEO Erich Rauguth contestaba sus correos desde una cuenta corriente en gmail.com, y no se conoce de un sitio oficial de Infinito Gold en internet: detalles ciertamente menores, pero que dan una pequeña idea de los pocos recursos de una empresa que denominada Infinito Gold. Remitimos a nuestros estimables lectores al artículo "Op-ed: ‘Zombie’ Canadian mining company, Infinito Gold, stalks Costa Rica", publicado en el Tico Times por el activista canadiense Rick Arnold en mayo del 2015, que explica el carácter "Zombie" de Infinito Gold..

En Costa Rica, las autoridades no han hecho público ningun anuncio con respecto a este caso pendiente de resolución ante el CIADI. Se lee en esta nota del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) publicada el 25 de junio que:

"Consultado sobre la decisión de retirar el arbitraje, el ministro de comercio exterior, Manuel Tovar, ni la confirmó, ni la desmintió. “Informaremos a la opinión pública conforme se concreten eventos firmes en el proceso que espero sea pronto”, le dijo a Trece Noticias. Otra fuente cercana a la canadiense Infinito Gold, dijo que “la empresa no hará ningún comunicado".

En abril del 2024 se leyó de un "Plan Integral" en la zona de Las Crucitas con declaraciones del Presidente de Costa Rica que plantean algunas dudas (véase nota de CRHoy). Este 26 de junio en La República (Costa Rica), se leyó por parte de un lider ecologista de la Zona Norte costarricense que llevó la empresa minera a los tribunales de justicia en el 2010 (véase nota) que:

"¿Por qué el gobierno ha insistido tanto en que no se puede plantear nada en Crucitas hasta que se resuelva el arbitraje? ¿Tiene claro el gobierno que nada de lo que se resuelva en el laudo afectará el futuro de esa zona? Y lo más importante, ¿qué negoció el Gobierno? ¿A qué se está comprometiendo? ¿Hay uso de fondos públicos de por medio? ¿Consideraron las prohibiciones legales existentes y nuestra normativa ambiental? Por el talante de este gobierno podría uno esperar cualquier cosa”, dijo Araya".


El CIADI y sus imprecisiones

Es de notar que los artículo 53 y 43(1) que se citan en el sitio oficial del CIADI ... no son disposiciones que apliquen a la situación indicada, lo cual plantea interrogantes muy válidas (véase texto).

En efecto, si son ambas partes las que han solicitado que el asunto sea discontinuado, sería el artículo 55 el que encuentra aplicación y no las precitadas disposiciones 53 y 43(1):

"Regla 55 Avenencia y Descontinuación por Acuerdo de las Partes:

(1) Si las partes notificaran al Tribunal que han acordado descontinuar el procedimiento, el Tribunal emitirá una resolución que deje constancia de la descontinuación.  

(2) Si las partes acordaran avenirse respecto de la diferencia antes de que se dicte el laudo, el Tribunal: (a) deberá emitir una resolución que deje constancia de la descontinuación del procedimiento, si las partes así lo solicitaran; o (b) podrá incorporar la avenencia en la forma de un laudo, si las partes presentan el texto completo y firmado de su avenimiento y solicitan al Tribunal que incorpore dicho avenimiento en un laudo. 

(3) El Secretario General emitirá la resolución a la que se refieren los párrafos (1) y (2)(a) si aún no se ha constituido el Tribunal o si existe una vacante en el Tribunal".

Por alguna razón (que sería de sumo interés conocer), el CIADI en su página oficial remite a disposiciones que no son aplicables al presente caso (acuerdo de ambas partes), sino al caso del desistimiento por una de las partes. 

Claro está, el interés se mantiene también para conocer con exactitud los términos del "acuerdo" entre ambas partes, en particular lo que se obtuvo por parte de la empresa a cambio de desistir.



Algunas breves reflexiones  

La falta de transparencia del CIADI constituye una de las principales razones por las que muchos Estados mantienen sus distancias con el sistema de arbitraje de inversión que prevé, y se vuelve a confirmar en este preciso caso: a la fecha, se desconocen los términos de la solicitud de  anulación parcial del laudo del 4 de junio del 2021 presentada por la empresa minera canadiense en octubre del 2021, así como las piezas escritas conteniendo los alegatos de la empresa minera canadiense y de Costa Rica. El futuro nos dirá si los términos del "acuerdo" entre la empresa minera canadiense y Costa Rica serán dados a conocer con precisión a la opinión pública, ... o si parte del acuerdo consiste en que no sea público.

En los últimos decenios, el CIADI ha despertado muchas reservas en diversos círculos en América Latina pero también en otras latitudes, ante la falta de transparencia en sus procedimientos, el perfil de sus árbitros (muchas veces poco familiarizados con álgidos temas legales como la protección del ambiente, el derecho al agua y los derechos de las poblaciones indígenas, el derecho administrativo y constitucional), así como los montos millonarios y a veces desproporcionales a los que se ha condenado a Estados en algunos casos, por demandas claramente abusivas de un inversionista extranjero (Nota 1). No está de más indicar que cuando se creó el CIADI en 1965, la idea era permitir a un inversionista recuperar el monto de su inversión inicial objeto, por ejemplo, de un decreto de nacionalización, y no añadir a este monto otros adicionales correspondientes a las futuras ganancias proyectadas por el inversionista extranjero no percibidas (Nota 2). 

Tuvimos la ocasión de analizar la denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington que crea el CIADI en marzo del 2022, que viene a añadirse a las denuncias anteriores por parte de Bolivia, Ecuador y Venezuela: véase nuestra breve nota tiotulada "CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965". En América Latina Brasil, principal receptor de inversión extranjera, no ha tan siquiera firmado la Convención de Washington de 1965.

Al momento de redactar estas líneas (27 de junio del 2024), en América Latina se registran con mayor cantidad de demandas pendientes de resolver ante el CIADI, México (20 demandas pendientes de resolver), Perú (19 casos pendientes), Venezuela (16) así como Colombia y Honduras (10 casos pendientes). Siguen luego Panamá (8), Argentina (6), Costa Rica (3), Uruguay (2) al tiempo que Chile, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua solamente registran una demanda. Por su parte, en el caso de Bolivia y de Paraguay, ninguna demanda aparece pendiente de resolver.

Al nunca haber ratificado la Convención de Washington de 1965, ninguna acción se registra ante el CIADI con relación a dos Estados de América Latina que reciben flujos de inversión extranjera sin mayor necesidad de someterse al arbitraje de inversión previsto por el CIADI: Brasil y Cuba.



El arbitraje de inversiones, el ambiente y los derechos humanos: un reciente informe pasado desapercibido

En un reciente comunicado de prensa desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas del mes de octubre del 2023 (véase texto), se leyó que:

«Foreign investors use the dispute settlement process to seek exorbitant compensation from States that strengthen environmental protection, with the fossil fuel and mining industries already winning over $100 billion in awards,” the expert said. “Such cases create regulatory chill.

Al tratarse de un comunicado de prensa difundido desde la sede en Europa de Naciones Unidas que fue muy pocamente referenciado en medios de prensa internacionales, nos permitimos reproducir otra cita del mismo, no sin recomendar su lectura completa:

«As ISDS arbitration tribunals routinely prioritise foreign investment and corporate interests above environmental and human rights considerations, ISDS claims have devastating consequences for a wide range of human rights, exacerbating the disproportionate harms suffered by vulnerable and marginalised populations,” the expert said".

El informe integral del Relator de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está disponible en este enlace. En idioma español, su informe A/78/168 del 13 de julio del 2023 titulado «Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos» se puede consultar en este enlace

Sospechamos que algunos de nuestros estimables lectores tomarán conocimiento del contenido de este informe y de su existencia al leernos, dada la escasa publicidad y difusión dada a este importante informe en algunos medios de prensa internacionales y nacionales.



La sombras del proyecto minero Crucitas envueltas ante el CIADI

De no ser por la precitada nota de CIARGlobal, ninguna nueva información sobre el desarrollo de esta larga controversia ante el CIADI de Costa Rica relacionada al proyecto minero ubicado en "Las Crucitas", podría darse a conocer. 

Recordemos que se trataba de un proyecto minero ubicado en la Zona Norte de Costa Rica, y que pretendía ser el mayor de Centroamérica. Este proyecto a cargo de la empresa minera canadiense Infinito Gold, fue declarado de manera inconsulta mediante decreto "de conveniencia nacional" en octubre del 2008, y su total ilegalidad fue dictaminada en noviembre del 2010 por  tres valientes jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA): la lectura de su sentencia (véase texto completo) amerita una relectura dado los intentos de desregulación  en materia ambiental que se discuten en los últimos meses en Costa Rica. Recordemos que, según los jueces del TCA, en el párrafo XL de su sentencia de 14 de diciembre de 2010, se lee que: “En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero” (el subrayado es nuestro).

En noviembre del 2011 esta decisión fue confirmada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (véase texto). Es de notar que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental alegada por la recurrente en su apelación y rechazada por la Sala Primera (párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera) denota el desconocimiento de este principio – algo básico – y su realidad jurídica en Costa Rica; un desconocimiento que, al parecer, se extiende todavía a algunos integrantes de la actual Sala Constitucional, cuando estos analizaron en el 2020 el alcance de las disposiciones del Acuerdo de Escazú (Nota 3). 

Pocos días antes de ser emitida, la prensa informó de la "filtración" del borrador de sentencia a los abogados de la empresa (véase nota del Semanario Universidad): un hecho inédito en la historia de la justicia costarricense, cuyos autores a la fecha (26 de junio del 2024) no han sido sancionados por ninguna entidad (Colegio de Abogados, justicia penal, justicia administrativa, ...). 

En febrero del 2014, a pocos días de conocerse los resultados electorales en Costa Rica, la empresa minera canadiense no encontró nada mejor que demandar a Costa Rica ante el CIADI. A la fecha, no se sabe qué fue lo que llevó a la empresa minera a esperar el resultado electoral de febrero del 2014 para presentar formalmente una demanda contra Costa Rica.

Notemos que en el 2021, se hizo nuevamente gestiones para conocer la lista nominal de un grupo de "expertos" que asesoraron al Vice Presidente de Costa Rica en julio del 2010, sin mayor éxito. Se lee en este artículo del Semanario Universidad que: 

En 2010, Piva dijo que un “grupo de expertos” afirmó que, en caso de indemnizar a Infinito Gold, por no desarrollar el proyecto de minería en las Crucitas, el Estado debería pagar $1.700 millones. En 2014 el ministro de Ambiente René Castro dijo que un grupo de expertos estaba asesorando al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y al Minae en el tema. Sin embargo, nunca se conocieron los nombres de este “grupo de expertos."

¿Un grupo de "expertos" que asesoraron a un Vice Presidente costarricense en julio del 2010 sin que se pueda conocer, 14 años después (junio de 2024), la lista de sus integrantes? ¿Cómo así? Como se lee.

Finalmente, no está de más señalar otro secreto muy bien guardado por las altas esferas del poder en Costa Rica relacionado a este polémico proyecto minero: en el 2003 para el mismo proyecto minero de Las Crucitas, la empresa canadiense anterior a cargo de este proyecto minero (en aquel momento Vanessa Ventures) amenazó con demandar a Costa Rica ante el CIADI por rechazarle sus autoridades ambientales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La demanda fue en aquel entonces por 276 millones de US$ (véase nota de La Nación de setiembre del 2005). En una carta del 4 octubre del 2005 (véase texto), la Secretaría del CIADI indicó a las autoridades de Costa Rica que se retiraba la demanda interpuesta por la empresa  canadiense Vanessa Ventures. Como detalle de interés, en el anexo con fecha del 3 de octubre del 2005 (véase documento), la firma de abogados Tory´s  explicó que la empresa y el Estado costarricense estaban en negociación y que la empresa se sentía "reasonnably optimistic" sobre el resultado de esta: el optimismo se confirmó el 12 de diciembre del 2005, cuando la Secretaría Tecnica Nacional del Ambiente (SETENA) aprobó el EIA. A la fecha de redactar estas líneas (27 de junio del 2024), no se tiene identidad de quiénes, en nombre del Estado costarricense, negociaron semejante "arreglo" con la empresa minera canadiense que bien puede resumirse de la siguiente manera: "si tú desistes, nosotros te aprobamos el EIA". 



A modo de conclusión

Desde ya varios años, se ha observado un uso reiterado de empresas mineras canadienses del CIADI para intentar obtener ante esta instancia internacional lo que la justicia nacional les ha negado. 

Con relación a empresas mineras canadienses, y a su cercanía con algunos sectores políticos que explican sus aventuras legales a repetición en Centroamérica, en noviembre del 2023 tuvimos la oportunidad de analizar la declaratoria de inconstitucionalidad de un contrato minero en Panamá por parte de la justicia constitucional (véase texto de la sentencia): un contrato adoptado de manera extrañamente célere por el Poder Legislativo en octubre del 2023 y que lanzó como raras veces en su historia a los panameños a movilizarse en las calles durante varias semanas. Al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada "A propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de una ley-contrato minero". El pasado 12 de julio del 2024, Panamá fue notificada de una demanda en su contra  ante el CIADI por la suspensión de este proyecto minero (véase enlace).

En lo que atañe a las empresas mineras canadienses y a Canadá como tal, desde el 2014, un informe sobre el impacto negativo de las empresas mineras canadienses en América Latina espera pacientemente que las autoridades canadienses tomen acciones tendientes a regular desde Canadá sus actividades, en particular desde la perspectiva de los derechos humanos y de la protección del ambiente (Nota 4). Una reflexión similar se impone ante la elevada cantidad de casos que se ventilan ante el CIADI por parte de empresas mineras contra Estados de América Latina, y sobre el que insiste el precitado informe de Naciones Unidas escasamente difundido. 



- - Notas - - 


Nota 1:  Sobre las diversas estrategias de los Estados de la región latinoamericana para limitar el alcance de ciertos tratados con cláusulas sumamente favorables para el inversionista extranjero, véase el análisis detallado de la profesora Katia Fach Gomez: FACH GOMEZ K., “Proponiendo un decálogo conciliador para Latinoamérica y CIADI”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Medellín, Colombia), Vol. 40 (Dic. 2010), No. 113, pp. 439-454, artículo disponible aquí. Véase de igual manera la publicación FACH K & TITI C. "The Latin American Challenge to the Current System of Investor-State Dispute Settlement", Journal of World Investment & Trade 17, 2016, pages 511-699.  Así como FACH GOMEZ K. & TITI C.Alternative Dispute Resolution Mechanisms, Oxford University Press, Oxford, 2018, 800 páginas. Sobre la revisión operada por Indonesia de más de 50 TBIs suscritos, véase en particular este estudio muy detallado de HAMZAH, LAMPUNG University, "Bilateral Investment Treaties (BITS) in Indonesia: a paradigm, shift, issued and challenges", Journal of Legal, Ethical and Regulatory IssuesVolume 21, Issue 1, 2018. Texto completo disponible aquí.


Nota 2Sobre los efectos negativos para las economías de los Estados de América Latina de estos millonarios montos dictaminados por los árbitros del CIADI y que se fueron consolidando con la red de TBI adoptados de manera entusiasta - y en nuestra modesta opinión algo ingenua - en los años 90-2000, remitimos al muy completo artículo de ZABALO P., “América Latina ante las demandas inversor-Estado”, Revista de Economía Mundial, Núm. 31 (Mayo-Agosto, 2012), pp. 261-296. Texto disponible aquí



Nota 3Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., “La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú: una celebración en América Latina y un profundo sinsabor en Costa Rica”, publicada en DerechoalDia, edición del 4 de mayo del 2021. Texto disponible  aquí . Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer: CHINCHILLA-CALDERÓN R., "Principio de inocencia, 'carga de la prueba' penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú", Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí



Nota 4: Véase al respecto el informe titulado " El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá - Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 2014. Texto completo disponible aquí


-oOo-

Material adicional del autor publicado en años anteriores sobre la demanda interpuesta contra Costa Rica por Infinito Gold ante el CIADI: 


2022, BOEGLIN N., "Infinito Gold contra Costa Rica, una nueva maniobra de la empresa minera canadiense en el CIADI", Sección Voz Experta, Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 8 de febrero del 2022. Texto disponible aquí


2021, BOEGLIN N., "Infinito Gold contra Costa Rica. El reciente laudo arbitral del CIADI sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas", Sección Voz Experta, Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 16 de junio del 2021. Texto disponible aquí


2019, BOEGLIN N., "Arbitraje Infinito Gold vs Costa Rica ante el CIADI: breves noticias", CIARGlobal, edición del 31 de octubre del 2019. Texto disponible aquí


2015, BOEGLIN N., "La solicitud de Costa Rica de poner término al procedimiento de arbitraje  interpuesto por Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones", Derechoaldía, edición del 7 de agosto del 2015. Texto disponible aquí


Otros materiales sobre el polémico proyecto minero Las Crucitas en Costa Rica

2011, Documental "El Oro de los Tontos", producido por la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual incluye entrevistas a varios académicos, y disponible aquí.

2011, Revista Ambientico (Universidad Nacional), Número 210, que incluye artículos de varios académicos. Texto disponible aquí. 

lunes, 24 de junio de 2024

Emmanuel, quelle mouche vous a donc piqué?

 

“Emmanuel, quelle mouche vous a donc piqué?”

 

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

 

El título algo evocador de estas pequeñas reflexiones refiere a la decisión insólita del actual Presidente de Francia, Emmanuel Macron, de disolver de manera inconsulta y sorpresiva la Asamblea Nacional francesa, luego de conocerse los resultados de las elecciones europeas del pasado domingo 9 de junio.


Una decisión  sin lógica. Nadie entiende la lógica que puede haber estado detrás de esta decisión, que acerca como nunca al actual partido del “Rassemblement National” de Marine Le Pen al poder. En efecto, al haber obtenido más del 30% en estas elecciones para el Parlamento Europeo, con una victoria en 93% de las circunscripciones electorales francesas, resulta realmente osado pensar un solo instante que esta tendencia del “Rassemblement National” (perfectamente medida meses atrás en sondeos de opinión en Francia), pueda verse afectada en cuestión de semanas, al estar convocados de nuevos los electores franceses a elecciones el domingo 30 de junio (primera vuelta) y el domingo siguiente (7 de julio con una segunda vuelta).

En algunas de sus declaraciones el Presidente francés  justificó su accionar por una “clarificación” luego del resultado electoral del 9 de junio. Si deseaba saber si los franceses están realmente tan hastiados de su forma de gobernar a Francia, la supuesta “clarificación” bien podría convertirse en un trago aún más amargo que el del 9 de junio, con consecuencias sumamente graves para Francia y también para la Unión Europea (UE). La mayoría presidencial contaba hasta su disolución con 245 diputados en la Asamblea Nacional desde junio del 2022: es probable se reduzca a menos de la mitad el 7 de julio venidero.


Nubarrones para la UE. Es preciso señalar que el tándem franco-alemán funciona como un motor de la integración europea: desacuerdos entre ambos pueden conllevar una grave crisis institucional en el seno de la UE. Con resultados electorales bastante desfavorables para su partido que fueron observados en Alemania el 9 de junio también, el canciller de Alemania no consideró necesario disolver nada en Alemania, sino tomar nota del descontento creciente de su gestión en la sociedad alemana: una actitud que perfectamente hubiese podido adoptar su homólogo galo.

Con una guerra a las puertas de la UE desde la invasión por parte de Rusia al territorio de Ucrania en febrero del 2022, con ciberataques sostenidos contra Francia que muchos expertos consideran provenir de Rusia desde varios meses, con unos Juegos Olímpicos en París que inician el 26 de julio y que van a significarle a Francia un sostenido esfuerzo en materia de seguridad, pero también un clima social de alta tensión, dado el profundo descontento de muchos sectores en la sociedad francesa (agricultores, personal médico y hospitalario, cuerpos de seguridad, personal docente en escuelas, colegios y universidades), con una elección en Estados Unidos que amenaza con volver a un Presidente norteamericano tan irascible como imprevisible en noviembre del 2024,  estos y muchos otros indicadores debieron llevar al actual mandatario a una mayor prudencia. 

Con relación al drama indecible que se vive en Gaza, recientemente, el experto galo en relaciones internacionales Pascal Bonniface explicó los alcances de la unión de la izquierda francesa, pese a varios cuestionamientos y acusaciones de presunto antisemitismo que algunos sectores de la derecha (y dentro de la misma izquierda) le han hecho desde el 7 de octubre del 2023 a los líderes de “La France Insoumise” (véase emisión “La gauche française malade du conflit israélo-palestinien ?” del 10 de junio del 2024, disponible en este enlace).


Un capricho con efectos desastrosos. La decisión del Presidente Emmanuel Macron es percibida como un verdadero capricho de un mandatario aislado  y profundamente enojado por resultados adversos registrados el 9 de junio del 2024: el hecho que, al parecer, tomara esta decisión solo en su oficina, sin avisar a ninguno de sus ministros, confirma esta percepción.

Es de notar que, además, al ordenar la disolución de la Asamblea Nacional, el Jefe de Estado galo de alguna manera disolvió lo poco que quedaba de la “macronie”, el movimiento político que fundó en el 2016 y que le permitió ganar las elecciones en el 2017 y de nuevo en el 2022. “Ni derecho ni izquierda” fue la base de este movimiento, que ahora, con esta insólita decisión, amenaza con sucumbir en una segunda vuelta (a realizarse el 7 de julio) en la que los dos finalistas en la inmensa mayoría de las 577 circunscripciones electorales representen… a la derecha y a la izquierda.

También, de alguna manera disolvió su actual gabinete, responsable en parte de la percepción tan negativa que posee en la opinión pública francesa el Presidente Macron. Se trata de un gabinete liderado por un joven primer ministro que apenas contaba con unos pocos meses en el puesto y con varios ministros en plena curva de aprendizaje como titulares de carteras ministeriales. ”Dégagez !” puede ser la manera en que muchos de los actuales ministros en Francia percibieron esta decisión de disolver la Asamblea Nacional gala que los tomó a todos totalmente desprevenidos.

El error de apreciación del actual Presidente fue el pensar que la derecha francesa correría a unirse a él: nada más alejado de la realidad, con un Presidente del partido “Les Républicains” que tempranamente anunció su deseo de unir fuerzas con el ”Rassemblement National” de Marine Le Pen, provocando reacciones airadas de muchos líderes de la derecha francesa tradicional. Otro error de apreciación consistió en pensar que la izquierda francesa estallaría, y sería incapaz de unirse y de limar las asperezas que se dieron durante la campaña electoral para el Parlamento Europeo. Nada más alejado de la realidad, con un “Nouveau Front Populaire” que se articuló en 48 horas, supo unir voluntades y cuenta hoy con el apoyo de las principales centrales sindicales galas y movimientos sociales franceses, convencidos que el “Rassemblement National  del joven Jordan Bardella de 28 años de edad, sin mayor experiencia previa en la administración pública, no propone sino seguir favoreciendo al sector privado francés en detrimento de la clase media y baja.


Conclusión. Hace pocos días, el ídolo francés Kylian Mbappé mundialmente conocido, a pocos días de iniciar la EuroCopa en Alemania, salió de la tradicional reserva de las grandes estrellas del deporte en Francia con relación a la política, y tuvo las siguientes palabras, como capitán del equipo francés de fútbol (véase declaraciones contenidos en este enlace), que nos permitimos reproducir a modo de conclusión:

J'espère qu'on sera encore fier de porter ce maillot le 7 juillet”.



sábado, 8 de junio de 2024

Gaza / Israël : à propos de la déclaration de la Palestine reconnaissant la compétence de la CIJ et demandant à intervenir en l'affaire Afrique du Sud contre Israël

 

Gaza / Israël : à propos de la déclaration de la Palestine reconnaissant la compétence de la CIJ et demandant à intervenir en l'affaire Afrique du Sud contre Israël

 

Nicolas Boeglin, professeur de droit international public, Faculté de droit, Université du Costa Rica (UCR). Contact : nboeglin@gmail.com.


Note de l'auteur: une version en espagnol de ce texte est également disponible ici 


Le 3 juin, la Cour Internationale de Justice (CIJ) a annoncé dans un communiqué de presse, qu'elle a reçu une déclaration de la Palestine reconnaissant la compétence générale de la CIJ, afin d'intervenir dans l'affaire Afrique du Sud contre Israël : voir le communiqué de presse de la CIJ en anglais et en français.

Peu diffusée (et encore moins commentée dans les grands médias internationaux), cette déclaration faite par la Palestine mérite que l´on s'y attache afin d'en comprendre la motivation et la portée, que nous essaierons d'expliquer dans les lignes qui suivent.


La Palestine et la justice internationale de La Haye: un long cheminement

Nous demanderons à nos cher(e)s lecteurs et lectrices un peu d'indulgence pour expliquer (en bref) ce que la Palestine peut et ne peut pas faire juridiquement aux Nations Unies en tant qu'État, au regard des règles de l'ordre juridique international en vigueur.

Comme on le sait, malgré une demande formulée en septembre 2011, la Palestine n'est toujours pas un État membre des Nations Unies, mais un « État non-membre observateur », selon le statut qui lui a été accordé le 29 novembre 2012, lors d´un vote mémorable au sein de l'Assemblée Générale des Nations Unies (Note 1). 

Plus récemment, en cette année 2024, nous avons eu l'occasion d'analyser le veto américain observé le 18 avril au sein du Conseil de Sécurité lors du vote d'une résolution recommandant son admission (Note 2). Lors du tout premier véto nord-américain d'octobre 2023 concernant le drame qui se vit sur le territoire palestinien occupé de Gaza, nous avions écrit que:

 "Ce détail, ainsi que les déclarations faites par le représentant de la Chine précitées indiquent que les représentants des États-Unis ont laissé croire qu´ils n´avaient plus d´objections au projet de texte de résolution, surprenant leurs homologues avec un vote contre" (Note 3). 

Cette fois-ci, aucune surprise n'a vu le jour : on remaquera en outre que, l'annonce répétée d'un véto probable dans les jours précédents le vote du 18 avril 2024 sur l'admission de la Palestine aux Nations Unies ... a coïncidé avec les toutes premieres mobilisations sur les campus universitaires aux Etats-Unis en faveur de la Palestine. 

Nous avons également eu l'occasion d'analyser en bref l'adoption ultérieure d'une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies visant à accorder à la Palestine de nouveaux droits au sein des Nations Unies, en attendant qu'elle obtienne un jour son admission formelle en tant qu'État membre (Note 4). 

Le détail du vote obtenu de cette résolution de l'Assemblée Générale, diffusé sur la toile (voir hyperlien) est reproduit ci-contre. Au cours de ce vote, Israël et les Etats Unis n'ont pu recueillir que sept votes contre avec les leurs:



La Palestine n'étant pas un État membre des Nations Unies, elle n'a pour le moment pas le moyen de devenir juridiquement un État partie à l'instrument normatif qui a créé les Nations Unies : la Charte fondatrice de cette organisation, plus connue sous le nom de Charte de San Francisco, adoptée en 1945 (voir texte). 

Au regard de la relation d'un Etat membre avec la CIJ, les articles 92 et 93 de ce traité international instituant les Nations Unies stipulent en particulier que :

Article 92 : La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.

 Article 93 :  1. Tous les Membres des Nations Unies sont  ipso facto  parties au Statut de la Cour internationale de Justice.  2 Les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité”.

Ceci dit, le fait que la Palestine ait acquis le statut d’ « État non-membre observateur », déclaré comme tel depuis novembre 2012, lui a permis de ratifier un grand nombre de traités internationaux, tels que : 

-  le Statut de Rome créant la Cour Pénale Internationale (CPI) en janvier 2015 (voir l´ état officiel des signatures et des ratifications) ou bien encore; 

-  la Convention sur le génocide de 1948, qu'elle a ratifiée en avril 2014 (voir l’  état officiel), 

et ce parmi beaucoup d'autres traités internationaux, ouverts à tous les États (qu'ils soient ou non Etats membres des Nations Unies).

Certaines de ces conventions multilatérales contiennent une disposition indiquant que la CIJ est parfaitement compétente pour connaître de différends entre les Etats Parties à la dite convention.

Le 28 septembre 2018, la Palestine a déposé une requête auprès de la CIJ contre les États-Unis (voir le texte complet de sa requête), au sujet du transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem. Pour sa toute première requête en tant qu'État remise au juge international de La Haye, à ce jour en attente de résolution, la Palestine a utilisé comme base de compétence de la CIJ un Protocole à la Convention de Vienne de1961 sur les Relations Diplomatiques, à laquelle les États-Unis et la Palestine étaient États parties en 2018  (voir texte complet) : un examen de l'état officiel des signatures et ratifications indique que les États-Unis ont procédé à la dénonciation de cet instrument le 12 octobre 2018 lorsqu'il est indiqué (dernière partie de l’hyperlien) que :

"On 12 October 2018, the Secretary-General received from the Government of the United States of America a communication notifying its withdrawal from the Optional Protocol. The communication reads as follows: “... the Government of the United States of America [refers] to the Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning the Compulsory Settlement of Disputes, done at Vienna on April 18, 1961.This letter constitutes notification by the United States of America that it hereby withdraws from the aforesaid Protocol. As a consequence of this withdrawal, the United States will no longer recognize the jurisdiction of the International Court of Justice reflected in that Protocol".

Sans effet juridique immédiat (et encore moins rétroactif), la requête de la Palestine ne devrait pas être affectée par cette manœuvre nord-américaine quelque peu désespérée, fort peu connue (et encore moins médiatisée). 

Les Etats-Unis dénoncent un traité international utilisé par la Palestine pour les poursuivre devant le juge international, tout juste 15 jours après l'introduction de la requête par la Palestine. Voilà une dénonciation, modalité "express" (ou encore "urgency: very high"), suite à une requête, et qui ne semble pas avoir de précédent dans l'histoire de la CIJ depuis 1946 : sur cette réponse nord-américaine inédite observée en 2018, on aurait souhaité la voir analysée et commentée par d'éminents spécialistes du droit des traités et des procédures devant la CIJ dans les diverses revues juridiques spécialisées en droit international public. Sauf erreur de notre part, c'est un sujet qui ne semble pas avoir attiré outre mesure l'attention des commentateurs (Note 5). S'agissant en plus d'un Etat comme les Etats-Unis, qui ne reconnaissait pas le statut d'Etat  à la Palestine en 2018 et persiste depuis dans cette position, la dénonciation de ce traité multilatéral pose des interrogations plus qu'intéressantes.

Bien plus suprenant, c'est le silence du site officiel de la CIJ sur les suites de cette affaire contentieuse : en effet, depuis l'ordonnance de la CIJ fixant les délais en date du 16 novembre 2018, aucune information additionnelle n´est disponible (voir texte de l'ordonnance). On lit dans l'un des considérants de cette ordonnance que la fixation des délais s'est faite sans la présence des diplomates des Etats-Unis: 

"... par une lettre datée du même jour, Mme Newstead a informé le Greffe que les Etats-Unis ne prendraient pas part à la réunion que le président avait proposé de tenir le 5 novembre 2018 avec les représentants des Parties"

Le délai fixé par la CIJ pour déposer le contremémoire des Etats-Unis a été fixé par cette ordonnance au 19 novembre 2019, sans que le site de la CIJ n'informe depuis sur la suite de la procédure depuis cette décision de la CIJ. 

Sauf erreur de notre part, jamais dans l´histoire de la CIJ tant d'années se sont écoulées depuis l'adoption d'une ordonnance de la CIJ dans une affaire contentieuse, sans que l'on ne sache rien depuis sur la suite de la procédure. Il va de soi que la pratique de certains tribunaux nationaux d'affaires "classées sans suite" sans motif apparent, n'a jamais trouvé de place au sein de la CIJ, dont certaines affaires ont été rayées du le de la CIJ, à la demande expresse de l'État demandeur (Note 6).


La déclaration palestinienne en bref

Avec cette déclaration publiée par la CIJ le 3 juin 2024, la Palestine cherche à contrer les objections que certains États pourraient soulever auprès des juges de la CIJ concernant une requête à fin d'intervention dans l´affaire opposant deux États membres des Nations Unies, en l'occurrence, l'Afrique du Sud et Israël.

Dans sa déclaration (voir le texte intégral), la Palestine exprime clairement son souhait d'intervenir dans le différend entre l'Afrique du Sud et Israël depuis le 29 décembre 2023 (date à laquelle l'Afrique du Sud a déposé une plainte officielle contre Israël).

A cette fin, la Palestine invoque à la fois l'article 62 et l'article 63 du Statut de la CIJ. 

Récemment, nous avons eu l'occasion d'analyser la  requête  à fin d'intervention en l'affaire Afrique du Sud contre Israël, présentée par le Mexique le 28 mai 2024 aux juges de la CIJ (Note 7), dans laquelle le Mexique invoque l'article 63 (tout comme avant lui, la Colombie et la Libye). On expliquera  plus loin la particularité de la requête du Nicaragua dans sa demande d'intervention, invoquant l'article 62 du Statut de la CIJ et non pas l´article 63.

Après le Nicaragua, la Colombie (voir requête du 5 avril 2024), la Libye (voir requête soumise le 10 mai 2024) et le Mexique (voir requête du 24 mai), la Palestine rejoint ainsi les États qui ont formellement demandé à la CIJ d'intervenir en tant qu'État tiers entre l'Afrique du Sud et Israël.

En tant qu'Etat partie à la Convention sur le génocide de 1948, la Palestine ne pouvait pas voir d’objections juridiques valables à sa demande d'intervention sur la base de l'article 63.

La déclaration palestinienne indique qu'en ce qui concerne la requête au titre de l'article 62, la volonté des autorités palestiniennes vise à protéger leurs intérêts en tant qu'État, étant donné qu'il est question de la destruction totale délibérée de Gaza par Israël et d'une grande partie de la population civile qui y réside, actions menées par Israël depuis le soir du 7 octobre 2023 :

"33. The present Application for which permission to intervene is sought has two complementary purposes: 

- First, to enable the State of Palestine to inform the Court regarding its legal interest which is at the core of the dispute presented to the Court; 

- Second, to allow the State of Palestine to protect its interests of a legal nature that will be affected in those proceedings at each stage of the proceedings". 

En ce qui concerne l´article 63, on lit que :

"41. The State of Palestine understands that by availing itself of the right to intervene under Article 63 of the Statute of the Court, the construction of the Genocide Convention given by the judgment in this case will be equally binding upon it. The State of Palestine will submit its written observations, bearing in mind the pleadings of the Parties and the documents annexed".

La Palestine précise également que ses diplomates et ses conseillers juridiques connaissent fort bien les réflexions menées avant l´adoption en 1948 de la Convention sur le génocide de 1948 :

"43. The State of Palestine was, of course, not present when the Genocide Convention was being drafted. Nevertheless, it appears that the situation in Palestine was in the minds of the drafters of the Convention. In the Sixth Committee, the Egyptian representative spoke of events in Palestine at the time as an example of the destruction of religious groups. Syria tabled the following amendment: "Imposing measures intended to oblige members of a group to abandon their homes in order to escape the threat of subsequent ill-treatment." Syria did not refer to Palestine explicitly but the context strongly suggests that its concern was with the Nakba".

 

La différence entre l'article 62 et l'article 63

Il convient de noter une spécificité du Nicaragua dans la requête à fin d'intervention auprès des juges de la CIJ dans le différend entre l'Afrique du Sud et Israël (voir texte complet de la requête  déposée le 23 janvier 2024 en français et en anglais). 

Alors que les autres États ont invoqué l'article 63 du Statut de la CIJ (voir texte), qui permet à tout État partie à une convention d'intervenir lorsqu'il s'agit de l'interprétation à donner aux dispositions de cette convention faisant l'objet d'un différend entre deux États devant la CIJ, le Nicaragua (et maintenant la Palestine) ont choisi d'invoquer une autre disposition, qui comporte un enjeu beaucoup plus important pour l'État qui l'invoque : l'article 62 du Statut de la CIJ, qui se lit comme suit :

Article 62: 1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d'intervention. 2. La Cour décide”.

La position du Nicaragua (voir texte complet de la requête déposée le 23 janvier 2024 en français et en anglais) cherche à pousser jusqu'à ses dernières conséquences l'idée que l'interdiction du génocide est une norme de jus cogens de nature impérative qui lie tous les Etats de la même manière : tous les Etats devraient, logiquement, avoir un intérêt juridique au respect de cette norme fondamentale, et une déclaration en ce sens de la CIJ renforcerait les effets de ce que l'on appelle les « normes impératives du droit international général », telles que consacrées par l'article 53 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969. 

Une relecture de la requête du Nicaragua sur la base de cet élément permet de mieux comprendre les nombreuses références faites par le Nicaragua dans le texte de sa requête à cette catégorie spécifique de règles fondamentales de l'ordre juridique international, rarement invoquées devant le juge international de La Haye par les Etats qui plaident devant lui.


Le Nicaragua et la Palestine: un bref rappel historique

Pourquoi un tel engouement affiché par le Nicaragua devant la CIJ pour essayer de contrer Israël et comment expliquer une telle solidarité  avec le peuple palestinien depuis la soirée du 7 octobre 2023? 

Les autorités actuelles du Nicaragua ont encore en mémoire que de fort nombreux combattants et anciens compagnons d'armes durant la lutte armée au Nicaragua dans les années 60-70 sont tombés sous l'effet d'armes et de munitions israéliennes utilisées par les autorités de l'époque. D'un point de vue historique, il convient en effet de rappeler que durant ces decennies, le Nicaragua et Israël ont entretenu des relations très étroites en termes de coopération militaire, ce qui explique pourquoi, depuis juillet 1979, les autorités nicaraguayennes se sentent si proches de la cause palestinienne. 

Dans cet article intitulé « Israeli Agency in the Iran-Contra Affair » publié en 2016, on peut lire (pages 8-9) que : 

In February 1957, a Nicaraguan delegation to Israel negotiated a $1.2 million arms deal with Shimon Peres who was the director general of the Israeli Defence Ministry. According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), by the 1970s Israel accounted for 98% of Nicaragua’s arms imports. This included tanks, light aircraft, armoured cars, ammunition, and automatic rifles. In early 1978, Somoza changed his National Guard’s standard arms from the American Garan M-1, to the modern Israeli Galil assault rifle.Some members of the National Guard were also armed with Israeli made lightweight UZI submachine guns. In January 1979, a group of American diplomats expressed concern over Somoza’s military overconfidence, that “one reason Somoza was so cocky in resisting pressures to resign was the knowledge that Israel, which had been a full-times arms salesman working the countries of the Caribbean Basin, could and would supply whatever the National Guard needed”.

A Managua, pour commémorer le 10e anniversaire de la mort du leader palestinien Yasser Arafat, une cérémonie officielle a été organisée avec les plus hautes autorités du Nicaragua (voir note de presse de novembre 2014). Récemment - fin janvier 2024 -, le décès d'une poétesse nicaraguayenne de renom, dont la famille était originaire de Palestine, et qui fut la compagne sentimentale de Yasser Arafat pendant quelques temps, a été signalé (voir la photo d'archive contenue dans cet article de La Prensa de Nicaragua, et cette note de presse du 28 janvier 2024).

Il convient enfin de préciser que le Nicaragua n'entretient plus de relations diplomatiques avec Israël depuis juin 2010, en raison de l'attaque d'une flottille humanitaire turque par l'armée israélienne (voir l'article de El Tiempo / Colombia du 1er juin 2010). Il s'agit d'une situation que le Nicaragua partage avec d'autres États d'Amérique Latine depuis quelque mois: la Bolivie (depuis le mois d'octobre 2023), Belize (novembre 2023) et la Colombie (voir communiqué officiel du 1er mai 2024), ces trois  Etats étant les derniers à avoir rompu leurs relations diplomatiques avec Israël.  

Pour compléter ce qui en est dans le reste de l'Amérique Latine, Cuba n'a plus de relations avec Israël depuis 1967, tandis que le Venezuela a rompu ses relations diplomatiques avec Israël en janvier 2009, suite à la dramatique offensive militaire en Israël observée entre décembre 2008 et janvier 2009 (voir note de presse d'El Pais/Espagne). Comme le Venezuela en 2009, la Bolivie avait également rompu ses relations diplomatiques avec Israël et les avait officiellement reprises il y a quelques années, à la fin du mois de novembre 2019 (voir note de presse 2019 de l'agence de presse turque TRT).

On signalera également que le Nicaragua a présenté le 1er mars 2024 une requête contre l'Allemagne accompagnée d'une demande urgente en indication de mesures conservatoires pour violation de certaines dispositions de la Convention sur le génocide de 1948, en particulier celles concernant l'obligation de prévention qui s'impose aux Etats Parties (voir texte en francais et en anglais). Cette demande a donné lieu  à  une ordonnance adoptée le 30 avril 2024 (voir texte) dans laquelle on y lit un avertissement assez clair de la part de la CIJ aux Etats fournissant des armes et des munitions à Israël, Allemagne inclue :

"24. De surcroît, la Cour estime particulièrement important de rappeler à tous les États les obligations internationales qui leur incombent en ce qui concerne le transfert d’armes à des parties à un conflit armé, afin d’éviter le risque que ces armes soient utilisées pour commettre des violations des conventions susmentionnées. Toutes ces obligations incombent à l’Allemagne en tant qu’État partie auxdites conventions lorsqu’elle fournit des armes à Israël".

Un autre avertissement du juge international, tout en filigrane cette fois, peut être suggéré par l'expression "à l´heure actuelle", lorsque l´on y lit que:

"20. Sur la base des informations factuelles et des arguments juridiques présentés par les Parties, la Cour conclut que, à l’heure actuelle, les circonstances ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut".

Concernant le cas spécifique des armes et des composants militaires que la France exporte vers Israël, ce 18 juin 2024, une tribune de l´ONG Amnesty International a dénoncé le manque de transparence des autorités sur ce sujet (voir communiqué). On y lit notamment que:

"... personne n’est responsable en France des conséquences des ventes d’armes. D'un côté, le pouvoir exécutif est trop peu transparent. De l’autre, le Parlement renonce à jouer son contrôle politique des exportations d’armement. Quant aux industriels ils considèrent que la licence d’exportation accordée les absout de toute responsabilité concernant l’utilisation des armes vendues".  


La suite de la procédure

La CIJ devra maintenant informer, comme elle l'a déjà fait à plusieurs reprises, l'Afrique du Sud et Israël, afin de connaître leur points de vue respectifs sur les demandes d'intervention de la Palestine et des autres États tiers dans le différend qui les oppose : ces États tiers qui ont demandé l'intervention sont, comme précisé antérieurement :

-  le Nicaragua (janvier 2024);  

- la Colombie (avril 2024); 

- la Libye et le Mexique (mai 2024). 

On remarquera que l'inaction collective des Etats européens dans leur ensemble concernant ces demandes d'intervention au juge international semble atteindre ses limites : en effet, l´Espagne vient d’annoncer qu’elle présentera une demande similaire au juge de la CIJ, en soutien  à la requête de l'Afrique du Sud (voir note de presse de la DW du 6 juin 2024). L'Espagne est aussi l'Etat qui récemment, avec l'Irlande et la Norvège, a décidé qu'il était temps de procéder à la reconnaissance de la Palestine comme Etat (voir communiqué officiel du 28 mai dernier) rejoignant la Suède, dernier Etat européen à avoir procédé à cette reconnaissance en 2013 (Note 8).  

On signalera au passage qu'au début du mois de mars 2024, la Belgique avait annoncé une intervention similaire auprès de la CIJ, non suivie d'effet à ce jour, pour des raisons... qu'il serait fort intéressant de connaître (voir article de presse du 11 mars 2024). 

Au delà des effets d'annonces que l'on observe ci et là, l'Etat européen qui sera le premier à effectivement déposer une requête à fin d'intervention en vue de soutenir l'Afrique du Sud viendra conforter bien des observateurs et acteurs de la vie internationale, médusés et indignés par l'inaction collective de l'Europe depuis le soir du 7 octobre 2023: tant pour ce qui est des recours juridiques qu'offre la Convention contre le génocide (153 Etats Parties) que ceux qu'offre le Statut de Rome (124 Etats Parties). Concernant ce dernier traité, nous renvoyons aux deux uniques renvois urgents ("referral") envoyés à la CPI le 17 novembre 2023 dans le cas su premier (voir texte), et du 18 janvier 2024 dans le cas du second (voir texte) dans lesquels aucun Etat européen n'apparaît parmi les signataires. 

Ce n'est qu'une fois connues les positions de l´Afrique du Sud et d'Israël que la CIJ décidera par une ordonnance, après avoir organisé des audiences à La Haye, si elle accepte ou bien rejette ces demandes d'intervention d'États tiers dans le différend opposant l'Afrique du Sud à Israël, dont les dates pour les documents de la procédure écrite ont été recemment fixées (Note 9).

Dans le cas spécifique de la requête palestinienne, il est fort probable qu'Israël contestera en plus le fait que la Palestine puisse la présenter, étant donné qu'Israël ne reconnaît pas la Palestine en tant qu'État, tout comme les États Unis, le Canada, et bien d'autres États européens. 

Dans le cas particulier du Panama, le seul État d'Amérique Latine à ne pas reconnaître la Palestine en tant qu'État, depuis août 2014, ses autorités « évaluent » la possibilité d'une telle reconnaissance (voir note de presse de La Estrella de Panamá d'août 2014).

 

Un mois de mai particulier pour Israël

Cette nouvelle initiative de la diplomatie palestinienne vise à rapprocher juridiquement la Palestine au différend entre l'Afrique du Sud et Israël et au débat, qui s’annonce intense, entre l'équipe juridique sud-africaine et israélienne devant les juges de la CIJ. 

On notera plus largement que les mécanismes visant à faire respecter le droit international commencent petit à petit à s’appliquer au drame indicible que l’ on observe à Gaza,  avec en particulier une semaine du mois de mai 2024 extrêmement défavorable pour Israël :

- qui a commencé le 20 mai par une demande à la Cour Pénale Internationale (CPI) d'un mandat d'arrêt provenant du procureur de la CPI (voir déclaration officielle) à l'encontre de son premier ministre et de son ministre de la défense  (Note 10); 

- et qui s'est achevée le 24 mai, avec une troisième ordonnance rendue par la CIJ (voir texte complet) exigeant, entre autres, qu'Israël suspende immédiatement son offensive militaire à Rafah (Note 11). 

Concernant les audiences publiques dans la capitale néerlandaise durant les 16-17 mai, nous avions indiqué que:

"L’argument d’Israël selon lequel le délai extrêmement court fixé par la CIJ l’a empêché de se présenter avec une équipe juridique complète peut cacher une autre réalité, beaucoup moins avouable de la part des diplomates israéliens présents à La Haye : l’impossibilité pour Israël de trouver en Israël des avocats disposés à le défendre publiquement durant des audiences au Peace Palace dans la capitale néerlandaise.

C’est probablement la première fois dans l’histoire de la CIJ depuis 1946 qu’un État se plaint auprès des juges de la CIJ d’un délai très court pour se défendre : un argument qui pourrait être interprété de diverses manières par certains membres de la CIJ lors des délibérations qui ont commencé peu après la fin des audiences, le 17 mai" (Note 12).

On notera que le juge ad hoc désigné par Israël a présenté sa démission le 6 juin dernier (voir note de presse du Timesof Israel). 


Les réactions des Etats Unis et d'autres Etats

Concernant la décision du Procureur de la CPI, elle a provoqué une réaction d'indignation de la diplomatie nord-américaine a peine prononcée le 20 mai 2024 depuis La Haye (voir communiqué officiel). 

Le 5 juin 2024 aux Etats-Unis, une proposition de loi afin de sanctionner le personnel de la CPI a été adoptée (voir note de The Gardian): ce texte dénote, une fois de plus, la facilité avec laquelle Israël obtient des faveurs au sein de la classe politique nord-américaine. 

Comme on le sait, Israël et son fidèle allié étasunien ont toujours été extrêmement sensibles sur cette question. Le dépôt par la Palestine le 21 janvier 2009 d´une déclaration d´acceptation de la juridiction de la CPI fut considéré par le service juridique de l´armée israélienne comme une nouvelle forme de terrorisme, inconnue des spécialistes : le "terrorisme légal" (Note 13).  Récemment en Israël un article publié para Magazine +972 a documenté les pressions exercées par les services de renseignement israéliens sur le personnel de la CPI durant 9 ans (voir article).

Par contre, concernant l´ordonnance de la CIJ en date du 24 mai, au moment de rédiger ces lignes, aucune réaction officielle des Etats-Unis n'a été enregistrée, contrairement aux manifestations officielles de certains Etats tels que, entre bien d'autres, celle de l'Arabie Saoudite, du Chili, de la Colombie ou encore de l´Irlande

Pour revenir aux Etats tiers souhaitant aussi intervenir en l'affaire Afrique du Sud contre Israël, outre le Mexique, qui a officiellement présenté sa demande d'intervention à la CIJ, le Chili a récemment annoncé son intention de se joindre au soutien de l'action intentée par l'Afrique du Sud contre Israël (voir le communiqué de presse de la BBC du 1er juin 2024).

Il faut noter que malgré l'ordonnance de la CIJ du 24 mai 2024, Israël a jugé opportun et nécessaire de commencer ses opérations à Rafah, provoquant les réactions de nombreux États dénonçant une série de bombardements aveugles d'un camp de réfugiés à Rafah entre les 25 et le 26 mai : on peut citer, parmi beaucoup d'autres, la déclaration officielle publiée par le Qatar et l'Afrique du Sud, ainsi que une forte déclaration publiée par plusieurs experts des droits de l'homme de l'ONU (voir le communiqué de presse officiel des Nations Unies).

Cette note de l'ONG palestinienne Al Mezan, basée à Gaza, datée du 28 mai, exhorte pour sa part la communauté internationale à condamner et à prendre des mesures pour mettre fin à l'action insensée d'Israël.

A cet égard, en ce qui concerne les réactions officielles enregistrées en Amérique Latine, nous renvoyons nos cher(e)s lecteurs et lectrices aux communiqués officiels de la Bolivie, du Brésil, du Chili et de la Colombie : leur lecture (recommandée) met en évidence les lacunes du communiqué officiel du Costa Rica, dont le texte évite de préciser que le « bombardement » a été causé par les forces militaires israéliennes et omet tout simplement de mentionner Israël (Note 14). Une prudence sémantique similaire se retrouve dans le communiqué officiel du Pérou (voir texte), tandis que les ministères des affaires étrangères de l'Argentine, de l'Equateur, du Panama et de l'Uruguay ont estimé qu'il n'était pas nécessaire d'exprimer une quelconque opinion concernant le bombardement par Israël d'un camp de réfugiés à Rafah.

Lorsqu'un Etat ignore une décision obligatoire de la CIJ, la Charte des Nations Unies prévoit un mécanisme dans lequel intervient le Conseil de Sécurité: un projet de résolution du Conseil de Sécurité proposé par l'Algérie (voir texte) circule depuis le 27 mai, et pourrait bien contraindre cette fois-ci les Etats Unis à se dissocier des demandes pressantes  émanant des autorités israéliennes : à moins que les Etats-Unis ne soient prêts (à nouveau) à exercer leur droit de veto pour protéger leur fidèle allié israélien de l'application du droit international en vigueur. Une telle option signifierait probablement pour l´actuel président des Etats Unis une nouvelle mobilisation sur les campus universitaires nord-américains tout comme dans les rues de ses villes principales, et sans aucun doute, la perte de toute chance de réélection lors des élections américaines, prévues en novembre 2024. 

Le texte de l'Algérie est passé au second plan, en raison d'une manoeuvre diplomatique des Etats Unis au Conseil de Sécurité, et de l'adoption d'un projet de résolution présenté par les Etats Unis le 10 juin 2024 (voir texte) saluant et entérinant l'accord de cessez-le-feu rendu public le 31 mai (toujours par les Etats Unis): on remarquera qu'en Israël, plusieurs déclarations officielles critiquent ouvertement cet accord des Etats Unis. Malgré cette manoeuvre, somme toute assez habile, nord-américaine, le texte de l'Algérie devrait refaire surface dans les jours prochains au sein du Conseil de Sécurité. 

Dans les milieux académiques, plusieurs analyses mettent en avant le fait que les ordonnances de la CIJ devraient intéresser tous les Etats, et non seulement l'Afrique du Sud et les Etats qui ont demandé à intervenir dans son procès contre Israël (Note 15).

En ce qui concerne un autre théâtre d'opérations proche de Gaza où l'on peut constater le même manque de respect total de la part d'Israël, l'ONG  Human Rights Watch a dénoncé le 4 juin dernier l'utilisation par Israël de phosphore blanc contre les populations civiles au Sud-Liban (voir rapport). 

Enfin, ce 12 juin 2024 a été présenté aux Nations Unies un troisième rapport d´une commission d'enquête du Conseil des Droits de l´Homme des Nations Unies (voir communiqué officiel et note du service de presse des Nations Unies) dont les conclusions seront sans aucun doute d'une grande utilité pour les juges de la CIJ mais aussi de la CPI (voir document A/HRC/56/26 du 27 mai 2024 disponible sur la toile). On lit au point 2 de ce rapport que: 

"2.  The Commission sent the Government of Israel six requests for information and access and one request for information to the State of Palestine. The State of Palestine provided extensive comments. No response was received from Israel". 

On lit également en conclusions de ce rapport (dont la lecture complète  est fortement recommandée) que:

"96. The Commission notes that Israeli authorities failed to protect civilians in southern Israel on almost every front. This included failing to swiftly deploy sufficient security forces to protect civilians and evacuate them from civilian locations on 7 October. In several locations ISF applied the so-called ‘Hannibal Directive’ and killed at least 14 Israeli civilians. Israeli authorities also failed to ensure that forensic evidence was systematically collected by concerned authorities and first responders, particularly in relation to allegations of sexual violence, undermining the possibility of future judicial proceedings, accountability and justice".

Finalement, il faut noter que le 14 juin 2024, les experts des Nations Unies ont fermement condamné l'opération de sauvetage de 4 otages israéliens par l'armée israélienne : il s'agit d'une opération qui a signifié la mort de 274 personnes (dont 64 enfants et 57 femmes) dans la localité de Nuseirat (voir communiqué officiel). 



Photographie  extraite d'un article publié en Israël par Magazine+972, intitulé, "
Children starving, parents helpless as famine consumes northern Gaza", édition du 18 juin 2024


En guise de conclusion 

Cette nouvelle initiative de la Palestine en ce début du mois de juin 2024 témoigne de la grande solidité de son appareil diplomatique, usant de toutes les ressources dont elle peut bénéficier, au même titre que tout Etat membre des Nations Unies lorsque ses droits ne sont pas respectés. 

Cette attitude contraste avec les déboires à répétition de la diplomatie israélienne, les déclarations incendiaires de ses diplomates et de ses autorités, qui semblent, dans le cas de certaines d'entre elles, découvrir l'existence du droit international public et d'un mécanisme juridique pour le faire respecter comme la CIJ : les exactions répétées de son armée depuis le soir du 7 octobre 2023 contre la population civile de Gaza et l'intensité des frappes aveugles et indiscriminées sur Rafah depuis l'ordonnance de la CIJ du 24 mai témoignent d'une volonté israélienne de défier ouvertement la justice internationale. 

Le dernier état sur la situation au 14 juin 2024 (voir rapport)  élaboré par les Nations Unies souligne le niveau de destruction délibéré auquel se livre Israël dans la Bande de Gaza. Alors que le chiffre de plus de 37.200 morts à Gaza est inacceptable à tous points de vue, dans un article récent publié par un spécialiste français de renom sur les effets des bombardements aériens (voir hyperlien  de l'article intitulé "Offensive contre Gaza, un bilan catastrophique pour Netanyahou, quelles conséquences pour Israël ? "publié le 26 mai), on lit qu'en réalité, selon cet expert militaire français, le nombre de morts à Gaza depuis le 7 octobre se situerait entre 60 000 et 70 000 :

"Avec 7 mois de bombardements et de combats, le bilan projeté en termes de victimes des opérations militaires se situe donc dans une fourchette de 60 à 70 mille morts. Il s’agit bien du double du bilan affiché aujourd’hui, ce dernier n’ayant plus de sens, personne n’étant en mesure de relever physiquement les décès.

Certes, le Hamas aurait intérêt à maximiser « son » bilan, mais il a perdu pieds sur le sujet tandis que son état-civil est réputé comptabiliser des décès tracés (certificats). Il lui est donc difficile de modifier désormais cette « comptabilité » qui d’ailleurs reste bloquée autour de 35 mille morts et 10 mille disparus malgré le rythme toujours aussi intense de bombardements.

Ces chiffres de 60 à 70 mille décès sont cohérents avec les résultats affichés par Tsahal qui revendique entre 8 à 10 mille miliciens du Hamas tués".

La sensation de fuite en avant dangeureuse que les autorités politiques israéliennes manifestent au plan stratégique et militaire, avec une opération militaire qui vient de passer le cap des 8 mois le 7 juin dernier sans avoir atteint un seul des objectifs militaires officiels fixés, renforce pour nombre d'observateurs, la capacité de lecture anticipée de l'Afrique du Sud, dont la requête  a été déposée, faut il le rappeler, dès le 30 décembre 2023 à La Haye (Note 16). 

Pour ce qui est de la CPI en tant que telle, en 2020, lorsque la Bureau du Procureur de la CPI avait émis l'idée de poursuivre le haut commandement militaire israélien pour les offensives militaires de 2009 et 2014 sur Gaza, la presse isarélienne avait eu écho d´une liste de 200-300 noms (voir note du Timesof Israel du 16 juillet 2020): on attend en ce mois de juin 2024, que des échos similaires commencent à laisser des traces sur ce point précis. En réponse aux menaces proférées contre le personnel de la CPI, ce 14 juin une déclaration souscrite par 93 Etats Parties au Statut de Rome réaffirme la défense de la justice pénale internationale (voir texte de la dite déclaration).

Indéniablement, en ces mois de mai et juin 2024, malgré poses et attitudes défiantes de ses autorités, déclarations officielles courroucées et autres qui n'impressionnent plus grand monde, l’étau du droit international se reserre sur Israël. 


 - Notes -  

 

Note 1: Cf. BOEGLIN N., "Le nouveau statut de membre de la Palestine aux Nations Unies : une perspective latinoaméricaine", Le Monde du Droit, Section Decryptages, édition du 3 janvier 2013. Texte disponible ici. En anglais, cf. AKANDE D., "Palestine as a UN Observer State: Does this Make Palestine a State?", EJIL-Talk, édition du 3 décembre 2012. Texte disponible ici. Plus généralement, sur la participation de la Palestine en tant qu'Etat au sein des diverses organisations internationales, cf. MARTIN J.C., "Le statut de la Palestine dans les organisations internationales",   Vol. 62 (Année 2016), pp. 213-233. Texte intégral disponible ici


Note 2: Cf. (en espagnol) BOEGLIN N., "El veto de Estados Unidos a la admisión de Palestina como Estado Miembro de Naciones Unidas: algunas reflexiones", Blog Derecho InternacionalCosta Rica, 18 avril 2024. Texte disponible ici.

 

Note 3: Cf. BOEGLIN N., "Gaza / Israël : à propos du véto des États-Unis au projet de résolution du Conseil de Sécurité présenté par le Brésil", Blog de la Société Québécoise pour le Droit International (SQDI), édition du 27 octobre 2023. Texte disponible ici.


Note 4: Cf. (en espagnol)  BOEGLIN N., "Palestina: a propósito de la reciente resolución sobre derechos de Palestina como  futuro Estado Miembro de Naciones Unidas", Blog Derecho InternacionalCosta Rica, 10 mai 2024. Texte disponible ici. 

 

Note 5: Sur ce sujte précis, cf  DOPAGNE F., "Observations sur la pratique récente de dénonciation des traités", Vol. 64,  (2018), pp. 131-159, notamment pp.141-144.


Note 6: Parmi des désistements récents, celui de l´Equateur dans l' affaire l'opposant  à la Colombie concernant l'épandage áerien de pesticides dans leur zone frontaliere, en raison d'un accord entre ces deux Etats, dans lequel la Colombie s'accorde, entre autres,  à  verser 15 millions de US dollars en échange d'un retrait de la demande présentée en 2008 (voir texte de l'accord, point 9): également voir sur ce sujet le desistement, le communiqué officiel de la CIJ de septembre 2013. En 1991, le Nicaragua a demandé au juge de La Haye de rayer l'affaire contre les Etats-Unis, celle-ci étant consacrée à l'étape sur la compensation pour dommages causés au Nicaragua par les Etats Unis, suite au jugement rendu en 1986 par la CIJ sur le fond en faveur du Nicaragua: voir le communiqué de la CIJ (voir texte) de septembre 1991.


Note 7: Cf. (en espagnol)  BOEGLIN N., "Gaza / Israel: a propósito de la solicitud de México de intervenir en la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", Blog Derecho InternacionalCosta Rica,  28 de mayo del 2024. Texte disponible ici. 

 

Note 8:  Cf. BOEGLIN N., "La reconnaissance récente de la Palestine par la Suède : perspectives", Sentinelle (Bulletin de la SFDI, Société Francaise pour le Droit International), édition de novembre 2014. Texte disponible ici


Note 9Une ordonnance fixant les délais de dépôt des pièces de la procédure écrite du 5 mai 2024 établit les échéances suivantes (voir texte):

- pour le mémoire de l´Afrique du Sud: le 28 octobre 2024 ; 

- pour le contre-mémoire de l’État d’Israël, le 28 juillet 2025. 

On lit aussi dans cette décision que la CIJ a fixé un délai différend de celui proposé par les deux Etats:

" ... lors de cette réunion, l’agent de l’Afrique du Sud a indiqué que son gouvernement souhaiterait disposer, pour la préparation de son mémoire, d’un délai de 12 mois à compter du prononcé de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires en date du 26 janvier 2024, mais qu’il « s’en remettra[it] à la décision de la Cour » sur cette question ; et considérant que l’agent adjoint d’Israël a affirmé que, de l’avis de son gouvernement, un délai de six mois serait suffisant pour la préparation, par chacune des Parties, de ses premières écritures".


Note 10: Cf. (en espagnol) BOEGLIN N., "Gaza / Israel: a propósito del anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de solicitar órdenes de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad", Blog Derecho InternacionalCosta Rica editée le 20 mai 2024. Texte disponible ici.

 

Note 11: Cf. (en espagnol)  BOEGLIN N., "Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Israel suspender de inmediato su ofensiva en Rafah y abrir Gaza a investigación por parte de agencias de Naciones Unidas", Blog Derecho InternacionalCosta Rica éditée le 24 mai 2024. Texte disponible ici

 

Note 12: Cf. BOEGLIN N., "Gaza / Israël : à propos de la conclusion des audiences entre l’Afrique du Sud et Israël à la Cour Internationale de Justice (CIJ)", Blog de la Société Québecoise pour le Droit International (SQDI), édition du 24 mai 2024. Texte disponible ici.


Note 13Cf. FERNANDEZ J., La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l´égard de la Cour pénale internationale, Paris, Pedone, 2010, p. 325. Quelques déclarations du chef de la délégation étasunienne après la conférence de Rome de juillet 1998 sont également éclairantes: "En ce qui concerne Israël enfin, David Scheffer reconnut après Rome que la délégation américaine avait endossé la crainte d´Israël d´être victime d´accusations devant la future Cour en raison de sa politique dans les territoires occupés" (p. 172). On lira avec intérêt la tentative des Etats-Unis d'exclure de la définition de crimes de guerre le « transfert par un Etat d´une partie de sa population dans un territoire qu´elle occupe » (pp. 171-172).


Note 14: Le communiqué officiel du Costa Rica du 27 mai, posté à 12h51, se lit comme suit (voir hyperlien). Il est reproduit ci-dessous dans son intégralité : ni le titre ni le texte de ce communiqué ne font expressément référence à Israël et le mot « incident » est utilisé dans le titre. La deuxième phrase comporte également une faute d'orthographe, ce qui invite à penser que ce texte a été écrit à la hâte, sans révision de style :

"Ante ataque a campo de refugiados en Rafah, Costa Rica hace llamado a un alto al fuego inmediato, al cumplimiento de las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia y a la investigación del incidente

San José, 27 de mayo de 2024. Costa Rica ha recibido con consternación la noticia del bombardeo sobre un campo de refugiados en Rafah, que ha causado la muerte de civiles inocentes, incluidos mujeres y niños, además de múltiples heridos.

Esto suma mayor sufrimiento a una población varias veces desplazada, carente de las condiciones básicas de sobrevivencia por meses, que se encontraba en el último lugar donde se les había prometido refugio seguro.

Este ataque a civiles se ha dado dos días después de que la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial supremo de las Naciones Unidas, emitió medidas cautelares de obligatorio cumplimiento en que ordenaba un alto inmediato a las operaciones terrestres y cualesquiera otras acciones en Rafah que pudieran llevar a la destrucción total o parcial de la población palestina en Gaza. 

Costa Rica espera una investigación profunda y objetiva de este hecho con la correspondiente rendición de cuentas.

Reiteramos una vez más el llamado a un alto al fuego inmediato, a la liberación incondicional e inmediata de los rehenes, y al respeto y acatamiento de las normas y principios del Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, así como a las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad y a todas las medidas precautorias dictadas por la Corte Internacional de Justicia.

Comunicación Institucional -195-2024 CR hace llamado a un alto al fuego inmediato, al cumplimiento de las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia y a la investigación del incidente - Lunes 27 de mayo de 2024".

 

Note 15: Cf. par exemple, AL TAMIMI Y., Implications of the ICJ Order (South Africa v. Israel) for Third States”, EJIL-Talk, édition du 4 février 2024. Texte disponible ici ; PIETROPAOLI I., "Obligations of Third States and Corporations to Prevent and Punish Genocide in Gaza", Bristish Institute of Interntional and Comparative Law, 5 juin 2024.  Texte disponible ici ; QUIGLEY J., “Legal Standard for Genocide Intent: An Uphill Climb for Israel in Gaza Suit”, EJIL Talk, édition du 14 mars 2024. Texte disponible ici. 

 

Note 16: Dans le rapport sur l'état de la situation élaboré au 30 décembre 2023 par les Nations Unies (voir texte), on lisait que:

"Between the afternoons of 29 and 30 December, 165 Palestinians were killed, and another 250 people were injured, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza. Overall, between 7 October and 7:00 on 30 December, at least 21,672 Palestinians were killed in Gaza, according to the MoH in Gaza. About 70 per cent of those killed are said to be women and children. As of then, 56,165 Palestinians have reportedly been injured. Many people are missing, presumably buried under the rubble, waiting for rescue or recovery.  

On 30 December, the Israeli military announced that one additional soldier had been killed in Gaza and one had succumbed to injuries sustained last week. Overall, since the start of the ground operation, 168 soldiers have been killed, and 955 soldiers injured in Gaza, according to the Israeli military".