Foto de vigilia frente al Poder Judicial de Costa Rica exigiendo justicia por la muerte de Jairo Mora Sandoval, el ambientalista costarricense asesinado mientras recorría la playa de Moín (costa Atlántica), acaecida el 30 de mayo del 2013. Nota del 6/05/2014 de Elpais.cr
Desde esta semana está disponible el texto del informe del Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente, el señor John H. Knox (Estados Unidos), en relación a su Misión efectuada en Costa Rica en el año 2013. Al finalizar su visita, y de manera preliminar, el experto había indicado en una conferencia de prensa en agosto del 2013 que: "No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente. Esas funciones de policía son tareas que deben estar en manos de los Gobiernos" (ver nota de La Nación del 2/08/2013). Estas declaraciones hacían de alguna manera eco a la profunda indignación suscitada por la muerte de un ambientalista en una playa de Costa Rica en mayo del 2013, Jairo Mora Sandovial: el ecologista había hecho público amenazas recibidas en relación a la labor que desarrollaba, consistiendo en repertoriar nidos de tortugas marinas. Por alguna coincidencia, el arresto de varios sospechosos de la muerte de Jairo Mora Sandoval se dio durante los días en que el experto independiente visitaba Costa Rica: fue inmediatamanente reportada por la prensa internacional (ver nota de El Pais - España). Cabe recordar que la muerte de Jairo Mora fue seguida por declaraciones infortunadas y precedida por una peligrosa deriva discursiva de las mismas autoridades oficiales de Costa Rica (ver modesta nota al respecto publicada en La Nación). Un ecologista de Costa Rica sugirió en un artículo pistas de investigaciones a las autoridades que al parecer no fueron exploradas, o de manera algo somera (ver artículo de Juan Figuerola). A escasas semanas del cambio de Gobierno en Costa Rica, el pasado 26 de abril del 2014, las autoridades decidieron rebautizar el Refugio Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo con el nombre de Jairo Mora (ver nota de CRhoy): un acto que no se adecúa a las denominadas "garantías de no repetición" que ha ordenado, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los Estados en casos de asesinatos de lideres ecologistas y sociales. En Costa Rica, la actitud de las autoridades en el caso de Jairo Mora revivió una larga lista de impunidad relacionada con crímenes o actos de intimidación contra ecologistas, llevando a la Federación de Organizaciones Ecologistas (FECON) a exigir más respeto a su memoria (ver artículo de Mauricio Álvarez, Presidente de la FECON). Muchos de estos crímenes contra defensores del ambiente permanecen sin ser sancionados, incluyendo el caso de cuatro de ellos cuyos cuerpos aparecieron sin vida en Moravia y en La Uruca a finales de 1994 e inicio de 1995 (caso AECO) (ver nota de prensa) (Nota 1).
La situación de varias familias de la comunidad ubicada en el Refugio Mixto de Vida Silvestre en Gandoca Manzanillo, sujetos a ordenes de desalojos y demolición de sus casas es también parte de las preocupaciones del experto independiente, entre otros temas, pero desde otra perspectiva. La peculiar situación en Gandoca Manzanillo dio lugar a una entrevista de cierto interés en el 2012, seguida por la presentación de un proyecto de ley fuertemente cuestionado por organizaciones ecologistas costarricenses (ver manifiesto colectivo), que terminó siendo objeto de una consulta facultativa y declarado totalmente inconstitucional por parte de la Sala Constitucional. Este ejercicio legal no fue seguido de ninguna nueva propuesta, por lo que la angustia de la amenaza de desalojos sigue vigente para muchos pobladores de la zona, (varios de ellos arraigados desde hace más de 100 años en Gandoca Manzanillo).
Otro aspecto que analiza el informe es la situación de vulnerabilidad de las poblaciones indígenas y las constantes acciones de intimidación de las que son objeto debido al irresuelto problema de acceso a la tierra, así como debido a su oposición a proyectos hidroeléctricos que amenazan cuencas en las que habitan. En el 2012, acciones violentas se dieron en Salítre (ver nota). Un "título de desvergüenza" fue remitido por comunidades indígenas al Presidente de la Asamblea Legislativa en el mismo año (ver nota), después de la acción policial de agosto del 2010 en la que la policía irrumpió violentamente en el edificio legislativo para expulsar a lideres indígenas (ver nota de la ANEP).
El informe señala en su parte final algunos desafíos y retos para Costa Rica en materia de derechos humanos. En particular, entre muchos otras conclusiones, (punto 63) el hecho que: "Costa Rica /.../ tiene varios retos que superar: en primer lugar, es sumamente inquietante que haya comunidades, entre ellas algunas de etnias minoritarias, que estén bajo la amenaza de ser expulsadas de los hogares que han ocupado por generaciones, debido a la interpretación estricta de las leyes que rigen las áreas protegidas y la conservación. No debería imponer un costo indebido a las comunidades que tienen profundas raíces históricas en las zonas de importancia ambiental. El derecho a un ambiente sano no tiene por que estar en conflicto con otros derechos fundamentales". En el punto 64 leemos que: " /.../ con respecto a todos los ciudadanos, el experto independiente recomienda a Costa Rica que siga aumentando sus esfuerzos por hacer participar a las personas y comunidades que tienen un interés más directo en la protección de determinadas zonas a fin de aprovechar sus capacidades e intereses". En el punto 65, el experto recuerda a Costa Rica algunas de las obligaciones internacionales con respecto a las poblaciones indígenas, objeto de varios desarrollos (puntos 47 a 50 de su informe) en los siguientes términos: "en lo que se refiere al proyecto hidroeléctrico El Diquís, el experto independiente recomienda al Estado que siga celebrando consultas con los pueblos indígenas que puedan resultar afectados, aprovechando la labor de facilitación del equipo de las Naciones Unidas en el país y teniendo en cuenta que las consultas deben tener por objeto conseguir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados".
En el punto 67, leemos que. " /.../, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica": una clara advertencia hecha pública en el 2013 por las mismas organizaciones ecologistas de Costa Rica a las autoridades (ver nota del Semanario Universidad). En el punto 68, el experto "rrecomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales contra los proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo, sino que las considere como manifestaciones de los derechos humanos a la libertad de expresión y de asociación, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos".
En unas de sus últimas recomendaciones (Nota 2), el Experto Independiente recuerda a Costa Rica que lleva varios años con recomendaciones similares no acatadas, al indicar que: "el experto independiente recomienda a Costa Rica que examine nuevamente las recomendaciones formuladas en 2009 por la experta independiente de entonces sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, con vistas a renovar los esfuerzos por dar cumplimiento a esas recomendaciones". Se trata de las recomendaciones - algunas de carácter urgente - contenidas al final del informe presentado en junio del 2009 por la Experta Independiente Catarina Albuquerque (Portugal) de las Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos con relación a la situación imperante en Costa Rica (ver documento completo descargable aquí).
Nota 1: En una opinión jurídica de la Procuraduría General de la República de 1997 en respuesta a una solicitud del entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Naranjo (Opinión Jurídica : 004 - J del 23/01/1997), la PGR concluye que "1.- De acuerdo con las autopsias realizadas y las investigaciones por muerte de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño, la muerte de éstos se debió un incendio accidental. 2.- De acuerdo con las autopsia e investigación de la muerte de David Maradiaga Cruz, su muerte se debió a causas naturales. 3.- Los órganos del Estado desarrollaron una labor profesional, técnica y dentro de un tiempo prudencial en el esclarecimiento de las muertes de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante Montaño y David Maradiaga Cruz". .
Nota 2: La versión en español de este documento elaborado por el experto independiente John H Knox está disponible aquí, texto completo o bien puede ser solicitado al siguiente correo: cursodicr@gmail.com. De igual manera, la versión en inglés del mismo informe puede ser solicitada y será remitida oportunamente por correo electrónico.
La presente nota fue publicada el 9/05/2014 en la edición de Cambio Político y en ALAINET así como en CRHoy el 13/05/2014. Una versión ampliada fue editada el 11/05/2014 en Informa-tico, en Elpais.cr, en Tribuglobal en su edición del 14/05/2014 y en la Revista Paquidermo el 19/05/2014.
ENGLISH VERSION:
Since this week the final report on Costa Rica of UN Independent Expert on Human Righst and Environment, John H. Knox is available. The mission to Costa Rica took place last July/August 2013 and the report is availabe in English here. A few hours before leaving Costa Rica, in August 2103, John H. Knox indicated in a press conference: "It’s not the task of social organizations, civil society or citizens to put their own lives at risk to protect the environment. These are police functions that have to be adequately carried out by the government" (see press note of Tico Times). These declarations answered to the deep indignation provoked a few months before his presence in Costa Rica by the death of a member of a conservationist NGO. On May 31, 2013, turtle conservationist Jairo Mora Sandoval has been found murdered on Moin beach (Caribbean coast) (see note). Different articles published tried to find the possible reasons for such criminal action (see Tico Times note and an article published by Juan Figuerola, an experienced environmental defender, on "invisible turtles" in Costa Rica). Costa Rican Vice President (until May 7, 2014) Alfio Piva pronounced curious declarations to CNN reporters: he "told CNN that a considerable amount of Colombian cocaine passed through the area where More died, but stressed that the attack was an isolated incident, and it shouldn’t be interpreted as a symptom of a larger problem. “It’s a very regrettable accident,” Piva said, “but an accident nonetheless.” (see note). A few weeks before the change of govermmental authorities, last August 26, 2014 costarican environmental Minister René Castro decided to rename the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge with the name of Jairo Mora Sandoval (see CRHoy note). The murder of 4 members of AECO ecological organization in December 1994 is another crime against environmental defenders in Costa Rica that remains, almost 20 years after, without criminal sanctions ordered, among others crimes or intimidations not investigated (see article). In one of the rare studies avaliable online about AECO action in Osa Peninsula, we read that: "It suffices here to say that the Costa Rican Ecologist Association, AECO,, and their transnational coalition partners - in close cooperation with local leaders and activists in the Osa Peninsula - managed to construct 'critical agency' for change to the design and conditions of the Ston Forestal project. Both the company and thee Costa Rican government had to give in to their demand to withhold the industrial plant from being constructed on a particular spot on the shore of the Golfo Dulce and had to design a new agreement". (See the study: "No stone unturned : building blocks of environmentalist power versus transnational industrial forestry in Costa Rica" at p. 245).
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