Pronunciamiento: En defensa de la Justicia Constitucional y del Estado Constitucional de Derecho costarricense
Como profesoras y profesores de Derecho de la Universidad de Costa Rica:
Expresamos nuestra profunda preocupación por los acontecimientos recientes relacionados con el proceso de designación de magistraturas suplentes de la Corte Suprema de Justicia, la resolución dictada por la Sala Constitucional sobre dicha materia y las posteriores reacciones provenientes de autoridades del Poder Ejecutivo y una fracción legislativa.
Entendemos que estos hechos plantean un debate constitucional de extraordinaria relevancia para el país, pues comprometen principios esenciales de nuestra democracia constitucional.
Toda democracia digna de ese nombre es un sistema político que garantiza elecciones libres, periódicas y competitivas para elegir autoridades representativas, sufragio universal, pluralismo e igualdad política. También debe garantizar una amplia libertad de expresión, acceso a fuentes diversas de información y la libertad política de asociación, organización, manifestación y participación ciudadana.
Sin embargo, la regla de la mayoría y el resultado electoral no agotan el contenido de la democracia constitucional. Exige también que las autoridades públicas se sometan a la Constitución, que existan controles institucionales independientes del poder político, una separación efectiva de poderes públicos fundamentales y que se garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas.
Defendemos que el Estado Constitucional de Derecho constituye un principio esencial de nuestro orden constitucional. Ninguna autoridad se encuentra por encima del Derecho, y ninguna puede legítimamente desconocer las competencias constitucionalmente atribuidas a los demás poderes del Estado.
Subrayamos que la existencia de un Poder Judicial independiente constituye un presupuesto indispensable de cualquier democracia constitucional.
La Sala Constitucional desempeña una función esencial en nuestro Estado Constitucional de Derecho. Su misión es garantizar la supremacía de la Constitución, proteger los derechos fundamentales y preservar las condiciones constitucionales de la República democrática.
Reconocemos, asimismo, que el desacuerdo constituye una dimensión esencial de toda República democrática. Las decisiones de los tribunales, como las de cualquier órgano del Estado, pueden legítimamente ser objeto de análisis, discusión y crítica pública.
No obstante, ese legítimo derecho a disentir encuentra un límite infranqueable en el respeto al propio orden constitucional. En una República democrática, los desacuerdos políticos deben canalizarse mediante los procedimientos previstos por la Constitución. Mientras las decisiones judiciales permanezcan vigentes, corresponde tanto a las autoridades públicas como a la ciudadanía respetarlas y acatarlas, sin perjuicio de utilizar los mecanismos institucionales previstos para su crítica, revisión o eventual modificación.
Por todo ello, afirmamos nuestro enfático respaldo a la reciente decisión de la Sala Constitucional sobre la elección de magistraturas suplentes, en cuanto representa el ejercicio de la función que la Constitución le encomienda y preserva las garantías institucionales indispensables para la protección de los derechos fundamentales, la independencia judicial y el ejercicio de las potestades constitucionales de la Asamblea Legislativa dentro de los límites establecidos por la Constitución.
En ese sentido, rechazamos categóricamente cualquier pretensión orientada a instrumentalizar los mecanismos institucionales con el propósito de debilitar la estructura constitucional de la República y, particularmente, de menoscabar la independencia del Poder Judicial.
Manifestamos nuestro categórico rechazo al uso irresponsable del concepto de golpe de Estado, por parte de figuras políticas en el Poder Ejecutivo. Utilizar una categoría reservada para describir la ruptura de un orden constitucional para describir desacuerdos institucionales propios del funcionamiento regular de una democracia constitucional, desvirtúa su significado histórico y jurídico, deteriora la deliberación pública y puede contribuir a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
La experiencia comparada demuestra que las democracias no desaparecen únicamente mediante rupturas abruptas del orden constitucional. Con mucha frecuencia se erosionan gradualmente cuando se debilitan los controles institucionales y se relativiza el cumplimiento del orden jurídico democrático.
Precisamente por ello, hacemos un llamado a la comunidad jurídica y académica nacional, así como a toda la ciudadanía costarricense, a reafirmar su compromiso cívico con la defensa de la República democrática, del Estado Constitucional de Derecho y de las instituciones que hacen posible nuestra convivencia democrática.
Firman:
Profa. Ana Lucía Blanco Villalobos, Prof. Gustavo Chan Mora, Profa. Rosaura Chinchilla Calderón, Prof. Eric Alfredo Chirino Sánchez, Profa. Ana Lorena González Valverde, Prof. Alejandro Guevara Arroyo, Prof. Jaime Ordoñez Prof. Luis Felipe Rodríguez Vargas, Prof. MANUEL ROJAS SALAS, Prof. Alberto Jiménez Mata Prof. Daniel González Álvarez Profa. Maripaz Sancho Miranda Prof. Norman José Solórzano Alfaro Prof. Mauricio Castro Méndez Prof. Gabriel Espinoza Profa. Lilliana Rivera Quesada Profa. Marianela Aguirre Rodríguez Profa. Ana Karen Cortés Víquez Profa. Xiomara Gutiérrez Cruz Profa. Marcela Gonzalez Solera Prof. Guillermo Arce Arias Profa. Ana Elena Alvarado Salazar Profa. Sofia Cordero Molina Profa. Anahí Fajardo Torres Profa. Yendry Muñoz Vásquez Profa. Adriana Acuña Leiva Prof. José David Ramírez Roldán Prof. Carlos Tiffer Sotomayor Prof. Edgar Odio Rohrmoser Profa. Vera Violeta Salazar Rojas Profa. Maureen Jiménez Gómez Profa. Andrea Marcela Gutiérrez Baltodano Prof. Juan Pablo Salazar Carvajal Prof. Jorge Sáenz Carbonell Profa. Marcela Muñoz Muñoz Prof. Víctor Barrantes Marín Profa. Tania Morales Martinez Prof. José M. Cisneros Mojica Profa. Anahí Fajardo Torres Profa. Marilú Rodríguez Araya Prof. Erick Gatgens Gómez Prof. Marvin Carvajal Pérez Prof. Alfonso Chacón Mata Prof. José Carlos Chinchilla Prof. Frank Álvarez Prof. Jose Manuel Arroyo Prof. Nicolás Boeglin
Prof. emérito Walter Antillon Montealegre Prof. emérito Javier Llobet
Profa. jubilada Claudia Arroyo Borroni Prof. jubilado Edgar Gutierrez Espeleta Prof. jubilado Omar Vargas Rojas Profa. jubilada Mayra Campos Zúñiga Profa. jubilada Cecilia Ivette Villalobos Soto