Foto de la planta de producción de pasta de celulosa UPM (antiguamente Botnia) ubicada a orillas del Río Uruguay. Artículo de prensa de El Clarín (Argentina). Foto de bloqueo de una de las tres vías de acceso a Uruguay desde Argentina por parte de manifestantes argentinos en el mes de junio del 2007, artículo de sitio Dominiouruguay.com (Uruguay)
En el día de ayer, Argentina indicó a las autoridades del Uruguay que recurrirá nuevamente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras la decisión uruguaya de aumentar el volumen de producción de la planta de celulosa ubicada cerca del río Uruguay, río fronterizo entre ambos Estados. En meses anteriores, Argentina había notificado en varias ocasiones a Uruguay que este último estaba tomando decisiones que podrían llevar a ambos nuevamente ante el estrado de la CIJ. En el año 2006, Argentina había demandado al Uruguay, obteniendo en abril del 2010 una decisión (ver texto completo) de los jueces de La Haya que evidenció la lectura reservada que hacen estos de algunos principios básicos del derecho internacional ambiental contemporáneo: además de las opiniones separadas de los dos jueces ad hoc, siete jueces titulares de la CIJ se sintieron obligados a hacer ver su disconformidad con algunas partes de esta cuestionada decisión (ver listado de opiniones y declaraciones separadas). La doctrina ha sido sumamente dura con relación al hecho que la CIJ no suspendiera el proyecto y se limitara a indicar que Uruguay había violado algunas reglas convencionales vigentes entre ambos Estados, recomendando a ambos Estados monitorear de manera conjunta los niveles de contaminación de las aguas del Río Uruguay. Un artículo sobre esta decisión refiere incluso en su título a "lo lejos de la noción de recurso natural compartido" que implica este fallo de la CIJ. En uno más reciente editado en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional (AMDI) (ver texto completo) se concluye que: " "La resolución de la Corte del asunto de las plantas de celulosa en el río Uruguay, enmarcado en el derecho internacional ambiental, ha dejado una mala percepción respecto del avance y progresión del desarrollo jurisprudencial de nuestro máximo tribunal internacional en lo que al aprovechamiento de recursos naturales compartidos y contaminación transfronteriza se refiere; pues la violación de Uruguay de sus obligaciones previstas en el Estatuto del río y de los principios de cooperación, uso equitativo y razonable, prevención y buena fe, tan arraigados en la práctica consuetudinaria internacional, no tuvo implicaciones jurídicas; simplemente, carecieron de fuerza vinculante en la valoración y resolución de este caso".
Se lee en la nota emitida ayer por el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina (ver artículo de prensa de El Pais, España) que:
" El día de ayer el Gobierno argentino tomó conocimiento a través de una nota presentada por la Delegación Uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, que su Gobierno ha autorizado hace seis días en forma definitiva el aumento de producción de UPM a 1.365.000 toneladas anuales.
Se trata de un gesto inamistoso de parte de su gobierno en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia entre nuestros países en torno a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay.
Esta nueva medida uruguaya confirma la ruptura unilateral por parte de su gobierno del mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 al 12 del referido Estatuto, que se encontraba en pleno desarrollo en octubre de 2013 cuando fue interrumpido de manera arbitraria por su gobierno.
Al igual que lo hiciera en mi nota del 15 de octubre de 2013, el Gobierno argentino reclama por mi intermedio que el Gobierno uruguayo deje de inmediato sin efecto esta nueva resolución y se atenga al cumplimiento estricto y de buena fe de las normas contenidas en el citado Estatuto.
Al confirmar en todos sus términos mis notas del 15 de octubre, del 23 de octubre y del 22 de noviembre de 2013, por las que he rechazado la autorización provisoria del aumento unilateral de la producción de UPM, señalo que el Gobierno argentino ha decido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay y de la propia sentencia del Tribunal del 20 de abril de 2010, para lo cual he dado instrucciones de comenzar los procedimientos correspondientes.
Por último, le comunico que el gobierno argentino procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales.
Sin otro particular, lo saludo atentamente."
Solicitado por la prensa, el jefe de la diplomacia uruguaya "declinó hacer cualquier declaración aduciendo que “la respuesta será formal y por nota” (ver nota de prensa).
ENGLISH VERSION
Yesterday, Argentina announced that the uruguayan decision that allows UPM pulp mill to increase production to 1.365 million tons per annum is considered as an "unfriendly gesture", considering that Uruguay river is the natural border between Uruguay and Argentina. In an official letter sent to Uruguay authorities (see article), Argentina said that “This new Uruguayan decision confirms the unilateral rupture by the Uruguay government of the information and previous consultation mechanism, as established in the referred statute that was in full development last October 2013 when it was unilaterally interrupted in an arbitrary manner by your government”". Additionnally, "the Argentine government has decided to immediately take the case to the International Court of Justice in The Hague because Uruguay has ignored the River Uruguay Statute and that tribunal's sentence from 20 April 2010”.
La presente nota fue publicada en Cambiopolitico el 15/06/2014 y una versión ampliada en ALAINET y en Periodistas-es el 17/06/2014.
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