El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación

 

El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación

En días recientes, varias cámaras empresariales costarricenses han circulado cartas dirigidas  a integrantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presentando una serie de argumentos jurídicos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú. 

Como bien es sabido este último es un tratado internacional, adoptado en marzo del 2018 bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), y cuyo nombre completo es: "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe".

En las líneas que siguen intentaremos explicar, desde la perspectiva internacional, la situación bastante inédita que significa para Costa Rica el persistir como Estado renuente a  ratificar este tratado, y la poca solidez de algunos de los argumentos avanzados súbitamente por estas cámaras empresariales.

 

Mujeres de Yulchen Frontera, integrantes de la Resistencia Pacífica Ixquisis en contra del proyecto hidroeléctrico San Mateo en Guatemala, extraída de nota de prensa titulada " Defensores ambientales en Latinoamérica: rendirse no es una opción", MongaBay Latam, 31/10/019,y reproducida en el medio digital LaMula (Perú) 

Breve puesta en contexto

Desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año (véase texto completo de su versión oficial en español) está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe).

A la fecha del 3 de diciembre del 2020, según el tablero oficial de Naciones Unidas sobre las firmas y ratificaciones obtenidas, se contabilizan 24 firmas y 10 ratificaciones: las últimas firmas son la de Belice, registrada el 24 de setiembre del 2020 y la de Dominica (el mismo 26). La última ratificación registrada es la de Santa Lucía (1ero de diciembre del 2020), tal y como consta en este documento oficial de Naciones Unidas, la cual viene a añadirse a las de Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay.

El depósito formal del instrumento de ratificación de Argentina (cuyo Congreso aprobó este tratado en setiembre del 2020) y de México  (cuyo Senado finalizó el trámite de aprobación iniciando este mismo mes de noviembre) es cuestión de semanas, por lo que muy pronto se precisará con exactitud la fecha oficial de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (contada noventa días a partir del registro del instrumento de ratificación número once). 

En la literatura especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales. 

En esta declaración conjunta, se puede leer que:

"Asimismo, reconocemos y subrayamos que los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, de la democracia y de un medio ambiente sano, y aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente; involucrar al público respecto de los problemas ambientales; aportar a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública; y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo".

Este grupo pionero de Estados, que impulsaron decididamente esta novedosa iniciativa en el 2012, no coincide con los primeros once Estados en ratificar este instrumento regional para que pueda entrar en vigor: siendo el caso de Chile el más estridente e inconsistente, al negarse oficialmente sus máximas autoridades (y ello hasta la fecha) a tan siquiera… firmar el Acuerdo de Escazú (Nota 2).

Costa Rica: entre las primeras firmas pero aún sin ratificación

Costa Rica firmó el Acuerdo de Escazú en setiembre del 2018 durante la ceremonia prevista para ese efecto en Nueva York, organizada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Más de dos años después, aún no lo ha ratificado debido a una complicación en el trámite que se ha originado después de una consulta hecha al Poder Judicial (Nota 3). 

Pese a haber sido el principal impulsor con Chile de este instrumento internacional entre el 2014 y el 2018 (que además lleva el nombre indígena de uno de sus cantones), la ausencia de Costa Rica entre los primeros Estados en depositar el intsrumento de ratificación la coloca en una situación ambigua en la región centroamericana (si se considera que sus dos vecinos directos - Nicaragua y Panamá - ya lo han hecho) y más generalmente, ante la comunidad internacional como tal. 

En efecto, al ser un Estado el anfitrión de la última ronda de negociación en la que se adopta el texto de un futuro instrumento, este Estado adquiere un compromiso muy peculiar hacia los demás Estados. La práctica internacional señala que usualmente aparece entre los primeros Estados en proceder a su ratificación, confortando así ante la comunidad internacional y ante la opinión pública internacional, su firme compromiso con los objetivos perseguidos por el tratado. Con respecto a otro tratado regional suscrito en Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su adopción en 1969 fue seguida por la ratificación de Costa Rica cuyo instrumento de ratificación fue depositado el 4/08/1970, constituyéndose en la primera ratificación en el hemisferio americano (tal y como se aprecia en la  tabla oficial  sobre el estado de firmas y ratificaciones) de este emblemático instrumento del que tanto Costa Rica se enorgullece.

Foto de manifestaciones contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica, extraida de artículo titulado "Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans" (Bilaterals.org., edición del 17/04/2013)

Las preocupaciones recientes externadas por el sector empresarial costarricense en breve

A diferencia de lo que dejan entender los recientes comunicados circulados por diversas cámaras empresariales costarricenses en contra de este tratado, el texto del Acuerdo de Escazú es extremadamente mesurado y ponderado de manera a garantizarle a cada Estado un margen de maniobra y cierta flexibilidad a la hora de implementar cada una de sus disposiciones.

No es lo propio de este tratado en particular, sino que se inscribe dentro de una técnica convencional, encontrada en un sinnúmero de tratados multilaterales en materia ambiental y en otros ámbitos. Cabe recordar que al ser el resultado de nueve largas rondas de negociaciones entre los 33 Estados de América Latina y del Caribe realizadas entre el 2014 y el 2018, cada párrafo fue objeto de revisiones, enmiendas y modificaciones adicionales, en aras de consensuar una formulación que fuera la más aceptable posible para 33 delegaciones provenientes de realidades jurídicas, institucionales y políticas muy diversas.

En un comunicado inicial de la Cámara Nacional de Agricultores del 8 de octubre del 2020 dirigido a los jefes de fracción del Congreso costarricense (véase texto completo), se puede leer que:

“En conclusión, el Acuerdo de Escazú tiene un conjunto de falencias jurídicas, tanto convencionales, constitucionales como legales  que al no ser subsanables por las eventuales reservas estatales, entrarían en vigencia de ser aprobado; lo anterior sin perjuicio de las antinomias generadas respecto de tratados de libre comercio“(sic.).

Foto de lideres e integrantes de comunidades afectadas por la expansión piñera en Costa Rica, extraida de investigación titulada "Deuda piñera: Costa Rica sigue sin medir impacto en la salud de las comunidades contaminadas" (Delfino.cr, edición del 21/11/2019)

Por su parte la Cámara de Industrias de Costa Rica en una carta del 19 de noviembre pasado (véase texto completo)  llega a conclusiones similares. Otra carta, con la misma fecha, de 12 extensas páginas, suscrita esta vez por la Unión Costarricense de Cámaras (UCCAEP) (véase texto completo) concluye señalando lo siguiente:

“Señoras y señores diputados, cómo hemos podido expresar, existen suficientes reservas y preocupaciones en torno a este expediente legislativo, países como Chile, que fue uno de los países proponentes, notificó a la Cancillería ya que no procedería con su ratificación, ya que han identificado los mismos peligros que hemos podido confirmar en nuestro ejercicio de análisis. Adicionalmente, aprobar este instrumento en medio de una situación tan complicada como la que vive el país, más bien envía señales negativas y no procura generar un ambiente propicio para fomentar la inversión y dar seguridad jurídica “(sic.)

Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas pocas semanas. El calificativo usado de “repentinas”  se explica en razón  del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020,  no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año.

Manifestación frente al Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento de las autoridades de salud en el 2008 de legalizar el bromacil en el agua potable (pp.11-12 de este número de la Revista Ambientico/Universidad Nacional). 

Desde el punto de vista más sustantivo, los supuestos argumentos de cada una de estas tres cámaras  reaparecen bajo diversas formulaciones en cada una de las tres cartas precitadas, por lo que resultaría de sumo interés conocer el origen exacto que motivo la elaboración de cada una.

No pretendemos en este corto espacio responder a las diversas razones aducidas, dado que prácticamente, en particular desde la perspectiva internacional, cada una conllevaría revisar cuestiones muy básicas (cómo se negocia un tratado internacional, quién es el destinatario de las obligaciones que contiene, cómo se formulan sus disposiciones para - precisamente - evitar este tipo de cuestionamientos).  

Desde el punto de visto jurídico y en particular de la técnica jurídica empleada en el Acuerdo de Escazú, un reciente foro realizado por el Colegio de Abogados de Costa Rica (véase video, y en particular la exposición del Profesor Mario Peña, minutos 38- 1:14) desmitifica el contenido del Acuerdo de Escazú, haciendo ver cuán infundadas son las supuestas razones legales esgrimidas por estas entidades que reagrupan a una parte de la cúpula empresarial costarricense.

Remitimos también al reciente artículo del mismo académico (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico de DerechoalDia. Una versión ampliada del mismo estudio fue puesto a disposición del público por parte del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Facultad de Derecho de la UCR (véase enlace) el pasado 1ero de diciembre.

Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a estas tres entidades (así como a una  magistrada de la Sala Constitucional), un artículo del mismo especialista en derecho ambiental de octubre del 2019, explicaba claramente que es un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años, y que, al parecer, desconoce por completo la precitada magistrada de la Sala Constitucional (Nota 4).

El malestar creciente existente en Costa Rica

En una nota anterior nuestra del mes de octubre del año en curso que detalla la situación del trámite de aprobación en Costa Rica (Nota 5),  habíamos señalado que el Poder Judicial costarricense no parecía querer facilitar una pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al concluir que:

"Volviendo a la muy peculiar lectura hecha por la Sala Constitucional, donde se considera que el Acuerdo de Escazú afectará el presupuesto del Poder Judicial (y con esto se obliga a la Asamblea a reiniciar el proceso de aprobación en primer debate), resulta sorprendente que en ninguno de los 10 Estados que ya han cumplido con el trámite de aprobación de este instrumento se mencionó semejante argumento (el Congreso de Argentina fue el último en aprobarlo el pasado 24 de setiembre).

/.../ Si conforme se van registrando nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, el argumento encontrado por la Sala Constitucional de Costa Rica no encuentra eco en ninguno otro Estado de América Latina y del Caribe, se podrá concluir que la “mezquindad” de su Poder Judicial es, vergonzosamente, la única en la región."

Con relación al Poder Ejecutivo, resulta oportuno mencionar que, en la reciente convocatoria a sesiones extraordinarias que enlista los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo costarricense, no aparece el proyecto de aprobación del Acuerdo de Escazú: véase listado en esta nota de prensa del 27/11/2020 . Ese mismo día, una nota de prensa se tituló de manera muy justa "Pese a dar respaldo, Gobierno excluyó Acuerdo de Escazú de convocatoria a sesiones extraordinarias" (programa radial de Amelia Rueda): una diputada calificó de "vergüenza" tal omisión por parte del Ejecutivo (véase audio incluido en esta nota de prensa del medio CRC891). 

Con respecto a la reciente polémica creada por las cámaras empresariales en el seno del Poder Legislativo, el mismo término aparece en este artículo publicado el 2/12/2020 en La República por parte del abogado y especialista en derecho ambiental Alvaro Sagot Rodríguez, al externar que: 

"Sería una vergüenza no ratificar un acuerdo ambiental que se gesta y se articula en el propio país". 

Cabe precisar que la reciente aprobación en el seno del Senado mexicano del Acuerdo de Escazú fue unánime, al tiempo que la aprobación en la Cámara de Diputados de Argentina de este tratado regional registró 240 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones (véase nota en boletín parlamentario): pequeños detalles de forma, pasados casi desapercibidos, que evidencian la ausencia de polémica en Argentina y en México en torno al contenido del Acuerdo de Escazú. A la vez, estos detalles confirman el carácter extraño del "hallazgo" hecho por el Poder Judicial costarricense con respecto a las implicaciones del Acuerdo de Escazú para su funcionamiento. 

 A modo de conclusión

Desde varios meses, tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.

A modo de ejemplo, entre muchos, podemos remitir a este documento suscrito por altos mandos militares en Perú sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana (véase texto completo) o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo) para que nuestros estimables lectores puedan apreciar mucho mejor el alcance de esta campaña de desinformación.

En el caso de Colombia, este artículo de El Espectador desmitifica los "mitos" sin mayor fundamento - como lo son muchos mitos - creados con respecto al alcance de este tratado regional. Recientemente, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas“ (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia:  se trata de verdaderos mitos, escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que al parecer, cuentan ahora con algunos adeptos en una parte del sector empresarial costarricense.

 

---Notas----

Nota 1: Véase por ejemplo DE MIGUEL C., "Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI", in PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2020, 330 páginas,  pp. 20-34, p. 22 (el texto integral de esta reciente obra colectiva está disponible en este enlace).

 

Nota 2: De manera a poder apreciar el pronunciado giro operado por las autoridades chilenas con relación al Acuerdo de Escazú, se puede comparar el texto de la declaración conjunta suscrita por Chile y Costa Rica en el mes de junio del 2018 (véase texto completo colgado - hasta la fecha - en el sitio oficial de la diplomacia chilena) con un documento reciente circulado el mismo día en que el Presidente chileno ofrecía su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 22 de setiembre del 2020 (véase texto completo de 12 páginas que viene sin sello oficial ni firma de los dos ministros al final del documento, ... y que se supone es un documento oficial). El título de esta nota de la DW (Alemania) del 21 de setiembre del 2020 retrata bastante bien, en nuestra modesta opinión, el espectáculo raramente visto por parte de un Estado con relación a un tratado internacional: “Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental”. Recientemente, el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile elaboró una valiosa publicación (véase enlace) titulada "¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú ?" que analiza de manera detallada la cuestionable posición de Chile y desmenuza uno tras uno todos los supuestos argumentos presentados oficialmente en Chile para no firmar este tratado.

 

Nota 3: Sobre la situación particular en la que se encuentra el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, y la complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado,  véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México”, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 17/11/2020, disponible en este enlace.

Nota 4: Véase PEÑA CHACÓN M., “Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica”, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), octubre del 2019, disponible en este enlace. 

Nota 5: Véase BOEGLIN N., "Escazú sin Costa Rica a dos años de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú", Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 13/10/2020, disponible en este enlace.  

Foto de manifestantes contra la expansión del monocultivo de la piña en Costa Rica extraída de artículo titulado "Nuevo gobiernos, viejos piñeros" (Revista AgroEcologa, edición del 7/05/2018).

Este artículo fue publicado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)

 

La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México: breves apuntes

 

La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México: breves apuntes

El pasado jueves 5 de noviembre, se informó que el Senado mexicano aprobó el Acuerdo de Escazú  (véase el comunicado de prensa del Senado y esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas así como esta muy completa nota publicada en Colombia): una noticia pasada por alto en la mayoría de los medios de prensa, y que amerita algunas reflexiones.

Breve puesta en contexto

Como bien se sabe, desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año, está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe).  Su nombre completo es: "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe" (véase texto completo de su versión oficial en español).

En la literatura especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó el punto inicial de un proceso, que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales. 

En esta declaración conjunta, se puede leer que:

"Asimismo, reconocemos y subrayamos que los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, de la democracia y de un medio ambiente sano, y aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente; involucrar al público respecto de los problemas ambientales; aportar a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública; y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo".

Este grupo pionero de Estados, que impulsaron decididamente esta novedosa iniciativa en el 2012, no coincide con los primeros once Estados en ratificar este instrumento regional para que pueda entrar en vigor: siendo el caso de Chile el más estridente e inconsistente, al negarse oficialmente sus máximas autoridades (y ello hasta la fecha) a tan siquiera ... firmar el Acuerdo de Escazú (Nota 2).

Firmas y ratificaciones registradas

En efecto, a la fecha del 15 de noviembre del 2020, según el tablero oficial de Naciones Unidas sobre las firmas y ratificaciones obtenidas, se contabilizan 24 firmas y 9 ratificaciones: las últimas firmas son la de Belice, registrada el 24 de setiembre del 2020 y la de Dominica (el mismo 26). 

La última ratificación registrada es la de Ecuador (mayo del 2020), la cual viene a añadirse a las de Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. Es de señalar que estos tres últimos Estados, así como Bolivia, depositaron oficialmente su instrumento de ratificación el mismo 26 de setiembre del 2019 en Nueva York, al cumplirse exactamente el primer año de la apertura a la firma de este instrumento internacional: ello denota el esmero y también el extremo cuido de sus respectivas autoridades políticas y diplomáticas con relación al cronograma a seguir para el trámite de aprobación y de ratificación de este tratado.

Este valioso instrumento regional que busca consolidar los derechos de las personas que defienden el ambiente, entrará en vigor 90 días después de recibir  un total de once ratificaciones. 

Como indicado anteriormente, al momento de redactar este texto, el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por nueve Estados: el depósito formal del instrumento de ratificación de Argentina (cuyo Congreso aprobó este tratado en setiembre del 2020) y de México es cuestión de semanas, por lo que muy pronto se precisará con exactitud la fecha oficial de su entrada en vigor.   

Escazú en medio de ausencias y de fantasmas

Al cumplirse dos años desde que se abrió a la firma y ratificación el Acuerdo de Escazú, habíamos tenido la oportunidad de analizar el hecho que la falta de ratificación por parte de Costa Rica (Estado anfitrión de la última ronda de negociación), y la ausencia de la firma de Chile (Estado que conjuntamente con Costa Rica fue el principal promotor de esta iniciativa regional desde el 2014), son elementos a tomar en cuenta, ante la verdadera campaña de desinformación y de descrédito gestada desde diversos sectores políticos y económicos con relación al contenido del Acuerdo de Escazú (Nota 3). 

Podemos remitir a nuestros estimables lectores, a modo de ejemplo, a este documento suscrito por altos mandos militares en Perú (véase texto completo) o bien a este anuncio de las cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo) para que puedan apreciar mucho mejor el alcance de esta campaña de desinformación. Recientemente, en Costa Rica, la Cámara de Industrias se sintió obligada a externar criterios muy similares (véase carta del 19/11/2020 enviada a varios diputados costarricenses).

Este artículo de El Espectador desmitifica los "mitos" sin mayor fundamento - como lo son muchos mitos - creados con respecto al alcance de este tratado regional. 

Siempre en Colombia, recientemente, el talentoso equipo de La Pulla elaboró un llamativo video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas“ (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia, sino en muy diversas latitudes del continente americano, en contra del Acuerdo de Escazú.

Desconcertados al leer a colegas estudiosos de la Ciencia Jurídica arremeter con su pluma contra el Acuerdo de Escazú, en un reciente artículo que publicamos en Chile en "El Desconcierto" y titulado "Respuesta a argumentos para oponerse a Escazú", nos permitimos escribir que:

"Es por lo tanto absolutamente incorrecto sostener que, mediante el Acuerdo de Escazú, un Estado se arriesga a verse demandado por otro por incumplir sus disposiciones: dicho esto, llama poderosamente la atención el hecho de que sean reconocidos analistas y académicos quienes defiendan, por alguna extraña razón, semejante argumento".

Foto de  mujeres de Yulchen Frontera, integrantes de la Resistencia Pacífica Ixquisis en contra del proyecto hidroeléctrico San Mateo en Guatemala, extraída de nota de prensa titulada " Defensores ambientales en Latinoamérica: rendirse no es una opción", MongaBay Latam, 31/10/019,y reproducida en el medio digital LaMula (Perú) 

La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica

En cuanto a Costa Rica, después de una aprobación unánime en primer debate en febrero del 2020 por parte de su Asamblea Legislativa, una consulta al juez constitucional vino a entorpecer de manera significativa el trámite de su aprobación (Nota 4). 

En nuestra precitada nota, se indicaba que:

"Si conforme se van registrando nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, el argumento encontrado por la Sala Constitucional de Costa Rica no encuentra eco en ninguno otro Estado de América Latina y del Caribe, se podrá concluir que la “mezquindad” de su Poder Judicial es, vergonzosamente, la única en la región".

La reciente decisión  tomada por el Senado de México confirma nuevamente que el argumento encontrado por el Poder Judicial en Costa Rica (un supuesto gasto que conlleva para su presupuesto el Acuerdo de Escazú) sigue siendo una verdadera extrañeza para las demás judicaturas de los Estados de la región. Ni en México, ni en Argentina, ni en Bolivia, Ecuador, Panamá, Nicaragua o Uruguay, como tampoco en los cuatro Estados caribeños que lo han ratificado, se detectó al momento de tramitar la aprobación del Acuerdo de Escazú semejante argumento, por lo demás sumamente cuestionable (Nota 5). 

De igual forma, en el caso de la consulta realizada a diversas instituciones peruanas, Poder Judicial incluido, ninguna detectó alguna consecuencia de tipo presupuestaria: véase el texto completo de la solicitud de aprobación al Congreso de Perú, del 2 de agosto del 2019, y en particular la respuesta de la justicia peruana precisando (página 10 del documento) que:

"70.- El Poder Judicial resaltó la importancia del Acuerdo de Escazú, toda vez de coadyuvará a los esfuerzos intersectoriales para lograr la mejora de los derechos de los ciudadanos a la información ambiental, la participación en toma de decisiones y el acceso eficiente a la justicia ambiental".

Cabe precisar que Perú aún no ha aprobado el Acuerdo de Escazú, pero sobre este preciso detalle, que tanto pareciera agobiar a algunos en Costa Rica, ya se contabilizan a doce Estados (y posiblemente sean más) en los cuales no se encontró ninguna razón para fruncir el ceño con relación a las arcas de la justicia.

¿De dónde provendrá tanta preocupación, tan específica al Poder Judicial  en Costa Rica, por los efectos presupuestarios de un tratado internacional como el Acuerdo de Escazú? Salvo error de nuestra parte, es la primera vez que el Poder Judicial costarricense se muestra tan exigente con relación a un tratado de derechos humanos o en materia ambiental y sería de sumo interés conocer de algun precedente en la materia (el cual desconocemos). 

Se puede interpretar esta postura de la justicia costarricense como una muy sutil maniobra para aplazar o complicar en Costa Rica la aprobación del Acuerdo de Escazú. Al respecto, no está de más señalar que en febrero del 2017, la misma Sala Constitucional optó por una significativa regresión con respecto a su jurisprudencia anterior, al considerar en su voto 1163-2017 (véase texto completo) relacionado al polémico acueducto Coco-Ocotal en Sardinal, que la participación ciudadana en materia ambiental... ya no califica como un derecho (Nota 6). 

A modo de conclusión

Cabe precisar que el voto en el seno del Senado mexicano fue unánime en favor del Acuerdo de Escazú: un detalle de forma, pasado casi desapercibido, y que permite evidenciar una nueva vez la poca seriedad de varios de los antes mencionados razonamientos falaces y su carácter fantasioso. En el caso de Argentina, su aprobación en la Cámara de Diputados, el pasado 25 de setiembre, registró 240 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

La total regresión del juez constitucional costarricense con relación a la participación ciudadana en materia ambiental externada en una decisión del 2017 podría explicar su profunda reserva con respecto a un tratado internacional adoptado con posterioridad en el 2018, y que busca precisamente ampliarla y consolidarla. Esta posición de la justicia constitucional costarricense es la que impide, al menos por el momento, a Costa Rica aparecer entre las primeras once ratificaciones del continente, y participar a la primera Conferencia de Estados Partes (COP) a realizarse en los meses venideros. 

---Notas----

Nota 1: Véase por ejemplo DE MIGUEL C., "Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI", in PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2020, 330 páginas,  pp. 20-34, p. 22 (el texto integral de esta reciente obra colectiva está disponible en este enlace).

Nota 2: De manera a tener una idea del pronunciado giro operado por las autoridades chilenas con relación al Acuerdo de Escazú, se puede comparar el texto de la declaración conjunta suscrita por Chile y Costa Rica en el mes de junio del 2018 (véase texto completo colgado - hasta la feha - en el sitio oficial de la diplomacia chilena) con un documento reciente circulado el mismo día en que el Presidente chileno ofrecía su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 22 de setiembre del 2020 (véase texto completo de 12 páginas que viene sin sello oficial ni firma de los dos ministros al final del documento, ... y que se supone es un documento oficial). El título de esta nota de la DW (Alemania) del 21 de setiembre del 2020 retrata bastante bien, en nuestra modesta opinión, el espectáculo raramente visto por parte de un Estado con relación a un tratado internacional. Recientemente, el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile elaboró una valiosa publicación (véase enlace) titulada "¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú ?" que analiza de manera detallada la cuestionable posición de Chile y desmenuza uno tras uno todos los supuestos argumentos presentados oficialmente en Chile para no firmar este tratado. 

Nota 3:  Véase BOEGLIN N. "Escazú sin Costa Rica: a dos años de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas", Sección Voz Experta, Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 13/10/2020, disponible aquí.

Nota 4: En una primera sentencia de marzo del 2020 (véase texto completo de la sentencia 06134-2020), la Sala Constitucional consideró la falta de consulta al Poder Judicial como un vicio de procedimiento que invalidaba la aprobación en primer debate. Esta decisión se adoptó con un voto salvado de un magistrado (de siete) opuesto a semejante conclusión y que señaló en su opinión que: "Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país" . Dos magistrados consideraron además adjuntar dos notas: una primera en la que un magistrado se esforza en intentar demostrar los límites de la participación en materia ambiental, omitiendo convenientemente citar lo que señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho en su Opinión Consultiva OC-23 del 2018; y una segunda nota, en la que una magistrada considera útil (y oportuno) hacer ver que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental contraviene a la Constitución (lo cual resulta a todas luces insólito y denota su desconocimiento de reglas básicas en del derecho ambiental moderno). En un segundo momento, en agosto del 2020, la Sala Constitucional consideró necesario retrotraer todo el procedimiento desde un inicio (véase texto completo de la sentencia 15523-2020): el mismo magistrado Paul Rueda en esta segunda oportunidad, indicó en su voto salvado (cuya lectura completa se recomienda) que: "Con lo anterior se evidencia, que la postura de la mayoría viene a desconocer estas potestades de la Asamblea y el trámite establecido por interna corporis. A partir de los argumentos expuestos, considero viable que el Plenario consulte al Poder Judicial, subsane la omisión y continúe con el debido procedimiento legislativo, como ocurrió en el sub examine. La tesitura contraria, escogida por la mayoría de la Sala, redunda en un evidente atraso en el trámite parlamentario del proyecto “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)”.   

Nota 5: A diferencia de algunos funcionarios judiciales y de magistrados en Costa Rica, al parecer poco familiarizados con cláusulas de tratados internacionales, en otros Estados se tiene muy claro que el Acuerdo de Escazú incluye expresiones tales como “Cada Estado, en la medida de sus posibilidades”, “Cada Estado, en función de sus regulaciones internas”, las cuales ofrecen, como es lo usual en tratados multilaterales, un margen de maniobra a cada Estado a la hora de implementar su contenido. Es así como, por ejemplo, el artículo 6, párrafo 1, se lee de la siguiente manera: “Artículo 6: Generación y divulgación de información ambiental. 1. Cada Parte garantizará, en la medida de los recursos disponibles, que las autoridades competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible...” (el subrayado es nuestro). De igual manera, el artículo 10, el cual cubre todas las disposiciones anteriores del texto (incluyendo el artículo 8 sobre Acceso a la justicia en asuntos ambientales que tanto pareciera preocupar a los magistrados costarricenses) señala claramente que: “Artículo 10: Fortalecimiento de capacidades 1. Para contribuir a la implementación de las disposiciones del presente Acuerdo, cada Parte se compromete a crear y fortalecer sus capacidades nacionales, sobre la base de sus prioridades y necesidades” (el subrayado es nuestro).  

Nota 6: Sobre esta decisión del juez constitucional sumamente cuestionable, véase este  comunicado  de la FECON de Costa Rica.  Nos permitimos también remitir a los dos siguientes análisis:  ARROYO ARCE K., "La participación del público en materia ambiental y el artículo 9 de la Constitución Política: breve reflexión sobre la resolución N.° 1163-2017 de la Sala Constitucional de Costa Rica", Derechoaldia, edición del 3/04/2017, disponible  aquí; SAGOT RODRÍGUEZ A., "Regresión en Derechos Humanos por orden constitucional", artículo de opinión, DiarioExtra, edición del 7/03/2017, disponible  aquí. De manera a no causar mayor sonrojo del provocado por esta insólita decisión del juez constitucional costarricense en el mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores  al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase el texto completo) que precisa que: "231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante". En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: "g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión". Finalmente, es de señalar que en la precitada decisión de la Sala Constitucional de febrero 2017, dos magistrados (Fernando Cruz y Paul Rueda) se apartaron de la posición de la mayoría, en una nota titulada "Sobre la relevancia constitucional del derecho a la participación ciudadana y su impulso mediante la jurisprudencia de esta Sala" en la que precisaron que: "Así las cosas, estimamos necesario consignar esta nota con el fin de reiterar la relevancia constitucional del numeral 9 de la Constitución Política, no solo como principio general sino como un claro y legítimo derecho fundamental, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones".

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Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)

A deux ans de l' ouverture à la signature de l'accord d'Escazú aux Nations Unies : bilan et perspectives

 

A deux ans de l'ouverture à la signature de l'accord d'Escazú aux Nations Unies : bilan et perspectives

Nicolas Boeglin, Professeur de Droit International Public, Faculté de Droit, Université du Costa Rica (UCR). L´auteur est également Professeur de Droit International de l´Environnement, Programme de Master en Droit de l´Environnement au sein de cette même unité académique.

 

Le 26 septembre 2020, deux années se sont écoulées depuis l’ouverture à la signature de l’Accord d’Escazú aux Nations unies.

En effet, c´est depuis le mois de septembre 2018 que cet important accord régional, adopté au Costa Rica en mars de la même année, a été officiellement ouvert à la signature de 33 États (Amérique latine et Caraïbes).  Le nom complet de ce traité regional, qui s´inspire en partie de la Convention d´Aarhus adoptée pour l´Europe en 1998 est : “Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement en Amérique Latine et dans les Caraïbes“.

Bien qu’il ait été adopté au Costa Rica le 4 mars 2018, du point de vue du droit international public, la vie juridique de l’Accord Escazú en tant qu’instrument international a débuté au moment où il a été officiellement ouvert à la signature des Etats par le Bureau des Affaires Juridiques du Secrétariat Général des Nations unies, organe désigné par le traité comme étant son dépositaire (Article 25) : à cette fin, une cérémonie officielle a été convoquée à New York, selon le protocole officiel prévu par les Nations unies, à laquelle plusieurs États ont participé le 26 septiembre 2018 (comme on peut l´observer dans ce communiqué de presse).

Escazú : une nouvelle année de vie juridique qui prend fin

Le texte de cet instrument, qui a projeté le nom indigène de ce canton de la capitale du Costa Rica au monde entier, est disponible ici (version en francais). L´objectif de cette convention régionale se lit à l´article premier de ce traité regional:

“Article 1.  Objectif.  L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en œuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable”.

Dans une précédente note publiée en espagnol à la fin de la première année de vie juridique de cet instrument regional,  parrainé par la Commission Économique des Nations Unies pour l’Amérique latine (CEPAL), nous avions indiqué que : 

“Le manque d’intérêt de certains Etats, le peu de pression exercée par les organisations de la société civile dans le cas de certains Etats signataires du texte (depuis septembre 2018), ainsi que la pression de certains secteurs influents en sens inverse, peuvent expliquer ces résultats timides concernant un instrument international extrêmement novateur, comme nous l’expliquerons dans les lignes qui suivent” (Note 1).

Au 8 novembre, selon le tableau officiel des Nations Unies (disponible ici) sur l´état des signatures des ratifications obtenues, ont été enregistrées 24 signatures et 9 ratifications : les dernières signatures sont celles du Belize, enregistrée le 24 septembre, et de la Dominique (le même 26 septembre 2020). Il convient de rappeler que cet instrument est ouvert à la signature et à la ratification de 33 États (qui composent la région de l’Amérique Latine et des Caraïbes).

La dernière ratification enregistrée par les Nations Unies est celle de l’Équateur (mai 2020), qui s’ajoute à celles d’Antigua-et-Barbuda, de la Bolivie, du Guyana, du Nicaragua, du Panama, de Saint-Christophe-et-Nevis, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et de l’Uruguay. Il est à noter que ces trois derniers États, ainsi que la Bolivie, ont officiellement déposé leur instrument de ratification le 26 septembre 2019 à New York, première année après l’ouverture à la signature de cet instrument : cette précision dénote le soin et l’extrême préoccupation de leurs autorités politiques et diplomatiques respectives en ce qui concerne le calendrier à suivre pour l’approbation et la ratification de ce traité.

 À propos de certaines absences

Pour ce qui est de la signature en tant que telle, il convient de rappeler que, du point de vue du droit international public, la signature constitue une étape formelle préalable sans laquelle le processus de ratification d’un traité international ne peut être engagé : sans la signature de l’Exécutif, les organisations non gouvernementales, les secteurs universitaires, les associations professionnelles et les partis politiques ne peuvent pas articuler une campagne de ratification au sein du Pouvoir Législatif.

En ce qui concerne l’Accord d’Escazú, au moment de la rédaction du présent document (27 octobre 2020), plusieurs États d’Amérique latine sont toujours absents, en particulier le Chili, Cuba, El Salvador, le Honduras et le Venezuela, ainsi que les Bahamas, la Barbade, la Dominique, le Suriname et Trinidad et Tobago.

Nous avions eu l’occasion à l’époque de signaler la profonde incohérence du premier d’entre eux, le Chili (voir notre  note) : et ce, en raison du fait que le Chili a été, avec le Costa Rica, le principal promoteur pendant la phase de négociation de cet instrument au cours de la période 2014-2018. Il sied de rappeller que, quelques jours après l’adoption de cet instrument au Costa Rica (mars 2018), le Chili a procédé à l’acte officiel de passation des pouvoirs à ses autorités actuelles, qui ont depuis gardé leurs distances avec cet accord régional. Le communiqué conjoint du Chili et du Costa Rica en date du 7 juin 2018 (voir le texte intégral disponible ici) peut être considéré comme le dernier geste officiel du Chili en faveur de l’Accord d’Escazú. Lors de la session protocolaire aux Nations unies en septembre 2018 pour l’ouverture à la signature de l’Accord d’Escazú, la délégation chilienne a choisi au dernier moment de n’envoyer aucun représentant, à la surprise des autres délégations présentes.  Un geste diplomatique rarement observé, et interprété par beaucoup d´ovservateurs comme suit : les nouvelles autorités du Chili ont définitivement choisi de tourner le dos à l’Accord d’Escazú.

Plus récemment, le 21 septembre 2020, l’agence de presse DW a publié une note soulignant les conséquences pour le Chili du maintien de la position de rejet de l’Accord d’Escazú, en l´intitulant : “Chili : le rejet de l’accord d’Escazú met fin à l’aspiration au leadership environnemental“. De même, le spectacle  – assez lamentable – offert par les autorités chiliennes a également intéressé la rédaction de la BBC (voir note du 23/09/20120), celle d’El País en Espagne (voir note du 26/09/2020), ainsi que celle de l´agence russe Sputnik (voir note du 25/09/2020), parmi bien d’autres.

En ce qui concerne le délai de deux ans pour déposer la signature de cet instrument (qui ne nécessitait pas plus qu’une instruction envoyée au chef de mission auprès des Nations Unies à New York par le Pouvoir Exécutif), ce délai a expiré le 26 septembre (selon le même article 21 de l’Accord Escazú). À cet égard, la CEPAL elle-même avait publié avant la date butoir du 26 septembre, une note officielle (voir le texte complet) contenant des “informations pratiques” visant à expliquer en détail aux États qui avaient encore l’intention de signer ce traité comment le faire.

 La situation particulière de l’accord Escazú au Costa Rica

En février 2019, l’Assemblée Législative a officiellement initié la procédure formelle en vue de l´approbation de ce traité en présentant le projet de loi 21.245 (voir texte complet). Pour un traité international signé par le Costa Rica depuis le 27 septembre 2018, on peut considérer que l’enthousiasme pour déposer la signature à New York a quelque peu faibli à l´heure d´entamer le processus d´ approbation au sein du Pouvoir Législatif.  

En juillet 2019, ce furent 17 mécanismes non conventionnels des droits de l’homme des Nations Unies qui ont envoyé une lettre collective au Costa Rica (voir le texte intégral) exhortant ses autorités à accélérer le processus d’approbation et d’entrée en vigueur de l´Accord d´Escazú, indiquant, entre autres, que : 

“Ce traité régional historique garantit non seulement une bonne gouvernance en matière d’environnement et de droits de l’homme, y compris le droit d’accès à l’information, de participation au processus décisionnel et de recours, mais il est également un catalyseur pour la protection de l’environnement et le développement durable. L’accord met particulièrement l’accent sur l’objectif fondamental de la protection du droit de vivre dans un environnement sain”.

Malgré cet appel lancé au Costa Rica (et à d’autres États) par les Nations Unies, et malgré le fait que le Costa Rica ait accueilli le dernier tour de négociations qui a donné le nom d’Escazú à cet instrument régional, il n’a toujours pas déposé l’instrument de ratification auprès des Nations Unies, et ne le fera pas pour un certain temps.

En effet, le texte a été approuvé en premier débat par l’Assemblée Législative le 13 février 2020 et envoyé pour consultation (obligatoire) au juge constitutionnel.  À ce jour, il n’a pas encore été approuvé en deuxième débat et le processus d’approbation est suspendu. Dans un premier temps, la Cour Constitutionnelle du Costa Rica a détecté un défaut dans la procédure d´approbation suivie par  (voir sa résolution 06134-2020 de mars 2020). Puis, elle a déclaré “inévacuable la consultation législative obligatoire” (voir la résolution 015523-20 du 18/08/2020 et dont le texte complet n’a pas encore été publié sur le site de la Cour) : la lecture de cette phrase indique que toute la procédure devra être réinitiée depuis le tout début.

Notons que lors de la première décision de la Cour Constitutionnelle du Costa Rica, une magistrate a jugé utile (et opportun) de rappeler qu’au-delà de l’erreur détectée dans la procédure d´approbation de l’Accord Escazú, le texte contient (selon elle) des dispositions contraires à la Constitution : la révision des critères exposés par cette juge dénote sa méconaissance de certains principes (fondamentaux) du droit de l’environnement en vigueur. En particulier, nous renvoyons nos lecteurs à un article publié au Costa Rica  (disponible en ligne depuis le mois d ´octobre 2019) dans lequel il est expliqué que la législation et que les tribunaux costariciens ont intégré ce qui semble constituer une préoccupation majeure pour la juge susmentionnée, et ce depuis de  nombreuses années (Note 2).

En ce qui concerne le fait (selon six magistrats de la Cour Constitutionnelle des sept qui en Font partie) que l’Accord Escazú signifie un poids supplémentaire dans le budget ordinaire du Pouvoir Judiciaire, cet argument est fort discutable, car l’Accord Escazú inclut à plusieurs reprises des expressions telles que “Chaque État, dans la mesure de ses possibilités“, “Chaque État, selon ses règlements intérieurs“,  offrant aux États une marge de manœuvre pour la mise en œuvre de ses diverses dipsositions.

Ainsi, par exemple, l’article 6, paragraphe 1, est libellé comme suit :

“Article 6. Génération et divulgation de l’information environnementale. 1. Chaque Partie garantit, dans la mesure des ressources disponibles, la génération, la compilation, la mise à disposition du public et la diffusion par les autorités compétentes de l’information environnementale pertinente pour leurs fonctions de manière systématique, proactive, opportune, régulière, accessible et compréhensible, ainsi que la mise à jour périodique de cette information et promeut la désagrégation et la décentralisation de l’information environnementale aux niveaux infranational et local” (c’est nous qui soulignons)

Il en est de même pour l’article 10, qui couvre toutes les dispositions précédentes du texte (y compris l’article 8 concenant l’accès à la justice en matière environnementale), et qui stipule clairement  que : 

“Article 10. Renforcement des capacités 1. Pour contribuer à la mise en œuvre des dispositions du présent Accord, chaque Partie s’engage à créer et renforcer ses capacités nationales, sur la base de ses priorités et besoins. 2. Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes: …  “(c’est nous qui soulignons).

Sauf erreur de notre part, il n’existe aucun cas de traité international sur les droits de l’homme ou sur des questions environnementales qui ait été approuvé par le Pouvoir Législatif au Costa Rica et qui ait soudainement suscité tant d’inquiétudes chez le juge constitutionnel en ce qui concerne le budget du Pouvoir Judiciaire.  Derrière cette attitude du juge constitutionnel costaricien, qualifiée  – avec juste raison – de “mesquine” par le professeur Alvaro Sagot Rodríguez (voir la note de presse de l’émission Amelia Rueda du 25/09/2020), il peut y avoir d’autres motivations que nous allons essayer d’etayer dans les lignes qui suivent.

En effet, il est très probable que l’Accord Escazú ne soit pas bien perçu par plusieurs des membres actuels de la Cour Constitutionnelle : comme on le sait, cet accord précise dans un instrument contraignant la portée du Principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992. Le “Principe 10” consacre le principe de la participation du public en matière d’environnement. Or, iI est bon de rappeler qu’en février 2017, la même Cour Constitutionnelle a opté pour une régression majeure par rapport à sa jurisprudence antérieure, lorsqu’elle a considéré dans sa décision 1163-2017 (voir texte complet) relative au projet controversé  d’aqueduc Coco-Ocotal à Sardinal, que la participation du public en matière d’environnement … n’est plus un droit de l’homme (Note 3) : une phrase célébrée immédiatement par une Direction de l’Eau du Ministère de l’Environnement débordante d´enthousiasme (voir son communiqué de presse ).

En ce qui concerne un autre problème qui a été porté à l’attention de la justice constitutionnelle, celui des tours installées par les operateurs de  téléphonie mobile, un juriste costaricien fin observateur avait déjà décelé une révision sérieuse des critères du juge constitutionnel, lorsqu’il écrit que : 

“… nous voyons de façon grotesque comment ces juges ont ouvertement reconnu la régression des droits fondamentaux lorsqu’ils affirment que le droit de participation doit être “assoupli”, un aspect qui est préjudiciable à un État qui s’est proclamé et est internationalement reconnu comme un Etat défenseur des droits fondamentaux” (Note 4).

Pour atteindre une telle régression jurisprudentielle en matière d’environnement (Note 5), on peut penser que certains milieux l´ont “obtenu” en modifiant la composition de la Cour Constitutionnelle, qui dépend des instances politiques correspondantes : sur ce point précis, il n’est pas superflu de mentionner le fait qu’en novembre 2012, le juge constitutionnel Fernando Cruz Castro avait fait l’objet d’une manœuvre politique  – assez grossière – sous prétexte qu’il “ne favorise pas un climat d’affaires” (Note 6). Cette initiative audacieuse, soutenue par 38 députés qui ont voté en faveur de la non réélection de ce magistrat, n’a finalement pas porté ses fruits;  mais elle a permis de mettre en évidence certains secteurs politiques et économiques, trahis par leur silence.

En ce qui concerne la participation citoyenne en matière d’environnement au Costa Rica, il est également intéressant de rappeler qu’en 2008, le Pouvoir Exécutif a opposé son veto à une loi adoptée le 30 octobre de cette année-là par l’Assemblée Législative et intitulée “Loi de renforcement des mécanismes de participation citoyenne en matière d’environnement” : c’est le seul texte adopté par le Congrès auquel le Pouvoir Exécutif a opposé son veto pendant l’administration (2006-2010). Là encore, on ne peut que constater le niveau de crispation profonde qui peut s´installer au sein de certains milieux (et transmis à leurs opérateurs politiques) dès que l´on songe à renforcer des mécanismes de participation du public en matière d’environnement au Costa Rica.

Pour en revenir à la lecture (assez particulière) faite par la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle considère que l’Accord d’Escazú affectera le budget du Pouvoir Judiciaire, obligeant l’Assemblée à relancer le processus d’approbation en premier débat, il est surprenant d´observer que dans aucun des dix États qui ont déjà finalisé le processus d’approbation de cet instrument (le Congrès argentin étant le dernier à l’avoir fait, le 24 septembre dernier), un tel argument n’a été mentionné. Dans le cas de la consultation menée auprès de diverses institutions péruviennes, dont le Pouvoir Judiciaire, aucune n’a détecté de conséquences budgétaires (voir le texte complet de la demande d’approbation du Congrès péruvien en date du 2 août 2019) ; dans le cas de l’Uruguay, parmi les divers documents élaborés au cours du processus suivi (voir lien officiel), aucun ne fait état de problèmes budgétaires pour le système judiciaire uruguayen.

Si, au fur et à mesure que de nouvelles ratifications de l’Accord d’Escazú sont enregistrées, l’argument de la Cour Constitutionnelle du Costa Rica ne trouve d’écho dans aucun autre État d’Amérique Latine et des Caraïbes, on devra conclure que la “mesquinerie” de son Pouvoir Judiciaire est – honteusement – unique dans la région.

 Un promoteur absent des signatures (le Chili) et l’autre des ratifications (le Costa Rica)

Deux ans après l’ouverture de l’accord d’Escazú à la signature et à la ratification, l’absence de ratification du Costa Rica ne doit pas être comprise comme un problème national uniquement. Si l’arrêt du processus d’approbation au Costa Rica peut être considéré comme une manœuvre subtile de la part de certains secteurs, déterminés à retarder ou à entraver le processus de ratification au Costa Rica, cette absence du Costa Rica a un effet très grave dépassant – malheureusement-  les frontières costariciennes.

En tant que principal promoteur de cet accord avec le Chili jusqu’en mars 2018, cette absence de ratification place les autorités costariciennes dans une situation quelque peu ambiguë dans la région centraméricaine, puisque ses deux voisins directs ont déjà ratifié cet instrument (le Panama et le Nicaragua).

Il convient également de noter qu’en tant qu’État hôte du dernier tour de négociations au cours duquel le texte du futur instrument est adopté, un État prend un engagement particulier envers les autres États. La pratique internationale montre qu’il est généralement parmi les premiers États à ratifier l’instrument, confirmant ainsi  la communauté internationale et l’opinion publique internationale quant à son engagement ferme en faveur des objectifs poursuivis par le traité. En ce qui concerne un autre traité régional signé au Costa Rica, la Convention Américaine Relative aux Droits de l’Homme, son adoption en 1969 a été suivie de la ratification par le Costa Rica dont l’instrument de ratification a été déposé le 4/08/1970 : il s’agissait de la première ratification dans l’hémisphère américain de cet instrument emblématique, et dont le Costa Rica est si fier, et avec raison.

Dans le cas de l’Accord d’Escazú, l’absence de ratification par le Costa Rica envoie un signal extrêmement dangeureux, en particulier à certains secteurs politiques d’autres latitudes de l’Amérique latine, fermement opposés à toute consolidation des droits de ceux qui défendent l’environnement.

Au Chili, mais aussi en Colombie, ainsi qu’au Pérou et au Paraguay, on a pu observer la créativité de certains secteurs politiques en quête d’arguments (fallacieux et même fantaisistes) pour tenter d’empêcher à tout prix l’approbation de ce texte : à titre d’exemple, cette note de presse paraguayenne sur la lecture particulière de l’Église catholique au Paraguay qui lie l’avortement à l’Accord d’Escazú ( et conduisant le Pouvoir Exécutif à retirer du Pouvoir Législatif le projet de loi d´adoption de l´Accord d´Escazú en décembre 2019); ou encore cette autre note de presse péruvienne sur la prétendue perte de souveraineté en Amazonie péruvienne. Ces exemples parmi bien d´autres de ce que nous pourrions décrire comme des “perles”, reflètent en fait l´existence d´une véritable campagne de désinformation menée par divers secteurs, soutenus par certains universitaires ainsi que par des milieux professionnels et des médias influents, et ce dans diverses parties du continent américain.

Dans un récent communiqué d’août 2020 (voir le texte complet), l’Association Péruvienne des Ingénieurs a détaillé toutes les raisons qui existent pour s’opposer à cet accord et a souligné un tout dernier point … qui permet de mieux apprécier certains éléments de cette véritable campagne contre ce traité, et qui est observée dans différentes parties de l’Amérique latine :

“L’Association des ingénieurs du Pérou considère que l’approbation du soi-disant Accord Escazú causera de sérieux dommages au développement du pays, parmi lesquels : /…/

1. Décourager les investissements nationaux et étrangers, paralyser les projets viables au détriment du développement national et accroître le fossé socio-économique“.

Pour évaluer la pertinence d’une telle conclusion de l’Association d’ingénieurs du Pérou, comme celle indiquée au point E, il suffit d’examiner la même déclaration écrite par les ingénieurs péruviens lorsqu’ils soulignent, au debut de leur communiqué, que : 

“Ces deux lois péruviennes envisagent expressément les trois droits environnementaux mentionnés dans l’accord Escazú. De même, l’État a développé des réglementations intégrales sur ces mêmes droits“.

Question simple : comment un traité regional, qui reprend ce qui existe déjà dans la législation environnementale péruvienne, peut-il décourager les investissements ?

Notons que dans la liste d´arguments contenue dans le communiqué de l’Association péruvienne des ingénieurs, apparaît le même point qui semble tant préoccuper, à plusieurs kilomètres de Lima, la magistrate costaricienne précitée (l’inversion de la charge de la preuve en matière d’environnement).

Au-delà des contradictions de certains dans leurs efforts en vue de discréditer le contenu de l’Accord d’Escazú, en parvenant à des conclusions totalement erronées, il convient de noter qu’en deux ans de débat intense avec la société civile chilienne, le Pouvoir Exécutif chilien s’était limité à fournir des déclarations de plusieurs de ses autorités recueillies dans certains médias, mais s’était abstenu de publier un texte officiel expliquant et justifiant les raisons exactes pour lesquelles il s’oppose à la simple signature de l’Accord d’Escazú. Les raisons que l’Exécutif chilien a de s’opposer à cet accord étaient-elles si solides qu’elles ne méritaient pas d’être publiées dans un document officiel portant le sceau de l’État chilien ?

Ce n’est que le 22 septembre 2020 (le jour où le chef de l’État chilien a prononcé son discours devant l’Assemblée Générale des Nations Unies, réaffirmant l’engagement du Chili en faveur de l’environnement) qu’un document de 12 pages a été rendu public par certains médias. La lecture de ce document, disponible ici , permet d´observer qu´il  a été diffusé sans inclure de tampon officiel ni de signature, ce qui est assez surprenant pour un document censé être officiel : comme prévu, le texte omet de mentionner le fait que la plupart des dispositions de l’Accord d’Escazú trouvent leur origine dans des propositions faites par le Chili, qui ont ensuite été approuvées ou modifiées par certains États au cours des négociations. La discussion devant les membres du Congrès chilien et les réponses données (vidéo disponible ici) ont mis en évidence la grande faiblesse des arguments défendus par les deux ministres chiliens appelés à comparaître devant la Commission des Affaires Étrangères de la Chambre des Députés du Chili.

Il ne fait aucun doute que l’Accord Escazú a de nombreux opposants qui le perçoivent comme une menace sérieuse. A tel point que, pour ces secteurs qui cherchent à polariser la discussion, la simple signature du texte par un Etat doit déjà être fermement combattue.

L’attitude de défiance de certains chefs d’Etat et leur capacité d’argumentative assez limitée peuvent expliquer la polarisation sociale croissante dans certains États d´Amérique Latine. Ainsi, lorsque, contrairement au Chili, le Pouvoir Exécutif colombien a finalement choisi de signer l’Accord d´Escazú le 11 décembre 2019, nous nous sommes permis de conclure dans une brève note (disponible ici ) que :

“… en Amérique latine, les deux États où se développent de fortes mobilisations sociales et des protestations en cette fin d´année 2019 coïncident avec les deux seuls États dont les autorités ont officiellement prétendu s’opposer à la signature de l’Accord d’Escazú“.

 En guise de conclusion : vers une entrée en vigueur prochaine sans le Costa Rica

L’Accord d’Escazú n’est pas encore entré en vigueur pour les États qui l’ont ratifié, car il doit être ratifié par 11 États. À l’heure actuelle, neuf ratifications ont été enregistrées par les Nations Unies, et le processus de ratification en Argentine a conclu sa dernière étape sans aucun problème (voir la note de presse parlementaire du 16/09/2020).

Au-delà de la profonde contradiction du Pouvoir Exécutif du Chili décidant de la porter à son expression maximale, et, plus subtile, de l´attitude du juge constitutionnel du Costa Rica, on se doit d´indiquer que le fait de ne pas faire partie des onze premiers États parties à l’Accord d’Escazú empêchera le Costa Rica et le Chili de participer à la première Conférence des États parties (ou COP) au cours de laquelle seront discutés les différents mécanismes de supervision et de contrôle prévus dans cet instrument. Les deux principaux États promoteurs d´une convention régionale sans pouvoir le ratifier à temps pour intégrer la première COP ? C’est la situation – somme toute insolite –  que nous observerons en ce qui concerne l’Accord Escazú.

L’entrée en vigueur de cet instrument, le premier au niveau international à étendre une protection spéciale à ceux qui défendent l’environnement, constitue une véritable urgence face aux effets du changement climatique, à la perte accélérée de la biodiversité et au manque de protection des sources d’eau potable et des sols dans d’innombrables régions d’Amérique latine et des Caraïbes. Mais aussi en raison de la nécessité de régler une vieille dette latino-américaine avec la participation des citoyens en matière d’environnement, avec la justice environnementale et avec ses communautés indigènes.

D’autant plus qu´il s´agit d´une région du monde, l’Amérique latine, qui se distingue des autres par le fait qu’elle concentre la plupart des assasinats de responsables d´associations environnementales et communautaires, accompagnés d’intimidations et de nombreuses autres façons de saper les efforts de personnes et de communautés courageuses qui consacrent une partie de leur vie à la justice environnementale.

À cet égard, il convient de rappeler qu’il y a plus de dix ans, le Honduras (un État beaucoup plus discret que le Chili qui n´a pas non plus signé l’Accord d’Escazú) a été condamné en raison de la mort d’une personne qui défendait l´environnemnt et qui n’avait pas fait l’objet d’une enquête de la part de ses autorités : dans son arrêt historique de 2009 (Note 7), qui devrait être connu de toutes les familles de victimes d’assassinats de défenseurs de l’environnement qui souffrent de voir l´impunité s´installer, la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme n’a pas hésité à avertir (voir le texte intégral de l’arrêt dans l’affaire Blanca Jeannette Kawas-Fernandez, assassinée en 1995) que :

“149. La reconnaissance du travail accompli par la défense de l’environnement et de sa relation avec les droits de l’homme devient de plus en plus importante dans les pays de la région, où l’on signale de plus en plus de menaces, d’actes de violence et d’assassinats d’environnementalistes en raison de leur travail” (traduction libre de l´auteur de: “149. El reconocimiento del trabajo realizado por la defensa del medio ambiente y su relación con los derechos humanos cobra mayor vigencia en los países de la región, en los que se observa un número creciente de denuncias de amenazas, actos de violencia y asesinatos de ambientalistas con motivo de su labor”).

En conclusion, et pour revenir à la position inhabituelle officiellement exprimée par le Chili (voir cette  note de presse  sur la session fort tendue, tenue au Sénat, 28/09/2020), la position de ses autorités ne peut que conduire à une nouvelle exacerbation du climat social au Chili. Sur ce dernier point, nous nous permettons de citer ce récent communiqué conjoint d´organisations chiliennes (voir le texte intégral en espagnol) , dont les sentiments sont sans aucun doute partagés par de nombreuses autres communautés d´Amérique Latine assistant, impuissantes et indignées, à la destruction de leur environnement naturel et de leurs sources d’eau, et qui indique que :

“Violent est que les industries sont la cause de la mauvaise qualité de vie de ceux qui vivent à Quintero et Puchuncaví ; violent est que l’eau existe pour irriguer les avocats, mais pas pour la subsistance de la population ; violent est que la population n’est pas prise en compte et ne peut pas avoir accès à toutes les informations qui la concernent ; violent est qu’ils nous assassinent pour avoir défendu la planète ; et violent est que notre propre président n’ait pas encore signé l’Accord Escazú ”.

 

—–Notes —

Note 1: Cf.  BOEGLIN N., “Acuerdo de Escazú: a un año de su firma, primeras señales”, DerechoalDía, édition du 29/09/2019, disponible  ici .

 

Note 2: Cf. PEÑA CHACÓN M., “Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica“, site du Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica, 29/10/2019, disponible  ici .  

 

Note 3: Concernant cette décision vivement critiquée prise par le juge constitucionnel au Costa Rica, voir ce  communiqué  de la FECON (Fédération des Entités Ecologiques du Costa Rica).  Nous  renvoyons également aux deux articles suivants:  ARROYO ARCE K., “La participación del público en materia ambiental y el artículo 9 de la Constitución Política: breve reflexión sobre la resolución N° 1163-2017 de la Sala Constitucional de Costa Rica“, Derechoaldia, édition du 3/04/2017, disponible  ici ; SAGOT RODRÍGUEZ A., “Regresión en Derechos Humanos por orden constitucional“, article d´opinion, DiarioExtra, édition du 7/03/2017, disponible  ici .  

 

Note 4: Cf. SAGOT RODRÍGUEZ A.,” (In) justificaciones constitucionales que han permitido regresiones ambientales”, site de la Maestría en Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), disponible ici.

 

Note 5: De manière a ne pas faire rougir davantage nos chers collègues juristes spécialistes en droit de l´environnement, en ce qui concerne la régression manifeste de cette décision du mois de février 2017, nous nous permettons de renvoyer au paragraphe 231 de l´avis consultatif de la Cour Interaméricaine des Droits de l´Homme 23 (OC-23), diffusé en 2018 (voir  texte complet ) et qui précise bien que : “ 231. Par conséquent, la Cour considère que, du droit de participer aux affaires publiques, découle l’obligation des États de garantir la participation des personnes relevant de leur juridiction à la prise de décisions et de politiques susceptibles d’affecter l’environnement, sans discrimination, d’une manière juste, significative et transparente, pour laquelle ils doivent avoir préalablement garanti un accès aux informations pertinentes »(traduction libre de l´auteur de:  “231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante“).  Au paragraphe 242 de cet avis consultatif, on y lit que pour le juge interaméricain: “g. Les États ont l’obligation de garantir le droit à la participation publique des personnes placées sous leur juridiction, consacré à l’article 23.1.a de la Convention américaine, à la prise de décisions et aux politiques susceptibles d’affecter l’environnement, conformément aux paragraphes 226 à 232 de cette avis consultatif » (traduction libre de l´auteur de “g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión“).

 

Note 6: Cette expression  a été utilisée par le chef parlementaire du parti Liberación Nacional (PLN) afin de justifier au mois de novembre 2012, l´idée  – somme toute saugrenue – de séparer de son poste le magistrat Fernando Cruz Castro (voir notamment  cette entrevue  realisée par le Semanario Universidad). Cette initiative politique contre le magistrat Fernando Cruz Castro donna lieu a une mobilisation sans précédent au Costa Rica en sa faveur. Le Rapporteur Spécial des Nations Unies pour l´Indépendance des Magistrats et des Avocats envoya une communication aux autorités du Costa Rica (voir texte complet), précisant, entre autres, que :

“Je tiens à exprimer ma consternation face aux allégations selon lesquelles les événements contre le juge Fernando Cruz ne représenteraient pas un cas isolé, mais feraient partie d’une nouvelle tendance à l’intimidation et au contrôle systématique du Pouvoir Judiciaire par le Pouvoir Législatif » (traduction libre de l´auteur de “quiero expresar mi consternación por las alegaciones según las cuales los acontecimientos en contra del Magistrado Fernando Cruz no representarían un caso aislado, sino formarían parte de una nueva tendencia a la intimidación y control sistemático del Órgano Judicial por parte del Órgano Legislativo“).

 

Note 7: Cet arrêt du mois de juillet 2009 est à bien des égards précurseur, concernant des faits remontant à février 1995 : en effet, c´est la première fois que le juge interaméricain a eu l´occasion d´analyser les conséquences juridiques découlant de l´assassinat d´un défenseur de l´environnement non enquêté, ni sanctionné. Sa lecture complète s´impose, puisque la Cour Interaméricaine a ordonné au Honduras non seulement le paiement d´une indemnisation a la famille de la victime, mais aussi la création d’ une réserve naturelle devant porter le nom de Blanca Jeannette Kawas-Fernandez, d´une place publique et d´un programme de bourse portant également son nom, entre bien d´autres mesures prévues aux paragraphes 156-226 de cet arrêt. Et ce, en raison de l´effet intimidant d´un assassinat qui s´est maintenu dans la plus totale impunité pour une communauté, mais aussi pour une société comme la société hondurienne.  Comme l´indique le paragraphe 153 de cette decision du juge interaméricain : 

« 153. Comme cela a été évalué dans d’autres cas, il ne fait aucun doute que ces circonstances ont également eu un effet intimidant sur d’autres personnes qui se consacrent à la défense de l’environnement au Honduras ou sont liées à de telles causes. Un effet intimidant qui est accentué et aggravé par l’impunité dans laquelle les faits sont maintenus » (traduction libre de l´auteur de: “153. Como lo ha valorado en otros casos es indudable que estas circunstancias también han tenido un efecto amedrentador sobre las otras personas que se dedican a la defensa del medio ambiente en Honduras o se encuentran vinculadas a ese tipo de causas. Efecto intimidante que se acentúa y se agrava por la impunidad en que se mantienen los hechos“).  

Dix ans plus tard, en octobre 2019, la Cour Interaméricaine des Droits de l´Homme a décidé de maintenir la procédure relative à la mise en oeuvre de l´ arrêt de 2009 par le Honduras, au motif de la résistance affichée par cet Etat pour s´y conformer (voir arrêt  du 7/10/2019). On notera que le cas de l´assassinat au Honduras en mars 2016 de Berta Cáceres, figure reconnue en matière de défense de l´environnment et des droits des populations autochtones,  a donné lieu à une mise en scène et a une soi-disante “enquête” par les autorités hondurienne si peu crédibles, qu´un groupe d´experts international a été rapidement constitué afin de mener une véritable enquête  (“Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas” / GAIPE) en vue de dilucider cette affaire et d´identifier les auteurs matériels et intellectuels de cet assassinat (voir le site officiel et le rapport de 2017 du GAIPE intitulé “Justicia para Berta Cáceres Flores“, contenant un Annexe 2 repertoriant les diverses menaces reçues par Berta Cáceres avant sa mort). Dans ce rapport publié par le GAIPE vers la fin de l´année 2017, (voir texte complet), on y lit que :

“6. L’assassinat de Berta Isabel Cáceres Flores, perpétré le 2 mars 2016, répondait, au moins, à un plan conçu par des cadres supérieurs du DESA, au moins depuis novembre 2015, ayant été délégué à l’un des traité l’exécution de l’opération et l’articulation avec des agents étatiques et non étatiques pour y parvenir ” (traduction libre de l´auteur de: “6. El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo“).

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