El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante resolución S-21/1 con fecha del 23 de julio del 2014, aprobó (por 29 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones) crear una comisión internacional de investigación sobre las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas durante la ofensiva militar israelí en Gaza de las últimas semanas, cuyo saldo en víctimas mortales palestinas era 650 personas, de las cuales 170 niños, al momento de redactarse la resolución. Es probable que estas cifras hayan sido superadas a las pocas horas de adoptada la resolución, dado el carácter desproporcionado e indiscriminado de los bombardeos por parte de las fuerzas militares de Israel en la franja de Gaza.
El texto se compone de una parte dispositiva de 15 puntos, el punto 13 precisando que el Consejo de Derechos Humanos: "
Decides to urgently dispatch an independent, international commission of inquiry, to be appointed by the President of the Human Rights Council, to investigate all violations of international humanitarian law and international human rights law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, particularly in the occupied Gaza Strip, in the context of the military operations conducted since 13 June 2014, whether before, during or after, to establish the facts and circumstances of such violations and of the crimes perpetrated and to identify those responsible, to make recommendations, in particular on accountability measures, all with a view to avoiding and ending impunity and ensuring that those responsible are held accountable, and on ways and means to protect civilians against any further assaults, and to report to the Council at its twenty-eighth session"
Palestina: un Estado más Estado desde el 2012
Cabe recordar que desde el 29 de noviembre del 2012,
Palestina ostenta formalmente ante las Naciones Unidas, y gracias a una aplastante mayoría obtenida en la Asamblea General de Naciones Unidas, el estatuto de
Estado No Miembro Observador (remitimos al lector a una
modesta nota en español al respecto (
nota en inglés disponible para nuestros colegas de hablainglesa) explicando las razones de este estatuto peculiar obtenido y a una más extensa en francés publicada en la Sentinelle de la Sociéte Française pour le Droit International (SFDI), titulada "
Le nouveau statut de membre de la Palestine: une perspective latinoaméricaine"
numéro 329 de janvier 2013). Leemos a este efecto en el
Washington Post del 29.11.2012 que, en el caso del Reino Unido, sus diplomáticos tuvieron el detalle de precisar a las autoridades de Palestina que "
The U.K. suggested that it might vote "yes" if the Palestinian Authority offered assurances that it wouldn't pursue charges in the International Criminal Court, but apparently came away unsatisfied" (
sic).
Desde el punto de visto estrictamente jurídico, este estatuto logrado en noviembre del 2012 permite a las autoridades palestinas acercarse un poco más a la justicia penal internacional que tanto preocupa a la diplomacia británica y a unos más. De ahora en adelante, Palestina va a poder exigir (como cualquier Estado) el respeto a las reglas que imperan entre Estados entre sí y suscribir (como cualquier Estado), tratados internacionales y más particularmente tratados en materia de derechos humanos, de derecho internacional humanitario y de derecho penal internacional. En realidad, desde noviembre del 2012, es gran parte del derecho internacional público producido por las Naciones Unidas el que se abre a Palestina, y esta vez como sujeto pleno de este peculiar ordenamiento jurídico. En mayo del 2014, cinco de los ocho tratados suscritos por Palestina como Estado entraron en vigor para
Palestina (ver
nota de prensa).
Recordemos que el establecimiento por parte de
Costa Rica de relaciones oficiales de Estado a Estado con Palestina en febrero del 2008 fue posteriormente seguido de similares gestos hacia Palestina de los siguientes Estados de América Latina:
Venezuela (abril del 2009),
República Dominicana (julio del 2009),
Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay (diciembre del 2010),
Perú y Chile (enero del 2011),
Argentina (febrero del 2011),
Uruguay (marzo del 2011),
El Salvador y Honduras (agosto del 2011). A ello hay que sumar los reconocimientos previos hechos por
Cuba (1988) y
Nicaragua (1988), así como de
México el cual alberga una representación de Palestina desde 1975
sin reconocer oficialmente a Palestina como Estado.
Colombia sigue sin hacerlo (ver
artículo de Semana sobre posibles explicaciones), como tampoco
Panamá, mientras que en abril del 2013,
Guatemala procedió a dicho reconocimiento oficial de Palestina como Estado (ver
nota de prensa).
En un artículo publicado en su columna semanal en el rotativo La República (Costa Rica) en diciembre del 2012, el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica (2006-2010), Bruno Stagno, a quién le correspondió llevar adelante la apertura de Costa Rica hacia el mundo árabe así como el establecimiento de relaciones de Estado a Estado con Palestina (2008), y quién fungió como Presidente de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) durante le período 2005-2008, escribía: “
Más allá de la importancia que tiene esta decisión sobre la autodeterminación de Palestina, tiene importantes efectos jurídicos y políticos sobre las eventuales negociaciones de paz en el Medio Oriente. En primer lugar, por primera vez en su historia, Palestina ahora podrá suscribir tratados internacionales, incluyendo en particular el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De acceder a dicho tratado, aquellos excesos susceptibles de caer bajo la jurisdicción del Estatuto perpetrados por Israel o grupos extremistas o terroristas en territorio palestino, podrían ser investigados o juzgados por la Corte” (
Nota 1).
El derecho penal internacional: temores de Israel y de Estados Unidos
Ya habíamos hecho ver en un
artículo publicado hace unos años en Elpais.cr de Costa Rica (ver nuestro breve artículo) que
Estados Unidos e
Israel comparten preocupaciones comunes con relación a una entidad encargada de juzgar penalmente a responsables de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y actos de agresión: la Corte Penal Internacional (CPI), establecida en 1998. Recientemente se leyó en un artículo titulado: "
US is ‘absolutely adamant’ that Palestine not go to ICC and wreck the peace process — Power" que, para la diplomacia de Estados Unidos,
"
The ICC is of course something that we have been absolutely adamant about. Secretary Kerry has made it very, very clear to the Palestinians, as has the President. I mean, this is something that really poses a profound threat to Israel" (
sic). La administración del Presidente
B. Obama no pareciera sobre este punto preciso distanciarse mucho de la del Presidente
G.W. Bush, como tampoco esta última de la del Presidente
B. Clinton, como se podrá apreciar seguidamente.
Como tuvimos la oportunidad de escribirlo en
un artículo del 2012, con relación a la actitud de Estados Unidos ante la CPI a partir del 2002, “
pocas veces en la historia del derecho internacional, una superpotencia habrá desplegado tantos esfuerzos, en el marco de una estrategia tendiente a minar y a torpedear sistemáticamente toda forma de apoyo a la CPI que pudiese limitar o entrabar su libertad de acción. De manera insólita, la firma del Estatuto de Roma por parte de la administración Clinton fue depositada el 31 de diciembre del 2000, último día para hacerlo (según el Artículo 125 del Estatuto de Roma), conjuntamente con Israel y con Irán”.
El primer acuerdo bilateral de inmunidad (los famosos “ABI” que buscan impedir de forma bilateral el traslado de personal militar o civil norteamericano a la CPI, en clara violación a lo dispuesto en el Estatuto de Roma - ver
artículo del profesor Christian G. Sommer) fue suscrito en el 2002 por
Estados Unidos con
Israel (el 8 de abril del 2002). El primer ABI suscrito con un país de América Latina fue con
El Salvador (firmado el 25 de octubre de 2002, y ratificado el 29 de abril de 2004). Luego seguirían los ABI firmados con
República Dominicana (suscrito el 13 de septiembre de 2002),
Honduras (firmado el 19 de septiembre de 2002, ratificado el 30 de mayo de 2003),
Bolivia (suscrito el 19 de mayo de 2003),
Nicaragua (suscrito el 4 de junio de 2003 y ratificado el 9 de julio de 2003),
Panamá (firmado el 24 de junio de 2003), y
Colombia (18 de septiembre de 2003). Las presiones de diversa índole ejercidas por
Estados Unidos sobre
Costa Rica para que suscribiera un ABI (incluyendo un intento de evitar la Asamblea Legislativa para su aprobación
según artículo de La Nación del 11/3/2011) llevaron a su canciller a expresar que: “
For the love of God, this is not the way to treat a country that is your friend” (ver
cable confidencial del 9/09/2005 reproducido por Wikileaks).
De igual manera, el primer Estado en imitar a
Estados Unidos “retirando” la firma del Estatuto de Roma – una figura jurídica desconocida hasta entonces por el derecho internacional público - es también
Israel, seguido unos años después por
Sudán. Si remontamos un poco más el péndulo del tiempo, la oposición frontal de la delegación de los Estados Unidos durante las negociaciones previas a la adopción del Estatuto de Roma en el mes de julio de 1998 tampoco fueron ajenas a su aliado israelí. Algunas de las infidencias del jefe de delegación norteamericana (en la época del Presidente B. Clinton), David Scheffer, posteriores a julio de 1998, son bastante aleccionadoras: se lee en una tesis doctoral publicada en Francia sobre el tema que «
En ce qui concerne Israël enfin, David Scheffer reconnut après Rome que la délégation américaine avait endossé la crainte d´Israël d´être victime d´accusations devant la future Cour en raison de sa politique dans les territoires occupés » (
Nota 2). “Endosar” temores de otro Estado en la negociación internacional de un texto como el Estatuto de Roma constituye un ejercicio poco usual para una superpotencia (y una excelente estrategia del Estado temeroso).
Los esfuerzos de Palestina ante la CPI
El 21 de enero del 2009
Palestina depositó una declaración de aceptación de la jurisdicción de la CPI, que precisaba de manera abierta y sin precisar la nacionalidad de los responsables de cometer actos susceptibles de interesar a la CPI que: «
the Government of Palestine recognizes the jurisdiction of the Court for the purpose of identifying, prosecuting and judging the authors and accomplices of acts commitied on the territory of Palestine since July 2002» (ver texto en pp. 392-393 del
estudio del profesor Alain Pellet). Recordemos que esta iniciativa de las autoridades de Palestina fue antecedida por la campaña realizada por
Israel en la franja de Gaza en diciembre del año 2008 en el marco de la operación “
Plomo Fundido” (con más de 1400 víctimas mortales palestinas y 14 víctimas israelíes): dicha campaña dio lugar a la ruptura de relaciones diplomáticas de
Venezuela y de
Bolivia en enero del 2009 con Israel.
Nicaragua lo haría el año siguiente en señal de profundo repudio al ataque a una flotilla humanitaria por parte de efectivos del ejército de Israel (ver
nota).
La gestión de las autoridades de Palestina ante la CPI en enero del 2009 fue considerada por el servicio jurídico del ejército israelí como una nueva forma de terrorismo: el «
terrorismo legal» (
Note 3). Más allá de las valoraciones de los asesores legales del ejército de Israel, expertos franceses y de otros países estimaron que esta iniciativa permitía la plena aplicación de la jurisdicción de la CPI: ver carta titulada
"
Les effets de la reconnaissance par la Palestine de la compétence de la C.P.I" con fecha del 8 de mayo del 2010. En sus conclusiones leemos que: "
... la déclaration palestinienne du 21 janvier 2009 acceptant la compétence de la C.P.I. aux fins de l’identification, de la poursuite et du jugement des auteurs des crimes énumérés à l’article 5 du Statut de Rome commis sur le territoire de la Palestine depuis le 1er juillet 2002, et de leurs
complices, peut déployer ses effets conformément aux dispositions de l’article 12 du Statut et, en particulier que toutes les conditions sont réunies pour que la Cour exerce sa compétence en application de l’article 13".
No obstante, en el 2012, el Fiscal de la CPI desestimaría la petición de Palestina, remitiéndose a los órganos de Naciones Unidas para determinar si Palestina constituye o no un Estado (ver
nota de la BBC). La
decisión de abril del 2012 del Fiscal de la CPI con relación a investigar lo que ocurre en Palestina desde la perspectiva del derecho penal internacional debiera ser reconsiderada ya que Palestina logró su reconocimiento como Estado No Miembro Observador en noviembre del 2012. Leemos en un artículo reciente en
Foreign Policy Journal que "
Luis Moreno–Ocampo who had acted in 2009 for the ICC, and now speaking as the former prosecutor, asserted that in his opinion Palestine would now in view of the General Assembly action qualify as a state enjoying the option of becoming an ICC member".
Desde el punto de vista formal, Palestina aún no ha adherido al Estatuto de Roma que crea la CPI (pese a diversos llamados a hacerlo, como por ejemplo el de Amnistía Internacional en su
comunicado de diciembre del 2013).
La justicia y el derecho internacional ante un muro:
El pasado 9 de julio, se celebraron de manera un tanto discreta, los 10 años de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las consecuencias de la construcción de un Muro en territorios palestinos por parte de Israel (
Nota 4). Por 14 votos contra uno (el juez norteamericano Thomas Buergenthal), la Corte Internacional de Justicia había determinado que: “
La construcción del muro que está elevando Israel, la Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, y su régimen conexo, son contrarios al derecho internacional”; así mismo, por similar votación de 14 jueves contra uno, que, “
Israel tiene la obligación de poner fin a sus violaciones del derecho internacional; tiene la obligación de detener de inmediato todas las obras de construcción del muro que está elevando en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, desmantelar de inmediato la estructura allí situada, y derogar o dejar sin efecto de inmediato todos los actos legislativos y reglamentarios con ella relacionados, de conformidad con el párrafo 151 de la presente opinión”. Finalmente con similar votación en la que quedó nuevamente aislado el juez norteamericano de la CIJ, sentenció que “
Israel tiene la obligación de reparar todos los daños y perjuicios causados por la construcción del muro en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores”.
En una misiva reciente dirigida al Secretario General de Naciones Unidas (ver
texto) por parte de distintas personalidades y organizaciones, se lee que esta opinión jurídica no ha sido implementada en estos últimos 10 años: “
El fracaso de las Naciones Unidas y los Estados miembros en el cumplimento de su obligaciones vinculantes para defender el derecho internacional y el orden mundial en este caso menoscaba al sistema internacional y la credibilidad en el derecho internacional. Diez años después de la decisión de la Corte Internacional de Justica, instamos a las Naciones Unidas, sus Estados miembros y órganos, a cumplir con su obligaciones y adoptar las medias permitidas por la ley para garantizar la eliminación del muro israelí del territorio palestino ocupado y el régimen conexo de las colonias, la discriminación institucionalizada y la anexión. Para ello es necesario aplicar las lecciones de conflagraciones pasadas, combatir las violaciones relacionadas por cada una y todas las partes, y reparar integralmente a las víctimas ahora por los costos, pérdidas y daños resultantes de acuerdo con el marco de reparaciones que la Asamblea General ha aprobado por aclamación”.
Pese a la discreción con la que se celebró esta décima primavera de la opinión jurídica de la Corte de La Haya, esta no pasó del todo desapercibida: es precisamente objeto de una mención en uno de los considerandos del texto adoptado por el Consejo de Derechos Humanos. La referencia es hecha en los siguientes términos, y constituye en nuestra modesta opinion, un llamado sin ambigüedades a la comunidad internacional ante uno de sus integrantes reacio a cumplir con lo que ha dictaminado la CIJ: "
Noting that 9 July 2014 marked the tenth anniversary of the adoption of the advisory opinion by the International Court of Justice on the legal consequences of the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory and that no progress has been made on its implementation, and affirming the urgent need to respect and ensure respect for international humanitarian law and international human rights law in this regard".
Recordemos para el lector poco familiarizado con el sistema de Naciones Unidas, que cada vez que un Estado ha intentado solicitar al Consejo de Seguridad pronunciarse sobre la situación en Jerusalén Oriental, en Cisjordania o en la Franja de Gaza, la delegación norteamericana recurre a ejercer su derecho al veto. Recientemente incluso, la delegación norteamericana innovó en la materia, con
la noción de “veto implícito” detectada por la “Sentinelle” francesa del derecho internacional.
Discusión y votación en Ginebra y acciones posteriores:
La propuesta de texto votado ayer dió lugar a un debate por más de ocho horas (ver
resumen de posiciones oficiales de los Estados que participaron al debate). Puesto finalmente a votación, el texto obtuvo
29 votos a favor, 17 abstenciones y un voto en contra (Estados Unidos).
A favor votaron: Argelia, Arabia Saudí, Argentina, Brasil, Chile, China, Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Maldivas, Marruecos, México, Namibia, Pakistán, Perú, Rusia, Sierra Leona, Sudáfrica, Venezuela, Vietnam.
Se abstuvieron: Alemania, Austria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Corea del Sur, Estonia, Francia, Gabón, Irlanda, Italia, Japón, Macedonia, Montenegro, Reino Unido, República Checa y Rumanía.
A diferencia de los Estados de África y de Asia, los Estados de América Latina actualmente miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Perú y Venezuela) votaron todos a favor de dicha resolución, cuya versión en inglés (única disponible a la hora de redactar esta nota) se reproduce a continuación. De igual manera los denominados integrantes del BRICS.
Uno de ellos,
Brasil llamó a consulta a su Embajador en Tel Aviv (ver
nota) y anunció que "congelará" sus relaciones diplomáticas con
Israel (ver
nota) luego de que la diplomacia israelí lo
calificara de "enano" por criticar las acciones de Israel en Gaza. En
Ecuador, cuyas autoridades de igual manera llamaron a consulta su embajador en Tel Aviv (ver
nota), manifestantes pidieron la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel (ver
nota), así como en
Chile. En
España, organizaciones y redes sociales recolectan firmas en igual sentido (ver
nota). En Francia, el
Conseil d´Etat rechazó un recurso interpuesto contra la prohibición del Ejecutivo francés de permitir manifestaciones en favor de Palestina, previstas para el Sábado 26 de julio (ver
nota). Estas manifestaciones se realizaron en varias ciudades francesas pese a dicha prohibición con algunos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad francesas.
Foto de la Place de la République, sábado 26 de julio, extraida de artículo del Nouvel Observateur (Francia).
TEXTO DE LA RESOLUCION ADOPTADA EL 23 DE JULIO DEL 2014
24 July 2014
Original: English
Human Rights Council
Twenty-first special session
23 July 2014
Resolution adopted by the Human Rights Council
S-21/1
Ensuring respect for international law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem
The Human Rights Council,
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights,
Recalling General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006 and Human Rights Council resolutions 5/1 and 5/2 of 18 June 2007,
Reaffirming the right to self-determination of the Palestinian people and the inadmissibility of the acquisition of land by the use of force, as enshrined in the Charter,
Affirming the applicability of international human rights law and international humanitarian law, in particular the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, to the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem,
Reaffirming that all High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention1 are under the obligation to respect and ensure respect for the obligations arising from the said Convention in relation to the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and reaffirming their obligations under articles 146, 147 and 148 with regard to penal sanctions, grave breaches and the responsibilities of the High Contracting Parties,
Gravely concerned at the lack of implementation of the recommendations contained in the report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict of 2009, and convinced that lack of accountability for violations of international law reinforces a culture of impunity, leading to a recurrence of violations and seriously endangering the maintenance of international peace,
Noting that 9 July 2014 marked the tenth anniversary of the adoption of the advisory opinion by the International Court of Justice on the legal consequences of the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory and that no progress has been made on its implementation, and affirming the urgent need to respect and ensure respect for international humanitarian law and international human rights law in this regard,
Firmly convinced that justice and respect for the rule of law are the indispensable bases for peace, and stressing that prevailing long-standing and systemic impunity for international law violations has created a justice crisis in the Occupied Palestinian Territory that warrants action, including accountability for international crimes,
Noting the systematic failure by Israel to carry out genuine investigations in an impartial, independent, prompt and effective way, as required by international law, on violence and offences carried out against Palestinians by the occupying forces and settlers and to establish judicial accountability over its military actions in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem,
Emphasizing the obligations of Israel as the occupying Power to ensure the welfare and safety of the Palestinian civilian population under its occupation in the West Bank, including East Jerusalem, and in the Gaza Strip, and noting Israel’s wilful abdication and rejection of its obligations in this regard,
Noting that the deliberate targeting of civilians and other protected persons and the perpetration of systematic, flagrant and widespread violations of applicable international humanitarian law and international human rights law in situations of armed conflict constitute grave breaches and a threat to international peace and security,
Deploring the massive Israeli military operations in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, since 13 June 2014, which have involved disproportionate and indiscriminate attacks and resulted in grave violations of the human rights of the Palestinian civilian population, including through the most recent Israeli military assault on the occupied Gaza Strip, the latest in a series of military aggressions by Israel, and actions of mass closure, mass arrest and the killing of civilians in the occupied West Bank,
Expressing grave concern at the critical humanitarian situation in the Gaza Strip, including in particular the forced displacement of tens of thousands of Palestinian civilians, the crisis in access to adequate water and sanitation services affecting nearly 1 million people, and the extensive damage to electricity infrastructure resulting in 80 per cent of the population receiving electricity only four hours a day, and underlining the importance of providing emergency humanitarian assistance to them and other victims,
Welcoming the establishment of the Palestinian national consensus Government on 2 July 2014 as an important step towards Palestinian reconciliation, which is crucial for achieving a two-State solution based on the pre-1967 borders and lasting peace, and emphasizing that the situation of the occupied Gaza Strip is unsustainable as long as it remains geographically, politically and economically separated from the West Bank,
1. Strongly condemns the failure of Israel, the occupying Power, to end its prolonged occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, in accordance with international law and relevant United Nations resolutions;
2. Condemns in the strongest terms the widespread, systematic and gross violations of international human rights and fundamental freedoms arising from the Israeli military operations carried out in the Occupied Palestinian Territory since 13 June 2014, particularly the latest Israeli military assault on the occupied Gaza Strip, by air, land and sea, which has involved disproportionate and indiscriminate attacks, including aerial bombardment of civilian areas, the targeting of civilians and civilian properties in collective punishment contrary to international law, and other actions, including the targeting of medical and humanitarian personnel, that may amount to international crimes, directly resulting in the killing of more than 650 Palestinians, most of them civilians and more than 170 of whom are children, the injury of more than 4,000 people and the wanton destruction of homes, vital infrastructure and public properties;
3. Condemns all violence against civilians wherever it occurs, including the killing of two Israeli civilians as a result of rocket fire, and urges all parties concerned to respect their obligations under international humanitarian law and international human rights law;
4. Calls for an immediate cessation of Israeli military assaults throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and an end to attacks against all civilians, including Israeli civilians;
5. Welcomes the initiative of Egypt, supported by the League of Arab States, and calls for all regional and international actors to support this initiative in view of securing a comprehensive ceasefire;
6. Demands that Israel, the occupying Power, immediately and fully end its illegal closure of the occupied Gaza Strip, which in itself amounts to collective punishment of the Palestinian civilian population, including through the immediate, sustained and unconditional opening of the crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from the Gaza Strip, in compliance with its obligations under international humanitarian law;
7. Calls upon the international community, including the States Members of the United Nations, international financial institutions and intergovernmental and non-governmental organizations, as well as regional and interregional organizations, to provide urgently needed humanitarian assistance and services to the Palestinian people in the Gaza Strip, including by supporting the emergency appeal launched by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East on 17 July 2014;
8. Expresses grave concern at the rising number of incidents of violence, destruction, harassment, provocation and incitement by extremist Israeli settlers illegally transferred to the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, against Palestinian civilians, including children, and their properties, and condemns in the strongest terms the resulting perpetration of hate crimes;
9. Expresses deep concern at the condition of Palestinian prisoners and detainees in Israeli jails and detention centres, in particular following the arrest by Israel of more than 1,000 Palestinians since 13 June 2014, and calls upon Israel, the occupying Power, to immediately release all Palestinian prisoners whose detention is not in accordance with international law, including all children and all members of the Palestinian Legislative Council;
10. Underlines the importance of ensuring the protection of all civilians, emphasizes the continued failure of Israel to protect the Palestinian civilian population under its occupation as demanded by international law, and in this context calls for immediate international protection for the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, in accordance with the relevant provisions of the Charter of the United Nations, international humanitarian law and international human rights law;
11. Recommends that the Government of Switzerland, in its capacity as depositary of the Fourth Geneva Convention,1 promptly reconvene the conference of High Contracting Parties to the Convention on measures to enforce the Convention in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and to ensure its respect in accordance with article 1 common to the four Geneva Conventions, bearing in mind the statement adopted by the Conference of the High Contracting Parties on 15 July 1999, and the Declaration adopted by the Conference on 5 December 2001;
12. Requests all relevant special procedures mandate holders to urgently seek and gather information on all human rights violations in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, according to their respective mandates, and to include their observations in their annual reports to the Human Rights Council;
13. Decides to urgently dispatch an independent, international commission of inquiry, to be appointed by the President of the Human Rights Council, to investigate all violations of international humanitarian law and international human rights law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, particularly in the occupied Gaza Strip, in the context of the military operations conducted since 13 June 2014, whether before, during or after, to establish the facts and circumstances of such violations and of the crimes perpetrated and to identify those responsible, to make recommendations, in particular on accountability measures, all with a view to avoiding and ending impunity and ensuring that those responsible are held accountable, and on ways and means to protect civilians against any further assaults, and to report to the Council at its twenty-eighth session;
14. Requests the cooperation, as appropriate, of other relevant United Nations bodies with the commission of inquiry to carry out its mission, and requests the assistance of the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights in this regard, including in the provision of all administrative, technical and logistical assistance required to enable the commission of inquiry and special procedures mandate holders to fulfil their mandates promptly and efficiently;
15. Requests the High Commissioner to report on the implementation of the present resolution, including on measures taken with regard to ensuring accountability for the serious violations of international humanitarian law and human rights in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, to the Human Rights Council at its twenty-seventh session;
16. Decides to remain seized of the matter.
[Adopted by a recorded vote of 29 to 1, with 17 abstentions. The voting was as follows:
In favour:
Algeria, Argentina, Brazil, Chile, China, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Ethiopia, India, Indonesia, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Maldives, Mexico, Morocco, Namibia, Pakistan, Peru, Philippines, Russian Federation, Saudi Arabia, Sierra Leone, South Africa, United Arab Emirates, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam
Against:
United States of America
Abstaining:
Austria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Czech Republic, Estonia, France, Gabon, Germany, Ireland, Italy, Japan, Montenegro, Republic of Korea, Romania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland]
Nota 1: Véase
STAGNO B., Palestina y la CPI, La República, (Costa Rica) con fecha del 3/12/2012).
Nota 2: Véase
FERNANDEZ J.,
La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l´égard de la Cour Pénale Internationales, Paris, Pedone, 2010, p. 172 así como la nota 614, p. 179. Se leerá con similar interés la frustrada maniobra de Estados Unidos de excluir de la definición de crimen de guerra el traslado por un Estado de parte de su propia población a un territorio que ocupa (en francés en el texto « transfert par un Etat d´une partie de sa population dans un territoire qu´elle occupe ») en las pp. 171-172.
Nota 3: Véase
FERNANDEZ J., op.cit, p. 325.
Nota 4: El texto completo de esta opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia está disponible en español en
este enlace.
La presente nota fue publicada en el sitio
Tribuglobal el 28/07/2014 y en el sitio de
ALAINET el 24/07/2014.. Una versión más recogida en
Elpais.cr y en
Periodistas-es y en
Informa-tico el 25/07/2014, así como en
Cambiopolitico el 24/07/2014.
Fue referenciada en
Derechoaldia (Costa Rica) el 27/07/2014.
