Programa "Lo que importa" (Canal 15 UCR) sobre el Acuerdo de Escazú y webinar desde Chile este 21 de julio
En una reciente edición del programa Lo que Importa, conducido por la periodista Alejandra Fernández Bonilla, se analizaron los alcances y los desafíos que le significan a Costa Rica la no aprobación del Acuerdo de Escazú (cuyo título completo es "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe").
La entrevista abarcó varios temas relacionados a la extraña situación en la que se encuentra Costa Rica. La reciente adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno del Poder Legislativo de Costa Rica, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022.
Actualmente el Acuerdo de Escazú cuenta con 24 firmas y 12 Estados que lo han ratificado (entre los cuales Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá, Uruguay), a los que hay que añadir Chile desde el pasado 13 de junio del 2022 (véase tabla oficial de firmas y ratificaciones).
La idea original del Acuerdo fue la de "equiparar la cancha" en América Latina y en el Caribe en materia ambiental, desde una perspectiva de derechos humanos, a partir de tres ejes principales:
- acceso a la información técnica en materia ambiental;
- derecho a la participación ciudadana en materia ambiental
- acceso a una justicia ambiental.
Según lo explicado en la precitada entrevista, América Latina se destaca por ser la región, a nivel mundial, en la que más personas que defienden el ambiente son asesinadas. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado en reconocer la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los líderes, en particular de pequeñas comunidades, procurando (en su artículo 9, propuesto inicialmente por Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Panamá) protegerlos. En efecto, esta disposición obliga a los Estados a prever algún tipo de mecanismo que impida las intimidaciones y amenazas de las que son muy a menudo objeto, y a proteger la vida de quienes protegen el ambiente. El caso de dos líderes asesinados en menos de un año entre marzo del 2019 y febrero del 2020 evidencia que Costa Rica no escapa a esta triste realidad. También se recordó la muerte de Jairo Mora en el 2013, asesinado mientras investigaba con un equipo de voluntarios la llegada masiva de tortugas a playa Moín con relación a lo registrado en otras playas del Caribe costarricense: su asesinato plantea varias interrogantes a la fecha no dilucidadas y pareciera que las autoridades buscan olvidarlo como lo concluye este valioso artículo suscrito por un reconocido ecologista costarricense.
En Costa Rica existe un sector económico que se opone rotundamente a ver consolidada la participación ciudadana en materia ambiental, eje del Acuerdo de Escazú. Resulta oportuno recordar que durante la administración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010), la única ley aprobada por la Asamblea Legislativa y vetada por el Poder Ejecutivo en cuatro años fue precisamente la Ley de Participación Ciudadana en Materia Ambiental. En el 2012, so pretexto de que un magistrado de la Sala Constitucional "no favorece el clima de negocios" (Nota 1) una burda y grosera maniobra para no reelegir a Fernando Cruz fracasó estrepitosamente, exhibiendo a varios partidos políticos que se prestaron para tan indecoroso intento.
La deriva de las actuales autoridades en materia ambiental han encendido las alarmas y contribuyen a minar un poco más la credibilidad internacional de Costa Rica en materia ambiental (Nota 2).
Si desea ver la entrevista completa del programa "Lo que importa", puede consultarla en el siguiente enlace:
https://www.quinceucr.
Este próximo 21 de julio, un webinar organizado desde un medio importante en Chile (Diario Financiero) nos reunirá con expertas chilenas, y se titula "Chile y el Acuerdo de Escazú: nuevos estándares de participación ciudadana" (véase enlace): un formato de conversación que a la fecha en Costa Rica no se ha replicado desde algun medio de prensa importante o equivalente a Diario Financiero en Chile. El formulario de inscripción y registro previo se encuentra disponible en este enlace y se puede también accesar desde este enlace de FaceBook de Diario Financiero.
Nota 1: Esta insólita expresión fue usada por parte del jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) para justificar en noviembre del 2012, la propuesta tendiente a evitar la reelección del magistrado Fernando Cruz en la Sala Constitucional (véase la entrevista realizada por el Semanario Universidad). El intento fracasó, y dio pie a una movilización raramente vista del gremio judicial y expresiones de solidaridad, tanto nacional como internacionales, apoyando al magistrado Fernando Cruz Castro. Desde Naciones Unidas, la misma Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de los Magistrados y los Abogados envió una carta a las autoridades costarricenses (véase el texto completo), señalando, entre varios aspectos que: "quiero expresar mi consternación por las alegaciones según las cuales los acontecimientos en contra del Magistrado Fernando Cruz no representarían un caso aislado, sino formarían parte de una nueva tendencia a la intimidación y control sistemático del Órgano Judicial por parte del Órgano Legislativo".
Nota 2: Iniciativas legislativas recientes (y promovidas desde el Poder Ejecutivo) altamente preocupantes, que limitarían sustancialmente en Costa Rica la participación ciudadana en materia ambiental, han provocado fuertes reacciones en estos primeros días del mes de julio del 2022: véase por ejemplo nota de prensa titulada "Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental" y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta "reforma" de la máxima instancia ambiental en Costa Rica, al igual que este reportaje publicado en el Semanario Universidad el 6 de julio del 2022. Un reciente artículo publicado en el Semanario Universidad el 13 de julio titulado "Cámaras empresariales le sonríen a Rodrigo Chaves" da cuenta de una agenda del Poder Ejecutivo muy cercana a las exigencias de las principales cúpulas empresariales. Es muy probable que parte de las "sonrisas" recibidas por el actual mandatario se hayan multiplicado cuando afirmó al iniciar el mes de mayo del 2022 (véase cable de la agencia EFE) que: "El sector privado debe de estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno".
No hay comentarios:
Publicar un comentario