Gandoca / Manzanillo: las obligaciones jurídicas que implica la Convención Ramsar para Costa Rica

Gandoca  / Manzanillo: las obligaciones jurídicas que implica la Convención Ramsar para Costa Rica

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho,Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com. 

 

En medio de la sostenida polémica que ha causado la tala de árboles en la región de Gandoca Manzanillo, en el Caribe Sur de Costa Rica, causada en gran parte por la extraña actitud de las autoridades a cargo de la protección del ambiente, una reciente información señala que estas mismas autoridades de Costa Rica se han propuesto revisar a la baja la extensión del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, inscrito como sitio Ramsar (véase nota de prensa publicado en el medio digital Delfino.cr del 10 de septiembre del 2024). 

En esta otra nota del Semanario Universidad, publicada en la misma fecha, se hace ver que una funcionaria advirtió desde el mes de agosto del intento de cambiar los límites de este sitio Ramsar (véase nota), antes de ser ... "reubicada". ¿"Reubicada"? ¿Como así? Como se lee. 

La precitada nota reproduce un valiosos juego de mapas en el que se puede apreciar el cambio identificado y la consiguiente reducción al compararse con el mapa colgado por la Secretaría de la Convención Ramsar.

Cabe recordar que las primeras imágenes de árboles talados en la zona dadas a conocer en la prensa costarricense remontan, salvo error nuestro, al 15 de mayo del 2024 (véase nota de CRHoy).  

Una breve puesta en contexto

A finales del 2023, la justicia constitucional condenó al Estado costarricense por irrespetar las obligaciones internacionales de Costa Rica en el Caribe Sur de Costa Rica, en aquella ocasión en materia de consulta a las poblaciones indígenas (véase nota del Semanario Universidad). En efecto, al anular la audiencia organizada en agosto del 2023 por la Municipalidad de Talamanca de cara a la aprobación del Plan Regulador Costero, la Sala Constitucional sentenció (véase voto 31756 - 2023  del 7 de diciembre del 2023) que:

"la exclusión de la consulta de la asociación actora es injustificable en el marco de las obligaciones internacionales adquiridas por nuestro país en esta materia".

La lectura completa de la sentencia evidencia que no es solamente el ente municipal el que promovió una tramitación "express" del Plan Regulador Costero para el cantón de Talamanca. Como ya viene siendo costumbre con la SETENA (Secretaría Técnica Nacional del Ambiente) en el caso de proyectos polémicos, la escogencia de la segunda quincena de diciembre / inicios de enero para tramitar su aprobación se verifica nuevamente (Nota 1), al leerse en esta misma sentencia que:

"El 19 de diciembre de 2022, se emitió el formulario de revisión técnica FR-DT-EAE0055-2022 en donde se concluyó emitir el Dictamen Técnico INF-TEC-DT-EAE-0013- 2022 de la misma fecha (19 de diciembre de 2022), recomendando a la Comisión Plenaria de la SETENA, el otorgamiento de la viabilidad ambiental para la propuesta de plan regulador de zona marítimo terrestre del distrito de Cahuita del cantón de Talamanca, provincia de Limón. 4. Otorgamiento de la viabilidad ambiental: El día 11 de enero del 2023, mediante resolución No. 025-2023-SETENA se otorgó la Viabilidad (Licencia) Ambiental a la Incorporación de la Variable Ambiental a la propuesta de plan regulador de zona marítimo terrestre del distrito de Cahuita del cantón de Talamanca, provincia de Limón".

En enero del 2024, organizaciones sociales denunciaron públicamente el irrespeto a la decisión del juez constitucional por parte de el ente municipal de diciembre del 2023 (véase nota de ElMundo.cr del 16 de enero del 2024).

Justo un mes después, en febrero del 2024, la Sala Constitucional ordenó a las autoridades respetar las regulaciones que protegen los humedales en el cantón de Talamanca, y proceder a actualizar su caracterización antes de aprobar cualquier proyecto de regulación territorial como lo es un Plan Regulador Costero (véase voto  03959 -2024 del 16 de febrero del 2024), al señalar que:

"Es decir, no indica a la Sala cuál es el estado actual de los humedales en el cantón de Talamanca, ni ofrece razón alguna por la cual los estudios que justificaron la decisión de 2017 son técnicamente superiores al material de 2021. O, dicho a la inversa, no se exponen los motivos por los cuales el estudio de 2021 no corresponden a la realidad o a criterios técnicos de tutela del patrimonio natural del Estado. Por lo anterior, considera este Tribunal que en aplicación del principio precautorio, al versar este amparo sobre bienes ambientalmente relevantes, constitutivos del patrimonio natural del Estado, específicamente de los humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca, debe declararse con lugar el recurso con las consecuencias expuestas en la parte dispositiva de esta sentencia."

No resulta de más señalar que en el mes de marzo del 2017, se oficializó en Costa Rica una Política Nacional de Humedales: véase Decreto Ejecutivo 40244 del 6 de marzo del 2017 cuyos considerandos reafirman la importancia de los humedales en Costa Rica y su necesaria protección, al señalar, entre muchos otros aspectos, que:

"Los actuales conflictos socioambientales que derivan de la ausencia de una gobernanza adecuada y equilibrada, tienen razón de ser justamente en el hecho de que las comunidades que cotidianamente comparten territorio con este tipo de ecosistemas carecen de normas e instrumentos que les permitan realizar una tutela del patrimonio natural estatal apropiada.

Esta Política Nacional de Humedales por ende, pone en perspectiva la situación actual de los humedales en el territorio nacional con la finalidad de proveer herramientas y planes de acción que mitiguen los problemas que enfrentan y maximicen los beneficios potenciales de los mismos. La política que a continuación se desarrolla, plantea como elemento fundamental el deterioro actual de nuestros humedales que, afectados por el impacto de diferentes actividades antrópicas, por la ausencia de planificación en su manejo, por las técnicas inadecuadas de uso, las políticas de desarrollo sectorial desarticuladas y los efectos propios del cambio climático, nos colocan en la necesidad primaria de establecer acciones enérgicas para su recuperación".

La extrema presión sobre las autoridades municipales y nacionales para aprobar un Plan Regulador Costero obviando consultas y estudios técnicos que por ley se requiere, pareciera no estar del todo ajena a lo que ahora ocurre en Gandoca Manzanillo.

La Convención Ramsar en breve

Como bien se sabe, Costa Rica es un Estado Parte desde 1992 a la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", más conocida como convención Ramsar: el nombre Ramsar proviene de una ciudad ubicada en Irán - que se escribe رامسر  en persa - en la que fue adoptada en 1971. Remitimos a nuestros estimables lectores al texto de dicha convención, y al  estado oficial de firmas y ratificaciones (con 168 Estados Partes a la fecha de redactar estas líneas). En 1999, la VIIa Conferencia de Estados Partes (más conocida por las siglas en inglés "COP") se realizó en Costa Rica (véanse actas de esta reunión).

El artículo 2 de este instrumento internacional dispone que:

" 1. Cada Parte Contratante designará humedales idóneos de su territorio para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, en adelante llamada "la Lista", que mantiene la Oficina establecida en virtud del Artículo 8. Los límites de cada humedal deberán describirse de manera precisa y también trazarse en un mapa, y podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal, y especialmente cuando tengan importancia como hábitat de aves acuáticas.

2. La selección de los humedales que se incluyan en la Lista deberá basarse en su importancia internacional en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos. En primer lugar deberán incluirse los humedales que tengan importancia internacional para las aves acuáticas en cualquier estación del año".

Según la información oficial de la Secretaría Ramsar, el refugio de vida silvestre de Gandoca Manzanillo fue inscrito por Costa Rica como sitio Ramsar en el año de 1995 (véase enlace).

La posibilidad de modificar los límites de un sitio Ramsar

Al haber sido inscrito un humedal en la lista de la Convención como sitio Ramsar por parte de un Estado, ¿puede luego un Estado modificar los límites de ese humedal en aras de reducir su extensión? El artículo 4 de dicha convención establece de manera que nos parece bastante clara que:

"2. Cuando una Parte Contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire de la Lista o reduzca los límites de un humedal incluido en ella, deberá compensar en la medida de lo posible, la pérdida de recursos de humedales y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y para la protección de una porción adecuada de su hábitat original, en la misma región o en otro lugar".

Salvo error de nuestra parte, no existe ningún motivo de urgencia o de fuerza mayor actualmente en Costa Rica justificando reducir los límites de un humedal inscrito como sitio Ramsar desde 1995 como lo es el sitio de Gandoca Manzanillo. 

El artículo 4 además plantea, como ocurre en diversas convenciones sobre zonas protegidas, una compensación por la reducción de los limites de un humedal Ramsar. Tampoco se ha mencionado por parte de las autoridades medidas de compensación de alguna índole en la región de Gandoca Manzanillo.

Se ha hecho una consulta en algunos sitios especializados para saber si existe algún precedente de un Estado solicitando reducir el área de un sitio Ramsar, sin respuesta obtenida por el momento. En el ámbito internacional, se registró hace unos meses una polémica en la India con un intento, esta vez, de retirar el humedal Bhoj, inscrito en la lista Ramsar desde el 2002 (véase ficha técnica). La solicitud dada a conocer inmediatamente por la Secretaría de la Convención Ramsar para verificar con exactitud las razones alegadas y las medidas de compensación previstas (véase nota de julio del 2024 del Times of India) llevaron, pocos días después, a las autoridades a negar tener la intención de retirar este humedal de la lista Ramsar (véase nota de The New Indian Express del 5 de agosto).

Volviendo al ámbito nacional, si las jurisdicciones nacionales costarricenses han emplazado a las autoridades ambientales a cumplir con lo que se les ha ordenado desde el 2019 en Gandoca Manzanillo (véase nota de prensa de Elmundo.cr sobre sentencia de la Sala Constitucional por desobediencia), ello en nada puede equivaler a una situación de excepción alguna.

El intento de reducir los límites del humedal de Gandoca Manzanillo parece responder a alguna ocurrente iniciativa de las actuales autoridades, una de tantas dentro de la polémica que ha generado su extraño actuar desde la tala de árboles acaecida meses atrás en esta parte del Caribe Sur costarricense: el "affaire" Gandoca Manzanillo promete ocupar los titulares de la prensa costarricense por un buen tiempo más en este 2024.

Daños a un sitio Ramsar en Costa Rica: un precedente no tan lejano

Resulta más que sorprendente el hecho que las actuales autoridades de Costa Rica busquen limitar el alcance de las obligaciones contraídas en la Convención Ramsar. 

Más aún si se trae a la memoria que Costa Rica insistió de manera notoria sobre la extrema fragilidad de los sitios Ramsar ante la misma Corte Internacional de Justicia (CIJ) con ocasión de la incursión ilegal en el 2010 de Nicaragua en Isla Portillos, ubicado dentro del Refugio Caribe Noreste (también sitio Ramsar inscrito como tal por Costa Rica, véase enlace y mapa del mismo). 

Al respecto, la revisión de los alegatos de Costa Rica ante la justicia internacional sobre la importancia que representan los sitios Ramsar para Costa Rica ameritaría una urgente lectura (y si fuese necesario, ... relectura) por parte de las actuales autoridades costarricenses. En enero del 2011, una misión de la Convención Ramsar vinó a detallar las diversas características del Refugio de Vida Silvestre Caribe Noreste (véase informe de misión del 3 de enero del 2011).

Cabe recordar que Costa Rica, debido a las características propias y al valor que significa poseer un sitio Ramsar, cuantificó  en 6,7 millones de dólares el monto del daño ambiental causado por Nicaragua en esta parte extrema del territorio costarricense en el 2010 ante los jueces de la CIJ: este monto se obtuvo a partir de una metodología perfectamente aplicable a los demás sitios Ramsar en Costa Rica. En la decisión de la CIJ sobre el monto indemnizatorio por daño ambiental entre Costa Rica y Nicaragua de febrero del 2018 (véase texto) se lee que:

"45. In the present case, the methodology that Costa Rica considers most appropriate, which it terms the “ecosystem services approach” (or “environmental services framework”), follows the recommendations of an expert report commissioned from Fundación Neotrópica, a Costa Rican non-governmental organization. Costa Rica claims that the valuation of environmental damage pursuant to an ecosystem services approach is well recognized internationally, up-to-date, and is also appropriate for the wetland protected under the Ramsar Convention that Nicaragua has harmed.  .. /..   45. Le Costa Rica estime que la méthode la plus appropriée en la présente affaire est celle qu’il appelle la «méthode des services écosystémiques» (ou «cadre d’évaluation des services environnementaux»), qui suit les recommandations d’un rapport d’experts établi à la demande du Costa Rica par la Fundación Neotrópica, une organisation non gouvernementale costa-ricienne. Il soutient que cette méthode d’évaluation des dommages environnementaux est largement reconnue sur le plan international, qu’elle est moderne et aussi adaptée à la zone humide dont la convention de Ramsar impose la protection et à laquelle le Nicaragua a porté atteinte".

La metodología de servicios ecosistémicos usada por Costa Rica no fue validada por la CIJ, al ordenarle a Nicaragua, en vez de 6,7 millones solicitados por Costa Rica, el pago de tan solo 378.000 dólares (véase párrafo 157 de la decisión de la CIJ): se trata de un serio desliz del equipo legal a cargo de la defensa de Costa Rica ante los jueces de La Haya frente al de Nicaragua, muy pocamente analizado.

Una metodología para cuantificar el daño ambiental en sitios Ramsar y más allá

No obstante, esta metodología oficializada por Costa Rica ante la CIJ como válida y reconocida internacionalmente, debiera de poder aplicarse a otros casos en los que se deba proceder a una evaluación del daño ambiental dentro del territorio costarricense. 

Y más áun, cuando se trata de un humedal de importancia mundial inscrito como sitio Ramsar: es precisamente lo que se puede verificar en esta publicación oficial de Costa Rica elaborada por el mismo SINAC (Sistema Nacional de Areas de Conservación) del 2017 titulada precisamente "Valoración de los servicios ecosistémicos que ofrecen siete de los humedales protegidos de importancia internacional en Costa Rica: Palo Verde, Caribe Noreste, Caño Negro, Gandoca Manzanillo, Maquenque, Térraba Sierpe y Las Baulas"(véase texto).

También es de notar que en el año 2019, se dio a conocer un informe técnico sobre la ampliación de algunos sitios Ramsar, auspiciado por dos agencias de Naciones Unidas (el PNUD y el GEF), titulado "Informe Técnico Sustento a la ampliación de los límites de los sitios Ramsar: Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, Humedal Caribe Noreste y Humedal Térraba Sierpe" (véase texto).

En una nota que tuvimos la ocasión de escribir al conocerse la decisión de la CIJ entre Costa Rica y Nicaragua (Nota 2), nos permitimos sugerir que:

"Al haber Costa Rica oficializado esta metodología para cuantificar de forma muy precisa (y abarcativa) el daño ambiental causado por Nicaragua en Isla Portillos ante los jueces de la CIJ, surge la pregunta de saber si esta misma metodología no debe de ahora en adelante aplicarse de igual forma a la destrucción de humedales de importancia internacional, de ecosistemas y de bosques que se da en Costa Rica en la mayor impunidad desde muchos años. Muchas de las denuncias terminan archivándose por parte del Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) en ausencia de una valoración del daño ambiental por parte del Estado costarricense: uno de los argumentos esgrimidos siendo la ausencia de una metodología validada por el Estado para proceder a la valoración del daño ambiental".

Intimidación y amenazas a ecologistas en el Caribe Sur

Es de señalar que hace más de dos años, en agosto del 2022, el calificativo de "terrorista" por parte de un diputado - con escasos meses en su currul - para referirse a los grupos ecologistas en el Caribe Sur de Costa Rica dio pie para una solicitud de aclaración: véase nota de SurcosDigital. Al tiempo que se esperó (y que en realidad se sigue esperando ... hasta la fecha) alguna amonestación o sanción, o expresión de pesar por parte del Directorio de la Asamblea Legislativa ante el uso de semejante calificativo proviniendo de un legislador costarricense: en efecto, incitar al odio, estigmatizar a un pequeño grupo, descalificar su accionar con adjetivos de esta naturaleza no debería de ser de recibo cuando se trate de un integrante de la Asamblea Legislativa.

La incitación al odio contra quienes defienden el ambiente en Gandoca Manzanillo es un tema extremadamente grave, y no se deberían permitir deslices semánticos de ningún tipo.

En esta entrevista publicada en el sitio de la Universidad de Costa Rica  (UCR) en el 2021 (véase entrevista completa), se leyó por parte de la reconocida autora Ana Cristina Rossi, que:

"Estuve en Holanda de 1995 al 2000 y me fui porque yo sabía que me iban a matar. A finales de 1994 habían matado a María del Mar Cordero, a Óscar Fallas Baldí, a Jaime Bustamante y a David Maradiaga, los 4 compañeros de AECO (Asociación Ecologista Costarricense) que habían ganado la lucha contra la fábrica de astillas en el Golfo Dulce. María del Mar, que era mi amiga, me llamaba y me decía “Ana, vieras que a mí también me están llamando y me están amenazando”, yo ya había escrito La loca de Gandoca. Eso me salvó de las primeras amenazas porque ahí iban nombres disfrazados como Tigre Frío, uno de los que más me amenazaban. Al meter esos nombres paré una primera oleada de amenazas. Cuando María del Mar me llamó le dije “escibilo, hacé un artículo, que quede, que conste”.

Casi tres años después de esta entrevista, el pasado 14 de agosto del 2024, se realizó un foro organizado por la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Cartago, contando con la presencia de esta prestigiosa autora (véase  video del foro), sobre la historia y la situación actual que se vive en el Caribe Sur en la región de Gandoca. 

En este foro, se hizo ver que ante denuncias y advertencias hechas hace más de 30 años, intimidaciones y amenazas de muerte que la motivaron a escribir la famosa novela de "La loca de Gandoca" y a salir del país, pareciera que, ahora, Costa Rica cuenta con autoridades dispuestas a ignorarlas, a partir de un discurso oficial que distorsiona la realidad, interpreta de manera antojadiza la normativa aplicable, y que estigmatiza a los ecologistas, buscando azuzar los ánimos. Todo ello acompañado de una estrategia de comunicación desplegada en redes sociales extremadamente intensa. 

Resulta oportuno indicar que esta misma tergiversación sobre hechos y episodios también se observó en un comunicado oficial de Costa Rica con relación a Crucitas circulado el 15 de julio del 2024 (Nota 3): un reciente reportage de un grupo de periodistas de investigación (véase artículo de La Voz de Guanacaste) confirma que la aseveración según la cual " los coligalleros se roban el oro para llevárselo a Nicaragua" es una leyenda más, de las numerosas que fomentan las actuales autoridades costarricenses y algunas de sus repetidoras locales (seguidores, pero también gremios profesionales y empresariales y sus "expertos"). Con respecto a los supuestos recursos que generaría para el Estado costarricense la extracción de oro, otra leyenda muy persistente fue descubierta esta vez por dos talentosos periodistas del Semanario Universidad en el año 2020: véase el artículo titulado "Costa Rica exporta millones de dólares en oro que pagan cero impuestos".  

Haciendo a un lado las leyendas que circulan en Costa Rica alrededor del oro, y volviendo a Gandoca Mazanillo, la indefensión en la que se encuentran muchas organizaciones ecologistas e integrantes de pequeñas comunidades que alzan la voz ante los atropellos a la legislación ambiental en el Caribe Sur es evidente. 

Desde este punto de vista, resulta oportuno señalar la persistente ausencia de Costa Rica como Estado Parte al Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo del 2018 en ... Costa Rica (Nota 4). El pasado 28 de agosto, la Corte de Constitucionalidad dio a conocer su decisión favorable con respecto al Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial de las autoridades ambientales de Colombia), por lo que es inminente el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas por parte de Colombia, que vendría a sumarse a los 16 Estados que ya lo han ratificado (véase estado oficial de firmas y ratifiaciones). Es de notar que la Corte de Constitucionalidad de Colombia no encontró ninguno de los extraños "hallazgos" del Poder Judicial de Costa Rica para dificultar su tramitación, a los que referimos en nuestro precitado artículo y en otro artículo anterior sobre los verdaderos "mitos" creados por algunos sectores en contra del Acuerdo de Escazú (Nota 5).

Con relación al Poder Ejecutivo y a las intimidaciones de todo tipo que sufren quienes alzan la voz en defensa del ambiente en Gandoca Manzanillo, la reciente comparecencia de la máxima autoridad en temas de ambiente ante una Comisión de la Asamblea Legislativa el pasado 6 de agosto (véase video) denotó un desconocimiento bastante preocupante: véase el "a mí no me consta" que se oye de su parte al minuto 1:52:01 y que repite en tres ocasiones. 

Cabe precisar que unos días antes de esta comparecencia del titular de la cartera de ambiente en Costa Rica, la prensa se había hecho eco de amenazas (véase artículo del 2 de agosto del Semanario Universidad y nota anterior del 29 de julio del 2024). Un mes antes (finales de junio) otro ecologista del Caribe Sur había igualmente hecho públicas las amenazas recibidas en su contra (véase nota de Elpais.cr del 26 de junio del 2024). 

A modo de conclusión

Más allá de la selección limitada a medios de prensa a la que pareciera tener acceso el actual despacho del Ministro de Ambiente y sus asesores, de entrada, resulta oportuno señalar  que revisar a la baja los límites de un sitio Ramsar exhibe un espectáculo raramente observado en la comunidad internacional.

Con relación a Costa Rica y a la normativa ambiental vigente, esta insólita gestión pareciera encontrar resistencias internas dentro del mismo aparato estatal por parte de funcionarios valientes y comprometidos con el significado de un sitio inscrito en la lista Ramsar. 

Por otra parte, la gestión por desobediencia ante la justicia constitucional confirma la negativa de las actuales autoridades (y la de las anteriores...) de cumplir a cabalidad con lo ordenado por la Sala Constitucional desde el 2019 en Gandoca Manzanillo.  

Si bien la metodología para cuantificar el daño ambiental persiste como una verdadera laguna del Estado costarricense (que no ha querido dotarse de esta valiosa herramienta jurídica), desde la perspectiva del ordenamiento jurídico internacional, se puede sostener que la normativa internacional no permite en modo alguno reducir los límites de un humedal inscrito como sitio Ramsar: en efecto, el precitado artículo 4 señala claramente que una decisión de esta naturaleza solamente puede tomarse "por motivos urgentes de interés nacional".

Al no existir alguna situación de "urgencia" particularmente apremiante en este mes de septiembre del 2024, las autoridades nacionales deben proceder a cumplir con el mandato que ha asumido Costa Rica ante la comunidad internacional, al inscribir Gandoca Manzanillo como sitio Ramsar: procediendo a consolidar las reglas de protección vigentes en este sitio, ampliar y reforzar su alcance si fuese el caso, en vez de intentar revisarlas a la baja.

En cambio, el obligar a las actuales autoridades ambientales de Costa Rica a cumplir sin nuevas dilaciones con las obligaciones nacionales que derivan del marco jurídico vigente en Gandoca Manzanillo y con las decisiones previas de la justicia costarricense, sancionando a los responsables de la tala de árboles observada en este 2024, resulta a toda luz una tarea que espera de manera bastante urgente al sector ecologista costarricense y al resto de la sociedad costarricense en su conjunto. 

- -  Notas  - -

Nota 1: Remitimos a nuestros estimables a una pequeña lista (no exhaustiva) de proyectos que dieron lugar a escándalos ambientales en Costa Rica  aprobados por la SETENA en la segunda semana de diciembre: véase BOEGLIN N., "Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia", 11 de julio del 2023. Texto disponible aquí. 

Nota 2: Véase BOEGLIN N., "Costa Rica-Nicaragua: apuntes sobre la compensación por daño ambiental en Isla Portillos fijada por la CIJ", 2 de febrero del 2018. Texto disponible aquí.   

Nota 3: Vése al respecto BOEGLIN N., "Infinito Gold c. Costa Rica ante el CIADI: a más de un mes de un comunicado oficial de Costa Rica omitiendo la información oficial del CIADI ...", 19 de agosto del 2024. Texto disponible aquí.

Nota 4: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., "Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia", Revista de Ciencias Ambientales (UNA, Heredia), Vol. 58 (2024), pp.1-11. Texto completo del artículo disponible aquí.

Nota 5: Véase BOEGLIN N., " '¡Llegaron los mitos!': a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú", Sección Voz Experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR),  16 de diciembre del 2020. Texto disponible aquí. 

Gaza / Israël : le Procureur de la CPI insiste sur l'urgence d'émettre des mandats d'arrêt

Gaza / Israël : le Procureur de la CPI insiste sur l'urgence d'émettre des mandats d'arrêt 

Nicolas Boeglin, Professeur de droit international public, Faculté de droit, Université du Costa Rica (UCR). Contact : nboeglin(a)gmail.com. Note de l´auteur: une version en espagnol de ce texte est également disponible ici

Dans un document adressé le 23 août à la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale (CPI), le Procureur de la CPI a réitéré sa demande de mandats d'arrêt à l'encontre de dirigeants israéliens (son Premier ministre et son ministre de la Défense) et de trois dirigeants du Hamas, faite le 20 mai 2024. 

Cet avis juridique permet également au Procureur de la CPI de répondre à certaines des opinions juridiques envoyées à la CPI par des Etats, des organisations internationales, des ONG et des universitaires, dont certains (très peu en ce qui concerne les d'Etats) ont remis en cause sa demande d'un point de vue juridique, sur la base d'interprétations juridiques dont certaines méritent le qualificatif de fantaisistes.

Comme on le sait, la CPI a été créée en 1998 par l'adoption du Statut de Rome, un instrument international qui compte 124 États parties (voir l'état officiel des signatures et ratifications). En Amérique Latine, le dernier État à l'avoir ratifié est le Guatemala en 2012, tandis que Cuba et le Nicaragua persistent dans la région comme les seuls Etats à ne pas avoir signé cet instrument.

Une brève recherche sur la toile indique que le contenu du document du Procureur de la CPI a été très peu référencié dans les grands médias internationaux depuis le 23 août.

L'indicible drame de Gaza

Nous recommandons la lecture du dernier rapport sur la situation à Gaza, préparé par les Nations Unies au 9 septembre (voir hyperlien) et la compléter avec celle au 2 septembre 2024 (voir hyperlien) ainsi que celui sur la situation au 30 août 2024 (voir hyperlien). 

L'avant-avant-avant-dernier rapport (au 26 août 2024, voir hyperlien) indiquait que les bombardements incessants d'Israël sur la population civile de Gaza se sont poursuivis sans relâche, provoquant de nouveaux drames pour de nombreuses familles de Gaza depuis : 

“Between the afternoons of 23 and 26 August, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 170 Palestinians were killed and 390 were injured. Between 7 October 2023 and 26 August 2024, at least 40,435 Palestinians were killed and 93,534 were injured, according to MoH in Gaza.

The following are some of the deadly incidents reported between 22 and 25 August:

On 22 August, five Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit in the vicinity of Bani Suheila square, east of Khan Younis.

On 23 August, five Palestinians were reportedly killed when a vehicle was hit southeast of Khan Younis.

On 23 August, four Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit in northwestern An Nuseirat Refugee Camp, Deir al Balah.

On 24 August, four Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit in Maan area, east of Khan Younis.

On 24 August, 11 Palestinians, including women and children, were reportedly killed and 30 others injured when a house was hit in Al Amal neighborhood, west of Khan Younis.

On 24 August, at about 12:10, eight Palestinian men were reportedly killed when a vehicle (tuk-tuk) was hit in northwestern Rafah.

On 25 August, eight Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit south of Deir al Balah”.

Il est à noter que le bilan de plus de 40 000 morts à Gaza est, pour certains spécialistes, bien en deçà de la réalité. En effet, dans un récent article publié par un spécialiste militaire souvent invité par les médias français et intitulé « Guerres en Ukraine et en Israël, (enfin) des voies de sortie en perspective ? », il est indiqué que le chiffre réel pourrait être d'environ 100 000 personnes tuées à Gaza depuis le 7 octobre 2023 :

“les évaluations des dégâts des bombardements montrent – même en hypothèse basse – que le bilan projeté se situe plutôt autour de 100,000 morts et donc de 350,000 blessés (le ratio de 3,5 est la « norme »), soit 20% de la population palestinienne de Gaza « au bas mot » (450,000 / population initiale de 2,3 millions), blessée ou tuée par cette guerre démesurée”.

L'absence de données vérifiables est largement due à l'absence de personnel humanitaire déployé dans toute la bande de Gaza et à l'absence de médias capables de documenter et d'informer l'opinion publique internationale sur la réalité de la bande de Gaza et sur l'ampleur exacte des bombardements aériens israéliens sur la population civile. A cet égard, l'assassinat délibéré par Israël de journalistes, de cameramen et d'assistants d'organes de presse a incité une soixantaine d'organisations œuvrant pour la protection des journalistes à hausser le ton et à demander à l'Union européenne (UE) d'agir (voir la lettre collective datée du 22 août 2024). La lettre indique que : 

“Journalists play an indispensable role in documenting and reporting on war crimes and other human rights violations. The cumulative effect of these abuses is to create the conditions for an information void, as well as for propaganda and mis- and disinformation. While Israel contends that its actions are to keep its people safe, history shows that censorship and denial of the right to information is a flawed path to peace or security. We, therefore, write to you today to call for the suspension of the Israel / EU Association Agreement on the basis that it has violated international human rights and criminal law and for the adoption of targeted sanctions against IDF officials and others responsable”.

Au 23 août 2024, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), le nombre de journalistes tués à Gaza par les forces militaires israéliennes depuis le 7 octobre 2023 s'élève à 116 professionnels des médias (voir le rapport).

En ce qui concerne le personnel humanitaire des Nations Unies à Gaza, la mort de 280 membres du personnel des Nations Unies à Gaza depuis le 7 octobre 2023 a été commémorée le 19 août lors de la Journée internationale de l'action humanitaire (voir le communiqué de presse) : il s'agit du nombre le plus élevé jamais atteint dans un théâtre d'opérations où le personnel des Nations Unies est déployé.

Dans un autre domaine lié aux exactions commises à Gaza, c'est l'ONG Human Rights Watch qui a publié le 26 août un rapport détaillé sur les tortures subies par les personnes travaillant dans les hôpitaux de Gaza, capturées par Israël (voir le rapport).

Enfin, le 5 septembre 2024, l'ONG Amnesty International a demandé l'ouverture d'une accusation pour crimes de guerre contre Israël, sur la base de l'étude de photos satellites de Gaza, qui montrent l'intention destructrice injustifiée d'Israël, sans aucun rapport avec les objectifs militaires supposés (voir le rapport).

La stratégie erratique d'Israël à Gaza d'un point de vue militaire

Nous avons récemment eu l'occasion de détailler ces aspects et d'autres du drame indicible de Gaza, ainsi que d'analyser l'échec de la stratégie militaire à Gaza dans une émission du programme Desayunos de UCR Radio (voir l'hyperlien vers l'émission du 21 août 2024, intitulée « ¿Qué está pasando en Gaza? / Que se passe-t-il à Gaza ? » également disponible sur YouTube).

Veillée en mémoire des victimes palestiniennes de Gaza, organisée devant le Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto du Costa Rica, San José, Costa Rica, le 2 novimbre 2023. Photo partagée par la  Red de Solidaridad con Palestina / Costa Rica.

Alors que l'attention s'est focalisée sur la situation à Gaza, le dernier rapport des Nations Unies sur la situation en Cisjordanie (voir rapport au 28 août 2024) révèle le climat d'impunité pour toutes sortes d'exactions commises par les colons contre les familles palestiniennes et leurs biens, face à la passivité des forces de sécurité israéliennes, avec un bilan de 622 morts depuis le 7 octobre 2023 en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Justement, le 2 septembre, dans un communiqué de presse des Nations Unies (voir texte) passé pratiquement inaperçu dans la presse, on pouvait lire que:

"The increasing violence in the West Bank coincides with unprecedented levels of displacement, depopulation and land confiscation carried out by the State of Israel in collaboration with settler militias in the area since the Oslo era. This continues even after the International Court of Justice concluded that this occupation is unlawful, and Israel must dismantle it together with the colonies and its associated regime.

“Apartheid Israel is targeting Gaza and the West Bank simultaneously, as part of an overall process of elimination, replacement and territorial expansion” she said.

“The long-standing impunity granted to Israel is enabling the de-Palestinisation of the occupied territory, leaving Palestinians at the mercy of the forces pursuing their elimination as a national group,” warned the expert".

Notons que le 1er septembre 2024, un appel à la grève générale en Israël a été lancé par divers secteurs vu l'échec complet de la stratégie de son Premier ministre à Gaza pour récupérer les otages capturés par le Hamas le 7 octobre 2023 (voir la dépêche du Times of Israel du 1er septembre 2024) : il s'agit d'une initiative largement alimentée par l'indignation des familles des otages (ainsi que provenant de l'opposition politique) qui sont témoins des échecs répétés de l'appareil militaire israélien pour récupérer leurs proches et du torpillage systématique par le Premier ministre israélien des négociations avec le Hamas en vue de leur libération. 

Il convient de rappeler qu'au début du mois de juillet 2024, des sondages en Israël indiquaient que plus de la moitié de la population était convaincue que l'opération militaire meurtrière à Gaza était en fait motivée par un simple calcul politique de la part de leur premier ministre (voir l'article du Times of Israel du 4 juillet). Quelques semaines plus tard, la méfiance à l'égard du premier ministre s'est accrue, une majorité souhaitant le voir démis de ses fonctions (voir l'article du Times of Israel du 12 juillet). 

Au sein même du cabinet de guerre israélien, la position du premier ministre est de plus en plus remise en question par ses pairs en raison de l'échec de sa stratégie visant à récupérer les otages, toujours détenus par le Hamas quelque part dans la bande de Gaza (voir l'article du Times of Israel du 1er septembre 2024).

Il se faut d'indiquer enfin que, contrairement aux Etats-Unis, le Royaume-Uni vient ce 2 septembre d'annoncer qu´il suspend une trentaine de licenses d´exportation d'armes vers Israël (voir communiqué officiel du 2 septembre). Sur le sujet des composant electroniques ML4 exportés par la France et utilisés pour fabriquer certains types de bombes en Israël, depuis le mois de mars 2024, une question posée aux autorités par une sénatrice attend (patiemment...) une réponse (voir question en date du 7 mars 2024): la dissolution récente en France concernant uniquement l'Assemblée Nationale (et non pas le Sénat), le ministre de la Défense démissionaire devrait pouvoir y répondre avant de laisser sa place au ministre suivant.

En juin 2024, de nombreux experts en droits de l´homme des Nations Unies ont exigé la cessation de toute exportation d'armes destinées aux forces armées israéliennes, dans un communiqué de presse des Nations Unies (voir texte daté du 20 juin 2024): on notera une nouvelle fois, qu'il s'agit d'un communiqué de presse peu référencié dans les grands medias internationaux. 

On notera la justesse de l'expression d´"impuissance volontaire" d´un renommé spécialiste en France dans le domaine des relations internationales, pour qualifier l'étrange attitude des Etats occidentaux face au drame qui se vit à Gaza causé par les armes et les munitions que ces Etats livrent aux autorités israéliennes (voir émission intitulée: "Gaza: l'impuissance volontaire des occidentaux").

La justice pénale internationale : un véritable défi pour Israël et ses alliés

Au-delà de la stratégie particulière de survie politique du Premier ministre israélien au lendemain du 7 octobre (dont il est indéniablement en partie responsable, ayant mis en veilleuse les avertissements de ses services de sécurité sur les intentions du Hamas), il est bon de rappeler quelques indiscrétions diplomatiques qui par le passé, ont mis en évidence le défi particulier que pose à Israël, l'existence de la CPI à La Haye. 

Ainsi, au mois de novembre 2012, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies a accordé à la Palestine le statut d'« État observateur non membre » (lors d'un vote au cours duquel seuls 9 États ont voté contre, à savoir : Canada, États-Unis, Israël, Îles Marshall, Nauru, Palau, Panama et République tchèque), le Royaume-Uni a choisi de s'abstenir. Toutefois, le Royaume-Uni avait annoncé qu'il voterait pour, mais seulement si la Palestine donnait l'assurance qu'elle n'irait pas devant la CPI : 

«The U.K. suggested that it might vote “yes” if the Palestinian Authority offered assurances that it wouldn’t pursue charges in the International Criminal Court, but apparently came away unsatisfied» (voir note de presse de novembre 2012 du The Washington Post, un media dont les correspondants sont en général fort bien informés). 

Cette profonde inquiétude à l'égard de la justice pénale internationale n'est pas sans rappeler une autre confidence diplomatique antérieure à 2012, rendue publique cette fois par le portail Wikileaks : en relation avec l'offensive militaire israélienne meurtrière à Gaza en 2009 (Note 1), on a pu lire que, lors d'une conversation avec des diplomates américains (voir le câble du 23 février 2010 de l'ambassade des Etats Unis alors à Tel-Aviv), la confidence suivante a été faite par le colonel Liron Libman en 2010 :

“Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”. 

Le colonel Liron Libman, haut fonctionnaire israélien, était (et est probablement toujours en ce mois de septembre 2024) un grand connaisseur des règles du droit international : il a été pendant de nombreuses années à la tête du département de droit international des Forces de défense israéliennes (plus connues par les sigles en anglais d´IDF).

Plus récemment (2020), il convient aussi de rappeler que dans un communiqué de presse de mars 2020 (voir texte complet), Amnesty International (AI) avait mis en garde l'opinion publique contre la manœuvre d'un petit groupe d'États, tout en soulignant une autre pression, plus feutrée, exercée cette fois par le Canada :

"We are also deeply concerned by news reports that one state party, namely Canada, has “reminded the Court” of its provision of budgetary resources in a letter to the ICC concerning its jurisdiction over the “situation in Palestine”, which appears to be a threat to withdraw financial support".

Obtenir une version complète de cette lettre devenue fameuse émise par le Canada en février 2020 serait sans doute l'idéal, mais il semblerait que ce document officiel envoyé à la CPI ne sera jamais rendu public, alors que ce fut une organisation proche d'Israël au Canada la première à en signaler l´existence (voir note de CJNews du 26 février 2020). À moins, bien sûr, que les organisations de la société civile canadienne non seulement dénoncent cette manœuvre, somme toute assez grossière (comme, par exemple l'a fait ce communiqué de l´organisation non gouvernementale CJPMO en date du 3 mars 2020), mais exigent également que leurs autorités la fassent connaître intégralement: ce afin que l'opinion publique soit informée de ce que le Canada est capable de faire pour protéger Israël.

Enfin, on rapellera que le dépôt, par la Palestine, le 21 janvier 2009, d´une déclaration d´acceptation de la juridiction de la CPI fut considéré par le service juridique de l´armée israélienne comme une nouvelle forme de terrorisme, inconnue par nombre de spécialistes dans ce domaine : le "terrorisme légal" (Note 2).

Les conclusions du Procureur de la CPI en bref

Dans un long document de 49 pages (voir le texte intégral), le Procureur de la CPI rejette un certain nombre de points de vue envoyés par certains États et entités à la CPI sur certaines limitations supposées qui résulteraient pour la CPI des accords d'Oslo de 1993, et conclut que : 

"113. In addition to being manifestly out of time, Israel’s letter neither mentions article 18 nor satisfies the legal requirements of a deferral request under article 18. Merely asserting the capacity of the Israeli justice system and that some investigations are ongoing is not sufficient. The requesting State bears the burden of proof and must demonstrate that its proceedings sufficiently mirror the scope of the Prosecution’s intended investigation. It must provide information of a sufficient degree of specificity and probative value to demonstrate an advancing process of relevant domestic investigations or prosecutions, including patterns of criminality and high-ranking officials. Israel did not provide any such material that would meet this burden. Nor, as outlined above, does any such information appear to exist.

IV. RELIEF REQUESTED

114. The Prosecution respectfully requests the Pre-Trial Chamber to:

- dismiss in limine the observations unrelated to the Oslo Accords; and

- urgently render its decisions under article 58, on the basis of the Prosecution’s Applications, these submissions, and the Article 19(3) Decision".

 

Dans la première partie de son avis juridique, le Procureur de la CPI déclare que les arguments selon lesquels Israël a procédé à une enquête sur les actions de ses forces militaires à Gaza ne sont pas recevables. En effet, pour le Procureur de la CPI : 

" 8. (...) As the Prosecution has concluded, and as is evident from the public record, there are no domestic proceedings at present which deal with substantially the same conduct and the same persons as the cases presented to the Chamber pursuant to article 58 of the Statute. There is no information indicating that Benjamin NETANYAHU or Yoav GALLANT, Israel’s Prime Minister and Minister of Defence, respectively, are being criminally investigated or prosecuted, and indeed the core allegations against them have simply been rejected by Israeli authorities".

Dans une autre parie de son opinion, il est indiqué que pour le Procureur de la CPI:

"93. In any case, and additionally, the available information does not show that Israel is investigating substantially the same conduct as the ICC. For instance, the information available does not suggest that the above inquiries relate to the conduct underlying the war crime of starvation and/or related crimes. Likewise, the available information does not suggest any inquiry into patterns of criminality, or the potential responsibility of high-ranking officials, which may among other considerations signify the investigation of contextual elements of crimes against humanity. Indeed, significantly, on 28 May 2024 the MAG categorically rejected the commission of these crimes without any indication or implication that such conclusions resulted from a full and rigorous investigation, or indeed any investigation at all".

Bref contexte procédural

Le délai accordé par la Chambre préliminaire de la CPI pour la réception des avis juridiques est donc arrivé à son terme, et la Chambre préliminaire doit maintenant prendre une décision finale sur la demande d'émission de mandats d´arrêt qu'elle a reçu de la part du Procureur de la CPI lui-même le 20 mai 2024.

Ce délai supplémentaire est dû à une première manœuvre dilatoire du Royaume-Uni en juin 2024, qui a ouvert une période de temps innécéssaire, afin que les juges de la CPI reçoivent divers avis juridiques d'États, d'organisations internationales, d'ONG et d'universitaires. 

On peut consulter le document envoyé par le Royaume Uni en date du 10 juin, initialement "secret" puis rendu public par la CPI (voir document avec en rouge en haut à droite la mention "Pursuant to Order ICC-01/18-173-Red dated 27.06.2024, this document is reclassified as Public"). La décision du 27 juin de la CPI en réponse au Royaume Uni est disponible ici.

On remarquera qu' en raison du résultat des élections au Royaume-Uni le 4 juillet 2024, les nouvelles autorités britanniques ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de continuer, et n'ont donc pas remis d'avis juridique à la CPI au nom du Royaume-Uni. L'abandon en route britannique n'a pas eu d'effet et la procédure engagée a continué, sans la participation du Royaume Uni.

En ce qui concerne l'Amérique Latine, nous avons eu l'occasion de faire référence aux avis juridiques envoyés par les États latino-américains à la CPI dans un précédent article publié le 6 août 2024, intitulé "L'Amérique latine et le drame de Gaza : sur les observations envoyées par la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie et le Mexique à la Cour pénale internationale (CPI) / América Latina ante el drama en Gaza: a propósito de las observaciones enviadas por Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México a la Corte Penal Internacional (CPI)". 

Si certains de nos chers lecteurs ne trouvent pas leur pays d'origine dans cette liste, la question se pose de savoir à quoi peut bien répondre cette omission et cette inaction de la part de leurs autorités nationales . Nous laissons de côté le cas particulier de nos lecteurs argentins, comme nous l'expliquerons un peu plus loin. 

Dans le cas spécifique de l'Equateur, le récent accord signé avec Israël (avril 2024) dénote un rapprochement - tout à fait inhabituel - entre un Etat latino-américain et les autorités israéliennes actuelles (voir le communiqué officiel de l'Equateur et cette note de presse d'El Telégrafo du 20 avril 2024). 

Dans le cas du Paraguay, une récente annonce officielle sur le projet de transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem témoigne des relations étroites entre ses autorités actuelles et celles d'Israël (voir l'article de MercoPress de juillet 2024). En mai 2024, les exportations de viande paraguayenne vers Israël ont considérablement augmenté (voir l'article de ValorAgro). Rappelons qu'en mai 2018, le Paraguay avait annoncé le transfert de son ambassade à Jérusalem (voir communiqué officiel du 9 mai 2018), décision annulée quelques mois plus tard par les autorités guaranies nouvellement élues (Note 3). 

Il convient de noter que l'opinion juridique soumise par le Brésil à la CPI  (voir document) et la Colombie (voir document) ont été accompagnées par celles de l'Espagne (voir document), de l'Irlande (voir document) et de la Norvège (voir document complet), ainsi que d'un avis juridique conjoint soumis par le Chili et le Mexique (voir texte), tout comme celui élaboré par l'Afrique du Sud, le Bengladesh, la Bolivie, les Comores et Djibouti (voir texte conjoint). Deux organisations internationales ont également remis aux juges de la CPI leurs avis: l'Organisation de la Coopération Islamique (voir document) ainsi que la Ligue des Etats Arabes (voir document).

Ces avis juridiques vont dans le même sens que celui soumis par la Palestine (voir document) : la justice pénale internationale est juridiquement pleinement habilitée à s'appliquer dans le territoire palestinien occupé, sans limitation d'aucune sorte, et il est grand temps qu'elle se matérialise par l'émission des mandats d'arrêt sollicités.

On retrouve dans la plupart de ces opinions juridiques une référence à l'avis consultatif du 19 juillet 2024 de la Cour internationale de justice (CIJ)  (Note 4) et ce qu'il dit à propos des accords d'Oslo de 1993 : il s'agit là d'un effet intéressant de cet avis consultatif de la CIJ, fort peu commenté et analysé sur les sites juridiques spécialisés, depuis sa lecture en juillet dernier. Dans son opinion juridique, le Procureur de la CPI indique également pour sa part, en citant la CIJ dans une note en bas de page, que:

"7. In any event, the Oslo Accords—which should be considered an agreement between an occupying power (Israel) and a local authority (the Palestinian Liberation Organization) regulating aspects of the occupation, as foreseen by article 47 of GCIV (Note 16)—are irrelevant to the Court’s jurisdiction. The Court’s jurisdiction is exclusively and exhaustively governed by article 12 of the Statute, interpreted in accordance with ordinary modes of treaty interpretation under international law and the Court’s consistent jurisprudence.

(Note 16) GCIV, article 47. In interpreting the Oslo Accords, the ICJ considered it necessary to take into account article 47 of GCIV, which provides that the protected population “shall not be deprived” of the benefits of the Convention “by any agreement concluded between the authorities of the occupied territories and the Occupying Power”: ICJ Advisory Opinion, para. 102."

Il est intéressant de noter que dans les quelques articles de presse et commentaires d'analystes, d'éditorialistes et de spécialistes sur l´avis juridique du Procureur de la CPI, on omet de signaler le fait qu'Israël a choisi de ne pas envoyer d'opinion juridique à la CPI.

Il convient également de mentionner l'opinion juridique envoyée à la CPI par les 30 experts des droits de l'homme des Nations Unies qui ont envoyé un texte conjoint aux juges de la CPI (voir le document, dont la lecture intégrale et la relecture sont recommandées), et qui concluent en affirmant catégoriquement ce qui suit :

"23. The Mandate Holders recognize the Court’s role in ensuring international justice as a critical component of preserving international order through the protection of the interests of victims of international crimes. People around the world, especially youth, advocating for the application of international law, are watching closely, hoping the promises of international peace are not devoid of meaning.

24. In light of the expert opinions shared in this document, the Mandate Holders urge the Court not to further delay the delivery of justice in the occupied Palestinian territory, through the prosecution of alleged criminals. The significant effects of this failure would be felt far beyond the tormented land of Palestine".

Malgré la pause décidée par les autorités britanniques nouvellement élues le 4 juillet dernier à poursuivre la gestion initiée en juin 2024, le caractère dilatoire de la manœuvre britannique explique que, depuis la demande de mandats d'arrêt du Procureur en date du 20 mai, la CPI soit toujours en train d'examiner la demande. 

Ce délai peut être comparé au mandat d'arrêt délivré par une Chambre préliminaire de la CPI à l'encontre de deux hauts fonctionnaires russes (dont son président) le 17 mars 2023 (voir communiqué officiel de la CPI), précédé d'une requête du Procureur datée du 22 février 2023. 

Le cas particulier des États-Unis

Alléguant une prétendue limitation à la compétence de la CPI, Israël a pu compter avec une opinion juridique émanant des Etats-Unis (voir document). La particularité de ce document est qu'il provient d'un Etat qui n'est pas partie au Statut de Rome de 1998 instituant la CPI.

Les Etats européens suivants, qui sont des Etats parties au Statut de Rome, ont également soumis un document tentant de restreindre la compétence pénale internationale de la CPI à Gaza : l'Allemagne (voir document), la Hongrie (voir document) ainsi que la République tchèque (voir document). 

Cette fois-ci, aucune opinion défendant des arguments favorable à Israël n'a été soumis aux juges de la CPI par des Etats habituellement très sensibles lorsqu'il s'agit d'Israël et de justice pénale internationale : l'Australie, l'Autriche, le Canada, le Guatemala, l'Ouganda et le Royaume-Uni ainsi que certaines îles du Pacifique (Iles Marshall, Micronésie, Nauru, Palau et Papouasie-Nouvelle-Guinée). Il s'agit d'un petit groupe d'États qui vote généralement avec Israël et les États-Unis aux Nations Unies et qui n'est pas apparu en décembre 2023 lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies a voté une résolution sur le droit à l'autodétermination du peuple palestinien (voir la résolution A/Res/78/192), qui a enregistré 172 voix pour, 10 abstentions et seulement 4 voix contre (les États-Unis, Israël, la Micronésie et Nauru).

Les paragraphes 16-26 du document soumis par les Etats-Unis (voir document) constituent une tentative - plutôt grossière - de discréditer la requête du Procureur de la CPI sur la base d'une interprétation des dispositions du Statut de Rome auquel les Etats-Unis... ne sont pas un Etat partie. Voici donc un État non partie à un instrument international de référence tel que le Statut de Rome... expliquant aux juges de la CPI comment ses dispositions doivent être interprétées...

La profonde solitude de l'Argentine

Du côté latino-américain, comme geste assez notoire en faveur de la thèse juridique pro-israélienne d'une prétendue limitation de la compétence de la CPI découlant des accords d'Oslo de 1993, nous trouvons l'unique avis envoyé par l'Argentine (voir  document) : un petit détail de forme attirera l'attention, s'gissant d'un document signé par la cheffe de la diplomatie argentine, contrairement aux autres opinions soumises par les États à la CPI, qui sont signées soit par un fonctionnaire diplomatique subalterne d'importance relative (c' est le cas de l'Allemagne, des États-Unis, de la Hongrie, de l'Irlande, de la Norvège, de la République tchèque), soit par le chargé d'affaires en poste dans la légation diplomatique à La Haye (Colombie, Brésil), soit par le représentant diplomatique à La Haye : c'est le cas de la Bolivie, de l'Espagne, ainsi que du document signé conjointement par le Chili et le Mexique (voir texte). Dans le cas de la République du Congo, le texte est également signé par un ministre : le ministre de la justice (voir document).

Il serait intéressant de connaître les raisons exactes pour lesquelles les diplomaties argentine et congolaise ont choisi d'envoyer un document de cette nature signé de la main d'un fonctionnaire de rang ministériel. 

En ce qui concerne la "contribution" de l'Argentine en faveur de la thèse juridique en faveur d'Israël en août 2024, il faut se rapeller que, dans le cadre d'un exercice similaire, c'est le Brésil en 2020 qui a expliqué que la CPI ne pouvait pas exercer sa compétence en ce qui concerne les exactions commises par Israël dans le territoire palestinien occupé (voir document signé par un fonctionnaire subalterne) : une coïncidence entre le Brésil de Bolsonaro et l'Argentine actuelle de Milei qui mérite d'être soulignée.  

A cette occasion (2020), l'argumentation juridique du Brésil, ainsi que celle de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la République tchèque et de l'Ouganda, a été rejetée par la Chambre préliminaire dans une décision historique du 5 février 2021, que nous avions eu l'occasion d'analyser à l'époque (Note 5). 

En ce mois d'août 2024, l'Argentine est donc le seul État latino-américain à avoir déposé une opinion juridique devant la CPI pour tenter de favoriser Israël devant les juges de la CPI.

Boslonaro (Brésil), Milei (Argentine) et Israël mais aussi Ayotzinapa (Mexique) et ... Israël

Comme indiqué,  la coïncidence entre le Brésil de Bolsonaro et l'Argentine actuelle de Milei mérite d'être soulignée. 

A ce sujet, il convient de noter que récemment, au Brésil, l'existence d'un « nuage » électronique hébergé en Israël et contenant les données personnelles de plus de 30.000 Brésiliens a été découverte (voir article de presse de Página12 de janvier 2024). 

Il semblerait donc que le programme Pegasus et d'autres logiciels qu'Israël a donnés aux États arabes qui ont accepté de normaliser leurs relations dans le cadre des accords d'Abraham de 2020 (et qui permettent l'espionnage et la surveillance des conversations des opposants politiques : voir l'article du New York Times de 2022 et voir l'article du MERP de 2023) aient également été remis au Brésil du président Jair Bolsonaro. 

Depuis la perspective des droits de l'homme, ce rapport de l'ONG Amnesty International analyse le risque que représente le programme Pegasus pour les opposants politiques, les syndicalistes, les journalistes critiques et les activistes en général, ou les organisations sociales (voir aussi cet autre rapport). En 2022, l'ONG nord-américaine Human Rights Watch a dénoncé le fait que son personnel était soumis à la surveillance de ce logiciel israélien (voir note). En 2024, una décision de la justice nord-américaine permet de mieux comprendre les enjeux que représente Pegasus  pour les utilisateurs de WhatsApp qui sont victimes de ce logiciel israélien (voir note d'Amnestý International).

Cet article pour sa part analyse en détail les effets collatéraux du logiciel Pegasus dans la dynamique des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis (EAU) ainsi que ce texte, publié dans Le Monde Diplomatique en 2023.

Toujours dans le domaine de la sécurité, au Mexique, on peut s'interroger sur le fait que l'un des hauts fonctionnaires responsable de "maquiller" l'assasinat des étudiants d' Ayotzinapa le 26 septembre 2014, se soit refugié en Israël en 2021 (voir note du New York Times de juillet 2021). Depuis, le Mexique demande son extradition sans l'obtenir de la part des autorités israéliennes (voir note de Infobae d'août 2024). 

Il convient de noter que lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies a voté une résolution en mai 2024 sur les droits de la Palestine en tant que futur État membre des Nations Unies, l'Argentine s'est une fois de plus « distinguée » en Amérique Latine en étant le seul État de la région à voter contre, avec 8 autres États : États-Unis, Hongrie, Israël, Micronésie, Nauru, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée et République tchèque (voir à ce sujet notre note publiée en espagnol et intitulée « Palestine : sur la récente résolution sur les droits de la Palestine en tant que futur État membre des Nations Unies  / Palestina: a propósito de la reciente resolución sobre derechos de Palestina como  futuro Estado Miembro de Naciones Unidas » éditée le 10 mai 2024).

Le mois suivant (juin 2024), la cheffe de la diplomatie argentine a indiqué que « des progrès sont en cours » pour transférer l'ambassade d'Argentine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem (voir article de LaPolíticaOnLine du 24 juin 2024).

On notera enfin qu´en Colombie, l'usage du programme Pegasus il y a quelques années, intéresse ses autorités actuelles (voir note de presse du 6 septembre 2024 et note de CNN du 5 septembre), et que la réponse de l´entreprise israélienne confirme les doutes des autorités actuelles (voir note de El Colombiano).

CPI et Israël : vigilance extrême

A noter qu'en mai 2024, un groupe de journalistes en Israël a dévoilé un programme spécifique d'écoute et d'interception des services de renseignement israéliens consacré uniquement au personnel de la CPI et au contenu de leurs ordinateurs : l'article intitulé « Surveillance and interference : Israel covert war on the ICC exposed » publié par Magazine+972 le 28 mai 2024 est une lecture hautement recommandée, dans lequel on peut apprendre comment depuis près de 10 ans Israël surveille constamment la CPI et son personnel.

Parmi d'autres détails, on peut lire que : 

"The former prosecutor was far from the only target. Dozens of other international officials related to the probe were similarly surveilled. One of the sources said there was a large whiteboard with the names of around 60 people who were under surveillance — half of them Palestinians and half from other countries, including UN officials and ICC personnel in The Hague".

Il est également indiqué que pour chaque affaire « interceptée » portée à l'attention de la CPI, Israël a préparé des informations détaillées dans le but de faire valoir ses propres enquêtes internes menées, afin de pouvoir invoquer le principe de complémentarité devant le Procureur et les juges de la CPI :

"If materials were transferred to the ICC, it had to be understood exactly what they were, to ensure that the IDF investigated them independently and sufficiently so that they could claim complementarity,” one of the sources explained. “The claim of complementarity was very, very significant”.

Face à la désapprobation générale et au manque de transparence des autorités néerlandaises elles-mêmes (voir l'article du TheGuardian du 31 mai 2024 faisant état d'une initiative d'un législateur), les autorités néerlandaises ont finalement convoqué les représentants israéliens dans la capitale néerlandaise pour leur demander des éclaircissements et leur faire part de leur profonde indignation face à une telle action (voir l'article de TheGuardian du 24 juin 2024) : ce programme israélien d'écoutes et d'interceptions viole les règles les plus élémentaires protégeant les organisations internationales et leurs fonctionnaires, en vigueur dans l'ordre juridique international. 

En guise de conclusion

Malgré la gravité des révélations faites depuis Israël par des journalistes israéliens extrêmement bien informés qui ont également révélé l'existence du programme d'intelligence artificielle « Lavender » utilisé à Gaza depuis le 7 octobre (Note 6), le temps mis par les autorités néerlandaises pour procéder à la convocation des diplomates israéliens témoigne d'une certaine résistance au sein de leur appareil d'Etat.

La date limite de dépôt des opinions juridiques étant atteinte, les trois juges de la Chambre préliminaire de la CPI devront annoncer dans les prochaines semaines leur décision finale sur la demande formulée le 20 mai par le Procureur de la CPI concernant deux hauts responsables israéliens (son Premier ministre et son ministre de la Défense) et trois dirigeants du Hamas (dont l'un a été assassiné à Téhéran par Israël le 31 juillet dernier).

A noter que le 31 août, le Premier ministre du Sénégal n'a pas hésité à déclarer publiquement que : 

"Nous avons un Premier ministre (israélien) dont le pouvoir dépend de cette guerre, (dont) la survie politique dépend de cette guerre, et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays" (voir note de 20minutes du 31 août 2024).

- -  Notes  - -

Note 1 : Cf. FERNANDEZ J., La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l´égard de la Cour pénale internationale, Paris, Pedone, 2010, p. 325. Quelques déclarations du chef de la délégation étasunienne après la conférence de Rome de juillet 1998 sont également éclairantes: "En ce qui concerne Israël enfin, David Scheffer reconnut après Rome que la délégation américaine avait endossé la crainte d´Israël d´être victime d´accusations devant la future Cour en raison de sa politique dans les territoires occupés" (p. 172). On lira également avec intérêt la tentative des Etats-Unis d´exclure de la définition de crimes de guerre le « transfert par un Etat d´une partie de sa population dans un territoire qu´elle occupe » (pp. 171-172).

Note 2: L'offensive militaire d'Israël à Gaza entre le 28 décembre 2008 et le 17 janvier 2009 (voir l´hyperlien vers le rapport des Nations Unies) s'est soldée par le bilan suivant : 13 victimes israéliennes contre plus de 1400 Palestiniens de Gaza tués : voir la section « casualties » aux paragraphes 352-364 du rapport détaillé.

Note 3 : Sur la décision de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem par le président Cartes au Paraguay en mai 2018, puis la décision du nouveau président Mario Abdo Benitez de la ramener à Tel Aviv quelques mois plus tard, voir notre note en espagnol : BOEGLIN N., «La valiente decisión de Paraguay de restablecer su Embajada en Tel Aviv: una breve puesta en perspectiva  », éditée le 11 septembre 2018.

Note 4 : On a pu lire sur cet avis consultatif dans la presse  en France de la part de l'un des grands spécialistes du droit international public, que: ".... l’avis est une formidable victoire, et, juridiquement, parfaitement fondé. La Cour a rappelé avec fermeté que, « du point de vue juridique, le territoire palestinien occupé constitue une seule et même entité territoriale, dont l’unité, la continuité et l’intégrité doivent être préservées et respectées », y compris Jérusalem-Est et Gaza. Israël est dans l’obligation de cesser immédiatement toute nouvelle implantation, toute nouvelle activité de colonisation et d’évacuer tous les colons" (voir article paru dans LeMonde du 29 juillet 2024 et intitulé "Alain Pellet, juriste : « La Cour internationale de justice redore le blason du droit international si malmené par ailleurs". Cf. aussi DUBUISSON F., "Les conséquences de l'avis de la CIJ relatif à l'occupation du Territoire palestinien", Yaani, édition du 29 juillet 2024. Texte disponible ici.  Nous renvoyons nos lecteurs à notre note publiée en espagnol: BOEGLIN N., "Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", éditée le 19 juillet 2024.

Note 5: Voir notre note publiée en français, BOEGLIN N., "Palestine / Cour Pénale Internationale (CPI) : à propos de la décision de la Chambre préliminaire du 5 février 2021  ", publiée le 13 février 2021.

Note 6 : Ce même groupe de journalistes d'investigation israéliens a informé le monde de l'existence du programme d'intelligence artificielle « Lavender “ au moyen duquel Israël choisit les personnes qu'il élimine à Gaza : voir l'article publié le 3 avril 2024 dans le magazine en ligne Magazine +972, intitulé "Lavender” : The AI machine directing Israel's bombing spree in Gaza", dont la lecture intégrale est fortement recommandée. En France, l'ONG AURDIP a eu la généreuse idée de traduire cet article en français, dont le texte est disponible sur cet hyperlien.