El tratado de libre comercio (TLC) entre Costa
Rica e Israel: algunos criterios sobre la inconveniencia para Costa Rica de
aprobarlo
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho
Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Desde hace varias semanas, la Asamblea Legislativa de Costa
Rica examina el Expediente Legislativo 25.542, relativo a la aprobación del
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, suscrito el 8 de diciembre del 2025. Fue tal la premura en iniciar su trámite de aprobación de manera prioritaria, que antes de la toma oficial de posesión de las nuevas autoridades electas, celebrada el pasado 8 de mayo, ya el Poder Ejecutivo lo había convocado a sesiones extraordinarias del Poder Legislativo (véase nota de Elmundo.cr del 6 de mayo).
Como es costumbre en este tipo de trámite legislativo
relacionado a un tratado internacional, han sido varias las consultas solicitadas
por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa a
diversas entidades gubernamentales, académicas así como a algunas personas.
Es así como el pasado 3 de septiembre comparecieron
funcionarios de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER, una entidad
pública costarricense) al parecer muy poco informados sobre algunos aspectos
jurídicos debatidos en Naciones Unidas y en el seno de la Unión Europea (UE) desde
hace varios años con relación al comercio con Israel: véase esta nota
del medio digital Delfino.cr y titulada
de manera reveladora “PROCOMER
desconoce si Costa Rica puede detectar bienes israelíes producidos en Palestina
ocupada”.
.
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, "How do you curate a genocide", Magazine+972, edición del 21 de mayo del 2026. Texto disponible en este enlace
En lo que concierne posiciones más informadas y críticas con
relación a la conveniencia de aprobar en estos momentos un TLC con Israel,
remitimos en particular al criterio enviado por Wajiha Sasa Marín, Cónsul
Honoraria de Palestina en Costa Rica, así como por el economista Luis Paulino Vargas Solís y otra opinión
remitida por quien suscribe estas líneas. Desde perspectivas y
razonamientos muy distintos, y citando en el caso de los dos primeros, numerosas
fuentes de información, los tres criterios enviados coinciden en poner en tela
de duda la supuesta conveniencia para Costa Rica de aprobar este tratado en las
actuales circunstancias con Israel (tal y como lo sostienen varias entidades
gubernamentales así como varias cámaras empresariales y los precitados jerarcas
de PROCOMER en su comparecencia del día 3 de septiembre del 2026).
Los textos completos de cada uno de los tres documentos pueden
ser consultados en los siguientes enlaces:
Escrito
remitido por Wajiha Sasa Marín a la Comisión de Relaciones Internacionales,
con fecha del 4 de agosto del 2026
Escrito remitido por Luis Paulino Vargas Solís a la Comisión de
Relaciones Internacionales, con fecha del 9 de agosto del 2026
Escrito remitido por Nicolas Boeglin a la Comisión de
Relaciones Internacionales, con fecha del 28 de julio del 2026;
Es muy posible que hayan sido enviados escritos adicionales a estos tres sobre la inconveniencia de este TLC con Israel a la Comisión de Relaciones Internacionales de la
Asamblea Legislativa, de los que no tenemos conocimiento.
El texto enviado por la representante de Palestina en Costa
Rica explica de manera muy detallada las razones por las que no se puede
separar el tema comercial de asuntos legales relacionados a la ocupación ilegal
del territorio palestino ocupado por parte de Israel, y del drama indecible al
que Israel somete la población civil en Gaza desde octubre del 2023.
Con respecto a la perspectiva estrictamente comercial, se
recomienda la sección 3 del escrito del economista Luis Paulino Vargas Solís
sobre lo que denomina “La irrelevante
relación económica y comercial entre Costa Rica e Israel” (páginas 19-21),
en particular gráficos muy ilustrativos elaborados a partir de los mismos datos
oficiales de PROCOMER y de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior).
En lo atinente a nuestra perspectiva jurídica internacional,
ésta se ha dado a conocer en diversos medios como en ElMundo.cr hace ya más de seis meses (véase nuestra nota
publicada el 29 de diciembre del 2025 y titulada ”El
tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el pasado 8
de diciembre”). Lo remitido a la Asamblea Legislativa no hace más que
resumirla y actualizarla, a partir de un hecho sencillo de corroborar: el Primer
Ministro israelí sigue siendo objeto de una orden de captura emitida por
la Corte Penal Internacional (CPI)
siempre vigente desde noviembre del 2024, para que sea juzgado a título
individual por crímenes de guerra cometidos en Gaza; al tiempo que Israel (como Estado) enfrenta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
un procedimiento iniciado por Sudáfrica desde el 30 de diciembre del 2023, con
base en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
de 1948. Una situación que ha llevado a
muchos Estados a suspender o bien a revisar a la baja sus compromisos
comerciales con Israel, en particular los que (al igual que Costa Rica), son
Estados Parte a la precitada convención contra el genocidio (y que tienen – a
diferencia de Costa Rica - a autoridades muy claras en cuanto a los alcances de
la obligación jurídica de prevenirlo).
Desde el mes de diciembre del 2025, Israel ha ido
acumulando una serie de pronunciamientos en su contra de diversos órganos de
Naciones Unidas y de condenas por parte de diversos Estados en el mundo, por
sus reiteradas exacciones en el territorio palestino ocupado. Resulta de cierto
interés “destacar” la omisión total
de Costa Rica, cuya diplomacia pareciera enmudecida cuando se trata de condenar
el accionar de Israel en Gaza así como en Cisjordania y en Jerusalén Oriental.
Como se recordará, en julio del 2025 se registró en Costa
Rica al único mandatario en el mundo que, en el ejercicio de sus funciones, se
mofó públicamente en una conferencia de prensa, del drama indecible que vive la
población civil palestina en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023 (véase nota del Semanario
Universidad).
El pasado 2 de septiembre, la organización Amnistía Internacional hizo un llamado
para que otros Estados además de Sudáfrica remitan a la CIJ observaciones y
datos sobre el incumplimiento de Israel con respecto a lo que le ha ordenado la
justicia internacional e informen de las
acciones que han tomado para impedir el genocidio en curso (véase comunicado
oficial).
Recientemente, una solicitud para que compareciera ante la
Comisión de Relaciones Internacionales la Cónsul Honoraria de Palestina, Wajiha
Sasa Marín, así como otras personas y entidades, incluido el autor de estas
líneas, fue rechazada (véase nota
del Semanario Universidad del 20 de
agosto).
Al tener la Asamblea Legislativa la responsabilidad de
decidir si este TLC con Israel le conviene a Costa Rica o no le conviene,
resultará de interés observar cuáles han sido las entidades llamadas a
comparecer a esta Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa.
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