Este 27 de mayo del 2016, la justicia de Argentina dictaminó su decisión con relación a una causa promovida por las víctimas y familiares de víctimas del denominado "Plan Cóndor". Es la primera vez en la historia que los responsables nacionales de la "Operación Cóndor" reciben una sentencia en América Latina. La sentencia fue leída a partir de las 15:30, hora en Argentina y pudo seguirse la transmisión en vivo en este enlace. Varias sedes diplomáticas de Argentina ofrecieron la transmisión en vivo desde una pantalla gigante (fue por ejemplo, el caso de la legación diplomática de Argentina en Asunción así como de todas las embajadas de Argentina en los demás Estados miembros del MERCOSUR).
En esta nota publicada pocos minutos después de leída la sentencia por el períodico Clarín, se indica que:" A continuación, el listado completo de condenados y las penas impuestas: 1-Santiago Omar Riveros: 25 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 2-Miguel Angel Furci: 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. 3-Reynaldo Benito Bignone: 20 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 4-Eduardo Samuel De Lío: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 5-Humberto José Román Lobaiza: 18 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 6-Enrique Braulio Olea: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 7-Luis Sadi Pepa: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 8-Rodolfo Emilio Feroglio: 20 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 9-Carlos Caggiano Tedesco: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 10-Antonio Vañek: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 11-Eugenio Guañabens Perelló: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 12-Felipe Jorge Alespeiti: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 13-Manuel Cordero Piacentini: 25 años de prisión. 14-Néstor Horacio Falcón: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. 15-Federico Antonio Minicucci: ocho años de prisión. Juan Avelino Rodríguez y Carlos Tragant fueron absueltos".
Como bien se sabe , el "Plan Cóndor" inició con un acuerdo suscrito en 1975 entre los cuerpos de inteligencia de seis Estados (Argentina, Bolivia Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay). Con la ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, su objetivo consistió en coordinar los esfuerzos en la denominada "lucha contra la subversión" (ver nota de prensa).
EL PLAN CÓNDOR Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
En el caso Gelman contra Uruguay (Etapa de reparaciones, 2011) , la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió en los siguientes términos a la Operación Cóndor: "La mayoría de los gobiernos dictatoriales de la región del Cono Sur asumieron el poder o estaban en el poder durante la década de los años setenta24, lo que permitió la represión contra personas denominadas como “elementos subversivos” a nivel interestatal. El soporte ideológico de todos estos regímenes era la “doctrina de seguridad nacional”, por medio de la cual visualizaban a los movimientos de izquierda y otros grupos como “enemigos comunes” sin importar su nacionalidad. Miles de ciudadanos del Cono Sur buscaron escapar a la represión de sus países de origen refugiándose en países fronterizos. Frente a ello, las dictaduras crearon una estrategia común de “defensa”.
En este marco, tuvo lugar la llamada “Operación Cóndor”, nombre clave que se dio a la alianza que unía a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur en su lucha y represión contra personas designadas como “elementos subversivos”. Las actividades desplegadas como parte de dicha Operación estaban básicamente coordinadas por los militares de los países involucrados. Dicha Operación sistematizó e hizo más efectiva la coordinación clandestina entre “fuerzas de seguridad y militares y servicios de inteligencia” de la región […] Para que la Operación Cóndor funcionara era necesario que el sistema de códigos y comunicaciones fuera eficaz, por lo que las listas de “subversivos buscados” eran manejadas con fluidez por los distintos Estados" (párrafo 44 de la sentencia - ver texto completo).
En otro caso dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Paraguay (caso Goiburú y otros contra Paraguay, Sentencia sobre fondo y reparaciones) se lee que:
"En el caso paraguayo, el Departamento de Inteligencia Militar estuvo a cargo de la coordinación operativa de lo relativo a la Operación Cóndor, cuyo responsable era el entonces coronel Benito Guanes Serrano. Los servicios policiales de inteligencia secundaban las directivas recibidas de dicho departamento, quedando la función operativa a cargo del Jefe de Investigaciones de la Policía, Pastor Milciades Coronel. El Departamento de Investigaciones era el “centro nervioso de la inteligencia política”. La recolección de datos era realizada por funcionarios policiales infiltrados en organizaciones políticas, sociales, sindicales, centros estudiantiles y todo tipo de organismos públicos o privados. 61.10 Sobre los pasos por seguir al detener a un presunto “elemento subversivo”, el Jefe del Departamento de Investigaciones, Pastor Milciades Coronel, manifestó que había tres caminos: 1) Aplicación de la Ley, 2) Desaparición Física y 3) La Alternativa Aplicada. " (párrafos 61.9 y 61.10 de la sentencia- ver texto completo)
LA DEMANDA ANTE LA JUSTICIA ARGENTINA
La demanda de los familiares de las víctimas fue interpuesta inicialmente en Buenos Aires en 1999 y no fue sino en el 2013 que fueron convocadas las primeras audiencias ante jueces argentinos. En este documento oficial de reunión celebrada entre altos funcionarios de Estados Unidos y de Argentina el 10 de junio de 1976 , se puede leer que para el representante de Estados Unidos: "If there are things that have to be done, you should do them quickly. But you should get back quickly to normal procedures". Uno de los acusados, el exmilitar argentino Santiago Omar Riveros, cuenta con 92 años de edad. En la precitada nota de Clarín, se indica que "Los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante y Pablo Gustavo Laufer y el juez sustituto Ricardo Angel Basílico comenzaron en 2003 este juicio oral donde había 32 acusados, de los cuales solo 17 llegaron vivos al momento de la lectura del veredicto".
La ONG argentina CELS, fundada por Emilio Mignone (1922-1998), es la entidad que inició la recopilación de testimonios durante más de 15 años en distintos lugares, y la que presentó, con otras entidades, varias demandas ante los juzgados argentinos. Actualmente, dos son las demandas en trámite ante la justicia en su fase final: una relacionada con el "Plan Condor" y otra denominada "Automotores Orletti" (ver detalles de cada una en las conclusiones de reciente seminario auspiciado en el 2015 en Oxford por la Open Society y la British Academy, entre otras entidades). En el caso de la primera causa, cuya sentencia fue parcialmente leída hoy en Buenos Aires (parte resolutiva únicamente), de las 106 víctimas, 45 son uruguayas, 22 son chilenas, 15 paraguayas, 13 bolivianas, 10 argentinas y una es de nacionalidad ecuatoriana. La Secretaría de Derechos Humanos, órgano del Estado argentino, también figura entre las entidades que apoyan las reinvindicaciones de las víctimas.
LA SOLEDAD DE LA JUSTICIA ARGENTINA EN LA REGIÓN
Desde la perspectiva de los diversos logros obtenidos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, esta decisión leída hoy representa un sustantivo avance en la lucha contra la impunidad por crímenes del pasado en América Latina. Una lucha en la que pareciera que la justicia argentina cuenta con herramientas legales mucho más efectivas y con jueces mucho más determinados que las de otros Estados afectados por esta misma operación regional. La resistencia de las estructuras judiciales no se limita a las de los Estados del Cono Sur: en febrero pasado tuvimos la oportunidad de analizar el caso de Timoteo Mendieta Alcalá, fusilado en 1939 en España. La exhumación realizada en enero del 2016 de su cuerpo ubicado en una fosa común en España se debió a una solicitud realizada por una jueza desde Argentina (ver nuestra breve nota titulada: "JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina").
Se lee en el sitio del CELS que: "El Plan Cóndor fue un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del setenta hasta iniciados los años ochenta para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña. Su acta de fundación está fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional, y lleva las firmas de los representantes de Inteligencia de la Argentina (Jorge Casas, capitán de navío, SIDE), Bolivia (Carlos Mena, mayor del Ejército), Chile (Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA), Uruguay (José Fons, coronel del Ejército) y Paraguay (Benito Guanes Serrano, coronel del Ejército)".
LOS "ARCHIVOS DEL TERROR" Y LOS DOCUMENTOS SECRETOS DESCLASIFICADOS EN ESTADOS UNIDOS
Para documentar las acciones cometidas de manera coordinada por los aparatos de inteligencia, se procedió a establecer un Proyecto de Documentación del Plan Cóndor, un archivo que incluye una gran cantidad de documentos desclasificados de los servicios de inteligencia, y que fueron presentados a los jueces argentinos hace unos años. Las entidades públicas en materia de derechos humanos del Cono Sur por su parte también procedieron a organizar, a sistematizar y a poner en línea un fondo documental de archivos sobre el Plan Condor (ver sitio). En el 2008, la UNESCO, a solicitud de Paraguay, declaró patrimonio documental de la humanidad la gran cantidad de documentos encontradas en una casa en la localidad de Lambaré en Paraguay, en su mayoría relativas al Plan Cóndor, así como a la represión política en los 80 en Paraguay. Este inédito hallazgo se debió a un juez paraguayo, quién actuó a solicitud de una víctima de la represión paraguaya en los años 80, Martin Almada: un educador torturado por personas con distintos acentos del Cono Sur en los años 80 y quién demonstró al mundo cuán persistente se debe de ser en el Cono Sur cuando de lucha contra la impunidad se trata. El 22 de diciembre de 1992, los denominados "Archivos del Terror" vieron la luz del día: "no quiero ser desagradable" debió externar el juez ante la resistencia del oficial a cargo de la custodia de estos documentos (ver video en Youtube). Leer tambien las declaraciones de Martin Almada en este reportage de ABC Color del año 2012, al celebrarse 20 años desde este importante hallazgo para la causa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. En la declaratoria para la nominación por parte de la UNESCO de los "Archivos del Terror" como patrimonio documental de la humanidad (ver texto completo), se indica el cuido extremo con el que las entidades de la sociedad civil y las autoridades paraguayas reunieron, clasificaron y pusieron a disposición del público estos documentos: "The classification process of the Archives started in early 1993. The Supreme Court of Justice and the District Attorney’s Office of the State instructed the officers to collaborate with the professional staff specialized in documentations. These specialists were provided by two non-governmental organizations, the Center of Documentation and Studies (CDE) and the Churches Committee for Emergency Assistance (CIPAE). These two NGO’s also represented victims and victims´ families of the dictatorship. In March of 1993, the Supreme Court of Justice created the Center of Documentation and Archives for the Defense of Human Rights (CDyA), which is located in the Palace of Justice. This Center is open to public and researchers. The Center now has microfilm and a digitized system in order to protect the documents. These improvements were made possible by their own resources and with the important cooperation of national and international organizations, universities and other public and private institutions".
Sobre los documentos secretos recientemente desclasificados en Estados Unidos, se lee en este artículo que: "Este archivo es uno de los lugares que guarda los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las dictaduras de la región. Osorio declaró diez horas en el juicio oral por el Cóndor que se hace en Buenos Aires y que la semana próxima entra en la etapa de alegatos. El investigador presentó un Excel de 900 documentos, 40 por ciento de los cuales provienen del acervo norteamericano y otro tanto del Archivo del Terror paraguayo. De los 900, seleccionó 100 para la audiencia. Su serie no empieza en 1975 con la sabida conferencia de Inteligencia en Chile, en la que se instituyó formalmente la coordinación de las fuerzas represivas bajo el nombre de Cóndor. Empieza en 1972, algo que es su clave de lectura sobre ese proceso. Cuando los defensores vieron en la pantalla de la sala la primera pieza, uno levantó la mano alarmado y objetó lo que le parecía fuera del objeto de juicio. El presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 Oscar Amirante lo interrumpió: “Usted tiene conocimiento de cuándo empezó el Plan Cóndor –le dijo el juez–, el tribunal todavía no”.
Se puede leer, por parte del hijo de unas de las víctimas de nacionalidad paraguaya, Federico Jorge Tatter Morínigo, que: "Como querellante en la causa y como representante de mi madre, Idalina Tatter, ya fallecida, quien puso mucho empeño en este juicio desde el inicio, estaré presente en el momento histórico en que se dé lectura a la sentencia. Esperamos que el veredicto honre este gran esfuerzo por la justicia". (ver nota de Ultima Hora, Paraguay).
CONCLUSIÓN
La sentencia leída en el día de hoy constituye sin lugar a dudas un hito histórico para la lucha contra la impunidad en América Latina, y puede abrir un precedente para proseguir la labor en otros Estados de la región: sus aparatos judiciales no han logrado ofrecer lo que la justicia de Argentina brinda a las organizaciones de víctimas y de familiares de víctimas en Argentina. Esta sentencia también permitirá reorientar algunas investigaciones sobre hechos ocurridos en los 80. Por ejemplo, hace unos pocos días, se anunció que Argentina, Brasil y Paraguay ayudarán a las autoridades de Ecuador en la investigación relacionada al accidente sufrido por el Presidente Jaime Roldós en 1981: ello a raíz de un reciente documental que sugiere que el Plan Cóndor no es para nada ajeno a este "accidente aéreo" (ver nota de prensa).
La presente nota fue publicada en una versión más extnesa, con referencias bibliográficas en los sitios jurídicos Lavozdelderecho, el 7/06/2016 y Derechoaldia el 6/06/2016. En una versión más recogida, se publió en Elpais.cr el 3/06/2015, en Alainet el 30/05/2016 y en Cambio Político el 29/5/2016 así como en Periodistas-es.
ENGLISH VERSION
Today in Argentina, a tribunal will render its decision on merits concerning "Plan Condor" or "Operation Condor".
In a recent workshop entittled "Forty years on from Operation Condor. Justice without Borders", organized by Oxford University, British Academy, The Leverhulme Trust and Open Society (Soros Foundation), we read that: "The so-called Plan or Operation Condor was a secret network of intelligence and counterinsurgency set up by the dictatorships of Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay in the 1970s in order to illegally detain, torture, and, very often, murder political opponents all across South America, turning that region into a borderless area of terror and impunity. Condor emerged from informal bilateral forms of cooperation among the armed and security forces of Argentina, Paraguay, Chile and Uruguay since at least 1972. Condor was later formally created at a meeting of intelligence and security forces organised by the Chilean National Intelligence Directorate (DINA) and held in Santiago, Chile, between November 25 and December 1, 1975. Between 1975 and 1981, Plan Condor facilitated the perpetration of disappearances, kidnappings and murder of hundreds of political leaders, activists and refugees. The transnational repressive coordination completely disregarded all principles of international law on refugees and the long custom of protecting exiles in South America" (see main conclusions).
Victims reported of Operation Condor in the lawsuit presented in 1999 before tribunals in Argentina by the NGO CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) are 106; the victims were citizens of Argentina (10), Bolivia (13), Chile (22), Paraguay (15), Ecuador (one) and Uruguay (45). More information of this and other cases presented by CELS are available in Spanish here. In this note of NSA, we read that "The National Security Archive obtained the U.S. documents through the Freedom of Information Act (FOIA), primarily from the Central Intelligence Agency, Defense Intelligence Agency and the State Department. Other notable records originated from the Chilean former secret police, DINA".
In this very same note, we read that: "Two declassified U.S. documents presented to the tribunal underscored the contradictory response of high U.S. officials as they became aware of Condor operations in the summer of 1976. One well-known 13-page memorandum of conversation between Secretary of State Henry Kissinger and Argentine Foreign Minister Admiral Cesar Guzzetti dated June 10, 1976, revealed Kissinger’s endorsement of the regional collaboration to repress the left. After Guzzetti informed Kissinger that the Southern Cone regimes were engaged in "joint efforts" to fight "the terrorist problem," Kissinger essentially supported this approach: "If there are things that have to be done, you should do them quickly. But you should get back quickly to normal procedures," according to the declassified transcript Osorio provided to the court".
In this other joint communiqué CELS/NSA, dated 2006, we read that : "The National Security Archive and its partner NGO, the Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), today praised the State Department's declassification of more than 4,600 previously secret U.S. documents on human rights violations under the 1976-83 military dictatorship in Argentina. "The documents provide clues to the fate of 'disappeared' citizens in Argentina by an unchecked security apparatus, and tell the story of a massive and indiscriminate counterinsurgency campaign carried out by the military dictatorship targeting real or imagined subversives including thousands of labor leaders, workers, clergymen, human rights advocates, scientists, doctors, and political party leaders" said Carlos Osorio, director of the National Security Archive's Argentina Documentation Project. The special declassification, initiated by the Clinton Administration and completed by the Bush administration, has yielded hundreds of cables, memoranda of conversations, reports and notes between the State Department and the U.S. Embassy in Buenos Aires, that help clarify a handful of cases of disappearances. "They are a clear contribution to families seeking information about their missing relatives and to Judges seeking to make the military accountable for past abuses", Osorio said".
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