Pronunciamiento: En defensa de la Justicia Constitucional y del Estado Constitucional de Derecho costarricense

Pronunciamiento: En defensa de la Justicia Constitucional y del Estado Constitucional de Derecho costarricense 

Como profesoras y profesores de Derecho de la Universidad de Costa Rica: 

Expresamos nuestra profunda preocupación por los acontecimientos recientes relacionados con el proceso de designación de magistraturas suplentes de la Corte Suprema de Justicia, la resolución dictada por la Sala Constitucional sobre dicha materia y las posteriores reacciones provenientes de autoridades del Poder Ejecutivo y una fracción legislativa. 

Entendemos que estos hechos plantean un debate constitucional de extraordinaria relevancia para el país, pues comprometen principios esenciales de nuestra democracia constitucional. 

Toda democracia digna de ese nombre es un sistema político que garantiza elecciones libres, periódicas y competitivas para elegir autoridades representativas, sufragio universal, pluralismo e igualdad política. También debe garantizar una amplia libertad de expresión, acceso a fuentes diversas de información y la libertad política de asociación, organización, manifestación y participación ciudadana. 

Sin embargo, la regla de la mayoría y el resultado electoral no agotan el contenido de la democracia constitucional. Exige también que las autoridades públicas se sometan a la Constitución, que existan controles institucionales independientes del poder político, una separación efectiva de poderes públicos fundamentales y que se garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas. 

Defendemos que el Estado Constitucional de Derecho constituye un principio esencial de nuestro orden constitucional. Ninguna autoridad se encuentra por encima del Derecho, y ninguna puede legítimamente desconocer las competencias constitucionalmente atribuidas a los demás poderes del Estado. 

Subrayamos que la existencia de un Poder Judicial independiente constituye un presupuesto indispensable de cualquier democracia constitucional. 

La Sala Constitucional desempeña una función esencial en nuestro Estado Constitucional de Derecho. Su misión es garantizar la supremacía de la Constitución, proteger los derechos fundamentales y preservar las condiciones constitucionales de la República democrática. 

Reconocemos, asimismo, que el desacuerdo constituye una dimensión esencial de toda República democrática. Las decisiones de los tribunales, como las de cualquier órgano del Estado, pueden legítimamente ser objeto de análisis, discusión y crítica pública. 

No obstante, ese legítimo derecho a disentir encuentra un límite infranqueable en el respeto al propio orden constitucional. En una República democrática, los desacuerdos políticos deben canalizarse mediante los procedimientos previstos por la Constitución. Mientras las decisiones judiciales permanezcan vigentes, corresponde tanto a las autoridades públicas como a la ciudadanía respetarlas y acatarlas, sin perjuicio de utilizar los mecanismos institucionales previstos para su crítica, revisión o eventual modificación. 

Por todo ello, afirmamos nuestro enfático respaldo a la reciente decisión de la Sala Constitucional sobre la elección de magistraturas suplentes, en cuanto representa el ejercicio de la función que la Constitución le encomienda y preserva las garantías institucionales indispensables para la protección de los derechos fundamentales, la independencia judicial y el ejercicio de las potestades constitucionales de la Asamblea Legislativa dentro de los límites establecidos por la Constitución. 

En ese sentido, rechazamos categóricamente cualquier pretensión orientada a instrumentalizar los mecanismos institucionales con el propósito de debilitar la estructura constitucional de la República y, particularmente, de menoscabar la independencia del Poder Judicial. 

Manifestamos nuestro categórico rechazo al uso irresponsable del concepto de golpe de Estado, por parte de figuras políticas en el Poder Ejecutivo. Utilizar una categoría reservada para describir la ruptura de un orden constitucional para describir desacuerdos institucionales propios del funcionamiento regular de una democracia constitucional, desvirtúa su significado histórico y jurídico, deteriora la deliberación pública y puede contribuir a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. 

La experiencia comparada demuestra que las democracias no desaparecen únicamente mediante rupturas abruptas del orden constitucional. Con mucha frecuencia se erosionan gradualmente cuando se debilitan los controles institucionales y se relativiza el cumplimiento del orden jurídico democrático. 

Precisamente por ello, hacemos un llamado a la comunidad jurídica y académica nacional, así como a toda la ciudadanía costarricense, a reafirmar su compromiso cívico con la defensa de la República democrática, del Estado Constitucional de Derecho y de las instituciones que hacen posible nuestra convivencia democrática.

Firman: 

Profa. Adriana Acuña Leiva, Profa. Marianela Aguirre, Profa. Ana Elena Alvarado Salazar, Prof. Frank Álvarez, Prof. Guillermo Arce Arias, Prof. Jose Manuel Arroyo,  Prof. Víctor Barrantes Marín, Profa. Ana Lucía Blanco Villalobos, Prof. Nicolás Boeglin, Prof. Mauricio Castro Méndez, Prof. Marvin Carvajal Pérez, Prof. José M. Cisneros Mojica, Prof. Alfonso Chacón Mata, Prof. Gustavo Chan Mora, Profa. Rosaura Chinchilla Calderón, Prof. Eric Alfredo Chirino Sánchez, Prof. José Carlos Chinchilla, Profa. Sofia Cordero Molina, Profa. Ana Karen Cortés Víquez, Prof. Gabriel Espinoza, Profa. Anahí Fajardo Torres, Prof. Erick Gatgens Gómez,  Profa. Ana Lorena González Valverde, Profa. Marcela Gonzalez Solera, Prof. Daniel González Álvarez, Prof. Alejandro Guevara Arroyo, Profa. Andrea Marcela Gutiérrez Baltodano, Profa. Xiomara Gutiérrez Cruz, Profa. Maureen Jiménez Gómez, Prof. Edgar Odio Rohrmoser, Prof. Jaime Ordoñez, Prof. Alberto Jiménez Mata, Profa. Tania Morales Martinez, Profa. Marcela Muñoz Muñoz, Profa. Yendry Muñoz Vásquez, Prof. José David Ramírez Roldán,  Profa. Lilliana Rivera Quesada Rodríguez, Prof. Manuel Rojas Salas, Prof. Profa. Marilú Rodríguez Araya, Prof. Luis Felipe Rodríguez Vargas,  Prof. Jorge Sáenz Carbonell, Profa. Vera Violeta Salazar Rojas, Prof. Juan Pablo Salazar Carvajal, Profa. Maripaz Sancho Miranda, Prof. Norman José Solórzano Alfaro, Prof. Carlos Tiffer Sotomayor

Prof. emérito Walter Antillon Montealegre, Prof. emérito Javier Llobet

Profa. jubilada Claudia Arroyo Borroni, Profa. jubilada Mayra Campos Zúñiga, Prof. jubilado Edgar Gutierrez Espeleta, Prof. jubilado Omar Vargas Rojas Profa. jubilada Cecilia Ivette Villalobos Soto