Según la página oficial del Banco Mundial del día de hoy, el pasado 15 de abril, se registró formalmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI) una nueva demanda contra Panamá: se trata de la demanda interpuesta por la empresa minera norteamericana Dominion Minerals (ver texto del texto de la demanda), por un monto de 268 millones de US$ (ver punto 8 de la demanda).
En esta nota de prensa panameña del 8 de abril del 2016 se lee que: "‘la concesión para la búsqueda de recursos minerales en esa área, perteneciente a la Comarca Ngäbe-Buglé, fue en 2006 por un periodo de cuatro años, terminando el 4 de abril de 2010'. ‘La concesión se podía extender por dos periodos más, pero el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en su momento decidió no hacerlo, luego de que la entonces Autoridad Nacional del Ambiente rechazara el estudio de impacto ambiental', manifestó el ministerio". En esta otra nota anterior publicada en La Estrella de Panamá, del 31 de marzo del 2016, se lee que: "El representante legal Michael Stepek señaló que, ‘Panamá se ha negado a reconocer la expropiación de la inversión de Dominion y se ha rehusado a pagarles una compensación adecuada y efectiva, lo cual ha hecho necesaria la presentación de esta solicitud'. Michael Stepek, quien también es socio de la firma Akin Gump manifestó que ‘esta solicitud de arbitraje es el resultado de una diferencia de larga trayectoria que surge de la expropiación por parte de Panamá de la inversión sustancial que realizó Dominion en la concesión minera de Cerro Chorcha, en Bocas del Toro'".
Con este nuevo caso registrado ante el CIADI en su contra, Panamá suma en la actualidad cuatro demandas pendientes de resolución, acumuladas a lo largo de los últimos cuatro años, a saber:
- Álvarez y Marín Corporación S.A. and others v. Republic of Panama (ICSID Case No. ARB/15/14), interpuesta en el 2015 por un monto de unos 100 millones de US$ (según esta nota de La Nación, Costa Rica). En reciente fallo con fecha del 4 de abril del 2016, el CIADI rechazó las objecciones presentadas por Panamá y se declaró competente para conocer de la controversia sometida a su conocimiento por esta firma costarricense con relación a un megaproyecto de desarrollo turístico (ver texto integral de la decisión);
- IBT Group LLC., Constructor, Consulting and Engineering (Panamá), S.A., and International Business and Trade, LLC. v. Republic of Panama (ICSID Case No. ARB/14/33), interpuesta en el 2014, por unos 50 millones de US$. En abril del 2015, una información errónea circuló en Panamá sobre el retiro de esta demanda por parte de la empresa (ver nota de prensa). Se lee en la ficha técnica del CIADI que, a abril del 2016, la situación del caso es la siguiente: "Pending (the proceeding is stayed for non-payment of the required advances pursuant to ICSID Administrative and Financial Regulation 14(3)(d) on January 6, 2016)";
- Transglobal Green Energy, LLC and Transglobal Green Panama, S.A. v. Republic of Panama (ICSID Case No. ARB/13/28), interpuesta en el 2013 con relación a una concesión para la explotación de una hidroeléctrica en Chiriquí Viejo (ver texto de la demanda). En esta publicación de la Procuraduría General de la Nación, se lee que:"Aunque no se ha fijado la cuantía de esta demanda, los demandantes han estimado lo supuestos daños y perjuicios en Dos Mil Quinientos Millones de Dólares" (filmina 10).
En América Latina, después de Venezuela (24 casos pendientes de resolución) y de Argentina (17 casos pendientes) así como Costa Rica (5 casos), Panamá es, a la fecha de redactar esta breve nota, el Estado que más demandas acumula ante el CIADI. En el caso de Costa Rica, la ultima demanda registrada en su contra en el CIADI fue interpuesta en el 2014 por la empresa minera canadiense Infinito Gold por 94 millones de US$: ello debido a la suspensión ordenada por la justicia costarricense del proyecto minero ubicado en Las Crucitas. En el mes de julio del 2015, Costa Rica solicitó formalmente a los árbitros del CIADI suspender el procedimiento (ver nota publicada en Global Research), sin lograr éxito en su gestión. En el 2005, el proyecto minero ubicado en Las Crucitas había dado lugar a una demanda contra Costa Rica por 276 millones de US$ (ver nota de La Nación), al considerar la empresa minera que el no otorgamiento de la viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) se asemejaba a una expropriación de hecho. Esta demanda fue retirada a inicios del mes de octubre del 2005 por la empresa, aduciendo estar en "negociaciones" con Costa Rica e indicando sentirse "reasonably optimistic" sobre el resultado de estas (ver documentos). A la fecha, de desconoce la identidad exacta de quiénes "negociaron" por parte del Estado costarricense con la empresa minera canadiense y cuál fue el objeto de estas negociaciones: dos meses después del retiro de la demanda, en diciembre del 2005, la SETENA aprobaba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
El pasado 5 de abril del 2016, Venezuela fue condenada por el CIADI a pagar 1.386 millones de US$ en el caso del proyecto minero Las Cristinas cuyos permisos fueron suspendidos a una empresa minera canadiense, denominada Crystallex (ver breve nota al respecto).
La presente nota fue publicada en una versión más extensa, con una decena de referencias bibliográficas, en los sitios jurídicos de El Jurista (España) el 8/05/2016, en DIpúblico (Argentina) y en Debate Global (Colombia) el 3/06/2016 y Derechoaldia (Costa Rica) el 1/06/2016.
Así como en los siguientes medios de prensa digitales: en Informa-tico y en Elpais.cr el 27/04/2016 y en Periodistas-es.org el pasado 26/04/2016.
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