CIADI CONDENA A VENEZUELA A PAGAR 1.386 MILLONES DE US$ A EMPRESA MINERA CANADIENSE POR PROYECTO MINERO LAS CRISTINAS

En el día de hoy, medios de prensa han dado a conocer que la empresa minera canadiense Crystallex logró obtener por parte del CIADI (Centro de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado) un fallo condenatorio contra Venezuela, obligando a Venezuela a indemnizarla por 1.386 millones de US$ (ver nota de El Mundo y nota de prensa de Bloomberg). El texto del fallo arbitral del 4 de abril del 2016 está disponible en español y en inglés.

La suspensión del proyecto minero de Las Cristinas que se analiza en esta demanda se debió en parte (punto 44) al hecho que: "El día 14 de abril de 2008, el Director General de la Oficina Administrativa de Permisiones del Ministerio del Ambiente le informó a la CVG que la solicitud del Permiso era denegada76. Las razones expuestas por el Ministerio del Ambiente incluían inquietudes en torno del medioambiente y de la población indígena de la Reserva Forestal Imataca". No obstante, es de recordar que este proyecto minero en Venezuela había sido objeto de una primera decisión del CIADI, de diciembre del 2012, en la que se rechazaba la petición de otra empresa minera canadiense, Vanessa Ventures, por 1.045 millones de US$ presentada contra Venezuela en julio del 2004 (ver nuestra breve nota publicada en CRHoy). Resulta oportuno señalar que esta misma empresa minera canadiense Vanessa Ventures había en el año 2003 presentado una demanda ante el CIADI contra Costa Rica por 276 millones de US$ en relación al proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas. En una carta del 3 de octubre del 2005, esta empresa retiró su demanda contra Costa Rica aduciendo en documentos hechos públicos (ver documentos) estar en “negociaciones” con Costa Rica, sin que se sepa a la fecha la identidad de quiénes "negociaron" por parte del Estado costarricense y cuál fue el objeto exacto de dichas "negociaciones". Recientemente en Colombia, la protección de los páramos por parte de sus tribunales ha dado lugar al anuncio de una posible demanda por parte de Eco oro contra Colombia (ver nota de prensa). La transnacional suiza Glencore (ver ficha técnica del CIADI) presentó una demanda con base en el tratado de inversiones entre Colombia y Suiza en abril del 2016.

Tal y como se desprende de la ficha técnica procesal del CIADI del caso Crystallex vs. Venezuela, oficialmente registrado bajo "Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela. ICSID Case No. ARB(AF)/11/2" (ver ficha), la demanda fue interpuesta inicialmente en marzo del 2011 por la empresa minera canadiense exigiendo un monto de 3.400 millones de US$ a Venezuela (ver texto de una decisión de la Corte de Apelación en Ontario que resume en las primeras páginas el caso, disponible en este enlace).

El monto extremadamente elevado ordenado por el CIADI en su decisión del 4 de abril del 2016 recuerda el fallo contra Ecuador del año 2012 (ver texto integral del laudo arbitral, adoptado por 2 votos a favor y uno en contra) condenando a Ecuador a pagar a un consorcio de empresas petroleras Occidental Petroleum la suma de 1.770 millones de US$, un monto jamás ordenado por un tribunal del CIADI. En el 2015 (ver nota de este mismo sitio), luego de ser apelada por Ecuador, la decisión resultó ser revisada a la baja en cuanto a su monto en un 40 %, llegando a 1.061.775.000 US$. En el caso Crystallex vs. Venezuela cuya decisión se dió a conocer hoy, Venezuela reconoció haber gastado en honorarios de abogados la suma de 14.322.826 US$ (punto 950 del fallo) mientras que la empresa minera indió haber gastado en honorarios de abogados 30.493.635 US$ (punto 949 del fallo).

Después de Argentina y de Venezuela, en America Latina, Costa Rica es el Estado con más demandas pendientes de resolución registradas ante el CIADI. Recientemente, el pasado 28 de marzo del 2016, se aprobó en el Poder Legislativo de Costa Rica en segundo debate el Tradado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Costa Rica y China suscrito en el 2007, que abre la puerta a futuras demandas de empresas o concesionarios chinos ante el CIADI (ver nota en este mismo sitio).