América Latina y las elecciones en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (para el período 2023-2025): breves apuntes

 

América Latina y las elecciones en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (para el período 2023-2025): breves apuntes

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Según se desprende de la lista de los actuales Estados que integran el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en este 2022 llegan a expiración de sus respectivos mandatos Brasil y Venezuela (véase listado oficial). 

Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos constituye la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro de Naciones Unidas. Se trata de un órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados: en este año 2022, es presidido, por vez primera en toda su historia, por Argentina (véase comunicado oficial de diciembre del 2021). 

Su última sesión especial se celebró en mayo del 2022 y analizó el deterioro de la situación de los derechos humanos después de la agresión militar de Rusia a Ucrania, iniciada el 24 de febrero (véase enlace oficial): como dato de interés, Rusia y Ucrania fueron electos miembros del Consejo de Derechos Humanos en octubre del 2020.

Las elecciones anuales de Estados para integrar el Consejo constituyen siempre un momento oportuno para analizar las maniobras diplomáticas que supone llevar a feliz término una candidatura por parte de un Estado perteneciente a una determinada región del mundo. Nos limitaremos, en las líneas que siguen, a los Estados de la región de América Latina de cara a la contienda que los espera en octubre del 2022, no sin antes explicar brevemente la importancia del Consejo de Derechos Humanos dentro del organigrama de Naciones Unidas.

El Consejo de Derechos Humanos en breve

Entre sus numerosas atribuciones (Nota 1), el Consejo de Derechos Humanos es el órgano llamado a crear, mediante resolución, comisiones de investigaciones para documentar situaciones en las que se violan de manera masiva y grave los derechos humanos: en la actualidad son 36 los mecanismos de investigación de este tipo (véase enlace oficial), siendo uno de los últimos en crearse una comisión sobre la situación en Nicaragua en marzo del 2022 (véase enlace y enlace sobre la designación de sus tres integrantes, en mayo del 2022 así como texto de la resolución A/HRC/49/L.20 del 31 de marzo del 2022); también recae en este órgano el crear (o renovar) mandatos temáticos sobre ámbitos específicos en materia de derechos humanos, y que en la actualidad ascienden a 45 (véase enlace oficial). 

Ello sin olvidar de mencionar la adopción de resoluciones en temas relevantes que luego son puestos a conocimiento de la Asamblea General. Entre muy diversos ejemplos, podemos citar la reciente (e histórica) resolución A/76/300 sobre derecho al ambiente como un derecho humano adoptada el 28 de julio del 2022 por la Asamblea General con una abrumadora (e inédita) mayoría (véase nota de prensa y esta nota publicada en Costa Rica explicando el significado de tan abultada mayoría de votos a favor): esta resolución fue inducida desde el Consejo de Derechos Humanos en el mes de octubre del 2021 (véase nota oficial). 

De igual manera, la Declaración sobre Derecho de los Pueblos Indígenas de septiembre del 2007 (véase texto) adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas fue incubada desde el Consejo de Derechos Humanos mediante una de sus primeras resoluciones, adoptada en el mes de junio del 2006 (véase texto pp.18-27 del documento A/61/53/SUPP disponible aquí).

Las diferencias entre un texto aprobado en el Consejo de Derechos Humanos y el adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas suelen ser imperceptibles, confirmando esta simple constatación al Consejo de Derechos Humanos como el espacio por excelencia para debatir de derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas y para afinar en su seno los términos de una futura resolución a ser adoptada por su órgano plenario. 

Tablero de la votación acaecida el 23 de julio del 2014, con un solo voto en contra (Estados Unidos) a la hora de votar el Consejo de Derechos Humanos una resolución que crea una comisión de investigación sobre las exacciones israelíes cometidas en Gaza en julio del 2014 y cuyo informe final se presentó en el mes de junio del 2015. En mayo del 2018 una resolución similar creó un mecanismo de investigación sobre las acciones militares desproporcionales de Israel contra manifestantes palestinos desarmados con el mismo voto en contra de Estados Unidos y de Australia (véase nota del Timesof Israel con foto del tablero de votación): el informe final se presentó en el mes de marzo del 2019.

Hay que tener siempre presente que el Consejo de Derechos Humanos no es un órgano compuesto por expertos en derechos humanos, sino por Estados: y que las discusiones que en él se llevan a cabo son ineludiblemente de orden político, como ocurre en todo órgano internacional de carácter intergubernamental compuesto por representantes estatales. A diferencia de lo que ocurre en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cada uno de los 47 Estados que integra el Consejo de Derechos Humanos posee un solo y único voto, sin ningun otro privilegio. Cada Estado, en igualdad de condiciones con sus 46 pares, participa en la discusión sobre el contenido de un texto, y su delegado vota a favor o en contra los textos que se adoptan por votación (o bien se abstiene).

La repartición geográfica dentro del Consejo de Derechos Humanos

La repartición geográfica conlleva algunos criterios muy propios (véase enlace oficial) tendientes a asegurar un equilibrio entre todas las regiones del mundo, a la hora de realizarse la votación en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas para escoger a los Estados miembros. 

En la integración del Consejo de Derechos Humanos, la región de América Latina y del Caribe cuenta con 8 escaños, mientras que África cuenta con 13, al igual que la región Asia/Pacífico, también con 13; como resultado de la antigua partición de Europa durante la Guerra Fría, se considera la región de Europa Occidental por una parte, con 7 y por otra, Europa Oriental, con 6 escaños. Estados Unidos y Canadá son considerados como parte de Europa Occidental para los propósitos de las designaciones de cada región.

Cada año, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, usualmente en el mes de octubre, se procede a renovar de manera parcial el Consejo de Derechos Humanos, eligiendo para cada una de estos cinco bloques regionales a varios Estados por un mandato de tres años. Un Estado puede ser reelecto por un segundo mandato consecutivo y no podrá volverse a presentar justo después de concluido su segundo mandato. En el caso de Brasil y de la contienda de este año 2022, no puede postularse, al concluir su segundo mandato consecutivo.

En la actualidad, por América Latina y el Caribe figuran: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Honduras, México, Paraguay y Venezuela.

Cabe recordar que el Consejo de Derechos Humanos fue creado en el 2006 (véase resolución A/RES/60/251 de abril del 2006) y reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas: un órgano intergubernamental que funcionó desde 1946 hasta el año 2005 compuesto por 53 Estados. Es de notar que esta resolución se adoptó con 170 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos, Islas Marshall, Israel y Palau) y 3 abstenciones (Bielorusia, Irán y Venezuela) según se informa en esta nota de prensa de Naciones Unidas. En un interesante artículo del 2007 que analiza las negociaciones previas a la votación de la resolución A/RES/60/251 del 2006, se lee que un diplomático norteamericano  - conocido por sus posiciones radicales e instransigentes - originó este voto de Estados Unidos:

"La mayoría de los Estados concordaron con el Presidente Eliasson en cuanto a que esta redacción era la mejor posible, dada la atmósfera existente y que era urgente consolidar el acuerdo antes de que se realizara la siguiente reunión de la CDH. Estados Unidos no compartía esta opinión. El Embajador Bolton manifestó su inquietud acerca de muchas disposiciones contenidas en el texto y, junto con negarse a explicitar cuáles cambios lograrían que Estados Unidos apoyara la resolución, hizo un nuevo llamado a efectuar negociaciones individuales entre países. El apoyo para esta posición fue casi nulo y finalmente la Asamblea aprobó la resolución que creaba el nuevo Consejo ..." (Nota 2).

Recientemente, tuvimos la oportunidad de analizar la exclusión de Rusia de este órgano de Naciones Unidas (véase nuestra nota del 7 de abril del 2022), como consecuencia de la agresión militar perpetrada en el territorio de Ucrania: cabe indicar que Rusia (158 votos) y Ucrania (166) fueron electas en representación de la región de Europa del Este en octubre del 2020 para integrar el Consejo de Derechos Humanos (véase nota oficial de Naciones Unidas).

Costa Rica y su súbito interés en integrar el Consejo de Derechos Humanos en el 2019

Habíamos tenido la oportunidad de analizar en octubre del 2019 la repentina decisión de Costa Rica de postularse en aras de intentar arrebatarle la silla a Venezuela (Nota 3). 

Se trató de una maniobra que no fructificó, quedando electos Brasil y Venezuela por América Latina y el Caribe (véase nuestra breve nota). Sobre los resultados alcanzados en la votación del 27 de octubre del 2019), fueron los siguientes:  la diplomacia de Brasil reunió 153 votos, la de Venezuela 105, al tiempo que la de Costa Rica (no electa) pudo contar con el respaldo de 96 Estados que votaron en favor de su candidatura (para más detalles sobre los resultados de la votación, véase acta A/74/PV.17, pp. 3-4).

Este episodio bastante peculiar permitió confirmar lo que enseña la observación de la práctica diplomática en Naciones Unidas para este tipo de ejercicios: los intercambios de votos y de compromisos que los Estados han pactado entre sí en materia de candidaturas difícilmente pueden ser revisados a menos de dos semanas de una votación. Algunas candidaturas se negocian y se anuncian con mucho tiempo de antelación y es muy probable que Venezuela y Brasil tenían asegurada gran parte de sus votos cuando Costa Rica anunció súbitamente su postulación. No se trata de semanas o meses de antelación, sino en algunos casos, de candidaturas que se han preparado  y negociado desde varios años (Nota 4).

Después de lo acontecido en el 2019, tanto en el año 2020 como en el 2021, Costa Rica optó, por alguna razón que sería de interés conocer, por no postularse; al igual que lo había hecho entre el 2015 y el 2019 (después de su postulación en el 2014, que no le permitió tampoco ser electa).

En el 2020, resultaron electos para las tres vacantes por la región Bolivia, Cuba y México, con respectivamente 172, 170 y 175 votos respectivamente (véase detalle de los votos obtenidos por los demás Estados en el acta A/75/PV.16, pp.14-15; y en el 2021, resultaron electos Argentina (175), Honduras (172) así como Paraguay, con una destacada marca de 185 votos reunidos.

Las elecciones venideras para el 2022, el 2023 y el 2024

Como ya indicado, para este año 2022, son dos las vacantes que dejan Brasil y Venezuela y que deberán ser objeto de una decisión colectiva para suplirlas por parte del bloque regional de América Latina y del Caribe: la práctica en Naciones Unidas indica que se delega a cada bloque regional el acordar y presentar los candidatos para suplir las vacancias de turno que le correspondan. 

En caso de desacuerdo entre los integrantes del GRULAC (Grupo de América Latina y el Caribe en Naciones Unidas), son entonces los votos obtenidos por cada candidatura los que deciden cuáles Estados son electos y cuáles no resultan electos. Únicamente los números obtenidos en la Asamblea General de Naciones Unidas cuentan, al tratarse de una votación secreta.

En el año 2023, serán tres las vacantes al llegar al término de su actual mandato Bolivia, Cuba y México. En el 2024, serán tres nuevamente, al concluir su mandato Argentina, Honduras y Paraguay.

El espacio para tres será siempre mayor al espacio para dos

Tres vacantes en el seno del Consejo de Derechos Humanos dan lugar a elecciones mucho menos reñidas que cuando se trata de dos, y merece mención revisar lo ocurrido en las últimas elecciones en las que, por el GRULAC, se contaba con tan solo dos vacantes:

- para el último ejercicio (2019), las diplomacias brasileña y venezolana lograron su cometido, dejando por fuera a la de Costa Rica, y su osada iniciativa;  

- al igual que las de Brasil y Cuba (2016), Brasil reuniendo 137 votos, Cuba 160, y Guatemala tan solo 82; 

- así como  los aparatos diplomáticos de Cuba y México (2013): en aquella oportunidad Cuba reunió 148 votos, México obtuvo 135 votos, quedando por fuera Uruguay con 93 votos; 

- en octubre del 2010, con 180 votos cada uno, Ecuador y Guatemala fueron electos, al tiempo que se registra, sin explicación plausible, un solo voto a favor de Perú (véase enlace oficial con tablero general de votos obtenidos): se trata posiblemente de un único voto de un delegado que, sin haber recibido instrucción alguna desde su capital, voto con su mejor criterio o bien por el Estado con el que más se siente identificado ...

- en octubre del 2007, Bolivia obtuvo 169 votos, Nicaragua 174, al tiempo que se registró (como en el caso de Perú en el 2010), a Costa Rica, Chile y Belize cada uno con un solo voto (veáse acta A/61/PV.97, página 3): en este caso, al menos para lo concerñiente a Costa Rica, otra hipótesis a considerar es que su delegado en Naciones Unidas, por alguna razón muy personal, no considerara que pudiera votar ni por Bolivia ni por la vecina Nicaragua ... Una hipótesis similar puede explicar que su homólogo chileno se sintiera imposibilitado de votar a favor de Nicaragua o de la vecina Bolivia.

Algunas de las marcas obtenidas por Estados de América Latina, algunas ausencias y algunas presencias notorias

Más allá de las cosas que a veces pueden ocurrir en la mente de un diplomático cuando su capital omite enviarle una instrucción de voto (sin percatarse este diplomático que sus decisiones quedarán registradas como insólitas "curiosidades" en Naciones Unidas), resulta oportuno recordar que son los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas los que son llamados a votar en favor de las candidaturas correspondientes. 

Como previsible, la marca más alta registrada por un Estado de América Latina (antes del notorio hito logrado por Paraguay en la última contienda del 2021 reuniendo 185 votos a su favor), fue la obtenida por el aparato diplomático de Brasil en el 2012 (con 184 votos a su favor), seguido por Perú (180) en el 2017, y México (179) también en las elecciones del 2017. 

Con un solo voto (probablemente el suyo), Colombia es el Estado que obtuvo la menor cantidad de votos en las primeras elecciones realizadas en el 2006, seguido por Honduras con 3 y por Costa Rica con 6 votos reunidos (véase acta A/60/PV.80 del mes de mayo del 2006, pp. 3-4).

Resulta oportuno precisar que, desde su integración en el mes de mayo del 2006, el Consejo de Derechos Humanos nunca ha contado (véase listado oficial) en su seno con los siguientes Estados: Colombia, Haití y República Dominicana. 

Por otro lado, como dato de interés, Cuba ha sido escogido  en cinco ocasiones desde el 2006 como integrante para los siguientes períodos: (2007-2009), (2010-2012), (2014-2016), (2017-2019) y (2021-2023). Al igual que México: (2007-2009), (2010-2012), (2014-2016), (2018-2020) y (2021-2023). Se puede considerar que las diplomacias de Cuba y de México consideran como un objetivo prioritario el integrar al Consejo de Derechos Humanos, al registrar ambos Estados la mayor cantidad de mandatos desde el 2006. 

Cuba y México son seguidos por Argentina y Brasil, con cuatro mandatos cada uno. Los mandatos de Brasil son: (2007-2008), (2013-2015), (2017-2019) y (2020-2022); los de Argentina: (2007, un año), (2014-2016), (2019-2021) y (2022-2024). 

Siguen luego Venezuela con tres mandatos: (2013-2015), (2016-2018) y (2020-2022) así como Ecuador: (2007, un año), (2011-2013) y (2016-2018),  Perú con mandatos en (2007-2008), (2013-2015) y (2018-2020) y Uruguay: (2007-2009), (2010-2012) y (2019-2021). 

En el 2018, conjuntamente con Argentina y Uruguay, Bahamas (con 180 votos) logró por vez primera (y única) la participación de un Estado isleño anglófono del Caribe desde el 2006: una designación que ameritaría ser replicada y extendida a otros Estados del Caribe anglófono, que se han mantenido muy distantes.

Como se puede observar, un equilibrio muy sútil se ha instalado entre las diplomacias de Argentina, Brasil, Cuba y México desde el 2006; mientras que para los demás Estados de América Latina, es mucho más esporádica su participación a la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro del organigrama de Naciones Unidas.

 

Las candidaturas oficiales para las elecciones en este año 2022

El pasado 5 de mayo del 2022, Chile anunció de manera oficial su candidatura (véase comunicado oficial de su diplomacia). De igual manera se lee que Perú ha anunciado oficialmente postularse para integrar el Consejo de Derechos Humanos en el 2023 (véase anuncio oficial del 19 de febrero del 2022): Perú además coordina el espacio de concertación y de coordinación (GRULAC) de América Latina y del Caribe en este 2022.

Según una nota de prensa,Venezuela ha optado por presentarse para una reelección (véase nota de prensa de Talcualdigtal del 25 de julio del 2022): es posible que la referencia a Venezuela hecha refiera a un sondeo previo realizado por la diplomacia venezolana antes de tomar la decisión de anunciar oficialmente su postulación. 

Con relación a Costa Rica, al momento de redactar estas líneas no se ha hecho público anuncio alguno. Después de su repentino intento en el 2019, y del fracaso de su candidatura en el 2014 para lograr su reelección, la última vez que Costa Rica fue electa en el Consejo de Derechos Humanos remonta al año 2011, al quedar electa con Chile y con Perú, quedando fuera de la contienda Nicaragua: véase al respecto nota oficial de Naciones Unidas así como esta nota oficial de los resultados obtenidos por cada aparato diplomático (Chile con 159 votos, Costa Rica con 138, Perú con 136, y Nicaragua -no electa- con 98 votos reunidos). 

Con respecto a su fallido intento en octubre del 2014, la explicación oficial dada fue que Costa Rica presentó tardíamente su candidatura y que "a principios del año (2014) solo teniamos 20 votos" (según las declaraciones del titular de la cartera de relaciones exteriores en esta nota de prensa de octubre del 2014): tan pocos votos para una candidatura anunciada desde el 2013 ameritaría una explicación adicional. En efecto, fue durante su última visita como jefe de Estado a la sede de las Naciones Unidas en septiembre del 2013 que la Presidenta Laura Chinchilla anunció que Costa Rica se postularía para un segundo mandato (reelección) (véase nota de prensa de La Nación, 26/09/2013). Más allá de los intentos de explicación que no lo son del todo, al analizar con más detalle lo acaecido en el 2014,  habíamos concluído nuestras reflexiones sobre este desliz de la diplomacia costarricense indicando que: 

"No obstante, esta no reelección debiera también ser entendida como una clara señal invitando a Costa Rica a buscar la forma de recuperar paulatinamente el liderazgo que durante muchos años ostentó en materia de derechos humanos en el ámbito multilateral "(Nota 5).

Nótese que en este enlace de una ONG especializada en derechos humanos con sede en Ginebra y en un volante de una actividad a realizarse en Ginebra en el mes de septiembre del 2022, sí se menciona a Costa Rica conjuntamente con Chile y con Venezuela (véase volante) para ocupar las dos vacantes a suplir en octubre del 2022, sin que haya trascendido (salvo error nuestro),  algun anuncio oficial de candidatura.

Por su parte, República Dominicana, el pasado 14 de junio anunció su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos (véase comunicado oficial): al revisar con detenimiento, se trata de una postulación para el período (2024-2026), y no para el que se decidirá próximamente (2023-2025). 

En estos momentos, con excepción de Chile y Perú que sí han oficializado mediante anuncios en canales estatales sus respectivas candidaturas, intensas consultas y sondeos entre aparatos diplomáticos deberían estar orientando a algunos Estados a tomar la decisión de postularse oficialmente (o bien, de no hacerlo). Este interesante artículo publicado en Chile por la máxima representante de Chile en Naciones Unidas en Ginebra el pasado 9 de agosto del 2022 evidencia la gran labor desplegada por Chile y la importancia que se le ha asignado a su candidatura.

 Las designaciones para el mandato (2023-2025) se decidirán durante la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que iniciará en septiembre del 2022.

A modo de conclusión

Cabe precisar que quien fuera el máximo representante de Costa Rica en Naciones Unidas en la sede de Nueva York en el período (2018-2022) fue electo como experto independiente en derechos humanos para integrar el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el mes de junio del 2022 (véase nota oficial de Naciones Unidas y hoja de vida de los candidatos propuestos): no se trata de un órgano intergubernamental, sino de un órgano de tratado (también denominado órgano de supervisión o monitoreo en la literatura especializada - Nota 6) compuesto por expertos independientes y encargado de velar por el debido cumplimiento de las obligaciones internacionales de los 173 Estados Parte al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). Tuvimos la oportunidad de analizar un ejercicio similar realizado en octubre del 2021, esta vez en el marco regional hemisférico, de cara a  la designación de cuatro jueces para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Nota 7).

Desde el 30 de junio del 2022 (véase nota oficial sobre renuncia aceptada en mayo del 2022), Costa Rica adolece de un representante con rango de Embajador en Naciones Unidas en Nueva York. Esta situación recuerda la vivida por Costa Rica en el 2014 (un año en el que las elecciones celebradas para designar a los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en octubre de este año fueron precedidas por la toma de posesión de nuevas autoridades electas en mayo): el vacío del 2014, mientras se procedió a la designación e instalación en Nueva York del nuevo representante en Naciones Unidas por parte del Poder Ejecutivo costarricense, puede en parte explicar el traspié sufrido con la candidatura de Costa Rica en aquel momento. 

Con relación a Chile, es de notar que designó a su nueva embajadora en Naciones Unidas diez días después de la toma de posesión de sus nuevas autoridades (véase nota de prensa del 21 de marzo del 2022). Cabe destacar que Chile adhirió recientemente al Acuerdo de Escazú, convirtiéndose en el Estado Parte número 13 desde el pasado 13 de junio del 2022 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones): quiérase ver o no, esta aprobación exhibe aún más a Costa Rica en sus inconsistencias en el plano internacional (Nota 8). Adicionalmente, el Poder Ejecutivo chileno acaba de proceder a depositar el instrumento de ratificación del Protocolo de San Salvador de 1998 ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos / OEA (véase nota oficial de su diplomacia del 28 de julio del 2022): como se ha podido apreciar en estos últimos meses,  la diplomacia de Chile profundiza de manera decidida su firme compromiso internacional con los derechos humanos y con el ambiente.

--Notas--

Nota 1: Sobre las nuevas competencias del Consejo de Derechos Humanos con relación a su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos y un intento de comparar ambos órganos despué de 5 años de funcionamiento del primero, véase VIEGA e SILVA M., El Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2011, 667 páginas, pp. 169-246. Texto integral de la tesis disponible aquí. 

Nota 2: Véase HALPERIN H.M,  ORENTLICHER D., "El nuevo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas", Anuario de Derechos Humanos (2007), pp. 113-120, en pp.117-118. Texto disponible aquí.

Nota 3: Véase BOEGLIN N., "La reciente candidatura de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos: breves reflexiones", Réseau International des Droits Humains, edición del 16 de octubre del 2019, disponible aquí. 

Nota 4: En la misiva circulada por Costa Rica el 11 de abril del 2011 enviada al Presidente de la Asamblea General (véase texto completo), se indica por parte del Embajador de Costa Rica en Naciones Unidas que:

"La información sobre las promesas y los compromisos de Costa Rica en materia de derechos humanos se distribuyó a todos los Estados Miembros en julio de 2009, cuando el Gobierno anunció la decisión de presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el período 2011-2014.Las elecciones al Consejo de Derechos Humanos se celebrarán durante el sexagésimo quinto períodode sesiones de la Asamblea General, el 20 de mayo de 2011".

Siempre con relación a Costa Rica, en el 2005, Costa Rica apoyó a Nicaragua para ocupar una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, honrando de esta manera un compromiso adquirido con Nicaragua al solicitarle votar en junio del 2003 en favor del candidato de Costa Rica para ocupar el cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase nota de La Nación de octubre del 2005).

Nota 5: Véase BOEGLIN N., "Bolivia, El Salvador, Paraguay electos en el Consejo de Derechos Humanos", DIPúblico (Argentina), edición del 27!//2014, disponible aquí.

Nota 6: Véase por ejemplo MUSSO J.A, RODRIGUEZ M.C.,  SÁNCHEZ MERA S. TAHHAN R. M., Lecciones de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Universidad Católica Santiago del Estero, ediciones UCSE, 2021, 413 páginas, texto completo disponible aquí, pp. 86-101. Para un estudio sobre los órganos de tratados más detallado en español, véase CASTAÑEDA HERNANDEZ M.,  Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas como elementos de cambio en el orden internacional, Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2018, 325 páginas. Texto integral de la tesis disponible aquí. 

Nota 7: Véase BOEGLIN N., "La elección de nuevos integrantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 20 de octubre del 2021, disponible aquí.

Nota 8: Sobre esta notable adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, y las contradicciones existentes en Costa Rica que la alejan cada vez más de una aprobación del Acuerdo de Escazú, véase BOEGLIN N., "Acuerdo de Escazú: Chile es oficialmente Estado Parte número 13. Algunas breves reflexiones desde Costa Rica",  Diario Constitucional, edición del 31 de julio del 2022, disponible aquí. 

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Programa "Lo que importa" (Canal 15 UCR) sobre el Acuerdo de Escazú y webinar desde Chile este 21 de julio

 

Programa "Lo que importa" (Canal 15 UCR) sobre el Acuerdo de Escazú y webinar desde Chile este 21 de julio

En una reciente edición del programa Lo que Importa, conducido por la periodista Alejandra Fernández Bonilla, se analizaron los alcances y los desafíos que le significan a Costa Rica la no aprobación del Acuerdo de Escazú (cuyo título completo es "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe"). 

La entrevista abarcó varios temas relacionados a la extraña situación en la que se encuentra Costa Rica. La reciente adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno del Poder Legislativo de Costa Rica, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022. 

Actualmente el Acuerdo de Escazú cuenta con 24 firmas y 12 Estados que lo han ratificado (entre los cuales Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá, Uruguay), a los que hay que añadir Chile desde el pasado 13 de junio del 2022 (véase tabla oficial de firmas y ratificaciones). 

La idea original del Acuerdo fue la de  "equiparar la cancha" en América Latina y en el Caribe en materia ambiental, desde una perspectiva de derechos humanos, a partir de tres ejes principales: 

- acceso a la información técnica en materia ambiental;  

- derecho a la participación ciudadana en materia ambiental

- acceso a una justicia ambiental.

Según lo explicado en la precitada entrevista, América Latina se destaca por ser la región, a nivel mundial, en la que más personas que defienden el ambiente son asesinadas. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado en reconocer la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los líderes, en particular de pequeñas comunidades, procurando (en su artículo 9, propuesto inicialmente por Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Panamá)  protegerlos. En efecto, esta disposición obliga a los Estados a prever algún tipo de mecanismo que impida las intimidaciones y amenazas de las que son muy a menudo objeto, y a proteger la vida de quienes protegen el ambiente. El caso de dos líderes asesinados en menos de un año entre marzo del 2019 y febrero del 2020 evidencia que Costa Rica no escapa a esta triste realidad. También se recordó la muerte de Jairo Mora en el 2013, asesinado mientras investigaba con un equipo de voluntarios la llegada masiva de tortugas a playa Moín con relación a lo registrado en otras playas del Caribe costarricense: su asesinato plantea varias interrogantes a la fecha no dilucidadas y pareciera que las autoridades buscan olvidarlo como lo concluye este valioso artículo suscrito por un reconocido ecologista costarricense.

En Costa Rica existe un sector económico que se opone rotundamente a ver consolidada la participación ciudadana en materia ambiental, eje del Acuerdo de Escazú. Resulta oportuno recordar que  durante la administración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010), la única ley aprobada por la Asamblea Legislativa y vetada por el Poder Ejecutivo  en cuatro años fue precisamente la Ley de Participación Ciudadana en Materia Ambiental. En el 2012, so pretexto de que un magistrado de la Sala Constitucional "no favorece el clima de negocios"  (Nota 1) una burda y grosera maniobra para no reelegir a Fernando Cruz fracasó estrepitosamente, exhibiendo a varios partidos políticos que se prestaron para tan indecoroso intento.

La deriva de las actuales autoridades en materia ambiental han encendido las alarmas y contribuyen a minar un poco más la credibilidad internacional de Costa Rica en materia ambiental (Nota 2).

Si desea ver la entrevista completa del programa "Lo que importa", puede consultarla en el siguiente enlace: 

https://www.quinceucr.tv/videos/lqi-acuerdo-de-escazu  

Este próximo 21 de julio, un webinar organizado desde un medio importante en Chile (Diario Financiero) nos reunirá con expertas chilenas, y se titula "Chile y el Acuerdo de Escazú: nuevos estándares de participación ciudadana" (véase enlace): un formato de conversación que a la fecha en Costa Rica no se ha replicado desde algun medio de prensa importante o equivalente a Diario Financiero en Chile. El formulario de inscripción y registro previo se encuentra disponible en este enlace  y se puede también accesar desde este enlace de FaceBook de Diario Financiero.

Nota 1: Esta insólita expresión fue usada por parte del jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) para justificar en noviembre del 2012, la propuesta tendiente a evitar la reelección del magistrado Fernando Cruz en la Sala Constitucional (véase la entrevista realizada por el Semanario Universidad). El intento fracasó, y dio pie a una movilización raramente vista del gremio judicial y expresiones de solidaridad, tanto nacional como internacionales, apoyando al magistrado Fernando Cruz Castro. Desde Naciones Unidas, la misma Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de los Magistrados y los Abogados envió una carta a las autoridades costarricenses (véase el texto completo), señalando, entre varios aspectos que: "quiero expresar mi consternación por las alegaciones según las cuales los acontecimientos en contra del Magistrado Fernando Cruz no representarían un caso aislado, sino formarían parte de una nueva tendencia a la intimidación y control sistemático del Órgano Judicial por parte del Órgano Legislativo". 

Nota 2: Iniciativas legislativas recientes (y promovidas desde el Poder Ejecutivo) altamente preocupantes, que limitarían sustancialmente en Costa Rica la participación ciudadana en materia ambiental, han provocado fuertes reacciones en estos primeros días del mes de julio del 2022: véase por ejemplo nota de prensa titulada "Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental" y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta "reforma" de la máxima instancia ambiental en Costa Rica, al igual que este reportaje publicado en el Semanario Universidad el 6 de julio del 2022. Un reciente artículo publicado en el Semanario Universidad el 13 de julio titulado "Cámaras empresariales le sonríen a Rodrigo Chaves" da cuenta de una agenda del Poder Ejecutivo muy cercana a las exigencias de las principales cúpulas empresariales. Es muy probable que parte de las "sonrisas" recibidas por el actual mandatario se hayan multiplicado cuando afirmó al iniciar el mes de mayo del 2022 (véase cable de la agencia EFE) que: "El sector privado debe de estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno".

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Acuerdo de Escazú: Chile oficialmente es Estado Parte número 13. Algunas breves reflexiones desde Costa Rica

Acuerdo de Escazú:  Chile oficialmente es Estado Parte número 13.  Algunas breves reflexiones desde Costa Rica

 

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

 

En la última semana del mes de junio del 2022, Naciones Unidas ha procedido a actualizar el estado oficial (véase enlace)  de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú: desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por el Poder Ejecutivo de Chile. 

La forma con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú, el nivel de consenso con el que se aprobó, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, plantea ahora algunas interrogantes: en particular en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú referían a la discusión enardecida en Chile como un "argumento" para no aprobar este tratado regional, adoptado en el 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe (y cuyo texto se encuentra disponible en este enlace). 

Con relación a Costa Rica, esta adhesión de Chile la coloca en una situación aún más aislada e incómoda, confirmándose de paso la pronunciada soledad  del Poder Judicial costarricense en América Latina, tal y como lo veremos en las líneas que siguen. 

Un detalle de números que merece mención

Resulta oportuno precisar los números obtenidos en las votaciones que se realizaron en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú: 

- el 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones;

- el 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. 

Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos "argumentos" en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Y que cuando un Poder Ejecutivo se toma el tiempo de explicar los alcances de este tratado, no hay "argumentos" en su contra que se logren sostener.

A su vez, estas cifras alcanzadas en ambas cámaras chilenas recuerdan que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado), que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos  a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial) y que en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).

Como indicado anteriormente, a partir del 13 de junio del 2022, gracias a Chile, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se eleva a 13 (de 33 Estados que pueden serlo). Cabe recordar que de estos 33 Estados, 24 lo han firmado mientras que 9 no lo han hecho. De los 24 que ya lo han firmado, permanecen 11 Estados sin aprobación legislativa del Acuerdo de Escazú. 

Una anhelada rectificación por parte de Chile

La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro del actual Poder Ejecutivo, que pone fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo. De poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en la sede de Naciones Unidas en Nueva York de apertura oficial del Acuerdo de  Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado en un recinto como el de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) la necesidad de aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte: sobre este último llamado hecho desde una entidad cercana al Vaticano, resulta de interés observar que no todas las cúpulas de la Iglesia Católica le dieron eco en algunos Estados de América Latina, y que varias agrupaciones políticas en América Latina que se reclaman de la Doctrina Social de la Iglesia hicieron caso omiso de esta excitativa.

 

Escazú: un instrumento de vanguardia

Escazú ha sido descrito por especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 1). 

Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica  de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus (Nota 2). Como se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa. 

Una evidencia más de la visión  meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y necesaria aprobación.

En el mes de abril, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales y entidades públicas así como público en general interesado. 

En estos primero días del mes de julio, Argentina ha anunciado (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.

Sean o no Estados Partes al Acuerdo de Escazú, la implementación del Artículo 9 que versa sobre la protección a los defensores del ambiente debería interesar de manera urgente a muchos Estados en los que, semana tras semana, son asesinadas personas que alzan la voz en defensa de su comunidad;  y otros Estados en los que lideres de pequeñas comunidades urbanas, campesinas y/o indígenas (muchas veces mujeres) sufren distintas formas de presión y de intimidación cuando reclaman por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. Recientemente en Argentina, medidas de protección fueron solicitadas para proteger a una defensora ambiental desde una entidad estatal (véase nota del 25 de julio del 2022): una actitud del Estado que resultaría sumamente oportuno extender a muchas personas más en otras latitudes del continente americano.

 

Chile avanza con Escazú ...

Chile en este mes del ambiente logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 3).

Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción ( véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas. 

El pasado 22 de junio, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia). Unas semanas antes, el titular de la cartera de Agricultura de Chile externó criterios (véase comunicado oficial) sobre el Acuerdo de Escazú que debería inspirar a algunos de sus homólogos en América Latina a  cambiar de parecer, al sostener que:

"los conflictos se basan en la falta de confianza entre los actores y para eso es fundamental la información y la participación. Este tratado nos obliga a cumplir fielmente la participación e información para las decisiones ambientales sustentables de un ministerio comprometido con la agricultura verde".

No cabe duda que el Acuerdo de Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo implementar y materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 que tuvimos la oportunidad de analizar, la segunda se realizará ... también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.

... y se abren  perspectivas para Escazú

En América Latina se considera que a raíz de los cambios políticos acaecidos en Colombia, Escazú tiene ahora posibilidades de ser aprobado ahí, sin más titubeos,  zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo dejó entrever quien asumió desde el 20 de julio la Presidencia del Senado de Colombia en una muy reciente entrevista: y así se confirmó este 26 de julio  del 2022 al aprobar el Senado colombiano el Acuerdo de Escazú con un contundente voto de 74 a favor y 22 en contra (véase nota de prensa). Nuevamente aquí la contundencia de las cifras exhibe la debilidad de las "razones" para oponerse a Escazú que permite presagiar una muy pronta aprobación en la otra cámara del Congreso colombiano.

Honduras por su parte sigue con un Ejecutivo que a la fecha no ha iniciado la firma del Acuerdo de Escazú. Se trata de un gesto político de importancia que bien podría materializarse, si se considera que la fecha del 4 de marzo del 2018 para el Acuerdo de Escazú se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este vil asesinato acaba de ser condenado el pasado 21 de junio  (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que: 

"Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad".  

En los primeros días de julio se ha informado de campañas de información en Honduras sobre el Acuerdo de Escazú (véase nota de La Tribuna de Honduras) que deberían de poderse replicar en otras latitudes. Cabe precisar que Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen ausentes entre quienes no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.

 

Foto: El nuevo Presidente de Chile Gabriel Boric y Constance Nalegach, ex negociadora del Acuerdo de Escazú durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).

 

Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación incómoda

No está de más señalar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Observar a Costa Rica en... ¿semejante lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.

En el caso de Costa Rica, la ejemplar adhesión de Chile podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022. 

Lamentablemente, iniciativas legislativas recientes (y promovidas desde el Poder Ejecutivo) altamente preocupantes, que limitarían sustancialmente en Costa Rica la participación ciudadana en materia ambiental, han encencido las alarmas en estos primeros días del mes de julio del 2022 (véase por ejemplo nota de prensa titulada "Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental" y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta "reforma" de la máxima instancia ambiental en Costa Rica, al igual que este reportaje publicado en el Semanario Universidad el 6 de julio del 2022). 

Un reciente artículo publicado en el Semanario Universidad el 13 de julio titulado "Cámaras empresariales le sonríen a Rodrigo Chaves" da cuenta de una agenda del Poder Ejecutivo muy cercana a las exigencias de las principales cúpulas empresariales.

Casi al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses (Cartago) evidencia la total falta de pericia de las actuales autoridades costarricenses a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio): este caso confirma - una nueva vez - la urgente necesidad de garantizar y de consolidar un participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunicades afectadas por la expansión piñera es otra pesada y dramática deuda que arrastran desde muchos años las autoridades sanitarias y ambientales de Costa Rica (véase este muy completo reportaje del 2019 publicado en el medio digital Delfino.cr, cuya lectura se recomienda y el documental siempre de una indignante actualidad, “No nos tapen la boca: hablemos de contaminación piñera. Homenaje a Mayra Umaña, lideresa ecologista”, del programa Era Verde, Canal 15 UCR, realizado en el 2014). No está de más señalar la catástrofe ambiental provocada por una empresa minera en Abangares el pasado15 de julio (véase nota del Semanario Universidad) que viene a desnudar nuevamente la falta de capacidad fiscalizadora del Estado costarricense y los altos riesgos de la minería química en países tropicales.

Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento - algo original - de las autoridades de  salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o "Sweet Gold") en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: "Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad" (véase artículo del Semanario Universidad titulado "Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa").

Recientemente el Acuerdo de Escazú fue usado en Argentina por un juez para obligar a un municipio a entregar información sobre la calidad del agua suministrada (véase nota de ElEco de Tandil ), al tiempo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspició con las máximas autoridades de Chile un valioso espacio virtual explicando los alcances de la participación ciudadana prevista en Escazú (véanse nota y video de evento realizado el 25 de julio del 2022).

Costa Rica y Escazú: de silencios y preguntas sin responder y de algunas otras extrañezas

Como lo recordábamos durante la última semana de junio en un foro internacional celebrado en San José sobre Derechos Humanos (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos y video - intervención nuestra a partir de 1:59:00), el eje de la participación ciudadana informada en materia ambiental constituye uno de los tres pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus para Europa (1998). Si todos somos titulares de derechos, estos deben poder ejercerse. Permitir una participación informada permite en gran medida desjudicializar. No permitir que las pequeñas comunidades puedan participar en asuntos ambientales irremediablemente lleva a una pronunciada judicialización, tal y como la que se observa en Costa Rica y en muchas partes de América Latina. 

En esta misma ponencia reiteramos también, con relación a Costa Rica, lo que tuvimos la oportunidad de externar en la emisión de abril pasado del Programa de Canal15 UCR,"Lo que importa", dirigido por la periodista Alejandra Fernández Bonilla y lo que recientemente tuvimos la oportunidad de destacar con dos colegas desde Chile (véase video de emisión auspiciada por Diario Financiero -Live de Chile realizada el 21 de julio del 2022).

Los costarricenses (pero también los colombianos, los guatemaltecos, los paraguayos y los peruanos)  ya han podido por sí solos apreciar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrir si se aprueba el Acuerdo de Escazú  ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con esta adhesión al Acuerdo de Escazú, le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación.

Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales costarricenses en el medio digital de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos "argumentos" contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.

Ya nuestro colega Mario Peña Chacón ha explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales para oponerse al Acuerdo de Escazú; así como por una magistrada de la Sala Constitucional, quien redactó una "nota" en marzo del 2020 adjunta a una decisión de la Sala Constitucional,  en la que se lee que:

"Es indiscutible que en nuestro régimen constitucional, es el Estado quien tiene la obligación de probar la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado; en ese sentido la norma consultada al permitir que se aplique la inversión de la carga de la prueba en contra del acusado, en estos supuestos, es violatoria del derecho de defensa como aspecto integrante del debido proceso. Podría alegarse que la norma se puede interpretar para excluir la materia penal utilizando la frase "cuando corresponda" citada en la norma, no obstante, estimo que no puede dejarse a criterio del operador jurídico, vía interpretación, un aspecto tan delicado, que -por sus efectos-, no puede quedar al arbitrio interpretativo, de tal forma que estimo debió excluirse expresamente la materia penal de la posible inversión de la carga de la prueba" (Nota 4). 

Para tranquilidad de muchos colegas, y pese al criterio externado en su extraña "nota" por la precitada magistrada, en ninguno de los Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, la inversión de la carga en materia ambiental ha venido a amenazar el principio de inocencia invadiendo el ámbito del derecho penal; como tampoco se ha observado desde 1998, año en que el ordenamiento jurídico costarricense consagró este principio propio del derecho ambiental, algún debilitamiento de la presunción de inocencia en materia penal. A modo de confidencia entre un autor y el lector, es con un sentimiento de profunda pena que su pluma redactó estas dos últimas frases (y desde ya se agradece la cómplice comprensión de nuestros fieles lectores). 

Con relación a otros supuestos "argumentos“ contra Escazú,  tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de Doble Check así lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy...) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: "UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú".

El mismo jurista Mario Peña Chacón había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase por ejemplo carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente: véanse por ejemplo en Perú este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros - y este otro documento suscrito esta vez por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana -, o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase  texto completo). 

Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de Eco Turismo y Turismo Sostenible (CANAECO)  tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la CANATUR (véase comunicado): la cámara nacional de la industria turística costarricense, que basa en gran parte su quehacer en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¿adversando el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente? Vaya tristeza, desconsuelo y profunda consternación para muchos. 

Igualmente desconcertante puede resultar el hecho que este comunicado de prensa oficial de la CEPAL del 8 de marzo del 2022 no encontrara eco alguno en los medios de prensa costarricenses: el desconcierto y la consternación deben ser mayores al observarse que esta importante cita con todos los Estados que integran a la CEPAL tuvo lugar en la capital costarricense. El asombro debe llegar a límites jamás sospechados al ver que un comunicado de prensa oficial de la cancillería costarricense sobre esta misma reunión ... no encontró eco en ningun medio de prensa en Costa Rica (Nota 5).

La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina

Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un "descubrimiento", único  en todo el continente americano, al momento de redactar estas líneas, realizado por su Poder Judicial. 

En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento de abril del 2022), ha sostenido un criterio similar  al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: según ella (y solamente ella...), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. 

El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y vaya notable esfuerzo de creatividad. Una interpretación realmente novedosa pero totalmente errada, y detectada por tan solo un magistrado constitucional, de los siete que integran a la Sala Constitucional (Nota 6). 

En realidad este "descubrimiento" no debería verse como algo fortuito, sino que, confirmado por la Sala Constitucional, se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva del mismo juez constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental, muy pocamente divulgada y cuestionada (Nota 7).

Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad - en nuestra opinión bastante insólita -  del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.

Algunos aportes realizados desde la UCR

A diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, son realmente escasos los documentales/videos realizados en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú por parte de especialistas en comunicación colectiva y producción audiovisual. 

De las pocas producciones audiovisuales existentes, podemos referir a dos documentales provenientes de la Universidad de Costa Rica (UCR) elaborados desde la Vicerectoría de Acción Social (VAS) en agosto del 2021, titulado el primero  "UCCAEP y el Acuerdo de Escazú": el cual retrata, de manera bastante completa, la posición de las cámaras empresariales costarricenses y de algunas de sus fichas políticas (véase video). 

Este primer video fue completado por otro sobre la precaria situación en la que viven los defensores del ambiente costarricenses, titulado "El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales", que también se recomienda (véase video). Entre otros, este documental incluye una entrevista al líder indígena Jerhy Rivera, asesinado en el 2020 en Costa Rica, y otra a una valiente lideresa que lleva muchos años denunciando la expansión insensata de la piña en su cantón (Guácimo).

Por razones que desconocemos, ambos videos no han sido difundidos en las redes oficiales de la VAS de la UCR, como tampoco en las de la Rectoría (pese a incluir ambos documentales una entrevista al actual Rector de la UCR), ni en las redes institucionales de la UCR. Esperamos que al haberlos incluido en este mismo texto, se permitirá  paliar esta inexplicada omisión. 

Desde ya hacemos un llamado a especialistas en comunicación colectiva y en producción audiovisual de Costa Rica a inspirarse en las producciones realizadas en Chile, Colombia o Perú sobre la importancia del Acuerdo de Escazú en aras de dar a conocer su verdadero alcance a la opinión pública: este video realizado por el equipo de comunicadores de LaPulla (Colombia), titulado "La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas"  da una idea de lo que puede producir un equipo talentoso. 

Una emisión radial de mayo del 2021 realizada desde Radio UCR titulada "Costa Rica sin el Acuerdo de Escazú: el doble rasero en la narrativa de Derechos Humanos" conducida por las juristas  Gisele Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón (véase video) también merece mención, entras varias valiosas emisiones sobre el tema auspiciadas (todas) desde los medios de prensa de la UCR. 

Con relación a otros medios de prensa, nos permitimos referir a nuestros estimables lectores a la emisión "Café para Tres" realizada en abril del 2021 desde el medio digital Delfino.cr. (véase video): se trató de un primer intento de debatir públicamente los "argumentos" de la UCCAEP.  

A modo de conclusión

Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá más incómoda e insostenible, por lo que planteamos desde ya algunas interrogantes: 

- ¿Estaremos aún a tiempo, después de Chile, de rectificar? 

- Habiendo Chile y Costa Rica co-liderado el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica? 

- ¿Habrá que esperar que Colombia también lo apruebe (y luego tal vez Brasil, Honduras o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione? 

Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica, y que ofrece a todo Estado que lo aprueba el Acuerdo de Escazú?

No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una entrevista a ambos en la televisión universitaria,  nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.

 

- -Notas- -

Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., "Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental", Delfino.cr, edición del 17 de abil del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a dos valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).  

 

Nota 2: Salvo Liechtenstein y Mónaco, todos los Estados de la región europea lo han ratificado sin mayor problema, siendo Irlanda el último en hacerlo en el 2012 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). El mecanismo convencional de seguimiento sobre la implementación de la Convención de Aarhus, el denominado "Comité de Cumplimiento" (véase sitio oficial) ha cobrado particular interés de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú y ha inspirado parte de las mismas disposiciones del Acuerdo de Escazú. ¿Proyectos de inversión en Europa paralizados a raíz de la adopción de la Convención de Aarhus?¿Suspensión de grandes proyectos de infraestructura?¿Salida masiva de inversión extranjera en Europa a partir de la entrada en vigencia de Aarhus? Otras preguntas muy válidas a externarles a los detractores al Acuerdo de Escazú en América Latina y sus pretendidos "argumentos"en contra de un tratado regional cuyos objetivos coinciden exactamente con los de la Convención de Aarhus para Europa. 

Nota 3: Es así como  algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar que debría inspirar a otras cancillerías). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía y coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.

Nota 4: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la segunda "nota" que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú: véase texto completo y las dos "notas". Con relación al contenido de la "nota" de la precitada magistrada, en un artículo publicado en Ojoalclima en abril del 2021 (véase artículo), la ex negociadora del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal Cordero, detectó una coincidencia que, en nuestra modesta opinión, ameritaría una explicación: "Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto", añadió Madrigal."

Nota 5: Este comunicado lo reproducimos en una nota anterior (véase texto en la Nota 3) en BOEGLIN N., "La aprobación del Acuerdo de Esvazú en Chile. Algunas reflexiones a propósito de la celebración del Día Internacional del Ambiente", Portal UCR, Sección Voz Experta, edición del 7 de junio del 2022, disponible aquí. 

Nota 6: Es de notar que en su voto salvado que se adjunta a esta decisión (véase texto completo ) de la Sala Constitucional de marzo del 2020, el Magistrado Paul Rueda fue el único en señalar la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: "Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone". Este voto salvado es de marzo del 2020: a junio del 2022, el hecho que ningún otro Poder Judicial en América Latina haya llegado a semejante "descubrimiento" refuerza la justeza del criterio externado de forma solitaria por el Magistrado Paul Rueda.

Nota 7: En efecto, no es la primera vez que en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y ... solamente ella) como un derecho humano: ello se desprende  del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016  en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia  para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar  una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una "moratoria indefinida". Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad ».