Senado de Irlanda adopta ley que prohibe importación de productos israelíes provenientes de territorios palestinos ocupados

Senado de Irlanda adopta ley que prohibe importación de productos israelíes provenientes de territorios palestinos ocupados.

El pasado 11 de julio, el Senado de Irlanda adoptó una ley que prohibe la comercialización en Irlanda de productos israelíes provenientes de territorios palestinos ocupados (véase nota de The Guardian y texto completo de la ley adoptada). Para la senadora proponente de esta iniciativa,

"The bill seeks to prohibit the import and sale of goods, services and natural resources originating in illegal settlements in occupied territories. Such settlements are illegal under both international humanitarian law and domestic Irish law, and result in human rights violations on the ground. Despite this, Ireland provides continued economic support through trade in settlement goods" (véase declaración dada antes de la votación del texto).

Foto extraída de artículo de prensa titulado "Irish senate approves ban on products from Israeli settlements" (the Guardian)

Una reacción israelí algo estridente

Como previsible, la reacción israelí no se hizo esperar: su Ministro de Relaciones Exteriores externó que:

“The Irish Senate has given its support to a populist, dangerous and extremist anti-Israel boycott initiative that hurts the chances of dialogue between Israel and the Palestinians” (véase nota del Jerusalem Post.

Más allá de las habituales gesticulaciones del aparato israelí que ya no impresionan mayormente, esta ley irlandesa posiblemente inspire ahora a legisladores de otras latitudes, conscientes del apoyo indirecto a la ocupación ilegal israelí de territorios palestinos que significa comercializar ciertos productos israelíes. Tal y como lo indicó en su comunicado Amnistía Internacional (AI) (véase texto completo del comunicado),

"Les États qui promeuvent ou autorisent ces activités participent, tout au moins implicitement, de la reconnaissance d’une situation illicite et contribuent à son maintien, allant ainsi à l'encontre de leurs obligations internationales de ne pas reconnaître comme licite et de ne pas contribuer à une situation illégale (la création de colonies par une puissance occupante dans un territoire occupé)".

Productos israelíes y su comercialización en la Unión Europea

Cabe notar que en noviembre del 2015, la Comisión de la Unión Europea adoptó una regulación (véase texto completo) sobre la necesidad de etiquetar los productos israelíes provenientes de los territorios ocupados palestinos, como parte de la información ofrecida al consumidor europeo. Se lee en la parte introductiva que :

"La aplicación de la legislación vigente de la Unión sobre la indicación del origen de los productos originarios de los territorios ocupados por Israel ha sido objeto de notas o de instrucciones adoptadas por las autoridades competentes de varios Estados miembros. En efecto, los consumidores, los agentes económicos y las autoridades nacionales piden claridad acerca de la legislación vigente de la Unión sobre la información relativa al origen de los productos procedentes de los territorios ocupados por Israel. El propósito es también garantizar el respeto de las posturas y los compromisos de la Unión con arreglo al Derecho internacional acerca del no reconocimiento por parte de la Unión de la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados por este país desde junio de 1967".

En noviembre del 2016, se pudo leer en el "Journal Officiel" en Francia un texto pocamente difundido en medios de prensa franceses, destinado esta vez a los operadores económicos galos, titulado precisamente "Avis aux opérateurs économiques relatif à l'indication de l'origine des marchandises issues des territoires occupés par Israël depuis juin 1967". En este aviso, se puede leer que:

"...'en vertu du droit international le plateau du Golan et la Cisjordanie, y compris Jérusalem Est, ne font pas partie d'Israël. En conséquence, l'étiquetage des produits alimentaires, afin de ne pas induire en erreur le consommateur, doit indiquer de manière précise l'exacte origine des produits, que leur indication soit obligatoire en vertu de la réglementation communautaire ou qu'elle soit volontairement apposée par l'opérateur" (véase texto completo).

Como se puede apreciar, la UE considera que el consumidor europeo tiene derecho a saber de donde proviene en Israel el producto que consume. No obstante, es muy posible que esta reglamentación europea del 2015 aún no sea del todo implementada en algunos Estados de la UE que mantienen lazos privilegiados con Israel o cuyos sectores económicos se muestran, por alguna razón, reservados con este tipo de regulaciones. Al respecto, un balance en el marco de la UE permitiría identificar cuáles de sus 28 Estados miembros siguen sin acatar lo dispuesto por la UE en este preciso ámbito. Ahora bien, el etiquetado es un primer abordaje, pero que debiera ser completado con otro más efectivo: la prohibición de importar ciertos bienes y productos israelíes.

Un artículo publicado en el 2016 sobre las regulaciones europeas concluía justamente que :

"En este sentido, la exclusión del tratamiento preferencial y la obligación del etiquetado se quedan cortas, y sería deseable prohibir la importación de los productos originarios de los asentamientos para cumplir con las obligaciones dimanantes del derecho internacional general, fundamentalmente la obligación de no prestar ayuda o asistencia al mantenimiento del ilícito y la obligación de asegurar el respeto por parte de Israel del derecho internacional humanitario" (véase MANERO SALVADOR A., "La Unión Europea y los asentamientos israelíes en Palestina", Revista de Derecho Comunitario Europeo, 54 (2016), 595-628, p. 628. Artículo disponible en la red).

Condenar una ocupación ilegal es también prohibir la comercialización de productos originarios de la colonización ilegal

Desde el punto de vista jurídico, la prohibición de comercializar estos productos adoptada en Irlanda puede incluso considerarse como una derivación lógica de la resolución 2334 (véase texto) del Consejo de Seguridad adoptada en diciembre del 2016, la cual condena de forma inequívoca los asentamientos ilegales de Israel en territorios palestinos, y cuya votación tuvimos la oportunidad de analizar (véase nota nuestra publicada en DIPúblico).

Estos y otros esfuerzos se inscriben dentro de una campaña más amplia del movimiento BDS que, desde la sociedad civil, busca desincentivar el comercio y las inversiones con Israel. Como se recordará, semanas antes del inicio del Mundial de Rusia 2018, la selección de Argentina suspendió un partido de fútbol con la selección de Israel previsto en Jerusalén. Unos días antes, fue la popular cantante Shakira, oriunda de Colombia, la que suspendió un concierto programado en Israel.

A modo de conclusión: Irlanda y la UE, Israel y su incondicional aliado ante el escrutinio internacional

Es de recordar que, en el 2014, fue el Parlamento irlandés el que inició una sostenida secuencia de solicitudes hechas luego por parlamentos europeos a sus respectivos poderes ejecutivos, solicitando esta vez el reconocimiento de Palestina como Estado: véase análisis nuestro con relación a la solicitud votada por una abrumadora mayoría el 18 de noviembre del 2014 por parte del Congreso de España (publicada en Debate Global, y disponible aquí) y del Congreso de Francia (véase nota publicada en DerechoalDia).

Como tuvimos oportunidad de señalarlo en una nota reciente (véase texto), el retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio del 2018 no es ajeno a las exacciones cometidas por Israel en Gaza, y confirma la inédita alianza existente entre el actual ocupante de la Casa Blanca y las máximas autoridades de Israel.

Es muy posible que esta situación, aunada a otros factores, lleve a diversos parlamentos a adoptar, tanto en Europa como fuera de ella, una legislación muy similar a la adoptada por el Senado de Irlanda.

Caso Amrhein contra Costa Rica: Corte DIH da a conocer su decisión

Este 10 de julio del 2018, la Corte IDH dio a conocer el fallo en contra de Costa Rica en el caso Amrhein y otros contra Costa Rica, trasladado a la Corte IDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2014.

La Comisión alegó que "conforme al marco procesal penal vigente al momento de las referidas condenas, el recurso existente era el recurso de casación que se encontraba limitado a cuestiones de derecho, excluyendo la posibilidad de revisión de cuestiones de hecho y prueba. Asimismo, se alega que las dos reformas legislativas adoptadas por el Estado con posterioridad a dichas sentencias tampoco permitieron garantizar el derecho a recurrir el fallo de las presuntas víctimas, en tanto los mecanismos ofrecidos para las personas con condena en firme antes de dichas reformas, adolecieron de las mismas limitaciones. Por otra parte, según se alega, respecto de algunas presuntas víctimas, el Estado vulneró el derecho a las garantías judiciales en el marco de los procesos penales en su contra, el derecho a la libertad personal por la ilegalidad y duración no razonable de la detención preventiva y el derecho a la integridad personal por las malas condiciones de detención en el centro penitenciario donde estuvieron recluidas"

Costa Rica presentó una bateria de excepciones preliminares intentando esquivar la competencia del juez interamericano, las cuales fueron presentadas durante las audiencias celebradas en febrero de 2017: véase nota nuestra al respecto en la que se concluía que : "no cabe duda que el caso Manfred Amrhein y otros vs Costa Rica constituye un desafío para el sistema judicial costarricense, para su sistema penal, incluyendo la administración penitenciaria, objeto de diversos señalamientos desde hace ya muchos años en cuanto a las condiciones de detención imperantes".

En su decisión final (véase texto completo), luego de un extenso texto, se lee en la parte resolutiva de la sentencia que la Corte IDH considera procedentes algunas excepciones preliminares presentadas por Costa Rica pero desestima ocho excepciones preliminares presentadas (pp. 155-156), concluyendo que (pp.156 y subsiguientes):

"11. El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del Grupo 4 (Jorge Martínez Meléndez), en los términos de los párrafos 350 a 369 de esta Sentencia.

Por unanimidad, que:

12. El Estado no es responsable por la violación del derecho a recurrir el fallo contenido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana, en relación con el artículo 8.1 de la misma, en perjuicio del Grupo 2 (Rafael Rojas Madrigal), Grupo 3 (Luis Archbold Jay y Enrique Archbold Jay), Grupo 4 (Jorge Martínez Meléndez) y Grupo 7 (Miguel Mora Calvo) en los términos de los párrafos 255 a 345 de esta Sentencia.

Por unanimidad, que:

13. El Estado no es responsable por la violación de los derechos a un juez imparcial establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del Grupo 4 (Jorge Martínez Meléndez), el Grupo 2 (Rafael Rojas Madrigal) y el Grupo 7 (Miguel Mora Calvo), en los términos de los párrafos 383 a 417 y 456 de esta Sentencia.

Por unanimidad, que:

14. El Estado no es responsable por la violación a la presunción de inocencia establecida en el artículo 8.2 de la Convención Americana en perjuicio del Grupo 4 (Jorge Martínez Meléndez), en los términos del párrafo 390 de esta Sentencia.

Por unanimidad, que:

15. El Estado no es responsable por la violación del derecho a un juicio en un plazo razonable establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana en perjuicio del Grupo 4 (Jorge Martínez Meléndez), en los términos de los párrafos 419 a 429 y 456 de esta Sentencia.

Por unanimidad, que:

16. El Estado no es responsable por la violación del derecho a la defensa establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana en perjuicio de los miembros del Grupo 3 (Luis Archbold Jay y Enrique Archbold Jay); del Grupo 4 (Jorge Martínez Meléndez) y del Grupo 2 (Rafael Rojas Madrigal), en los términos de los párrafos 436 a 456 de esta Sentencia.

Por unanimidad, que:

17. El Estado no es responsable por la violación del derecho a la defensa contenido en el artículo 8.2.f de la Convención Americana en perjuicio del Grupo 4 (Jorge Martínez Meléndez), en los términos de los párrafos 450 a 452 y 458 de esta Sentencia. Por unanimidad, que:

18. El Estado no es responsable por la violación del derecho a recurrir la legalidad de sus arrestos contenido en los artículos el artículo 7.6 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del Grupo 4 (Jorge Martínez Meléndez), en los términos de los párrafos 370 a 372 de esta Sentencia.

Por unanimidad, que:

19. El Estado no es responsable por la violación del derecho a la integridad personal contenido en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del Grupo 8 (Damas Vega Atencio), en los términos de los párrafos 459 a 465 de esta Sentencia.

Y DISPONE:

Por cinco votos a favor y uno en contra, que:

20. Esta Sentencia constituye, por si misma, una forma de reparación.

Por unanimidad, que:

21. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 474 de la Sentencia, en los términos dispuestos en los párrafos 474 a 475 de la misma. Por cinco votos a favor y uno en contra, que:

22. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 483, 490 y 497 de esta Sentencia, por concepto de compensación por daño inmaterial y material, y por el reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos referidos y de lo previsto en los párrafos 479 a 497 de esta Sentencia.

Por unanimidad, que:

23. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos del párrafo 500 de esta Sentencia.

Por unanimidad, que:

24. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.

Por unanimidad, que:

25. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma".

Del estudio de la situación de una gran cantidad de presuntas víctimas, la Corte IDH únicamente "declaró internacionalmente responsable al Estado costarricense por la violación del derecho a la libertad personal (artículos 7.1, 7.3 y 7.5 de la Convención Americana) en perjuicio del señor Jorge Martínez Meléndez, quien estuvo durante más de 13 meses en prisión preventiva excediendo los plazos legales previstos y no contando con el adecuado control sobre la necesidad y razonabilidad de la prisión preventiva" (véase comunicado de la Corte IDH): se trata de una condena que, si bien alivia el Estado costarricense (y fue celebrada como una verdadera victoria por parte de su Ministerio de Relaciones Exteriores), también interpelará a varias entidades con relación a la gran cantidad de privados de libertad en prisión preventiva más allá de los plazos legales estipulados en la legislación costarricense.

La ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la súbita demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes

La ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la súbita demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes

Recientemente, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) hizo pública su primera decisión con respecto a la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela en marzo del 2018. La CIJ tomó esta decisión pese al anuncio reciente de Venezuela de no participar en el procedimiento contencioso incoado por Guyana. En las líneas que siguen se intentará poner en contexto la decisión tomada por Guyana, al parecer un tanto urgida, y explicar el interés que puede haber por someter esta disputa territorial con Venezuela de más de 50 años a la justicia internacional.

Introducción

La CIJ ha anunciado este 2 de julio del 2018 su primera decisión con respecto a la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela en marzo del 2018: se trata de una ordenanza (o "providencia") en la que ofrece a ambos Estados la posibilidad de dar a conocer su criterio sobre su jurisdicción, fijándoles un plazo para hacerlo (véase el texto de su comunicado de prensa en inglés y en francés con fecha del 2/07/2018). La CIJ tomó esta decisión pese al anuncio hecho por Venezuela el 18 de junio del 2018 de no participar en el procedimiento contencioso al que Guyana quiere someter la disputa territorial sobre la región de Esequibo (véase nota nuestra sobre decisión venezolana del 18 de junio pasado que reproduce el comunicado oficial de Venezuela en su parte final).

Como es sabido, para que dos Estados acudan al juez internacional, ambos deben haber consentido previamente a ello, y no solamente uno de ellos.

Dos Estados tradicionalmente distantes con el juez internacional

La decisión unilateral de Guyana de someter su diferendo con Venezuela a la CIJ amerita algunas precisiones. En efecto, tanto Venezuela como Guyana han históricamente mantenido sus distancias con la CIJ: no son parte al Pacto de Bogotá de 1948 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), un tratado interamericano que permite a un Estado entablar una demanda en La Haya contra otro Estado del hemisferio americano; tampoco han reconocido nunca la jurisdicción de la Corte de La Haya mediante la declaración facultativa prevista en el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la CIJ (véase lista oficial de declaraciones hechas).

La situación de Guyana con relación a la CIJ es idéntica a la de otra antigua colonia británica en el continente, Belice. Para resolver una disputa marítima con Surinam, Guyana escogió acudir a la técnica del arbitraje: ambos Estados conformaron un tribunal arbitral compuesto por cinco árbitros. El laudo arbitral fue dado a conocer en septiembre del 2007 (véase texto completo y mapa de la línea divisoria decidida por el tribunal arbitral).

En el caso de Venezuela y de su posición con respecto a la CIJ, se trata de una verdadera política de Estado. Recientemente el jurista Victor Rodriguez Cedeño recordaba la posición oficial que, como delegado de Venezuela, debió de externar en un sinfín de negociaciones multilaterales:

"En muchas reuniones, incluso de codificación, hemos dejado en forma expresa y clara nuestra reserva en relación con el carácter obligatorio de la jurisdicción de la corte. Recuerdo que como representante de Venezuela en muchas reuniones jurídicas hice declaraciones muy claras al respecto, entre otras, en la Conferencia de Viena de 1986, en las negociaciones cuando se adoptó la Constitución de la Onudi, en 1977-78, que evitó, como consta en actas, que se incluyera el recurso obligatorio y entre muchas otras, durante el proceso de adopción del Acuerdo Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, también a finales de los años setenta del siglo pasado. Posiciones coherentes formuladas con base en una política exterior jurídica seria que desarrollaron los gobiernos democráticos desde 1959" (véase artículo publicado en El Nacional, y cuya lectura recomendamos).

Breve puesta en contexto de la controversia entre Guyana y Venezuela

El litigio entre Guyana y Venezuela sobre la región de Esequibo es la más antigua controversia territorial que se mantiene irresuelta en el hemisferio americano. Un laudo arbitral de octubre de 1899 (véase texto), escasamente fundamentado, y considerado como muy favorable al Reino Unido, fue objeto de investigaciones que llevaron a Venezuela a considerarlo como nulo en los años 60. Nótese que el tribunal arbitral presidido por un jurista ruso, contó con dos árbitros norteamericanos y con dos árbitros británicos.

En una publicación oficial editada en el 2015 y titulada "Guayana Esequiba: historia de un despojo" (disponible aquí), Venezuela detalla su posición con respecto a algunos aspectos históricos y con respecto a este laudo de 1899.

Mapa de la zona en litigio extraido de artículo de la BBC titulado "El Esequibo, el territorio que disputan Venezuela y Guyana desde hace más de 50 años"

En este artículo del jurista venezolano Allan Brewer-Carías publicado en el 2009 por el Max Planck Institute de Heidelberg en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado, el autor explica que:

"The boundary established in the 1899 arbitration tribunal was considered to be settled for the next half-century, until a memorandum written by Severo Mallet-Provost (11 August 1944), a lawyer who had acted as a junior counsel for Venezuela at the Paris tribunal, was published posthumously in the 1949 issue of the American Journal of International Law (O Schoenrich ‘The Venezuela-British Guiana Boundary Dispute’ (1949) 43 AJIL 523, 528–30). The memorandum adduced that the arbitral tribunal's president had coerced several members into assenting to the final decision, the result of a political deal between Britain and Russia. Reportedly, this memorandum had been dictated five years earlier by Mallet-Provost to Judge Otto Schoenrich, his partner in the US law firm of Curtis, Mallet-Prevost, Colte and Mosle, with instructions that it was not to be published until after his death, and even then, only at Judge Schoenrich's discretion. Mallet-Prevost died on 10 December 1948, and his memorandum appeared in print some six months later" (punto 17).

En el año de 1966 Reino Unido y Venezuela sucribieron en Ginebra un tratado en aras de encontrar una solución negociada (véase texto del tratado en inglés y español). Si bien, en el texto, no se declara nulo el laudo arbitral de 1899, puede interpretarse como una aceptación tácita de su nulidad por parte de ambos Estados. Desde 1966, consultas entre ambos Estados, buenos oficios del Secretario General de Naciones Unidas y otros intentos no lograron plasmarse en ningún acuerdo, adoptando Venezuela y Guyana un peculiar modus vivendi con relación a más de 150.000 kilómetros que los separan, y declarados en mapas oficiales de Venezuela como "zona disputada" (como el usado en esta nota de prensa). En febrero del 2017, el actual Secretario General nombró al diplomático noruego Dag Halvor Nylander para proceder a un nuevo intento de mediación (véase nota oficial de Naciones Unidas).

Es de notar que esta vieja controversia ha tomado un inédito rumbo desde que llegó a ejercer sus funciones el actual ocupante de la Casa Blanca, como lo veremos en la parte final de este análisis.

La demanda presentada por Guyana ante la CIJ con base en una carta del Secretario General de Naciones Unidas

Cabe recordar que la demanda de Guyana fue interpuesta formalmente contra Venezuela el pasado 29 de marzo del 2018 ante el juez internacional (véase texto completo de la demanda).

Guyana explica en su demanda que no hace más que implementar (de forma unilateral) una recomendación hecha por el Secretario General de Naciones Unidas en enero del 2018 (véase comunicado de prensa). El texto de la carta del Secretario General a las autoridades de Guyana, incluida como anexo 7 en el juego de anexos que acompañan la demanda de Guyana, está disponible aquí: una lectura detallada de la carta del Secretario General hace ver que, a diferencia de lo reportado en medios de prensa, el Secretario General recomienda también a ambos Estados continuar con la búsqueda de una solución negociada ("at the same time, it is my considered view that .."): un detalle que analistas (y que la misma Guyana) parecieran haber pasado por alto por alguna razón.

En la petitoria final con la que concluye su demanda, Guyana solicita a la CIJ, entre otros puntos, que declare como perfectamente válida la sentencia arbitral de 1899 (párrafo 55).

El 30 de marzo del 2018, Venezuela circuló un comunicado de prensa (véase texto completo) en el que Venezuela reitera a Guyana que:

" recurrir al arreglo judicial para dirimir la controversia, resulta inaceptable, estéril e inaplicable, dado que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y en este sentido, ha sido siempre consecuente con su posición histórica de hacer expresa reserva o no ser signataria de ningún instrumento jurídico internacional que contenga cláusulas compromisorias que otorguen jurisdicción obligatoria a la referida Corte".

Los plazos establecidos por los jueces de La Haya

Un juez solicitado por un Estado solamente y al que el otro Estado no le reconoce ninguna competencia, advirtiéndole que no participará en el procedimiento en La Haya constituye una singular situación para el juez internacional de La Haya: no obstante, no es la primera vez que ocurre, como lo veremos a continuación.

En aras de dirimir la controversia existente sobre si tiene o no jurisdicción, la CIJ ha optado por invitar a ambas partes a dar a conocer su posición al respecto.

Los plazos fijados por la CIJ para determinar si es o no competente para examinar esta demanda son los siguientes: Guyana tiene hasta el 19 de noviembre del 2018 para presentar sus alegatos escritos, mientras que Venezuela tendrá hasta el 18 de abril del 2019 para hacerlo. Cabe precisar que Guyana solicitaba nueve meses de plazo para presentar sus escritos, y que la CIJ optó por un plazo de cinco meses tan solo.

Ambos comunicados de prensa de la CIJ refieren a la ordenanza tomada por la CIJ hace 10 días, con fecha del 19 de junio del 2018, y cuyo texto está disponible aquí (versión en inglés). En esta ordenanza, tomada 24 horas después de recibir el Presidente de la CIJ en La Haya a una delegación de Venezuela, encabezada por su Vice Presidente, se lee que:

"Whereas, at the above-mentioned meeting, the representatives of Guyana reiterated, in response to the statement of the Vice-President of Venezuela, that their Government wished to proceed with the case;

Whereas the possibility for Venezuela of availing itself of its procedural rights as a Party to the case is preserved;

Whereas the Court considers, pursuant to Article 79, paragraph 2, of its Rules, that, in the circumstances of the case, it must resolve first of all the question of the Court’s jurisdiction, and that this question should accordingly be separately determined before any proceedings on the merits;

Whereas it is necessary for the Court to be informed of all of the legal and factual grounds on which the Parties rely in the matter of its jurisdiction,

Decides that the written pleadings shall first be addressed to the question of the jurisdiction of the Court;

Fixes the following time-limits for the filing of those pleadings:

19 November 2018 for the Memorial of the Co-operative Republic of Guyana;

18 April 2019 for the Counter-Memorial of the Bolivarian Republic of Venezuela".

Tal y como se puede apreciar, la CIJ busca permitirle a Venezuela objetar su competencia: una opción de la que se privaría la misma Venezuela al mantener incólume su posición de no participar en el procedimiento contencioso.

¿No participar en un procedimiento contencioso en La Haya? Algunos precedentes

El Artículo 53, párrafo 1 del Estatuto de la CIJ estipula que:

"Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que falle a su favor".

En otras palabras, la no comparecencia de un Estado no afecta el procedimiento contencioso como tal ante la CIJ. Esta última debe proceder a tomar una decisión balanceada e incuestionable con base en un procedimiento contradictorio sin serlo: un verdadero desafío que la CIJ ha logrado superar sin mayores problemas en varios casos desde 1945 frente a Estados renuentes a comparecer ante ella, como por ejemplo:

- Francia, no compareciente en el caso sobre Ensayos Nucleares de 1973 auspiciado por Australia (véase ficha técnica): por nueve votos contra seis, la CIJ declaró que la demanda de Australia ya no tenía mayor razón de ser (véase párrafo 62 de sentencia sobre competencia del 20 de diciembre de 1974).

- Turquía, en el caso sobre Plataforma continental en el Mar Egeo, con una acción interpuesta por Grecia en 1976 (véase ficha): por doce votos contra dos, la CIJ se declaró incompetente (véase párrafo 109 de su sentencia del 19 de diciembre de 1978); o

- Irán en el caso conocido como Personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán, con la demanda interpuesta en 1979 por Estados Unidos (véase ficha). En ese caso, la Corte condenó a Irán por violar varias normas convencionales y consuetudinarias (véase párrafo 95 de su sentencia del 24 de mayo de 1980).

Los efectos de la no comparecencia fueron analizados por diversos autores como por ejemplo el jurista francés Pierre Michel Eisemann (véase artículo publicado en 1973). En la doctrina, en 1991, el Institut de Droit International elaboró una serie de reglas de manera que la ausencia de una de las partes no afecte mayormente la labor de la CIJ (véase resolución de Basilea).

En lo relativo a Estados del hemisferio americano, un caso en el que se pudo observar la no comparecencia a un procedimiento contencioso ante la CIJ remonta a la decisión tomada por Estados Unidos en 1985: Nicaragua interpuso una demanda contra Estados Unidos en abril de 1984, a lo cual Estados Unidos presentó una serie de excepciones preliminares cuestionando la competencia de la CIJ. Luego de declararse competente la CIJ en su decisión del 24 de noviembre de 1984 (véase texto) para examinar, Estados Unidos optó por no comparecer más. En el mes de setiembre de 1985, la CIJ dio por concluidas las audiencias orales a las que solamente participaron los asesores de Nicaragua (véase comunicado de prensa de la CIJ), procediendo a elaborar lo que se convertiría en un histórico fallo condenando a Estados Unidos, cuya lectura tuvo lugar el 27 de junio de 1986 (véase texto completo).

La situación de Venezuela es no obstante distinta, en la medida en que Estados Unidos sí participó en la etapa preliminar sobre competencia de la CIJ, y optó por no comparecer cuando la CIJ se declaró competente.

Para completar el panorama en lo correspondiente a Estados del hemisferio americano litigando en La Haya, cabe mencionar una actitud un tanto original de Colombia en abril del 2016 al inclinarse por hacer algo que no se sabe muy bien cómo calificar: optar por no asistir a una reunión convenida con el Presidente de la CIJ y con Nicaragua (en el marco de las demandas pendientes de resolución contra Colombia presentadas por Nicaragua en el 2013). Nos permitimos escribir en una nota al respecto que:

"estamos anuentes a incluir un acápite en el caso de Colombia, en particular si se logra avanzar la idea de alguna ventaja del Estado que no asiste. Salvo error de nuestra parte, no se ha oido de una sobrecarga de trabajo de la legación diplomática en La Haya o de un problema de salud generalizado a todo el personal de la misión colombiana durante la tercera semana de abril del 2016 que impidiera enviar a un representante a una cita con el Presidente del máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas".

La misma nota fue también publicada en el sitio jurídico especializado colombiano de Debate Global (disponible aquí) en la que escribimos que:

"Ante la duda sobre lo que pudo impedir que un diplomático colombiano se hiciera presente, nos permitimos solicitar a nuestros estimables lectores colombianos (y en particular a los integrantes de círculos como la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) o que forman parte de su aparato diplomático) remitirnos el texto de esta carta, con el fin de conocer las razones oficiales presentadas por Colombia a la CIJ para desistir del envío de su representante a una cita de esta naturaleza (se puede enviar al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com y se garantizará absoluta confidencialidad si así fuese requerida)".

Algunos detalles poco divulgados con relación a la controversia entre Guyana y Venezuela

Haciendo a un lado las inexplicables (e inexplicadas) gesticulaciones del aparato diplomático colombiano en La Haya, y volviendo a la demanda de Guyana contra Venezuela, es de notar que los costos de Guyana en La Haya serán cubiertos por la empresa norteamericana Exxon Mobil (véase nota de prensa del medio guyanés Oilnow). Es probablemente la primera vez en la historia de la CIJ que una empresa privada hace público su intención de sufragar los gastos de defensa en La Haya de un Estado (y que este último consiente a ello). En este caso, las autoridades guyanesas estiman el costo en La Haya en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa y este artículo en el que se hacen interesantes preguntas sobre el monto y los tiempos con los que fue anunciada la contribución de la empresa petrolera). En esta nota oficial del 28 de abril del 2018 de las autoridades de Guyana, se precisa que "Government had announced that some US$15M of the US$18M signing bonus received from ExxonMobil in 2016 will be used as payment for services relative to the ICJ case".

La totalidad de los gastos que supone una demanda en La Haya constituye un ámbito en el que los Estados se han mostrado usualmente extremadamente discretos (y la prensa, poco curiosa). Con relación a algunos pocos datos arrojados por Estados de América Latina que han llevado sus controversias en La Haya, remitimos a nuestros estimables lectores a la sección "El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura" de este análisis nuestro publicado en el sitio de CIARGlobal.

Sin guardar relación directa con lo anteriormente señalado, pero tal vez no del todo ajeno a la generosidad de Exxon Mobil hacia Guyana, resulta el hecho que el que fuera el jefe de la diplomacia norteamericana designado por el Presidente Donald Trump hasta hace unos pocos meses, Rex Tillerson, fue Director Ejecutivo de Exxon Mobil entre el 2006 y el 2016.

Foto extraída de nota de prensa titulada "Trump Will Pick Exxon CEO With Close Russia Ties for Secretary of State"

Precisamente en el 2006, un cable confidencial norteamericano dado a conocer por el sitio Wikileaks (véase texto completo) indicaba que: "Development of the region's oil resources is also held up by the border situation. ExxonMobil, which holds a potentially lucrative concession in the offshore beds that fall within the disputed area, has been unable to cultivate the block lest it jeopardize its holdings in the BRV".

Recientemente, académicos guyaneses cuestionaron la tasa impositiva extremadamente baja (un 2%) a las ganancias ("royalties") de Exxon Mobil (véase nota titulada "President Granger's Petroleum Advisor criticizes ExxonMobil's low royalty payment, control of large concession"). Nótese que un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace ver las deficiencias de Guyana en materia fiscal de cara a lo que denomina en su título "oil boom" (véase informe titulado "Strengthening Guyana’s Fiscal Framework in Anticipation of an Oil Boom" en el que se encuentra una comparación entre el modelo tributario aplicado en Nigeria y en Noruega - pp.15-17).

Cabe precisar que los yacimientos de hidrocarburos concesionados a Exxon Mobil no se encuentran en el territorio de Esequibo (o la región de la "Guayana Esequiba"), sino en las zonas marítimas adyacentes, cercanas a la desembocadura del Río Esequibo: la soberanía sobre estas zonas marítimas depende de la proyección que se haga de la frontera terrestre en el mar. Los bloques concesionados por Guyana a Exxon Mobil pueden ser observados en diversos mapas como por ejemplo en este artículo de Offshore.mag titulado "E&P activity on the rise offshore Guyana". El 20 de mayo del 2015, Exxon Mobil anunció el descubrimiento de un importante yacimiento frente a las costas de Guyana (véase comunicado de prensa). Pocos días después, el 26 de mayo del 2015, Venezuela adoptó un Decreto que crea las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (ZODIMAIN), las cuales abarcan parte del territorio marítimo pretendido por Guyana (véase decreto publicado en la Gaceta Oficial, pp. 420-896 / 420-901).

Figura 1: bloques concesionados por Guyana a Exxon Mobil. Figura extraída de este artículo de Offshore.mag titulado "E&P activity on the rise offshore Guyana"

Figura 2: proyección de Venezuela en las costas adyacentes a Guyana. Figura extraída de esta nota de prensa de El Nuevo Pais, titulada "Maduro se la deja en bandeja de plata a Guyana y a Exxon Mobil: No participará en juicio ante la CIJ"

En junio del 2016, Guyana suscribió un importante contrato con la filial de Exxon Mobil, Esso (véase texto completo del contrato).

Como un elemento adicional para entender mejor la fuerte contienda entre el que fuera hasta hace pocas semanas Secretario de Estado Rex Tillerson y las máximas autoridades de Venezuela, hay que añadir el hecho que Venezuela logró en marzo del 2017 que un tribunal arbitral de apelación anulara parcialmente los términos de una decisión inicial de un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estados) del 2014. Esta última condenaba a Venezuela a pagar más de 14 mil millones de US$ a Exxon Mobil y a sus asociados en Venezuela por las nacionalizaciones ordenadas a partir del 2007 (véase texto del laudo). El texto completo de esta segunda decisión del CIADI, de marzo del 2017, pocamente divulgada, está disponible en este enlace.

El hecho de revisar un monto indemnizatorio por más de 14.000 millones de US$ para ordenar en su lugar el pago de 188 millones merecía una mayor difusión en medios de prensa y en algunos círculos especializados en materia de arbitraje de inversión (además de un estudio pormenorizado sobre el estado de ánimo de los directivos de Exxon Mobil). En julio del 2017, se supo que una Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Estados Unidos adoptó una polémica decisión con relación a los 188 millones de US$ que debe pagar Venezuela (véase nota de Lexology).

Como otro detalle de interés, nótese que el 25 de mayo del 2018, en su comunicado oficial felicitando a Guyana en el día de su independencia, Estados Unidos precisó que "Today, we celebrate our strong connections. We look forward to advancing prosperity by helping Guyana develop its emerging oil sector in partnership with U.S. business". Como parte de su entusiasmo por la conmemoración de la independencia guyanesa, el Departamento de Estado consideró útil (y oportuno) referirse a localidades ubicadas en la región de Esequibo, como Pakaraimas (véase texto del comunicado de prensa del Departamento de Estado). Es posible apreciar el cambio de lenguaje de Estados Unidos con relación al comunicado oficial más convencional, enviado en mayo del 2017 (véase texto reproducido en esta nota) o el anterior, elaborado en el 2016 para los 50 años de vida independiente guyanesa (véase nota).

A modo de conclusión

Raramente una controversia entre dos Estados soberanos ha reunido detalles que dejan ver de forma tan evidente los intereses de terceros que se mueven en aras de una pronta resolución de la misma. Es probable que estos aspectos llamen más la atención a analistas políticos que a especialistas en derecho internacional público: estos (y muchos otros detalles) permiten no obstante entender mejor el paso accelerado que ha conocido esta antigua controversia entre Guyana y Venezuela en los últimos meses.

El mantenimiento durante tantos años de una indeterminación acordada entre ambos Estados sobre la posesión de la región de Esequibo pretende ser ahora reemplazado por una sentencia de la CIJ, en aras de permitir a algunos (urgidos) explotar yacimientos situados en el subsuelo marino de las áreas marinas adyadcentes a Venezuela y a Guyana. Al contar en derecho internacional público con una viejo adagio que indica que en materia de fronteras, "la tierra domina el mar", la indeterminación en tierra firme debiera proyectarse también en el mar (pese a la urgencia antes aludida), declarándose una "zona marítima en disputa" no concesionable (y mucho menos explotable) hasta tanto no haya claridad sobre el límite terrestre entre ambos Estados. Adicionalmente, la diplomacia en otras latitudes ha demonstrado cuán creativos pueden ser dos Estados vecinos para encontrar soluciones consensuadas en aras de explotar de forma conjunta recursos naturales compartidos en sus zonas fronterizas.

No obstante, Guyana ha optado por accelerar el paso y la CIJ ha debido tramitar su demanda. Sobre este punto preciso, vale la pena recalcar que los jueces de la CIJ no cuentan con ninguna herramienta jurídica que les permita rechazar y archivar motu propio una demanda planteada por un Estado contra otro Estado: si uno de los dos Estados cuestiona su competencia, la etapa preliminar sobre excepciones preliminares permite analizar los argumentos de ambos y decidir en un fallo inicial si es o no competente. Es lo que pareciera priorizar en estos momentos la CIJ, dándole la oportunidad a ambos Estados de presentar sus alegatos sobre su competencia.

Guyana recurre al artículo IV del tratado suscrito en 1966 entre Reino Unido y Venezuela y a la carta remitida por el Secretario General en enero del 2018 para establecer la competencia de la CIJ en aras de dirimir esta controversia. Por su parte, Venezuela hace valer un principio angular en derecho internacional: el consentimiento previo de un Estado a la justicia internacional. Se trata de una regla según la cual ningún Estado puede ser llevado ante un juez internacional sin su consentimiento. Algunas organizaciones civiles venezolanas han dado a conocer otras acciones que debiera, según ellas, también estar llevando a cabo Venezuela (véase por ejemplo Declaración del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales de abril del 2018).

Con relación a la estrategia de Venezuela, en una nota nuestra anterior sobre el anuncio hecho de no participar (publicada en el sitio de DIPúblico en Argentina), nos permitimos concluir al respecto que:

"Cabe precisar que la estrategia que ha escogido Venezuela no está exenta de todo riesgo: en efecto, la no participación de Venezuela la priva de la posibilidad de presentar sus argumentos legales en la etapa preliminar en la que puede precisamente cuestionar la competencia de la CIJ en el marco del procedimiento contencioso: la etapa de las excepciones preliminares. Dicho en otras palabras, al optar Venezuela por no participar, la base de competencia usada por Guyana (que se limita a una recomendación del actual Secretario General de Naciones Unidas) no será cuestionada ante los jueces de la CIJ".



Artículos sobre la demanda de Guyana contra Venezuela registrada en la CIJ y sobre temas jurídicos considerados conexos (breve selección):

BOEGLIN N., "Guyana presenta demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", DIpúblico, Edición del 6/04/2018, disponible aquí.

BREWER-CARIAS A.R., "Guyana-Venezuela Border Dispute", Max Planck Encyclopedia of Public International Law / Oxford University Press, 2009, disponible aquí.

DE ALBA M., "¿Qué implica para Venezuela la solicitud de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia?", Perspectivas, Prodavinci, Edición del 30/03/2018, disponible aquí.

EISEMANN P.M., “Les effets de la non-comparution devant la Cour internationale de Justice”, Vol. 19 AFDI (Annuaire Français de Droit International), 1973 pp. 351-375. Artículo disponible aquí.

FIGUEREDO PLANCHART E., "Los 50 años del Acuerdo de Ginebra", Analitica, Edición del 23/02/2016, disponible aquí.

PADDEU F., "The Dispute between Guyana and Venezuela over the Essequibo Region", Ejil-Talk, April 11, 2018, disponible aquí

RODRIGUEZ CEDEÑO V., "Lo político y lo jurídico en la controversia con Guyana", El Nacional, Edición del 17/04/2018, disponible aquí.

RODRIGUEZ CEDEÑO V., "Breves reflexiones sobre la demanda de Guyana ante la CIJ", El Nacional, Edición del 19/06/2018, disponible aquí.

WENTKER A., "Venezuela’s Non-Participation Before the ICJ in the Dispute over the Essequibo Region", EJIL Talk, June 29, 2018, disponible aquí.

La ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la súbita demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes

La ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la súbita demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes

Recientemente, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) hizo pública su primera decisión con respecto a la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela en marzo del 2018. La CIJ tomó esta decisión pese al anuncio reciente de Venezuela de no participar en el procedimiento contencioso incoado por Guyana. En las líneas que siguen se intentará poner en contexto la decisión tomada por Guyana, al parecer un tanto urgida, y explicar el interés que puede haber por someter esta disputa territorial con Venezuela de más de 50 años a la justicia internacional.

Introducción

La CIJ ha anunciado este 2 de julio del 2018 su primera decisión con respecto a la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela en marzo del 2018: se trata de una ordenanza (o "providencia") en la que ofrece a ambos Estados la posibilidad de dar a conocer su criterio sobre su jurisdicción, fijándoles un plazo para hacerlo (véase el texto de su comunicado de prensa en inglés y en francés con fecha del 2/07/2018). La CIJ tomó esta decisión pese al anuncio hecho por Venezuela el 18 de junio del 2018 de no participar en el procedimiento contencioso al que Guyana quiere someter la disputa territorial sobre la región de Esequibo (véase nota nuestra sobre decisión venezolana del 18 de junio pasado que reproduce el comunicado oficial de Venezuela en su parte final).

Dos Estados tradicionalmente distantes con el juez internacional

La decisión unilateral de Guyana de someter su diferendo con Venezuela a la CIJ amerita algunas precisiones. En efecto, tanto Venezuela como Guyana han históricamente mantenido sus distancias con la CIJ: no son parte al Pacto de Bogotá de 1948 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), un tratado interamericano que permite a un Estado entablar una demanda en La Haya contra otro Estado del hemisferio americano; tampoco han reconocido nunca la jurisdicción de la Corte de La Haya mediante la declaración facultativa prevista en el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la CIJ (véase lista oficial de declaraciones hechas).

La situación de Guyana con relación a la CIJ es idéntica a la de otra antigua colonia británica en el continente, Belice. Para resolver una disputa marítima con Surinam, Guyana escogió acudir a la técnica del arbitraje: ambos Estados conformaron un tribunal arbitral compuesto por cinco árbitros. El laudo arbitral fue dado a conocer en septiembre del 2007 (véase texto completo y mapa de la línea divisoria decidida por el tribunal arbitral).

En el caso de Venezuela y de su posición con respecto a la CIJ, se trata de una verdadera política de Estado. Recientemente el jurista Victor Rodriguez Cedeño recordaba la posición oficial que, como delegado de Venezuela, debió de externar en un sinfín de negociaciones multilaterales:

"En muchas reuniones, incluso de codificación, hemos dejado en forma expresa y clara nuestra reserva en relación con el carácter obligatorio de la jurisdicción de la corte. Recuerdo que como representante de Venezuela en muchas reuniones jurídicas hice declaraciones muy claras al respecto, entre otras, en la Conferencia de Viena de 1986, en las negociaciones cuando se adoptó la Constitución de la Onudi, en 1977-78, que evitó, como consta en actas, que se incluyera el recurso obligatorio y entre muchas otras, durante el proceso de adopción del Acuerdo Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, también a finales de los años setenta del siglo pasado. Posiciones coherentes formuladas con base en una política exterior jurídica seria que desarrollaron los gobiernos democráticos desde 1959" (véase artículo publicado en El Nacional, y cuya lectura recomendamos).

Breve puesta en contexto de la controversia entre Guyana y Venezuela

El litigio entre Guyana y Venezuela sobre la región de Esequibo es la más antigua controversia territorial que se mantiene irresuelta en el hemisferio americano. Un laudo arbitral de octubre de 1899 (véase texto), escasamente fundamentado, y considerado como muy favorable al Reino Unido, fue objeto de investigaciones que llevaron a Venezuela a considerarlo como nulo en los años 60. Nótese que el tribunal arbitral presidido por un jurista ruso, contó con dos árbitros norteamericanos y con dos árbitros británicos.

En una publicación oficial editada en el 2015 y titulada "Guayana Esequiba: historia de un despojo" (disponible aquí), Venezuela detalla su posición con respecto a algunos aspectos históricos y con respecto a este laudo de 1899.

Mapa de la zona en litigio extraido de artículo de la BBC titulado "El Esequibo, el territorio que disputan Venezuela y Guyana desde hace más de 50 años"

En este artículo del jurista venezolano Allan Brewer-Carías publicado en el 2009 por el Max Planck Institute de Heidelberg en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado, el autor explica que:

"The boundary established in the 1899 arbitration tribunal was considered to be settled for the next half-century, until a memorandum written by Severo Mallet-Provost (11 August 1944), a lawyer who had acted as a junior counsel for Venezuela at the Paris tribunal, was published posthumously in the 1949 issue of the American Journal of International Law (O Schoenrich ‘The Venezuela-British Guiana Boundary Dispute’ (1949) 43 AJIL 523, 528–30). The memorandum adduced that the arbitral tribunal's president had coerced several members into assenting to the final decision, the result of a political deal between Britain and Russia. Reportedly, this memorandum had been dictated five years earlier by Mallet-Provost to Judge Otto Schoenrich, his partner in the US law firm of Curtis, Mallet-Prevost, Colte and Mosle, with instructions that it was not to be published until after his death, and even then, only at Judge Schoenrich's discretion. Mallet-Prevost died on 10 December 1948, and his memorandum appeared in print some six months later" (punto 17).

En el año de 1966 Reino Unido y Venezuela sucribieron en Ginebra un tratado en aras de encontrar una solución negociada (véase texto del tratado en inglés y español). Si bien, en el texto, no se declara nulo el laudo arbitral de 1899, puede interpretarse como una aceptación tácita de su nulidad por parte de ambos Estados. Desde 1966, consultas entre ambos Estados, buenos oficios del Secretario General de Naciones Unidas y otros intentos no lograron plasmarse en ningún acuerdo, adoptando Venezuela y Guyana un peculiar modus vivendi con relación a más de 150.000 kilómetros que los separan, y declarados en mapas oficiales de Venezuela como "zona disputada" (como el usado en esta nota de prensa). En febrero del 2017, el actual Secretario General nombró al diplomático noruego Dag Halvor Nylander para proceder a un nuevo intento de mediación (véase nota oficial de Naciones Unidas).

Es de notar que esta vieja controversia ha tomado un inédito rumbo desde que llegó a ejercer sus funciones el actual ocupante de la Casa Blanca, como lo veremos en la parte final de este análisis.

La demanda presentada por Guyana ante la CIJ con base en una carta del Secretario General de Naciones Unidas

Cabe recordar que la demanda de Guyana fue interpuesta formalmente contra Venezuela el pasado 29 de marzo del 2018 ante el juez internacional (véase texto completo de la demanda).

Guyana explica en su demanda que no hace más que implementar (de forma unilateral) una recomendación hecha por el Secretario General de Naciones Unidas en enero del 2018 (véase comunicado de prensa). El texto de la carta del Secretario General a las autoridades de Guyana, incluida como anexo 7 en el juego de anexos que acompañan la demanda de Guyana, está disponible aquí: una lectura detallada de la carta del Secretario General hace ver que, a diferencia de lo reportado en medios de prensa, el Secretario General recomienda también a ambos Estados continuar con la búsqueda de una solución negociada ("at the same time, it is my considered view that .."): un detalle que analistas (y que la misma Guyana) parecieran haber pasado por alto por alguna razón.

En la petitoria final con la que concluye su demanda, Guyana solicita a la CIJ, entre otros puntos, que declare como perfectamente válida la sentencia arbitral de 1899 (párrafo 55).

El 30 de marzo del 2018, Venezuela circuló un comunicado de prensa (véase texto completo) en el que Venezuela reitera a Guyana que:

" recurrir al arreglo judicial para dirimir la controversia, resulta inaceptable, estéril e inaplicable, dado que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y en este sentido, ha sido siempre consecuente con su posición histórica de hacer expresa reserva o no ser signataria de ningún instrumento jurídico internacional que contenga cláusulas compromisorias que otorguen jurisdicción obligatoria a la referida Corte".

Los plazos establecidos por los jueces de La Haya

Un juez solicitado por un Estado solamente y al que el otro Estado no le reconoce ninguna competencia, advirtiéndole que no participará en el procedimiento en La Haya constituye una singular situación para el juez internacional de La Haya: no obstante, no es la primera vez que ocurre, como lo veremos a continuación.

En aras de dirimir la controversia existente sobre si tiene o no jurisdicción, la CIJ ha optado por invitar a ambas partes a dar a conocer su posición al respecto.

Los plazos fijados por la CIJ para determinar si es o no competente para examinar esta demanda son los siguientes: Guyana tiene hasta el 19 de noviembre del 2018 para presentar sus alegatos escritos, mientras que Venezuela tendrá hasta el 18 de abril del 2019 para hacerlo. Cabe precisar que Guyana solicitaba nueve meses de plazo para presentar sus escritos, y que la CIJ optó por un plazo de cinco meses tan solo.

Ambos comunicados de prensa de la CIJ refieren a la ordenanza tomada por la CIJ hace 10 días, con fecha del 19 de junio del 2018, y cuyo texto está disponible aquí (versión en inglés). En esta ordenanza, tomada 24 horas después de recibir el Presidente de la CIJ en La Haya a una delegación de Venezuela, encabezada por su Vice Presidente, se lee que:

"Whereas, at the above-mentioned meeting, the representatives of Guyana reiterated, in response to the statement of the Vice-President of Venezuela, that their Government wished to proceed with the case;

Whereas the possibility for Venezuela of availing itself of its procedural rights as a Party to the case is preserved;

Whereas the Court considers, pursuant to Article 79, paragraph 2, of its Rules, that, in the circumstances of the case, it must resolve first of all the question of the Court’s jurisdiction, and that this question should accordingly be separately determined before any proceedings on the merits;

Whereas it is necessary for the Court to be informed of all of the legal and factual grounds on which the Parties rely in the matter of its jurisdiction,

Decides that the written pleadings shall first be addressed to the question of the jurisdiction of the Court;

Fixes the following time-limits for the filing of those pleadings:

19 November 2018 for the Memorial of the Co-operative Republic of Guyana;

18 April 2019 for the Counter-Memorial of the Bolivarian Republic of Venezuela".

Tal y como se puede apreciar, la CIJ busca permitirle a Venezuela objetar su competencia: una opción de la que se privaría la misma Venezuela al mantener incólume su posición de no participar en el procedimiento contencioso.

¿No participar en un procedimiento contencioso en La Haya? Algunos precedentes

El Artículo 53, párrafo 1 del Estatuto de la CIJ estipula que:

"Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que falle a su favor".

En otras palabras, la no comparecencia de un Estado no afecta el procedimiento contencioso como tal ante la CIJ. Esta última debe proceder a tomar una decisión balanceada e incuestionable con base en un procedimiento contradictorio sin serlo: un verdadero desafío que la CIJ ha logrado superar sin mayores problemas en varios casos desde 1945 frente a Estados renuentes a comparecer ante ella, como por ejemplo:

- Francia, no compareciente en el caso sobre Ensayos Nucleares de 1973 auspiciado por Australia (véase ficha técnica): por nueve votos contra seis, la CIJ declaró que la demanda de Australia ya no tenía mayor razón de ser (véase párrafo 62 de sentencia sobre competencia del 20 de diciembre de 1974).

- Turquía, en el caso sobre Plataforma continental en el Mar Egeo, con una acción interpuesta por Grecia en 1976 (véase ficha): por doce votos contra dos, la CIJ se declaró incompetente (véase párrafo 109 de su sentencia del 19 de diciembre de 1978); o

- Irán en el caso conocido como Personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán, con la demanda interpuesta en 1979 por Estados Unidos (véase ficha). En ese caso, la Corte condenó a Irán por violar varias normas convencionales y consuetudinarias (véase párrafo 95 de su sentencia del 24 de mayo de 1980).

Los efectos de la no comparecencia fueron analizados por diversos autores como por ejemplo el jurista francés Pierre Michel Eisemann (véase artículo publicado en 1973). En la doctrina, en 1991, el Institut de Droit International elaboró una serie de reglas de manera que la ausencia de una de las partes no afecte mayormente la labor de la CIJ (véase resolución de Basilea).

En lo relativo a Estados del hemisferio americano, un caso en el que se pudo observar la no comparecencia a un procedimiento contencioso ante la CIJ remonta a la decisión tomada por Estados Unidos en 1985: Nicaragua interpuso una demanda contra Estados Unidos en abril de 1984, a lo cual Estados Unidos presentó una serie de excepciones preliminares cuestionando la competencia de la CIJ. Luego de declararse competente la CIJ en su decisión del 24 de noviembre de 1984 (véase texto) para examinar, Estados Unidos optó por no comparecer más. En el mes de setiembre de 1985, la CIJ dio por concluidas las audiencias orales a las que solamente participaron los asesores de Nicaragua (véase comunicado de prensa de la CIJ), procediendo a elaborar lo que se convertiría en un histórica sentencia condenando a Estados Unidos, cuya lectura tuvo lugar el 27 de junio de 1986 (véase texto completo del fallo de la CIJ).

La situación de Venezuela es no obstante distinta, en la medida en que Estados Unidos sí participó en la etapa preliminar sobre competencia de la CIJ, y optó por no comparecer cuando la CIJ se declaró competente.

Para completar el panorama en lo correspondiente a Estados del hemisferio americano litigando en La Haya, cabe mencionar una actitud un tanto original de Colombia en abril del 2016 al inclinarse por hacer algo que no se sabe muy bien cómo calificar: optar por no asistir a una reunión convenida con el Presidente de la CIJ y con Nicaragua (en el marco de las demandas pendientes de resolución contra Colombia presentadas por Nicaragua en el 2013). Nos permitimos escribir en una nota al respecto que:

"estamos anuentes a incluir un acápite en el caso de Colombia, en particular si se logra avanzar la idea de alguna ventaja del Estado que no asiste. Salvo error de nuestra parte, no se ha oido de una sobrecarga de trabajo de la legación diplomática en La Haya o de un problema de salud generalizado a todo el personal de la misión colombiana durante la tercera semana de abril del 2016 que impidiera enviar a un representante a una cita con el Presidente del máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas".

La misma nota fue también publicada en el sitio jurídico especializado colombiano de Debate Global (disponible aquí) en la que escribimos que:

"Ante la duda sobre lo que pudo impedir que un diplomático colombiano se hiciera presente, nos permitimos solicitar a nuestros estimables lectores colombianos (y en particular a los integrantes de círculos como la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) o que forman parte de su aparato diplomático) remitirnos el texto de esta carta, con el fin de conocer las razones oficiales presentadas por Colombia a la CIJ para desistir del envío de su representante a una cita de esta naturaleza (se puede enviar al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com y se garantizará absoluta confidencialidad si así fuese requerida)".

Algunos detalles poco divulgados con relación a la controversia entre Guyana y Venezuela

Haciendo a un lado las inexplicables (e inexplicadas) gesticulaciones del aparato diplomático colombiano en La Haya, y volviendo a la demanda de Guyana contra Venezuela, es de notar que los costos de Guyana en La Haya serán cubiertos por la empresa norteamericana Exxon Mobil (véase nota de prensa del medio guyanés Oilnow). Es probablemente la primera vez en la historia de la CIJ que una empresa privada hace público su intención de sufragar los gastos de defensa en La Haya de un Estado (y que este último consiente a ello). En este caso, las autoridades guyanesas estiman el costo en La Haya en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa y este artículo en el que se hacen interesantes preguntas sobre el monto y los tiempos con los que fue anunciada la contribución de la empresa petrolera). En esta nota oficial del 28 de abril del 2018 de las autoridades de Guyana, se precisa que "Government had announced that some US$15M of the US$18M signing bonus received from ExxonMobil in 2016 will be used as payment for services relative to the ICJ case".

La totalidad de los gastos que supone una demanda en La Haya constituye un ámbito en el que los Estados se han mostrado usualmente extremadamente discretos (y la prensa, poco curiosa). Con relación a algunos pocos datos arrojados por Estados de América Latina que han llevado sus controversias en La Haya, remitimos a nuestros estimables lectores a la sección "El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura" de este análisis nuestro publicado en el sitio de CIARGlobal.

Sin guardar relación directa con lo anteriormente señalado, pero tal vez no del todo ajeno a la generosidad de Exxon Mobil hacia Guyana, resulta el hecho que el que fuera el jefe de la diplomacia norteamericana designado por el Presidente Donald Trump hasta hace unos pocos meses, Rex Tillerson, fue Director Ejecutivo de Exxon Mobil entre el 2006 y el 2016.

Foto extraída de nota de prensa titulada "Trump Will Pick Exxon CEO With Close Russia Ties for Secretary of State"

Precisamente en el 2006, un cable confidencial norteamericano dado a conocer por el sitio Wikileaks (véase texto completo) indicaba que: "Development of the region's oil resources is also held up by the border situation. ExxonMobil, which holds a potentially lucrative concession in the offshore beds that fall within the disputed area, has been unable to cultivate the block lest it jeopardize its holdings in the BRV".

Recientemente, académicos guyaneses cuestionaron la tasa impositiva extremadamente baja (un 2%) a las ganancias ("royalties") de Exxon Mobil (véase nota titulada "President Granger's Petroleum Advisor criticizes ExxonMobil's low royalty payment, control of large concession"). Nótese que un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace ver las deficiencias de Guyana en materia fiscal de cara a lo que denomina en su título "oil boom" (véase informe titulado "Strengthening Guyana’s Fiscal Framework in Anticipation of an Oil Boom" en el que se encuentra una comparación entre el modelo tributario aplicado en Nigeria y en Noruega - pp.15-17).

Cabe precisar que los yacimientos de hidrocarburos concesionados a Exxon Mobil no se encuentran en el territorio de Esequibo (o la región de la "Guayana Esequiba"), sino en las zonas marítimas adyacentes, cercanas a la desembocadura del Río Esequibo: la soberanía sobre estas zonas marítimas depende de la proyección que se haga de la frontera terrestre en el mar. Los bloques concesionados por Guyana a Exxon Mobil pueden ser observados en diversos mapas como por ejemplo en este artículo de Offshore.mag titulado "E&P activity on the rise offshore Guyana". El 20 de mayo del 2015, Exxon Mobil anunció el descubrimiento de un importante yacimiento frente a las costas de Guyana (véase comunicado de prensa). Pocos días después, el 26 de mayo del 2015, Venezuela adoptó un Decreto que crea las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (ZODIMAIN), las cuales abarcan parte del territorio marítimo pretendido por Guyana (véase decreto publicado en la Gaceta Oficial, pp. 420-896 / 420-901).

Figura 1: bloques concesionados por Guyana a Exxon Mobil. Figura extraída de este artículo de Offshore.mag titulado "E&P activity on the rise offshore Guyana"

Figura 2: proyección de Venezuela en las costas adyacentes a Guyana. Figura extraída de esta nota de prensa de El Nuevo Pais, titulada "Maduro se la deja en bandeja de plata a Guyana y a Exxon Mobil: No participará en juicio ante la CIJ"

En junio del 2016, Guyana suscribió un importante contrato con la filial de Exxon Mobil, Esso (véase texto completo del contrato).

Como un elemento adicional para entender mejor la fuerte contienda entre el Secretario de Estado Rex Tillerson y las máximas autoridades de Venezuela, hay que añadir el hecho que Venezuela logró en marzo del 2017 que un tribunal arbitral de apelación anulara parcialmente los términos de una decisión inicial de un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estados) del 2014. Esta última condenaba a Venezuela a pagar más de 14 mil millones de US$ a Exxon Mobil y a sus asociados en Venezuela por las nacionalizaciones ordenadas a partir del 2007 (véase texto del laudo). El texto completo de esta segunda decisión del CIADI, de marzo del 2017, pocamente divulgada, está disponible en este enlace. Revisar un monto indemnizatorio por más de 14.000 millones de US$ para ordenar en su lugar el pago de 188 millones merecía una mayor difusión en medios de prensa y en algunos círculos especializados en materia de arbitraje de inversión (además de un estudio pormenorizado sobre el estado de ánimo de los directivos de Exxon Mobil). En julio del 2017, se supo que una Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Estados Unidos adoptó una polémica decisión con relación a los 188 millones de US$ que debe pagar Venezuela (véase nota de Lexology).

Como otro detalle de interés, nótese que el 25 de mayo del 2018, en su comunicado oficial felicitando a Guyana en el día de su independencia, Estados Unidos precisó que "Today, we celebrate our strong connections. We look forward to advancing prosperity by helping Guyana develop its emerging oil sector in partnership with U.S. business". Como parte de su entusiasmo por la conmemoración de la independencia guyanesa, el Departamento de Estado consideró útil (y oportuno) referirse a localidades ubicadas en la región de Esequibo, como Pakaraimas (véase texto del comunicado de prensa del Departamento de Estado). Es posible apreciar el cambio de lenguaje de Estados Unidos con relación al comunicado oficial más convencional, enviado en mayo del 2017 (véase texto reproducido en esta nota) o el anterior, elaborado en el 2016 para los 50 años de vida independiente guyanesa (véase nota).

A modo de conclusión

Raramente una controversia entre dos Estados soberanos ha reunido detalles que dejan ver de forma tan evidente los intereses de terceros que se mueven en aras de una pronta resolución de la misma. Es probable que estos aspectos llamen más la atención a analistas políticos que a especialistas en derecho internacional público: estos (y muchos otros detalles) permiten no obstante entender mejor el paso accelerado que ha conocido esta antigua controversia entre Guyana y Venezuela en los últimos meses.

El mantenimiento durante tantos años de una indeterminación acordada entre ambos Estados sobre la posesión de la región de Esequibo pretende ser ahora reemplazado por una sentencia de la CIJ, en aras de permitir a algunos (urgidos) explotar yacimientos situados en el subsuelo marino de las áreas marinas adyadcentes a Venezuela y a Guyana. Al contar en derecho internacional público con una viejo adagio que indica que en materia de fronteras, "la tierra domina el mar", la indeterminación en tierra firme debiera proyectarse también en el mar (pese a la urgencia antes aludida), declarándose una "zona marítima en disputa" no concesionable (y mucho menos explotable) hasta tanto no haya claridad sobre el límite terrestre entre ambos Estados. Adicionalmente, la diplomacia en otras latitudes ha demonstrado cuán creativos pueden ser dos Estados vecinos para encontrar soluciones consensuadas en aras de explotar de forma conjunta recursos naturales compartidos en sus zonas fronterizas.

No obstante, Guyana ha optado por accelerar el paso y la CIJ ha debido tramitar su demanda. Sobre este punto preciso, vale la pena recalcar que los jueces de la CIJ no cuentan con ninguna herramienta jurídica que les permita rechazar y archivar motu propio una demanda planteada por un Estado contra otro Estado: si uno de los dos Estados cuestiona su competencia, la etapa preliminar sobre excepciones preliminares permite analizar los argumentos de ambos y decidir en un fallo inicial si es o no competente. Es lo que pareciera priorizar en estos momentos la CIJ, dándole la oportunidad a ambos Estados de presentar sus alegatos sobre su competencia.

Guyana recurre al artículo IV del tratado suscrito en 1966 entre Reino Unido y Venezuela y a la carta remitida por el Secretario General en enero del 2018 para establecer la competencia de la CIJ en aras de dirimir esta controversia. Por su parte, Venezuela hace valer un principio angular en derecho internacional: el consentimiento previo de un Estado a la justicia internacional. Se trata de una regla según la cual ningún Estado puede ser llevado ante un juez internacional sin su consentimiento. Algunas organizaciones civiles venezolanas han dado a conocer otras acciones que debiera, según ellas, también estar llevando a cabo Venezuela (véase por ejemplo Declaración del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales de abril del 2018).

Con relación a la estrategia de Venezuela, en una nota nuestra anterior sobre el anuncio hecho de no participar (publicada en el sitio de DIPúblico en Argentina), nos permitimos concluir al respecto que:

"Cabe precisar que la estrategia que ha escogido Venezuela no está exenta de todo riesgo: en efecto, la no participación de Venezuela la priva de la posibilidad de presentar sus argumentos legales en la etapa preliminar en la que puede precisamente cuestionar la competencia de la CIJ en el marco del procedimiento contencioso: la etapa de las excepciones preliminares. Dicho en otras palabras, al optar Venezuela por no participar, la base de competencia usada por Guyana (que se limita a una recomendación del actual Secretario General de Naciones Unidas) no será cuestionada ante los jueces de la CIJ".



Artículos sobre la demanda de Guyana contra Venezuela registrada en la CIJ y sobre temas jurídicos considerados conexos (breve selección):

BOEGLIN N., "Guyana presenta demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", DIpúblico, Edición del 6/04/2018, disponible aquí.

BREWER-CARIAS A.R., "Guyana-Venezuela Border Dispute", Max Planck Encyclopedia of Public International Law / Oxford University Press, 2009, disponible aquí.

DE ALBA M., "¿Qué implica para Venezuela la solicitud de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia?", Perspectivas, Prodavinci, Edición del 30/03/2018, disponible aquí.

EISEMANN P.M., “Les effets de la non-comparution devant la Cour internationale de Justice”, Vol. 19 AFDI (Annuaire Français de Droit International), 1973 pp. 351-375. Artículo disponible aquí.

FIGUEREDO PLANCHART E., "Los 50 años del Acuerdo de Ginebra", Analitica, Edición del 23/02/2016, disponible aquí.

PADDEU F., "The Dispute between Guyana and Venezuela over the Essequibo Region", Ejil-Talk, April 11, 2018, disponible aquí

RODRIGUEZ CEDEÑO V., "Lo político y lo jurídico en la controversia con Guyana", El Nacional, Edición del 17/04/2018, disponible aquí.

RODRIGUEZ CEDEÑO V., "Breves reflexiones sobre la demanda de Guyana ante la CIJ", El Nacional, Edición del 19/06/2018, disponible aquí.

WENTKER A., "Venezuela’s Non-Participation Before the ICJ in the Dispute over the Essequibo Region", EJIL Talk, June 29, 2018, disponible aquí.

Esequibo: Venezuela announced it will not participate to proceedings at International Court of Justice (ICJ)

Esequibo: Venezuela announced it will not participate to proceedings at International Court of Justice (ICJ)


Last June 18th, Venezuela announced it will not participate to the proceedings instituted by Guyana last March 2018 at the ICJ concerning Esequibo dispute (see official communiqué issued by Venezuela). The text of the request presented to ICJ by Guyana last March 29th is available here.

It is one of the oldest unresolved territorial dispute in Latinamerica region, that we have had the opportunity to analyze (see our note in Spanish published in DIPúblico entitled "Guyana presenta demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)"), in which we wrote that: "Dicha presión proviene en gran parte de Estados Unidos: como es sabido, el que fuera el jefe de la diplomacia norteamericana designado por el Presidente Donald Trump (Rex Tillerson) fue Director Ejecutivo de Exxon Mobile del 2006 al 2016. En junio del 2016, Guyana suscribió un importante contrato con la filial de Exxon Mobile, Esso (véase texto completo del contrato) /The pressure came from United States: as known, former US Secretary of State (Rex Tillerson) has been CEO of Exxon Mobile from 2006 to 2016. In June 2016, Guyana signed an important contract with a subsidiary of Exxon Mobile, Esso (see full text of the contract)".

This decision has probably been taken by Venezuela after reviewing different options (and risks). The fact that Venezuela has never recognized the jurisdiction of ICJ nor ratified the Pacto de Bogotá of 1948 is considered sufficient by Venezuela to defend a very basic principle in international law: the previous consent of a State to international justice.

The Venezuela´s strategy of non participation to ICJ proceedings means that Venezuela will not have the possibility to present its legal arguments during a preliminary procedure usually opened by States at The Hague when the respondent State considers that ICJ has no jurisdiction: the phase of preliminary objections.

Esequibo: Venezuela anuncia que no participará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

Esequibo: Venezuela anuncia que no participará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

El pasado 18 de junio, Venezuela anunció formalmente que no participará en el procedimiento contencioso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) activado en el mes de marzo del 2018 por parte de Guyana (véase texto completo de la demanda presentada por Guyana). Se trata de una de las controversias territoriales irresueltas más antigua en el hemisferio americano, que en los últimos meses ha experimentado un inédito rumbo, y que tuvimos la oportunidad de reseñar en una nota anterior: véase nota publicada en DIPúblico titulada "Guyana presenta demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", en la que nos permitimos indicar que "Dicha presión proviene en gran parte de Estados Unidos: como es sabido, el que fuera el jefe de la diplomacia norteamericana designado por el Presidente Donald Trump (Rex Tillerson) fue Director Ejecutivo de Exxon Mobile del 2006 al 2016. En junio del 2016, Guyana suscribió un importante contrato con la filial de Exxon Mobile, Esso (véase texto completo del contrato)".

Esta decisión de no participar probablemente se haya tomado después de haber ponderado Venezuela cada una de las diversas opciones posibles (y el riesgo que conlleva cada una de ellas). Desde el punto de vista estríctamente jurídico, al no haber reconocido nunca la jurisdicción obligatoria de la CIJ, ni haber suscrito el Pacto de Bogotá (que abre la posibilidad para un Estado del hemisferio de demandar a otro ante la CIJ), Venezuela ha optado por defender un principio angular en derecho internacional como lo es el consentimiento previo del Estado a someterse a la justicia internacional.

En su comunicado oficial (véase texto completo al final de esta nota), se lee que Venezuela "ha comunicado al Presidente de la Corte, mediante misiva suscrita por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, su decisión soberana de no participar en el procedimiento que pretende incoar Guyana, por carecer la Corte manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente por el país vecino, que no cuenta con el consentimiento de Venezuela.

Esta decisión, informada debidamente a la Corte Internacional de Justicia, es cónsona con la posición histórica de Venezuela de no reconocer jurisdicción a dicha instancia judicial internacional -en ningún caso- y menos para la resolución de esta controversia, en la que Venezuela no escatimará esfuerzos en la defensa de sus legítimos derechos sobre la Guayana Esequiba".

Cabe precisar que la estrategia que ha escogido Venezuela no está exenta de todo riesgo: en efecto, la no participación de Venezuela la priva de la posibilidad de presentar sus argumentos legales en la etapa preliminar en la que puede precisamente cuestionar la competencia de la CIJ en el marco del procedimiento contencioso: la etapa de las excepciones preliminares. Dicho en otras palabras, al optar Venezuela por no participar, la base de competencia usada por Guyana (que se limita a una carta del actual Secretario General de Naciones Unidas) no será cuestionada ante los jueces de la CIJ.



Texto del comunicado de prensa de Venezuela con fecha del 18 de junio del 2018

Venezuela comunica a la Corte Internacional de Justicia que no participará en procedimiento impulsado por Guyana

El Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Exteriores informa que el día de hoy, 18 de junio de 2018, la República Bolivariana de Venezuela, representada por una delegación encabezada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, y acompañada por el Canciller de la República, Jorge Arreaza Montserrat, ha asistido a la reunión convocada por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Sr. Abdulqawi Ahmed Yusuf, en relación con la demanda unilateral presentada por la República Cooperativa de Guyana contra la República Bolivariana de Venezuela respecto a la Guayana Esequiba.

La representación de Venezuela, tras haber presentado sus respetos a tan honorable instancia judicial internacional, ha comunicado al Presidente de la Corte, mediante misiva suscrita por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, su decisión soberana de no participar en el procedimiento que pretende incoar Guyana, por carecer la Corte manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente por el país vecino, que no cuenta con el consentimiento de Venezuela.

Esta decisión, informada debidamente a la Corte Internacional de Justicia, es cónsona con la posición histórica de Venezuela de no reconocer jurisdicción a dicha instancia judicial internacional -en ningún caso- y menos para la resolución de esta controversia, en la que Venezuela no escatimará esfuerzos en la defensa de sus legítimos derechos sobre la Guayana Esequiba.

La República Bolivariana de Venezuela aprovechó la ocasión para reiterar a la República Cooperativa de Guyana la invitación a reanudar las negociaciones de buena fe con la más amplia, sincera y mejor disposición para alcanzar el arreglo práctico y satisfactorio para ambas Partes que persigue el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Con la espiritualidad bolivariana, que nuestro Libertador Simón Bolívar, anticipó para el mundo, y la diplomacia de paz expresada en diversidad, respeto, fraternidad, solidaridad y cooperación, haremos posible que la integración y la prosperidad merecida por toda nuestra América sean baluartes, superando para siempre, las secuelas de los despojos imperiales del pasado en obsequio del futuro y de la dignidad de todos nuestros pueblos.

Caracas, 18 de Junio de 2018