viernes, 6 de septiembre de 2019

El supuesto "Pacto de Leticia por la Amazonia": apuntes críticos



El supuesto "Pacto de Leticia por la Amazonia": apuntes críticos

Foto satelital del 3 de setiembre, extraída de nota de prensa titulada "Incendios forestales en la Amazonía pueden afectar el clima mundial", publicada del 4/09/2019

Reunidos en la localidad de Leticia, ubicada en la frontera de Colombia con Brasil y Perú, los representantes de siete Estados adoptaron el pasado 6 de setiembre del 2019, un texto titulado "Pacto de Leticia por la Amazonía". La noticia fue ampliamente divulgada; mucho menos, el contenido exacto del texto adoptado que se analizará en las líneas que siguen, y cuyo texto integral se reproduce al final de esta misma nota.

El contexto político de la reunión de Leticia

A esta reunión concurrieron los Jefes de Estado de cuatro Estados, a saber Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Brasil fue representado por su Ministro de Relaciones Exteriores, mientras que asistieron por parte de Surinam su Vice Presidente, y por parte de Guyana, su Ministro de Ambiente.

Es probable que el repudio internacional generalizado a la acción errática de Brasil para contener los incendios y al discurso (incendiario) de su Presidente no sean ajenos a la idea de convocar esta reunión inter-estatal. La cual fue celebrada en el interior de una construcción indígena en Leticia, con presencia de integrantes de comunidades indígenas (que asistieron a la reunión ubicados detrás de las delegaciones oficiales): en este artículo publicado en Colombia, se percibe le sensación negativa de varios indígenas, a los que no se les permitió tomar la palabra durante la cita (véase artículo publicado en Semana).

Con relación al Estado anfitrión, cabe recordar que la región amazónica representa el 41 % del territorio colombiano, en la que diversas regulaciones nacionales protegen sus recursos naturales (véase mapa ubicado en la página 13 de esta publicación auspiciada por la CEPAL y las autoridades ambientales colombianas).

Esta reunión en Leticia se dió dos semanas después de un profunda crisis diplomática originada en la reacción tardía de Brasil en contener los fuegos en la Amazonía pese al llamado hecho por varios miembros de la comunidad internacional (véase al respecto nuetra breve nota titulada "Crisis diplomática a raíz de los incendios en la Amazonía brasileña: breves apuntes sobre discursos incendiarios").

Es de notar que a diferencia de otros Estados, los Estados de América Latina sa han mantenido extremadamente reservados con relación a valorar la forma en que Brasil ha permitido un avance tan decisivo de las llamas desde finales del mes de julio. Por alguna razón, ni Francia (Estado que colinda en la selva amazónica con Brasil al igual que Surinam y Guyana, a través de su departamento de ultra mar - "La Guyane"), ni Venezuela participaron a esta reunión.

Nótese que Venezuela solicitó formalmente en agosto del 2019 una reunión extraordinaria de los Cancilleres de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA): véase carta oficial reproducida en esta nota de prensa. Esta iniciativa no prosperó por razones que sería interesante dar a conocer, al tratarse de la única organización internacional de cooperación con la que cuentan los Estados amazónicos: posiblemente el hecho que, salvo Bolivia, Guyana y Surinam, los demás Estados amazónicos hayan optado por reconocer al opositor Juan Guaidó como único representante legítimo de Venezuela, guarde alguna relación con el poco éxito de esta iniciativa venezolana.

El supuesto "Pacto" de Leticia

El texto adoptado en Leticia enumera varias obligaciones ya existentes para estos Estados en materia de cooperación, que derivan del mismo Tratado de Cooperación Amazónica suscrito en 1978, y de otros instrumentos adoptados en materia ambiental en el marco de Naciones Unidas.

Con relación a los incendios forestales como tal, leemos que los Estados suscriptores decidieron: "3. Crear la Red Amazónica de Cooperación ante desastres naturales entre los Centros de Operaciones de Emergencias para coordinar y articular los sistemas nacionales de prevención y atención de desastres con el objeto de atender de manera efectiva las emergencias de impacto regional, como incendios forestales de gran escala.

4. Intercambiar e implementar experiencias en el manejo integral del fuego, fomentando el desarrollo de políticas, instrumentos y acciones técnicas, basadas en la prevención de incendios forestales, la promoción de alternativas al uso del fuego en el medio rural y el fortalecimiento de capacidades técnicas, científicas e institucionales
".

Tratándose de una situación de emergencia como la vivida por los Estados afectados por estos incendios y la falta de capacidad (confirmada) de varios de ellos para erradicar las llamas, estas dos iniciativas propuestas pueden considerarse como un primer (y muy tímido) paso, que deberá consolidarse mucho más en el futuro para lograr consensuar un mecanismo regional efectivo en materia de lucha contra incendios.

Con relación a las poblaciones indígenas, se lee que los Estados declaran "12. Fortalecer las capacidades y la participación de los pueblos indígenas y tribales y de las comunidades locales en el desarrollo sostenible de la Amazonía reconociendo su papel fundamental en la conservación de la región".

No se tiene claro si este reconocimiento al "papel fundamental en la conservación" de estas comunidades (u otra parte del texto) ha inclinado al Palacio del Itamaraty (Brasil) a no difundir desde su sitio oficial los resultados de la cita en Leticia, como sí lo hicieron los aparatos diplomáticos de Colombia, de Ecuador y de Perú desde sus respectivos sitios oficiales.

Un "Pacto" ... sin pactos

Más allá de lo que puede llevar a un Estado a no difundir oficialmente algunas cosas a las que participan sus máximas autoridades, se recomienda la lectura completa del texto de manera a hacerse una idea sobre su alcance real.

Es de recalcar uno de los considerandos del texto, en el que se afirma que los problemas de la deforestación se deben principalmente al cambio climático. Se lee en efecto que los siete Estados,

"expresando su preocupación frente a la deforestación y degradación forestal que se presenta por diferentes causas en cada uno de los países, teniendo en cuenta sus respectivos marcos regulatorios, incluyendo las causas de deforestación que, según la evidencia necesaria, pudiesen estar asociadas al cambio climático y sus factores estructurales"(sic.);

Se trata de una interesante aseveración que seguramente sorprenderá a muchos e interesará a científicos y especialistas en materia de deforestación, al evitar (convenientemente) mencionar los principales factores (humanos), responsables directos de la deforestación: la inversión de la relación causa/efecto constituye una maniobra semántica bastante hábil y merece (como mínimo) una mención, aún modesta.

En realidad, más que asumir obligaciones y compromisos, tal como lo sugiere la misma palabra "Pacto", el texto se limita a un recordatorio de obligaciones internacionales ya adquiridas en el pasado por estos mismos Estados en materia de cooperación (y pocamente implementadas en el caso de varias de ellas).

Lejos de constituirse en una herramienta eficaz de estos Estados amazónicos ante la crisis actual provocada por incendios desde finales de julio del 2019, pareciera que este "Pacto" intenta ante todo responder a la presión internacional originada por la actitud (algo peculiar) del Jefe de Estado brasileño: a propósito de este último Estado, nótese en los considerandos y en la parte final del denominado "Pacto", la reiterada referencia al respeto a la soberanía de los Estados amazónicos sobre sus recursos naturales.

Poblaciones indígenas y defensores del ambiente en la Amazonia: una situación de indefensión

También vale la pena señalar, con relación a las poblaciones indígenas, que los siete Estados suscriptores del texto en Leticia han ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales,más conocido como Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el cual reza, en su artículo 4 que:

"Artículo 4 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados." (véase texto en español del Convenio 169)

Por alguna razón, ni en los considerandos, ni en la parte dispositiva del denominado "Pacto" de Leticia se encuentra referencia alguna a este instrumento de carácter vinculante adoptado en 1989.

Cabe mencionar que tres días antes de la cita en Leticia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresaron su honda preocupación por la situación de las poblaciones indígenas amazónicas, en particular en el territorio brasileño: véase el comunicado oficial de la CIDH emitido el 3 de setiembre, muy pocamente difundido en medios de prensa internacionales y cuya lectura integral se recomienda.

Por otra parte, este 17 de setiembre, la ONG Human Rights Watch dió a conocer su informe titulado "Rainforest Mafias. How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil’s Amazon" (véase texto completo así como comunicado de prensa de HRW), en el que detalla la impunidad campante que se ha instalado en Brasil con relación al asesinato selectivo de líderes ecologistas e indígenas que defienden la Amazonia en los últimos años. En una parte de este informe se precisa que:

"Of the more than 300 killings that the Pastoral Land Commission has registered since 2009, only 14 ultimately went to trial. Of the 28 killings documented in this report, only two did. And of the more than 40 cases of attacks or threats, none went to trial — and criminal charges have, to date, been filed in only one case".

La impunidad que se instala y el blindaje institucional que se construye para impedir investigaciones con relación al asesinato de algunos líderes sociales no es una situación propia de Brasil: tuvimos la oportunidad de analizarla en el caso de la muerte de Berta Cáceres en Honduras. Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota publicada en noviembre del 2017 y titulada "Asesinato de Berta Cáceres: contundentes conclusiones del informe del GAIPE", en la que recordábamos que:

" En América Latina, sólo en el año 2016, se contabilizaron 14 crímenes de líderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, según esta misma organización".

Ayuda internacional y soberanía, obligaciones internacionales y responsabilidad: ¿a qué juega Brasil?

Como bien se sabe, el Jefe de Estado brasileño se ha mostrado particularmente sensible sobre el tema de la soberanía de Brasil en la Amazonia, dejando convenientemente por fuera en su discurso las obligaciones internacionales que Brasil ha asumido en materia de protección y de preservación así como en materia de derechos humanos. Por ejemplo, al revisar cuidadosamente la lista de sitios de Brasil inscritos por la UNESCO, a solicitud de Brasil (véase listado oficial), se puede verificar que más de 6 millones de hectáreas de la Amazonia brasileña aparecen desde el año 2000 bajo la denominación del "Complejo de conservación de la Amazonia Central" (véase ficha técnica), superficie que fue aumentada en el 2003: las declaraciones de sitios como "Patrimonio Común de la Humanidad" y de reservas como "Patrimonio Natural Mundial" conllevan para el Estado solicitante una serie de obligaciones internacionales.

Cabe precisar que, pese a la posición un tanto airada del Presidente de Brasil, la ayuda internacional para combatir el avance de los fuegos no afecta la soberanía de ningún Estado. Bolivia, por ejemplo, ha tenido algunas limitaciones para frenar el avance de los incendios, pese a contratar los servicios de un "supertanker" para este fín (véase nota de la BBC del 23/08/2019): a diferencia de Brasil, Bolivia aceptó por parte de Francia el envío de un destacamente de bomberos galos que llegaron a Santa Cruz pocas horas después de la reunión celebrada en Leticia (véase nota de prensa de RFI). Bélgica de igual manera ha anunciado el envío de material a Bolivia (véase comunicado de prensa oficial del 9/9/2019). Chile, Estado que cuenta con la mayor experiencia en la lucha contra incendios forestales en el hemisferio americano (conjuntamente con Canadá y Estados Unidos) ha puesto a disposición 4 aviones AT802 para ayudar a los Estados afectados (véase nota de prensa de Tele13 del 28/08/2019).

El referirse a cuestiones de soberanía en medio de una emergencia regional debido al fuego no facilita la contención de las llamas. La voracidad de estas últimas (que siguen implacablemente avanzando en varias parte de la Amazonia desde finales de julio del 2019) debió de llevar a estos Estados a encontrar y afinar mecanismos regionales eficientes para canalizar, optimizar y coordinar los (pocos) recursos puestos a su disposición por parte de la comunidad internacional. El hecho que dos Estados amazónicos (Francia y Venezuela) no fueran invitados a participar a esta reunión constituye en sí una primera limitante de este esfuerzo conjunto (y que tal vez se pueda superar en el futuro).

En una reciente artículo de opinión publicado en Colombia el pasado 15 de setiembre, firmado por el ex titular del Ministerio de Ambiente de Colombia, se lee que:

"Se requiere mucho más que unos pañitos de agua tibia, como es el Pacto de Leticia. ¿Estarán los líderes políticos y empresariales de los países amazónicos listos para renunciar a una parte de sus proyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos, viales, de apertura de la frontera agrícola, etc., que son las principales causas de la destrucción de la selva? No nos engañemos: si no lo hacen, la suerte de la Amazonia está echada" (véase artículo publicado en El Tiempo y titulado "Pacto de Leticia: pañitos de agua tibia").

A modo de conclusión

Como se puede observar, la finalidad de esta reunión no pareceria ser la lucha eficiente contra los incendios de la Amazonia, sino responder a la creciente presión internacional mediante una maniobra mediática y diplomática.

De cara a los efectos del cambio climático que ya se hacen sentir (y se harán sentir con mayor fuerza), era necesario buscar la forma de dotar a los Estados en los territorios de los cuales se ubica la Amazonia de un mecanismo regional de respuesta a incendios de manera permanente. La reunión en Leticia debió de ser el primer paso en esta dirección precisa.

La tragedia que se vive en la Amazonia debería a su vez inspirar a otros Estados, en otras latitudes, en aras de dotarse de mecanismos conjuntos eficaces de lucha contra los incendios forestales, en particular cuando compartan extensos bosques o parques nacionales en sus zonas fronterizas.

Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica - UCR



Texto integral del "Pacto de Leticia por la Amazonia"

El texto de la declaración conjunta, denominada por sus siete Estados suscriptores "Pacto de Leticia por la Amazonia" (véase versión oficial colgada en el sitio de la Presidencia de Colombia) se lee de la siguiente manera:

"Los Jefes de Estado y Jefes de Delegación del Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República de Guyana, la República del Perú y República de Surinam reunidos en Leticia, Colombia, el 6 de septiembre de 2019:

Reafirmando los derechos soberanos de los países de la región Amazónica sobre sus territorios y sus recursos naturales, incluyendo el desarrollo y el uso sostenible de esos recursos, conforme es reconocido por el derecho internacional;

Conscientes del valor de la Amazonía para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como, de sus bosques húmedos tropicales, fuente del 20% del agua dulce del planeta y regulador del clima, que provee servicios ecosistémicos esenciales para el desarrollo sostenible de las poblaciones amazónicas;

Teniendo en cuenta que en la Amazonía habitan más de 34 millones de personas, incluyendo pueblos indígenas y tribales y pueblos en condición de aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) poseedores de saberes ancestrales, conocimientos tradicionales y diversidad cultural y lingüística, que deben protegidos;

Reafirmando todos los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, teniendo en cuenta la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, incluyendo el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales, la Convención sobre Diversidad Biológica, la Convención de Lucha contra la Desertificación y Degradación del Suelo, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; el Convenio de Minamata sobre el Mercurio; así como los tratados regionales, como los principios y propósitos del Tratado de Cooperación Amazónica y otros acuerdos internacionales relevantes para el desarrollo sostenible de la Amazonía y ecosistemas mundiales;

Conscientes de la importancia de la implementación y generación de sinergias entre la Agenda 2030 y sus Objetivos para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y el proceso de construcción de un marco global para la biodiversidad posterior a 2020;

Reafirmando que para la conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonía se requieren los esfuerzos de los países amazónicos, y expresando su preocupación frente a la deforestación y degradación forestal que se presenta por diferentes causas en cada uno de los países, teniendo en cuenta sus respectivos marcos regulatorios, incluyendo las causas de deforestación que, según la evidencia necesaria, pudiesen estar asociadas al cambio climático y sus factores estructurales, y manifestando su compromiso de incrementar los esfuerzos nacionales y regionales para afrontar esta problemática de manera integral y urgente;

Reafirmando que la cooperación entre los países amazónicos es una condición importante para la conservación de la Amazonía, que genere oportunidades para el desarrollo sostenible y el bienestar de su población;

Considerando que, si bien existen mecanismos y programas financieros establecidos, incluyendo la banca multilateral, que complementan los esfuerzos de los países amazónicos y que contribuyen a la solución de estos desafíos, se requiere incrementar la provisión y movilización de recursos financieros para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de estos mecanismos para la consecución de este objetivo;

Alentando a la comunidad internacional a cooperar por la conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonía, sobre la base del respeto a sus respectivas soberanías, prioridades e intereses nacionales, decidimos suscribir el presente:

PACTO DE LETICIA POR LA AMAZONÍA

1. Fortalecer la acción coordinada para la valoración de los bosques y la biodiversidad, así como para luchar contra la deforestación y degradación forestal, con base en las políticas nacionales y sus respectivos marcos regulatorios.

2. Establecer mecanismos de cooperación regional y de intercambio de información que permitan combatir las actividades ilegales que atentan contra la conservación de la Amazonía.

3. Crear la Red Amazónica de Cooperación ante desastres naturales entre los Centros de Operaciones de Emergencias para coordinar y articular los sistemas nacionales de prevención y atención de desastres con el objeto de atender de manera efectiva las emergencias de impacto regional, como incendios forestales de gran escala.

4. Intercambiar e implementar experiencias en el manejo integral del fuego, fomentando el desarrollo de políticas, instrumentos y acciones técnicas, basadas en la prevención de incendios forestales, la promoción de alternativas al uso del fuego en el medio rural y el fortalecimiento de capacidades técnicas, científicas e institucionales.

5. Concretar iniciativas de restauración, rehabilitación y reforestación acelerada en las zonas degradadas por incendios forestales y actividades ilegales incluyendo la extracción ilegal de minerales con miras a la mitigación del impacto, y recuperación de especies y funcionalidad de ecosistemas.

6. Incrementar los esfuerzos asociados al monitoreo de la cobertura boscosa y demás ecosistemas estratégicos de la región con el fin de contar con informes periódicos, en particular, en lo que respecta a la generación de un sistema de alertas tempranas por deforestación y degradación para actuar con un enfoque preventivo.

7. Intercambiar información para mejorar las capacidades de monitoreo del clima, la biodiversidad, los recursos hídricos e hidrobiológicos de la región bajo un enfoque de cuenca hidrográfica y basado en comunidades.

8. Promover iniciativas de conectividad de ecosistemas prioritarios y figuras de protección para la conservación de la biodiversidad por medio del uso sostenible, restauración y gestión de paisajes, respetándose las soberanías nacionales.

9. Intercambiar e implementar experiencias en el manejo integrado de los sistemas de áreas protegidas de los países amazónicos en los niveles regional, nacional y subnacional para su gestión efectiva y en beneficio de las poblaciones locales, a través de la promoción del desarrollo de programas y/o proyectos de conservación y uso sostenible.

10. Fortalecer los mecanismos que apoyen y promocionen el uso sostenible del bosque, los sistemas productivos sostenibles, los patrones de producción y consumo responsable y que promuevan las cadenas de valor y otros enfoques de producción sustentable, incluyendo las basadas en biodiversidad.

11. Impulsar acciones conjuntas orientadas al empoderamiento de las mujeres que habitan la región amazónica para fortalecer su participación activa en la conservación y desarrollo sostenible de la Amazonía.

12. Fortalecer las capacidades y la participación de los pueblos indígenas y tribales y de las comunidades locales en el desarrollo sostenible de la Amazonía reconociendo su papel fundamental en la conservación de la región.

13. Fomentar procesos de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología y gestión del conocimiento con el propósito de orientar la adecuada toma de decisiones e impulsar el desarrollo de emprendimientos ambientales, sociales y económicos sostenibles.

14. Desarrollar y articular entre los países amazónicos actividades de educación y creación de conciencia sobre el rol y función de la Amazonía, los principales retos y amenazas que enfrenta para su conservación y uso sostenible de los bosques y la protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades que la habitan; así como sobre los escenarios de riesgo de desastres para el fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones amazónicas.

15. Trabajar conjuntamente para fortalecer los programas y mecanismos financieros, reivindicar los compromisos de los países asumidos en estos espacios, movilizar recursos públicos y privados, incluyendo la Banca Multilateral, según corresponda, para la implementación de este Pacto.

16. Avanzar rápidamente en la formulación de la segunda fase del Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía ante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

DECLARAMOS:

Nuestra voluntad de acoger el presente Pacto de Leticia por la Amazonia.

Nuestro compromiso de coordinar, a través de las Cancillerías y las autoridades competentes, la formulación de un plan de acción para el desarrollo de las acciones adoptadas, así como de realizar reuniones de seguimiento para evaluar el avance en la formulación e implementación de dicho plan.

Nuestra intención de cooperar y nuestro llamado a otros Estados interesados, a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y demás organizaciones regionales e internacionales a cooperar para la consecución de las acciones aquí acordadas construyendo en armonía con los esfuerzos nacionales y en atención a las solicitudes de los países amazónicos signatarios de este Pacto y con pleno respeto a su soberanía.
"



sábado, 24 de agosto de 2019

Crisis diplomática a raíz de los incendios en la Amazonía brasileña: breves apuntes sobre discursos incendiarios



Crisis diplomática a raíz de los incendios en la Amazonía brasileña: breves apuntes sobre discursos incendiarios

El pasado 24 de agosto, las autoridades brasileñas ordenaron finalmente al Ejército iniciar tareas de apoyo en las labores para intentar contener las llamas que han afectado desde varias semanas amplias extensiones de bosques amazónicos en el territorio brasileño. Como bien es sabido, los Estados federados de Brasil con cobertura amazónica son los siguientes: Acre, Amapá, Amazonas, Marañhao, Mato Grosso, Pará, Rondónia, Roraima y Tocantins.

La decisión de ordenar al Ejército ponerse a disposición de las autoridades federadas afectadas ocurrió después de varios llamados hechos por distintos actores de la comunidad internacional, incluyendo el de Costa Rica (Nota 1), y la renuencia de las autoridades brasileñas en considerar que se trata de un tema internacional: oficialmente estas últimas han aducido - y persisten en mantener esta posición- que se trata de un problema de índole estríctamente interno que no requiere intervención externa alguna, y que el fuego está "controlado".

El mismo 23 de agosto del 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas, posiblemente refiriéndose a la Amazonía y no al Estado federado brasileño del Amazonas, externó que:

"En medio de la crisis climática global no podemos permitirnos más daños a una de las grandes fuentes de oxígeno y biodiversidad. Se debe proteger al Amazonas” (véase comunicado de prensa oficial del 23/08/2019)

La prevención y/o mitigación de incendios forestales supone un sistema de alerta temprana y un sistema de multas ejemplarizantes a propietarios negligentes y/o productores voraces, monitoreados desde satélites, así como mecanismos de desincentivo más sofisticados: se trata de valiosas herramientas de política pública, que elaboró e implementó con gran éxito Brasil antes del 2018, logrando reducir significativamente la tasa de deforestación en la Amazonía. Se lee en este informe que:

"Por medio de esas acciones, la deforestación se redujo de manera significativa en el Amazonas brasileño. Mientras que la pérdida forestal anual llegaba a los 27.700 km2 en el año 2004, en 2012 esta cifra pasó a 4.500 km2 , es decir, una disminución de casi 84%" (p.1).

La importancia mundial de la Amazonía

Como bien se sabe, el bosque amazónico que cubre gran parte de Brasil y de Perú, así como de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, se compone de unos 5,5 millones de km2, y se considera el pulmón del planeta responsable del 20% del oxígeno que respiramos. El 60 % aproximádamente de ese conjunto de selvas tropicales se sitúa en Brasil. Menos divulgado, la Amazonía es también responsable de la regulación de todos los ciclos hidrológicos en la región y mucho más allá: gran parte de las formaciones nubosas que se forman en esta precisa zona del planeta garantizan a otros Estados lluvias en abundancia.

El marco legal amazónico a nivel regional

En julio de 1978, los Estados amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela) adoptaron un tratado marco para proteger, resguardar y asegurar una gestión conjunta de la Amazonía, mediante la adopción del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) considerado "audaz" por varios autores (Nota 2): véase versión oficial en francés de dicho instrumento, el cual creó la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) (véase sitio oficial).

El TCA ha dado pié para diversas y muy valiosas iniciativas, como las que se gestan desde la misma Organización de Estados Americanos (OEA), tal y como se puede apreciar en esta publicación. Varios tratados impulsados por la OEA adoptados en el marco bilateral esta vez, buscan también hacer realidad esta cooperación, mediante la captación de financiamiento internacional para proyectos binacionales con este fin.

No obstante, la prevención de incendios y la elaboración de estrategias conjuntas para mitigar sus efectos no parecieran haberse plasmado en acciones conjuntas, el menos en lo que respecta a Brasil y a sus vecinos. En el hemisferio americano, los Estados que cuentan con mayor experiencia en materia de lucha contra incendios forestales son: Estados Unidos, Chile y Canadá.

En una reciente reunión celebrada el pasado 27 de agosto entre los Presidentes de Colombia y de Perú en la ciudad de Pucallpa (Perú), se lee únicamente que ambos Jefes de Estado:

" 13. Manifestaron su solidaridad con los países afectados por los incendios que se registran en la Amazonía y expresaron su firme voluntad para prestar la cooperación que fuese requerida para controlar, extinguir y prevenir los incendios forestales en la región amazónica" (véase texto completo de la declaración conjunta).

El tono oficial reciente de Brasil con respecto a la Amazonía

En el caso específico de Brasil, en julio del 2019, se evidenció el aumento abrupto de la tasa de deforestación en la Amazonía brasileña, consecuencia lógica del discurso de sus máximas autoridades (véase cable de Reuters), acompañándose de incendios en diversas partes de la región amazónica, sin que estos preocuparan mayormente a las precitadas autoridades. La extensión de los períodos de sequía, consecuencia anunciada desde varios años del cambio climático, favorece una propagación mucho más rápida de los incendios, y cuesta creer que las actuales autoridades brasileñas esperaran estos incendios (que iniciaron a finales de julio del 2019) para corroborarlo.

Dos gráficos publicados en este artículo de Le Monde (Francia) ilustran lo que ha significado la entrada en funciones del actual Jefe de Estado brasileño para la cobertura forestal amazónica (en particular el segundo gráfico).

El pasado 16 de agosto, el jefe de Estado brasileño protagonizó un inédito episodio con dos de los principales donantes del Fondo Amazonia creado en el 2008, Alemania y Noruega, quienes decidieron cesar sus contribuciones, al sugerirles reforestar sus propios territorios en vez de preocuparse tanto por financiar proyectos en la Amazonía: véase, sobre el tono particularmente airado de Jefe de Estado brasileño, esta nota de prensa de La Nación (Argentina).

Foto satelital tomada del artículo de prensa titulado "Incendies en Amazonie : « nous risquons d'assister à une savanisation de l'Amazonie »

La decisión de ordenar al Ejército brasileño apoyar las tareas para frenar el avance del fuego se da 24 horas después de un fuerte intercambio entre los jefes de Estado de Francia y Brasil (véase nota de prensa de Le Monde). Francia, único Estado europeo en mantener un frontera terrestre con Brasil a través de su departamento de ultramar (Guyana francesa), amenazó con oponerse al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Miembros del Mercosur recientemente suscrito, al considerar que Brasil "mintió" durante una cumbre del G-20 celebrada en junio del 2019 en Osaka (Japón) sobre sus compromisos en materia ambiental. Esta amenaza fue también evocada por el Presidente del Consejo Europeo de la UE (véase nota de prensa de ElPais).

A su vez España ha externado que no comparte la posición francesa al manifestar que: "Para España el objetivo de lucha contra el cambio climático es un objetivo prioritario, pero consideramos que es precisamente aplicando las cláusulas medioambientales del Acuerdo como más se puede avanzar y no proponiendo un bloqueo de su ratificación que aísle a los países del Mercosur" (véase cable de AFP).

El entorno político actual en Brasil

Una reciente entrevista de Marina Silva difundida por la BBC (véase enlace) detalla el entorno político actual en Brasil que ha favorecido estos incendios.

En el mes de mayo del 2019, el Jefe de Estado galo recibió en París al lider indígena brasileño Naori Metuktire, y prometió apoyar los esfuerzos en pro de la conservación y de la protección de los bosques amazónicos (véase nota de prensa de Le Monde). Durante este mismo mes de mayo, Brasil presentó una propuesta para modificar sustancialmente los términos de la cooperación brindada por Alemania y Noruega al Fondo Amazonia (véase cable de la agencia de noticias EFE).

Es muy probable que otros Estados, además de Francia y la UE, alcen también la voz, ante lo que se puede considerar un incendio forestal con consecuencias a escala planetaria y un actuar intencionalmente errático para contenerlo: ambos evidencian la necesidad de un marco legal que permita una acción mucho más coordinada entre los Estados amazónicos y la comunidad internacional.

A ello hay que añadir la amenaza que estos incendios representa para la sobrevivencia de una gran cantidad de poblaciones autóctonas amazónicas, tal y como lo detalla el lider de la población Suruí, que cuenta unas 1 500 personas, en el Estado brasileño de Rondonia (véase entrevista de La Croix, Francia).

¿Hacia una responsabilidad internacional por omisión y/o negligencia?

El derecho internacional público tiene como sujetos plenos a los Estados soberanos: se trata de entidades que califican como sujetos plenos de derecho al ser titulares de derechos y de obligaciones, y al contar con un ordenamiento jurídico internacional que les permite exigir el respeto de sus derechos y responder internacionalmente ante los demás Estados en caso de violar sus obligaciones.

El principio 2 de la Declaración de Río de Janeiro adoptada en 1992 (véase texto completo) es muy claro en cuanto a la obligación internacional de un Estado hacia los demás Estados de no autorizar proyectos en su territorio susceptibles de causar un daño de carácter transfronterizo, pero una pregunta puede surgir al analizar la actitud de las actuales autoridades brasileñas: dejar que se propaguen intencionalmente las llamas en extensas zonas secas, a sabiendas de la importancia de este reservorio de bosque tropical, el más extenso del planeta, para muchos otros Estados vecinos, ¿no califica como responsabilidad internacional por inacción, omisión o negligencia?

Modelizaciones oficiales hechas en Brasil sobre el estado de la Amazonía en años anteriores al 2018, aunadas a medidas recientes tomadas para desaplicar reglas e incentivos tendientes a frenar la deforestación y los incendios adoptados por Brasil antes del 2018, así como fotos satelitales desde el mes de julio del 2019 y las reacciones registradas por las autoridades brasileñas (algunas de ellas muy tentadas en recurrir al "tweet" oficial), constituyen, entre muchos otros datos, un interesante campo a explorar para quienes consideren que pueden haber elementos para establecer algun tipo de responsabilidad internacional de Brasil hacia los Estados afectados por estos incendios. Es muy probable que la dirección del viento también lleve partículas y nubes de cenizas a diversos otros Estados, afectando la calidad del aire que en ellos se respira o aumentando los problemas respiratorios ya existentes en algunas regiones para sus pobladores. Ello sin hablar, a mediano plazo, de la agudización de los efectos del calentamiento global en la región - y el mundo - que supondría lo que algunos expertos ya denominan el riesgo de "sabanización" de la Amazonía. Se trata de un término que fue mencionado por vez primera en 1991 como una simple hipótesis de trabajo: véase artículo de prensa de El Pais, (España), en el que se lee que:

La humedad de la Amazonia es importante para las precipitaciones y el bienestar humano, porque contribuye a las lluvias invernales en partes de la cuenca del río de la Plata, especialmente en el sur de Paraguay, el sur de Brasil, Uruguay y el centro y el este de Argentina

A modo de conclusión: un discurso oficial que esconde un angustiante panorama

Con relación a las autoridades brasileñas, la posición oficial sigue manteniendo que las autoridades tienen las llamas "controladas". Al inicar el mes de agosto, se despidió al director de una de las agencias estatales a cargo de verificar el avance de la deforestación debido a algunas de sus declaraciones: véase nota de prensa La Red21 (Uruguay).

A raíz de una reunión del Presidente de Chile con su homólogo en Brasilia, celebrada este 28 de agosto, la declaración oficial conjunta publicada por el Itamaraty señala que:

"El presidente Bolsonaro presentó al presidente Piñera los continuos esfuerzos del gobierno brasileño para detener los incendios estacionales, señalando que los brotes están disminuyendo y la situación está bajo control" (sic.)

Las imágenes satelitales que monitorean los incendios en la Amazonía desde centros de estudios ubicados fuera de Brasil contradicen este supuesto "control" dada la progresión implacable del fuego, y pareciera incluso que las máximas autoridades brasileñas manejan datos erróneos sobre el verdadero alcance de las llamas.

Según los datos dados a conocer por el mandatario galo (y no refutado por las autoridades brasileñas, salvo error nuestra parte al momento de redactar estas líneas), los incendios en la Amazonía ya se han extendido por aproximadamente 1,2 millones de km2 (véase nota de prensa de BFMTV).

Los integrantes del G-7 habían acordado en su reunión en Biarritz (Francia) del pasado 25-26 de agosto un primer desembolso urgente de 22 millones de US$ para intentar ayudar a los Estados afectados (véase nota de prensa de LePoint): es probable que algunos Estados sí la acepten, mientras que Brasil hizo ver que no la requiere.

Se trata de un primer acercamiento de la comunidad internacional para intentar contener lo que Brasil liberó al parecer intencionalmente (y que había logrado frenar durante las administraciones pasadas).



Notas

Nota 1: El pasado 22 de agosto, Costa Rica circuló el siguiente comunicado oficial: "Costa Rica expresa su profunda preocupación por devastadores incendios en la Amazonia. Costa Rica hace un fuerte llamado a no escatimar en esfuerzos para contener los daños a este importantísimo ecosistema tropical. El Gobierno de Costa Rica expresa su profunda preocupación por los devastadores incendios forestales que se desarrollan en la gran cuenca del río Amazonas, en particular en los estados amazónicos de Brasil. Como país comprometido con la defensa y protección del medio ambiente y los bosques tropicales, nos conmociona la dolorosa destrucción causada por los incendios y su impacto negativo en la biodiversidad biológica de ese pulmón del mundo, así como en las comunidades indígenas y campesinas afectadas. El Gobierno de la República confía en que por medio de esfuerzos redoblados y conjuntos de los Estados, autoridades locales, la comunidad internacional y la sociedad civil, se logre contener el fuego en el menor plazo posible. Comunicación Institucional (784 CR Incendio Amazonia) Jueves 22 de agosto de 2019".

Nota 2: Véase, entre muchos autores, LANDAU G., "El Tratado de Cooperación Amazónica, audaz instrumento de desarrollo", Comercio Exterior (1981), México, cuyo texto está disponible en este enlace; así como CAUBET G., "Le traité de coopération amazonienne — Régionalisation et développement de l'Amazonie", Annuaire Français de Droit International (1984), pp. 803-818, cuyo texto está disponible (texto integral) en este enlace.



miércoles, 17 de julio de 2019

El lado amargo de la dulzura: a propósito de un nuevo reportaje crítico de la televisión alemana sobre la piña costarricense



El lado amargo de la dulzura: a propósito de un nuevo reportaje crítico de la televisión alemana sobre la piña costarricense

El pasado 16 de julio, la cadena de televisión alemana SWR difundió un reportaje sobre la piña costarricense. Titulado "Billige Ananas auf Kosten der Plantagen-Arbeiter", está disponible desde ya en este enlace oficial de la SWR, en el que se pueden apreciar diversos aspectos pocamente difundidos en Costa Rica sobre las condiciones laborales imperantes en las plantaciones de piña y sobre los pesticidas usados en ellas.

Figura sobre desglose porcentual sobre repartición de las ganancias de la piña exportada desde Costa Rica a Alemania, extraído del reportaje de la SWR titulado "Billige Ananas auf Kosten der Plantagen-Arbeiter", disponible aquí

Este reportaje fue antecedido por otro, de una de las principales cadenas de televisión francesa, France 2, difundido en el mes de junio del 2019: véase al respecto nuestra nota al respecto). Titulado "Costa Rica : le commerce juteux de l'ananas", está disponible en este enlace, en el que se mencionan diversos efectos del cultivo de la piña de la variedad MD-2 (más conocida internacionalmente como "Sweet Gold", "Golden" o "Extra Sweet") que bien conocen varias comunidades y organizaciones ecologistas de Costa Rica, así como algunos universitarios.

En el 2018, habíamos tenido la oportunidad de reseñar otro documental de la cadena de televisión alemana elaborado en español por la DW sobre la piña costarricense, en una nota titulada "Entre el orgullo y otra cosa: a propósito de un reportaje sobre la piña costarricense difundido por la DW (Alemania)". Titulado "Costa Rica: el precio de la piña | DW Documental", este documental en español está disponible en este enlace. Muy pocamente difundido en Costa Rica, se recomienda su revisión, ya que menciona varios aspectos (también pocamente...) discutidos. Es completado de forma muy interesante con muestras analizadas en un laboratorio alemán independiente (a partir del minuto 22:36): entre varios hallazgos, el técnico de laboratorio recomienda tener mucha precaución a la hora de manipular la fruta en una cocina, al contener sus hojas sustancias químicas sumamente dañinas para la salud humana que se desprenden (y que no impregnan la pulpa de la fruta exportada a Alemania). ¿Cuántas personas que trabajan en cocinas o sodas de restaurantes o de escuelas saben de ello en Costa Rica? Es una pregunta muy válida que nos permitimos compartir en el marco de estas breves líneas.

Como bien es sabido, a diferencia de los consumidores de otras latitudes, el consumidor europeo se está mostrando cada vez más exigente con relación a los efectos socio-ambientales de la piña costarricense; y los equipos de periodistas europeos, cada vez más interesados en dar a conocer en detalle, con entrevistas y datos precisos, los problemas que omiten convenientemente debatir y resolver las autoridades costarricenses.

Durante su estadía en Costa Rica en el 2016, se pudo leer por parte de los investigadores de la prestigiosa ONG internacional Oxfam su asombro ante la ausencia de cambios para remediar los problemas detectados varios años atrás en las plantaciones de piña costarricenses:

"Nos impresiona mucho ver que desde la primera investigación que hicimos hace ocho años, casi no han cambiado las cosas. Igualmente, en marzo vinimos a hacer una segunda indagación y todo sigue igual: problemas de salud como cáncer y enfermedades de la piel, contaminación de acuíferos y faltas a las garantías laborales de las personas que trabajan en estas fincas" (véase artículo de DiarioExtra titulado "Alemanes denuncian malas prácticas en piñeras ticas. Advierten a consumidores sobre hallazgos", edición del 25/10/2016, disponible aquí).

Con relación a la inacción estatal que caracteriza a las autoridades de Costa Rica cuando de impactos negativos de la piña se trata, fue constatada (por enésima vez) en enero del 2019 por el juez constitucional costarricense. En efecto, en la sentencia N° 2019-000695 del 18 de enero del 2019 sobre aguas contaminadas en la Zona Norte, la irresponsabilidad de las entidades se evidenció una nueva vez al indicarse que:

"...los Magistrados declararon con lugar el recurso, pues se acreditó que desde hace años todas las instituciones involucradas -Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Tribunal Ambiental Administrativo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministro de Agricultura y Ganadería-conocían la existencia de denuncias por riesgo de contaminación de diversas nacientes en las comunidades afectadas y, pese a ello, incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas" (véase resúmen de sentencia).



miércoles, 10 de julio de 2019

El lado amargo de la dulzura: a propósito de un reciente reportaje crítico de la televisión francesa (France2) sobre la piña costarricense



El lado amargo de la dulzura: a propósito de un reciente reportaje crítico de la televisión francesa (France2) sobre la piña costarricense

Hace un mes, el 11 de junio del 2019, se difundió en Francia un reportaje elaborado por un equipo de periodistas de una de las principales cadenas de televisión, France 2, a raíz de su visita a Costa Rica.

Titulado "Costa Rica : le commerce juteux de l'ananas", está disponible en este enlace, en el que se pueden apreciar diversos efectos del cultivo de la piña de la variedad MD-2 (más conocida internacionalmente como "Sweet Gold", "Golden" o "Extra Sweet") que bien conocen varias comunidades y organizaciones ecologistas de Costa Rica, así como algunos universitarios.

Como bien es sabido, la extrema dulzura de la MD-2 ha permitido a esta variedad de piña implantarse con gran fuerza desde Costa Rica en el mercado mundial de la "fruta fresca" exportada, y ello desde mediados de los años 2000, desplazando a todas las demás variedades de piña (la Hawaiana, la Cayena, y la piña criolla costarricense cuya acidez y pulpa clara persisten en el recuerdo de muchos). Las comillas usadas en la frase anterior refieren al hecho que la MD-2, a penas cosechada en el campo costarricense, entra en una cadena de frío, pasando varias semanas a temperaturas muy bajas; estas piñas vienen cargadas de sustancias químicas, en aras de aparentar frescura y buena apariencia una vez colocadas en un anaquel en Europa o bien en Estados Unidos.

La voracidad de algunos pareciera no tener freno alguno. En esta publicación especializada en francés del año 2016 sobre el mercado mundial de la piña, titulada "Marché mondial de l’ananas frais", el autor señala que:

"L’offre est quasi monovariétale : le MD-2. Une origine, le Costa Rica, alimente 87 % de la consommation de l’UE et 82 % de celle des États-Unis, les deux principaux marchés " / "La oferta es casi monovarietal: la MD-2. Un origen, Costa Rica, alimenta el 87% del consumo de la UE y 82% del de Estados Unidos, los dos principales mercados" (traducción libre del autor).

Este reportaje televisivo difundido en junio del 2019 pasó prácticamente desapercibido en los medios de prensa de Costa Rica: una ocasión que nos parece propicia para explicar por qué.

Reportajes críticos sobre la piña en medios europeos e información en medios costarricenses: breves apuntes

Dicho reportaje fue únicamente objeto de una reseña por parte de la redacción de ElMundo.cr (véase nota de este medio digital, titulada "Noticiero francés expone contaminación por agrotóxicos en las piñeras costarricenses", edición del 15/06/2019) y por parte de los redactores de The Costa Rica News (véase nota titulada "French News Channel Exposes Pollution by Agrochemicals in Costa Rican Pineapple Plantations" del 17/6/2019). Días después, en el periódico La República, una nota titulada "Canal francés expone problemática de plaguicidas en Costa Rica" lo reseñó de igual manera en su edición del 21 de junio (véase nota).

No es la primera vez que un reportaje crítico con relación a la piña exportada por Costa Rica es pasado por alto (o casi): a finales del 2018, la piña costarricense fue seleccionada por la BBC entre los cinco productos de consumo masivo más dañinos para el ambiente (véase nota de la BBC titulada "Five products you didn't know were harming the environment", Suplemento Science & Environment, edición del 2/11/2018). Salvo error de nuestra parte, no motivó medio alguno de prensa costarricense a referirse a ello, y su eventual reseña no dejó rastros en la red.

Con respecto a Francia, cabe precisar que no es la primera vez que una de sus televisoras investiga con mayor detenimiento lo que el consumidor encuentra a precios tan cómodos en las góndolas de los supermercados franceses: véase por ejemplo documental disponible en este enlace realizado a finales de los años 2000 por un equipo de la emisión " Envoyé spécial ", titulado " L'ananas : une success story inégalée ! ": con unos 25 minutos de duración, se detallan en él varios aspectos negativos de la piña costarricense a partir de diversas entrevistas.

Sitios especializados franceses también buscan dar a conocer la realidad de la piña costarricense que no se deja ver en los estantes publicitarios de supermercados galos: véase por ejemplo, entre muchos otros, extensa nota titulada "Jorge Castro, le paysan en marche pour dénoncer l’expansion de la monoculture d’ananas au Costa Rica", publicada en el 2017 en el sitio de Greentrotteurs y esta otra nota del sitio Beurk del 2012 titulada "Ananas sweet du Costa-Rica, vous reprendrez bien un peu d’éthéphon ! " (el Etefón - nombre químico: ácido 2-(cloroetil)fosfónico - es el ingrediente activo de un producto denominado Ethrel, utilizado para realizar la inducción floral a la hora de producir piña MD-2).

Como se explicará a continuación, la piña costarricense está interesando cada vez más a medios de prensa y a instancias internacionales; incluso, algunas comunidades rurales impactadas por su expansión han tenido que recurrir a mecanismos de protección internacional en materia de derechos humanos, ante la actitud omisa del Estado costarricense.

Foto extraída de nota de la organización Swedwatch, titulada "Toxic pesticides on Costa Ricas plantations", 2013

Un producto objeto de promoción ... y de especial mutismo por parte del Estado en cuanto a sus efectos negativos

Datos estadísticos oficiales (dados por la misma Promotora del Comerio Exterior de Costa Rica, PROCOMER) indican que Costa Rica exportó piña fresca en el 2015 por un valor de 804,8 millones de US$, en el 2016 por valor de 874,2 millones de US$ y en el 2017, por valor de 940,7 millones de US$. Según señalado por el titular de la cartera de agricultura en el 2017, la piña genera unos 48.000 empleos en Costa Rica, incluyendo empleos indirectos (véase artículo publicado en La Nación).

Ahora bien, el entusiasmo oficial en dar a conocer estas cifras contrasta con el mutismo de varias entidades del mismo Estado costarricense cuando de algunos efectos de la piña se trata, tal y como lo veremos a continuación.

Imágenes satelitales confirmaron en el mes de enero del 2019 el alcance de la expansión piñera descontrolada que se da en Costa Rica, sin provocar mayor reacción por parte del aparato estatal (véase nota de Elpais.cr). En junio del 2018, estudios técnicos sobre contaminación del agua para consumo humano en la Zona Norte de Costa Rica arrojaron una serie de cuestionamientos (en nuestra opinión, particularmente graves) sobre el actuar irresponsable de las autoridades sanitarias y agropecuarias (véase nota del Semanario Universidad titulada "UCR revela que agua en la zona norte registran contaminación con agroquímicos").

La misma sensación de apatía estatal generalizada se percibió al alertar tempranamente el máximo órgano de la Universidad de Costa Rica (UCR) a la opinión pública (en diciembre del 2008) sobre los efectos dañinos de la producción piñera: véase pronunciamiento de diciembre del 2008 del Consejo Universitario de la UCR titulado "Consecuencias socioambientales de la industria piñera en Costa Rica". Su lectura integral se sugiere, en particular una de sus recomendaciones de indignante actualidad, 11 años después de emitida (Nota 1).

Otras serias advertencias han mantenido desde entonces al aparato estatal en una actitud silenciosa: véase por ejemplo, entre otros, artículo publicado en el 2017 por el Dr. Allan Astorga Gättgens, ex Secretario General de la SETENA, en el sitio de HablandoClaro titulado "Piña vs Agua: el costo del sacrificio ambiental" y otro artículo del mismo autor publicado en el 2011 en La Nación titulado "La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña", en el que el autor señala que:

"La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa".

Salvo error de nuestra parte, esta cuestionable resolución del año 2009 no ha sido derogada desde entonces, por lo que la piña sigue expandiéndose al amparo de esta, es decir eximida de todo estudio de impacto ambiental (EIA) previo y obligatorio.

El precitado artículo del Dr. Astorga, que no ha dado lugar a ninguna refutación luego de ser publicado en el 2011, es contundente en sus conclusiones:

" Es urgente reorientar una producción piñera que, lejos de ser un orgullo para la imagen verde de nuestro país ante el mundo, se ha convertido en una vergüenza nacional".

Cabe precisar que a nivel local, son muchas las voces acalladas por el temor: a este respecto, un reportaje de febrero del 2014 “No nos tapen la boca: hablemos de la contaminación piñera” en homenaje a Mayra Eugenia Umaña, ilustra el tipo de presiones a las que son sometidas las personas que, desde sus pequeñas comunidades rurales, osan elevar la voz contra las empresas piñeras (véase reportaje del canal universitario Canal15 UCR, disponible aquí).

Recomendaciones de experta de Naciones Unidas (también) desoídas por el Estado costarricense

Resulta oportuno recordar que las advertencias tempranas a Costa Rica (2009) también provinieron de la esfera internacional.

En efecto, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Agua y Saneamiento, Catarina Albuquerque, visitó Costa Rica en el 2009 (véase texto del informe completo). En su informe incluyó lo siguiente:

"71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado "(p. 22, punto 71).

La misma experta recomendaba en su informe del 2009 lo siguiente:

"85. La Experta independiente recomienda que Costa Rica apruebe, como medida prioritaria, los proyectos de decreto ejecutivo destinados a reglamentar el uso de Bromacil y Diurón en las explotaciones agrícolas" (p. 26, punto 86).

Como suele ocurrir con informes de esta naturaleza elaborados por entidades y/o expertos internacionales, su difusión en Costa Rica fue escaza, limitándose a algunos especialistas y a un aparato estatal debidamente notificado (pero muy poco interesado en divulgar su contenido).

Piña y autoridades costarricenses, o la historia de un parco aparato estatal

Las recomendaciones externadas por la experta de Naciones Unidas en el 2009 no tuvieron mayor efecto en Costa Rica.

Por supuesto que en los años posteriores se crearon comisiones interinstitucionales, se elaboraron diagnósticos, estudios diversos, se publicaron manuales de buenas prácticas agrícolas, se establecieron plataformas de producción responsable y demás iniciativas muy publicitadas por algunos sectores costarricenses: tanto, que sugiere en algunos casos que se trata más de una estrategia de comunicación que de herramientas eficaces para limitar los impactos negativos de la producción piñera en Costa Rica.

Con relación a la inacción estatal antes señalada, fue constatada (por enésima vez) 10 años después de las recomendaciones de la experta de Naciones Unidas, en enero del 2019 por el mismo juez constitucional costarricense. En efecto, en la sentencia N° 2019-000695 del 18 de enero del 2019 sobre aguas contaminadas en la Zona Norte, la despreocupación de las entidades se evidenció una nueva vez al indicarse que:

"...los Magistrados declararon con lugar el recurso, pues se acreditó que desde hace años todas las instituciones involucradas -Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Tribunal Ambiental Administrativo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministro de Agricultura y Ganadería-conocían la existencia de denuncias por riesgo de contaminación de diversas nacientes en las comunidades afectadas y, pese a ello, incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas" (véase resúmen de sentencia).

Esta decisión del 2019 puede ser comparada a la resolución Nº 2009-09041 del juez constitucional adoptada 10 años antes, con relación a la contaminación provocada por empresas piñeras en El Cairo y Milano de la región de Siquirres. Esta sentencia del 2009 fue objeto de una nueva decisión del 2013 en la que la Sala Constitucional (bastante molesta) señaló sin mayor contemplación que:

"Sobre el particular, esta Sala tiene plena e idóneamente demostrado la desobediencia a lo dispuesto en la Sentencia supra mencionada" (véase texto de la resolución 2013-05065).

Conocer de denuncias en materia de piña y no hacer mayor cosa por parte del Estado pareciera ser lo usual en Costa Rica; cuando se hace algo, puede entonces pasar que los análisis fisico-químicos del agua realizados por las autoridades no encuentren lo que sí detectan laboratorios independientes (Nota 2).

Piña y ciencia jurídica, o la historia de cómo la normativa vigente se desvanece

Como se indicó anteriormente, desde el 2009 una resolución de la SETENA permite eximir a las plantaciones de piña de todo estudio de impacto ambiental (EIA) previo y obligatorio. No es la única normativa ambiental vigente que ha dejado de aplicarse en aras de favorecer la expansión piñera en Costa Rica, y estudiosos de la ciencia jurídica bien podrían ahondar en lo que someramente indicaremos en las líneas que siguen.

¿Principio precautorio? ¿Compensación por daño? ¿Implementación del principio "quién contamina paga"? Cuando de piña se trata en Costa Rica, se asiste a lo que se podría denominar una verdadera "desaplicación" de estos principios jurídicos básicos en derecho ambiental: al día de hoy, ninguna empresa piñera se ha visto forzada a compensar económicamente a comunidades que se han quedado sin agua potable, como tampoco a cámaras de ganaderos que se han visto afectados por la proliferación de la denominada "mosca de establo".

Sobre este último aspecto, un documento que lleva el sello del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de la Universidad Nacional UNA), “Boletín de Parasitología”, alertaba sobre el riesgo de proliferación de este insecto en caso de mal manejo de los rastrojos de la piña: lo llamativo es que fue publicado en el 2003. En el 2016, la situación fue tal que una emergencia sanitaria en siete cantones piñeros fue decretada (véase Decreto Ejecutivo 39902-MAG del 28/08/2016 publicado en el Alcance Digital 207 a la Gaceta del 5/10/2016, pp.1-6): véase al respecto - entre las pocas notas de prensa al respecto - esta nota del Semanario Universidad titulada "Brote de moscas hematófagas genera emergencia sanitaria".

En cuanto al Estado costarricense, salvo error de nuestra parte, no se conoce (aún) de sentencias sobre acciones civiles resarcitorias y/o acciones penales presentadas por este para sancionar a empresas piñeras responsables de contaminar cuerpos de agua, drenar humedales, invadir zonas boscosas, provocar la proliferación de la precitada mosca o ignorar los retiros y/o perímetros de protección de ríos y quebradas previstos en la legislación ambiental, así como los retiros que se debe respetar para resguardar viviendas y centros educativos.

Se pudo escuchar en el 2013 por parte del hoy Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el jurista Fernando Cruz Castro, que:

"La actividad de la piña ha funcionado sin estudios de impacto ambiental y sin cumplir con los requisitos básicos. Esto lesiona la tutela del medio ambiente" (véase nota extraída del portal de la UCR).

La piña costarricense ha dado lugar a cierta originalidad por parte de algunos jerarcas en materia de salud: muchos guardan aún en mente la propuesta (bastante insólita) apoyada desde el mismo Ministerio de Salud en el 2008, tendiente a legalizar en Costa Rica pequeñas cantidades de Diurón y de Bromacil en el agua para consumo humano (Nota 3).

No fue sino hasta junio del 2017 que se publicó en La Gaceta un Decreto Ejecutivo prohibiendo el uso del Bromacil en Costa Rica (véase texto del Decreto N° 40423-MAG-MINAE-S publicado en el Alcance Digital 124 de La Gaceta Oficial, del 5/06/2017, pp. 9-16): la lectura de los considerandos sobre las características del Bromacil puede llevar a preguntarse por qué se esperó tanto tiempo para prohibir esta sustancia química, cuyos efectos nocivos para los suelos y las aguas se conocen desde hace muchos años. Con relación a otro herbicida asociado a diversas formas de cáncer, el Diurón, su utilización se mantiene sin regulación para limitar su uso; al igual que otras sustancias químicas usadas por producir la piña MD-2 (Carbaril, Clorpirifos, Diazinon, Etefón, Hexazinona y Triadimefón, para citar algunas de ellas - Nota 4).

En el 2014, el mismo Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) fue bastante enfático con relación a la omisión estatal en el caso de las comunidades del Cairo y Milano en la región de Siquirres (con más de 6000 personas privadas de agua potable desde julio del 2007 debido a la contaminación constatada y documentada de sus fuentes de agua por parte de empresas piñeras): “Vergüenza debe darle todo esto al Estado” (véase artículo de La Nación de septiembre del 2014).

Las comunidades de Milano de Siquirres cansadas de esperar (véase artículo del Semanario Universidad del 2015), acudieron al sistema interamericano de protección de los derechos humanos en marzo del 2015, haciendo ver cuán "pronta y cumplida" deja de ser la justicia en Costa Rica cuando de agua contaminada por empresas piñeras se trata (Nota 5): intentar obtener justicia en la esfera internacional cuando la justicia nacional no es acatada por las autoridades estatales recurridas forma parte de las herramientas jurídicas puestas a disposición de las comunidades por el derecho internacional de los derechos humanos.

La piña costarricense ante organizaciones de consumidores cada vez más exigentes

Este reportaje de la televisión gala difundido durante el mes de junio del 2019 fue precedido por otro de la cadena de televisión alemana DW divulgado en el mes de mayo del 2018 (véase enlace en YouTube), que habíamos tenido la oportunidad de comentar en esta breve nota publicada en algunos medios digitales, titulada "Entre el orgullo y otra cosa: a propósito de un reportaje sobre la piña costarricense difundido por la DW (Alemania)".

Una de las pocas reseñas en la prensa de Costa Rica sobre este documental alemán se tituló: "Reportaje europeo deja por el suelo imagen de Costa Rica por cultivo de piña" (véase nota de AMPrensa, edición del 8/5/2018)

En enero del 2019, el programa "Carta sobre la Mesa" de RussiaToday (RT) se realizó en Costa Rica sobre la polémica que genera la piña entre distintos sectores (véase enlace de RT).

El interés del consumidor europeo por los efectos de la piña que ocultan muy convenientemente las autoridades costarricenses no es reciente: ya en el 2010, la misma organización de Consumers International realizó un extenso reportaje para la televisión británica esta vez, en coordinación con The Guardian (véase enlace al reportaje que se extiende por casi 20 minutos).

En un informe del 2015 sobre importaciones de piña fresca por parte de la Unión Europea (véase informe titulado "CBI Product Factsheet: Fresh Pineapples in Europe"), se pudo leer que:

"In 2014, Costa Rica accounted for 87% of the supply of fresh pineapples (817,000 tonnes), followed by Panama (32,000 tonnes), Ghana (24,000 tonnes) and the Ivory Coast (23,000 tonnes)" (página 4).

Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica (presentados por el sector productivo y por las autoridades costarricenses como una justificación incuestionable para expandir la producción), en el 2016 la prestigiosa ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por los supermercados alemanes con base en un informe que detalla las condiciones inhumanas que prevalecen (“inhumane conditions which prevail“) en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado “Sweet fruit, bitter truth“). No se tiene conocimiento de drásticas medidas legales de control / prevención tomadas desde el 2016 para erradicar las prácticas laborales denunciadas por los integrantes de Oxfam en fincas piñeras. Nótese que el Buró de Oxfam en Alemania colgó en su sitio la reacción (algo airada) a su informe de una empresa piñera de la Zona Norte: véase carta de Finca Once SA.

Un estudio publicado en Francia describe otro efecto muy pocamente investigado de la expansión piñera, ante el que el Estado costarricense demuestra su complacencia: la concentración de tierras en detrimento del pequeño y del mediano agricultor costarricense y el desplazamiento que genera de familias rurales (véase al respecto artículo de Edgar Fernández Fernández (2014), "L’accaparement des terres au Costa Rica: le cas des entreprises productrices d’ananas").

Otro aspecto que merecería una mayor investigación es el impacto de la piña para las finanzas de los mismos municipios y el régimen fiscal que ostentan las empresas a cargo de su producción. La discusión reciente en Costa Rica sobre el tema fiscal evidenció el régimen peculiar existente para el sector agroexportador y el lugar privilegiado de la piña (con relación al banano por ejemplo): un proyecto de ley espera desde el 2014 que se fije un dólar simbólico por cada caja de piña exportada, sin mayor éxito hasta la fecha (véase Expediente Legislativo Núm. 19.371 publicado en La Gaceta 227 del 25/11/2014, pp.2-3). Los especialistas en temas fiscales y sector agroexportador deberían de interesarse en una lista de empresas denominadas "Grandes Contribuyentes" dada a conocer en el 2018 por el Ministerio de Hacienda costarricense, que reportaron 0 utilidades durante los últimos años: de manera a no causar mayor asombro (sonrojo o indignación o bien una mezcla entre ambos ...), no detallaremos su contenido en el marco de estas breves reflexiones.

En este artículo del Semanario Universidad del 2017 titulado: "Informe coordinado por PNUD. Expansión piñera se comió 5.568 hectáreas de bosque", se lee por parte de una ex regidora municipal del cantón de Guácimo que:

"la agroindustria piñera es como “un cáncer” para las comunidades, porque con el argumento de que da empleo es una actividad protegida que no paga patente ni impuestos municipales, y hasta el impuesto de bienes inmuebles que paga es bajo por ser terrenos agrícolas. En cambio, las municipalidades financiadas con los impuestos de todos tienen que reparar los caminos que se dañan con el pesado transporte de la piña, y las personas que viven en los vecindarios hasta donde se extienden las plantaciones sufren problemas de salud a causa de las fumigaciones de las plantaciones con agroquímicos, mientras que también se ven afectadas actividades económicas de la población aledaña".

El impacto en la salud de las poblaciones aledañas a las plantaciones de piña que se menciona será objeto de algunos breves apuntes en las líneas que siguen, no sin antes advertir que también en este ámbito, la "desaplicación" de la normativa pareciera ser la regla.

Daños a la salud humana provocados por las plantaciones de piña: en ausencia de datos oficiales

Con relación a las diversas patologías asociadas a la aspersión de herbicidas, insecticidas y fungicidas y otras sustancias químicas que se aplican en las plantaciones de piña, son a menudo mencionadas en los reportajes europeos precitados al entrevistar a trabajadores y a vecinos.

Es muy probable que existan datos oficiales de los centros de salud más próximos, que atienden casos de trabajadores y de integrantes de comunidades que conviven a diario con estas plantaciones: por alguna razón, estos datos oficiales no se han dado a conocer. En el marco de un reciente ejercicio realizado por el Consejo Universitario de la UCR sobre los impactos de la producción piñera en Costa Rica, realizado a a finales del 2018, las dos únicas entidades del Estado costarricense que no entregaron la información solicitada por la máxima instancia de la UCR fueron el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) (véase carta al Consejo Universitario del 2017 hecha por el Programa Kioscos Socio Ambientales de la UCR, y que resume bastante bien la problemática de la piña en Costa Rica).

Un reportaje del programa Era Verde (UCR) del 2010 titulado “Desastre ambiental por piñeras ahora en Zona Norte” (véase enlace en YouTube) denunció en su momento la presencia de piñeras a pocos metros de la escuela de El Jobo en Los Chiles (min. 2:20) y del hogar de ancianos en Pital de San Carlos (min. 3:00), documentando bien lo que sufren a diario muchas comunidades costarricenses al convivir con una plantación de piña ante la actitud omisa de las autoridades.

Una ponencia presentada en el 2013 por un especialista, el Dr. Clemens Ruepert, a los integrantes del Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) sobre sus hallazgos en escuelas cercanas a plantaciones de piña, revela el tipo de sustancias que a diario deben respirar niños y maestros en algunzas zonas de Costa Rica (véase presentación titulada "Fenómenos ambientales asociados a la producción de piña", en particular filminas 23 a 25).

En el caso de otro monocultivo de Costa Rica, el daño a la salud de los niños indígenas debido al uso de ciertas sustancias químicas y de ciertos plásticos usados en plantaciones de banano fue objeto de investigaciones publicadas en revistas científicas internacionales (Nota 6). En el 2014, se dió a conocer otra investigación que asocia a investigadores de la Universidad Nacional (véase nota de CRHoy). Una investigación del 2015 (véase texto completo) del Posgrado en Salud Pública de la UCR, analiza lo que no investigan las autoridades sanitarias y educativas costarricenses. En las conclusiones de su investigación, el autor señala:

"Las concentraciones de clorpirifos halladas en las muestras de aire de esta investigación fueron mayores que las reportadas por otras nacionales e internacionales. En las muestras se detectó en gran medida fungicidas que se aplican de forma aérea en el cultivo de banano. Además, se encontró un plaguicida principalmente utilizado en el cultivo de la piña, y varios detectados en las muestras (terbufos y etoprofos) se catalogan como plaguicidas alta y extremadamente tóxicos" (p. 91).

A modo de conclusión: la sostenibilidad ambiental y la imagen internacional de Costa Rica puestas en entredicho

Favorecer por un lado, la expansión de un monocultivo que afecta suelos y aguas, fauna y flora, que destruye la cobertura boscosa y aumenta el nivel de erosión de los suelos, provocando la sedimentación de diversos cuerpos de agua, impactando la salud humana de las comunidades circundantes y la biodiversidad de zonas tan prodigiosas como las costarricenses; y por otro lado, presentarse ante el mundo como un Estado comprometido con el ambiente y la lucha contra el cambio climático plantea, como mínimo, algunas interrogantes válidas.

Precisamente, un suplemento del Semanario Universidad, "Ojo al clima", publicado en el 2018 (véase texto), hace ver desde su mismo título los impactos severos de la piña en Costa Rica de cara al cambio climático: "Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático".

La ausencia de reacción oficial a estos y a otros cuestionamientos posiblemente lleve a otros equipos de periodistas a alertar al consumidor europeo (y a los consumidores de otras latitudes) sobre los efectos pocamente discutidos en Costa Rica de este monocultivo, pese a la persistente y valiente acción de algunas organizaciones ecologistas, a la de comunidades directamente afectadas por la expansión piñera en Costa Rica y a las críticas externadas por varios académicos en algunos espacios (a los que no asisten siempre las autoridades y el sector piñero invitados, tal y como ocurrió en el 2017 - Nota 7).

Foto extraída de nota de prensa del Tico Times (2017) titulada "Environmentalists demand halt to pineapple expansion"

Nótese que, contrario al supuesto "desarrollo" para las comunidades circundantes a las plantaciones de piña pregonado por algunas entusiastas autoridades, los cantones en los que más se ha expandido la piña en los últimos años se mantienen entre los cantones con el Indice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo de Costa Rica.

Con relación al mercado mundial de la piña fresca, según un informe de la UNCTAD del 2016 (véase texto completo), Costa Rica lidera la exportación de piña a nivel mundial con 2.126.929 toneladas métricas exportadas, seguida en América Latina por Panamá con tan solo 67.038 toneladas y Ecuador con 57.380 (véase gráfico Table 3 ubicado en la página 13): hemos revisado detenidamente esta tabla para detectar algún error de dígitos. Al parecer, Costa Rica es el único Estado en el mundo cuyas autoridades se muestran dispuestas a favorecer y a expandir el cultivo de la variedad "Sweet Gold" en semejantes proporciones (agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para obtener datos oficiales similares actualizados al 2018 por parte de la UNCTAD).

---Notas---

Nota 1: En la parte final de su pronunciamiento, el Consejo Universitario de la UCR declaraba en diciembre del 2008: "3. Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:

a. Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.

b. Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.

c. Se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país
».

Nota 2: Se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que “En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192). No se tiene registro de alguna reacción oficial explicando este llamativo episodio registrado por los investigadores del Estado de la Nación en el 2014.

Nota 3: Véase al respecto CUADRADO G., "Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)", Revista Ambientico 2008, (Número 177), pp. 11-12, en el que se lee que: "El borrador de decreto ejecutivo que pretende legalizar la intrusión de Diurón en el agua para consumo humano tolera cantidades de hasta de 1,05 um/l; y la propuesta de decreto ejecutivo que quiere hacer lo mismo con el Bromacil tolera hasta 5 ug/l en agua para consumo humano y todavía aumenta, vía transitorio, la cantidad del herbicida hasta 10 um/l en el primer año después de publicado el decreto". Artículo disponible en este enlace.

Nota 4: Las principales sustancias químicas usuadas en la producción piñera en Costa Rica son, según un artículo disponible en la red de MONTIEL SEGURA M.A., "Uso de agroquímicos en la producción intensiva de piña en Costa Rica", Revista Pensamiento Actual, Ciencias Naturales, UCR (2015), pp. 183-195: Insecticidas: diazinón, etoprofos, carbaril; Herbicidas: ametrina, bromacil, diurón, paraquat; Regulador de crecimiento: etefón (hasta tres veces por ciclo); Fungicidas: fosetil, mancozeb, metalaxil, y triadimefón (tabla en p. 190). Nótese que el uso del Paraquat fue prohibido por la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) en toda la Unión Europea, en una decisión de julio del 2007 (véase comunicado de prensa), mientras que el Bromacil fue prohibido en Alemania (1993), Eslovenia (1997) y Suecia (1990) y su uso es objeto de restricciones muy severas en varios otros Estados desde finales de los años 90.

Nota 5: Véase nuestra breve nota, BOEGLIN N., "La piña de Costa Rica ante la CIDH", DiarioExtra, Suplemento de Opinión Página Abierta, marzo del 2015, texto disponible aquí. Una versión más extensa de este artículo se publicó en el sitio jurídico especializado costarricense de DerechoalDia.

Nota 6: Véase por ejemplo: “Indigenous children living nearby plantations with chlorpyrifos-treated bags have elevated 3,5,6-trichloro-2-pyridinol (TCPy) urinary concentrations”, Environmental Research (2012). El estudio como tal está disponible en este enlace.

Nota 7: Véase nuestra breve nota, BOEGLIN N., "A propósito de un reciente foro sobre la expansión piñera en Costa Rica", ElPais.cr, edición del 29/10/2017. Artículo disponible aquí.



viernes, 14 de junio de 2019

El lado amargo de la dulzura: a propósito de un reciente reportaje crítico de la televisión francesa (France2) sobre la piña costarricense



El lado amargo de la dulzura: a propósito de un reciente reportaje crítico de la televisión francesa (France2) sobre la piña costarricense

El pasado 11 de junio del 2019, se difundió en Francia un reportaje elaborado por un equipo de periodistas de una de las principales cadenas de televisión, France 2, a raíz de su visita a Costa Rica. Titulado "Costa Rica : le commerce juteux de l'ananas", está disponible en este enlace, en el que se pueden apreciar diversos efectos del cultivo de la piña de la variedad MD-2 (más conocida internacionalmente como "Sweet Gold", "Golden" o "Extra Sweet") que bien conocen varias comunidades y organizaciones ecologistas de Costa Rica, así como algunos universitarios.

La MD-2 es la variedad de piña que se ha implantado con gran fuerza desde Costa Rica en el mercado mundial de la fruta fresca exportada, y ello desde mediados de los años 2000, desplazando a todas las demás variedades de piña.

Este reportaje televisivo pasó prácticamente desapercibido en los medios de prensa de Costa Rica: una ocasión propicia para explicar con un poco más de detalle por qué.

Reportajes críticos sobre la piña en medios europeos e información en medios costarricenses: breves apuntes

Dicho reportaje fue únicamente objeto de una reseña por parte de la redacción de ElMundo.cr (véase nota de este medio digital, titulada "Noticiero francés expone contaminación por agrotóxicos en las piñeras costarricenses", edición del 15/06/2019) y por parte de los redactores de The Costa Rica News (véase nota titulada "French News Channel Exposes Pollution by Agrochemicals in Costa Rican Pineapple Plantations" del 17/6/2019). Días después, en el periódico La República, una nota titulada "Canal francés expone problemática de plaguicidas en Costa Rica" lo reseñó de igual manera en su edición del 21 de junio (véase nota).

No es la primera vez que un reportaje crítico con relación a la piña exportada por Costa Rica es pasado por alto (o casi): a finales del 2018, la piña costarricense fue seleccionada por la BBC entre los cinco productos de consumo masivo más dañinos para el ambiente, sin motivar a medio alguno de prensa costarricense a referirse a ello (véase nota de la BBC titulada "Five products you didn't know were harming the environment", Suplemento Science & Environment, edición del 2/11/2018).

Con respecto a Francia, cabe precisar que no es la primera vez que una de sus televisoras investiga con mayor detenimiento lo que el consumidor encuentra a precios tan cómodos en las góndolas de los supermercados franceses: véase por ejemplo documental disponible en este enlace realizado a finales de los años 2000 por un equipo de la emisión " Envoyé spécial ", titulado " L'ananas : une success story inégalée ! ": con unos 25 minutos de duración, se detallan en él varios aspectos negativos de la piña costarricense a partir de diversas entrevistas.

Sitios especializados franceses también buscan dar a conocer la realidad de la piña costarricense que no se deja ver en los estantes publicitarios de supermercados galos: véase por ejemplo, entre muchos otros, extensa nota titulada "Jorge Castro, le paysan en marche pour dénoncer l’expansion de la monoculture d’ananas au Costa Rica", publicada en el 2017 en el sitio de Greentrotteurs y esta otra nota del sitio Beurk del 2012 titulada "Ananas sweet du Costa-Rica, vous reprendrez bien un peu d’éthéphon ! " (el Etefón - nombre químico: ácido 2-(cloroetil)fosfónico - es el ingrediente activo de un producto denominado Ethrel, utilizado para realizar la inducción floral a la hora de producir piña MD-2).

Pese a la poca información circulando en algunos medios de prensa nacionales, la piña costarricense está interesando cada vez más a medios de prensa y a instancias internacionales; incluso, algunas comunidades rurales impactadas por su expansión han tenido que recurrir a mecanismos de protección internacional en materia de derechos humanos, ante la actitud omisa del Estado costarricense. En el 2015, un documental producido por la UNED, titulado "Mujeres que luchan: Defensa del Agua” (véase enlace en YouTube) recibió una mención de honor en el Festival de Cine Invisible de Bilbao, en España (véase nota de la UNED).

Foto extraída de nota de la organización Swedwatch, titulada "Toxic pesticides on Costa Ricas plantations", 2013

Un producto objeto de promoción ... y de especial mutismo por parte del Estado en cuanto a sus efectos negativos

Datos estadísticos oficiales (dados por la misma Promotora del Comerio Exterior de Costa Rica, PROCOMER) indican que Costa Rica exportó piña fresca en el 2015 por un valor de 804,8 millones de US$, en el 2016 por valor de 874,2 millones de US$ y en el 2017, por valor de 940,7 millones de US$. Según señalado por el titular de la cartera de agricultura en el 2017, la piña genera unos 48.000 empleos en Costa Rica, incluyendo empleos indirectos (véase artículo publicado en La Nación).

Ahora bien, el entusiasmo oficial en dar a conocer estas cifras contrasta con el mutismo de varias entidades del mismo Estado costarricense cuando de algunos efectos de la piña se trata, tal y como lo veremos a continuación.

Imágenes satelitales confirmaron en el mes de enero del 2019 el alcance de la expansión piñera descontrolada que se da en Costa Rica, sin provocar mayor reacción por parte del aparato estatal (véase nota de Elpais.cr). En junio del 2018, estudios técnicos sobre contaminación del agua para consumo humano en la Zona Norte de Costa Rica arrojaron una serie de cuestionamientos (en nuestra opinión, particularmente graves) sobre el actuar irresponsable de las autoridades sanitarias y agropecuarias (véase nota del Semanario Universidad titulada "UCR revela que agua en la zona norte registran contaminación con agroquímicos").

La misma sensación de apatía estatal generalizada se percibió al alertar tempranamente el máximo órgano de la Universidad de Costa Rica (UCR) a la opinión pública (en diciembre del 2008) sobre los efectos dañinos de la producción piñera: véase pronunciamiento de diciembre del 2008 del Consejo Universitario de la UCR titulado "Consecuencias socioambientales de la industria piñera en Costa Rica". Su lectura integral se sugiere, en particular una de sus recomendaciones de indignante actualidad, 11 años después de emitida (Nota 1).

Otras serias advertencias han mantenido desde entonces al aparato estatal en una actitud silenciosa: véase por ejemplo, entre otros, artículo publicado en el 2017 por el Dr. Allan Astorga Gättgens, ex Secretario General de la SETENA, en el sitio de HablandoClaro titulado "Piña vs Agua: el costo del sacrificio ambiental" y otro artículo del mismo autor publicado en el 2011 en La Nación titulado "La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña", en el que el autor señala que:

"La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa".

Salvo error de nuestra parte, esta cuestionable resolución del año 2009 no ha sido derogada desde entonces, por lo que la piña sigue expandiéndose al amparo de esta, es decir eximida de todo estudio de impacto ambiental (EIA) previo y obligatorio.

El precitado artículo del Dr. Astorga, que no ha dado lugar a ninguna refutación luego de ser publicado en el 2011, es contundente en sus conclusiones:

" Es urgente reorientar una producción piñera que, lejos de ser un orgullo para la imagen verde de nuestro país ante el mundo, se ha convertido en una vergüenza nacional".

Cabe precisar que a nivel local, son muchas las voces acalladas por el temor: a este respecto, un reportaje de febrero del 2014 “No nos tapen la boca: hablemos de la contaminación piñera” en homenaje a Mayra Eugenia Umaña, ilustra el tipo de presiones a las que son sometidas las personas que, desde sus pequeñas comunidades rurales, osan elevar la voz contra las empresas piñeras (véase reportaje del canal universitario Canal15 UCR, disponible aquí).

Recomendaciones de experta de Naciones Unidas (también) desoídas por el Estado costarricense

Resulta oportuno recordar que las advertencias tempranas a Costa Rica (2009) también provinieron de la esfera internacional.

En efecto, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Agua y Saneamiento, Catarina Albuquerque, visitó Costa Rica en el 2009 (véase texto del informe completo). En su informe incluyó lo siguiente:

"71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado "(p. 22, punto 71).

La misma experta recomendaba en su informe del 2009 lo siguiente:

"85. La Experta independiente recomienda que Costa Rica apruebe, como medida prioritaria, los proyectos de decreto ejecutivo destinados a reglamentar el uso de Bromacil y Diurón en las explotaciones agrícolas" (p. 26, punto 86).

Como suele ocurrir con informes de esta naturaleza elaborados por entidades y/o expertos internacionales, su difusión en Costa Rica fue escaza, limitándose a algunos especialistas y a un aparato estatal debidamente notificado (pero muy poco interesado en divulgar su contenido).

Piña y autoridades costarricenses, o la historia de un parco aparato estatal

Las recomendaciones externadas por la experta de Naciones Unidas en el 2009 no tuvieron mayor efecto en Costa Rica.

Por supuesto que en los años posteriores se crearon comisiones interinstitucionales, se elaboraron diagnósticos, estudios diversos, se publicaron manuales de buenas prácticas agrícolas, se establecieron plataformas de producción responsable y demás iniciativas muy publicitadas por algunos sectores costarricenses: tanto, que sugiere en algunos casos que se trata más de una estrategia de comunicación que de herramientas eficaces para limitar los impactos negativos de la producción piñera en Costa Rica.

Con relación a la inacción estatal antes señalada, fue constatada (por enésima vez) 10 años después de las recomendaciones de la experta de Naciones Unidas, en enero del 2019 por el mismo juez constitucional costarricense. En efecto, en la sentencia N° 2019-000695 del 18 de enero del 2019 sobre aguas contaminadas en la Zona Norte, la despreocupación de las entidades se evidenció una nueva vez al indicarse que:

"...los Magistrados declararon con lugar el recurso, pues se acreditó que desde hace años todas las instituciones involucradas -Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Tribunal Ambiental Administrativo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministro de Agricultura y Ganadería-conocían la existencia de denuncias por riesgo de contaminación de diversas nacientes en las comunidades afectadas y, pese a ello, incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas" (véase resúmen de sentencia).

Esta decisión del 2019 puede ser comparada a la resolución Nº 2009-09041 del juez constitucional adoptada 10 años antes, con relación a la contaminación provocada por empresas piñeras en El Cairo y Milano de la región de Siquirres. Esta sentencia del 2009 fue objeto de una nueva decisión del 2013 en la que la Sala Constitucional (bastante molesta) señaló sin mayor contemplación que:

"Sobre el particular, esta Sala tiene plena e idóneamente demostrado la desobediencia a lo dispuesto en la Sentencia supra mencionada" (véase texto de la resolución 2013-05065).

Conocer de denuncias en materia de piña y no hacer mayor cosa por parte del Estado pareciera ser lo usual en Costa Rica; cuando se hace algo, puede entonces pasar que los análisis fisico-químicos del agua realizados por las autoridades no encuentren lo que sí detectan laboratorios independientes (Nota 2).

Piña y ciencia jurídica, o la historia de cómo la normativa vigente se desvanece

Como se indicó anteriormente, desde el 2009 una resolución de la SETENA permite eximir a las plantaciones de piña de todo estudio de impacto ambiental (EIA) previo y obligatorio. No es la única normativa ambiental vigente que ha dejado de aplicarse en aras de favorecer la expansión piñera en Costa Rica, y estudiosos de la ciencia jurídica bien podrían ahondar en lo que someramente indicaremos en las líneas que siguen.

¿Principio precautorio? ¿Compensación por daño? ¿Implementación del principio "quién contamina paga"? Cuando de piña se trata en Costa Rica, se asiste a lo que se podría denominar una verdadera "desaplicación" de estos principios jurídicos básicos en derecho ambiental: al día de hoy, ninguna empresa piñera se ha visto forzada a compensar económicamente a comunidades que se han quedado sin agua potable, como tampoco a cámaras de ganaderos que se han visto afectados por la proliferación de la denominada "mosca de establo".

Sobre este último aspecto, un documento que lleva el sello del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de la Universidad Nacional UNA), “Boletín de Parasitología”, alertaba sobre el riesgo de proliferación de este insecto en caso de mal manejo de los rastrojos de la piña: lo llamativo es que fue publicado en el 2003. En el 2016, la situación fue tal que una emergencia sanitaria en siete cantones piñeros fue decretada (véase Decreto Ejecutivo 39902-MAG del 28/08/2016 publicado en el Alcance Digital 207 a la Gaceta del 5/10/2016, pp.1-6): véase al respecto - entre las pocas notas de prensa al respecto - esta nota del Semanario Universidad titulada "Brote de moscas hematófagas genera emergencia sanitaria".

En cuanto al Estado costarricense, salvo error de nuestra parte, no se conoce (aún) de sentencias sobre acciones civiles resarcitorias y/o acciones penales presentadas por este para sancionar a empresas piñeras responsables de contaminar cuerpos de agua, drenar humedales, invadir zonas boscosas, provocar la proliferación de la precitada mosca o ignorar los retiros y/o perímetros de protección de ríos y quebradas previstos en la legislación ambiental, así como los retiros que se debe respetar para resguardar viviendas y centros educativos.

Se pudo escuchar en el 2013 por parte del hoy Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el jurista Fernando Cruz Castro, que:

"La actividad de la piña ha funcionado sin estudios de impacto ambiental y sin cumplir con los requisitos básicos. Esto lesiona la tutela del medio ambiente" (véase nota extraída del portal de la UCR).

La piña costarricense ha dado lugar a cierta originalidad por parte de algunos jerarcas en materia de salud: muchos guardan aún en mente la propuesta (bastante insólita) apoyada desde el mismo Ministerio de Salud en el 2008, tendiente a legalizar en Costa Rica pequeñas cantidades de Diurón y de Bromacil en el agua para consumo humano (Nota 3).

No fue sino hasta junio del 2017 que se publicó en La Gaceta un Decreto Ejecutivo prohibiendo el uso del Bromacil en Costa Rica (véase texto del Decreto N° 40423-MAG-MINAE-S publicado en el Alcance Digital 124 de La Gaceta Oficial, del 5/06/2017, pp. 9-16): la lectura de los considerandos sobre las características del Bromacil puede llevar a preguntarse por qué se esperó tanto tiempo para prohibir esta sustancia química, cuyos efectos nocivos para los suelos y las aguas se conocen desde hace muchos años. Con relación a otro herbicida asociado a diversas formas de cáncer, el Diurón, su utilización se mantiene sin regulación para limitar su uso; al igual que otras sustancias químicas usadas por producir la piña MD-2 (Carbaril, Clorpirifos, Diazinon, Etefón, Hexazinona y Triadimefón, para citar algunas de ellas - Nota 4).

En el 2014, el mismo Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) fue bastante enfático con relación a la omisión estatal en el caso de las comunidades del Cairo y Milano en la región de Siquirres (con más de 6000 personas privadas de agua potable desde julio del 2007 debido a la contaminación constatada y documentada de sus fuentes de agua por parte de empresas piñeras): “Vergüenza debe darle todo esto al Estado” (véase artículo de La Nación de septiembre del 2014).

Las comunidades de Milano de Siquirres cansadas de esperar (véase artículo del Semanario Universidad del 2015), acudieron al sistema interamericano de protección de los derechos humanos en marzo del 2015, haciendo ver cuán "pronta y cumplida" deja de ser la justicia en Costa Rica cuando de agua contaminada por empresas piñeras se trata (Nota 5): intentar obtener justicia en la esfera internacional cuando la justicia nacional no es acatada por las autoridades estatales recurridas forma parte de las herramientas jurídicas puestas a disposición de las comunidades por el derecho internacional de los derechos humanos.

La piña costarricense ante organizaciones de consumidores cada vez más exigentes

Este reportaje de la televisión gala difundido durante el mes de junio del 2019 fue precedido por otro de la cadena de televisión alemana DW divulgado en el mes de mayo del 2018 (véase enlace en YouTube), que habíamos tenido la oportunidad de comentar en esta breve nota publicada en algunos medios digitales, titulada "Entre el orgullo y otra cosa: a propósito de un reportaje sobre la piña costarricense difundido por la DW (Alemania)".

Una de las pocas reseñas en la prensa de Costa Rica sobre este documental alemán se tituló: "Reportaje europeo deja por el suelo imagen de Costa Rica por cultivo de piña" (véase nota de AMPrensa, edición del 8/5/2018)

En enero del 2019, el programa "Carta sobre la Mesa" de RussiaToday (RT) se realizó en Costa Rica sobre la polémica que genera la piña entre distintos sectores (véase enlace de RT).

El interés del consumidor europeo por los efectos de la piña que ocultan convenientemente las autoridades costarricenses no es reciente: ya en el 2010, la misma organización de Consumers International realizó un extenso reportaje para la televisión británica esta vez, en coordinación con The Guardian (véase enlace al reportaje que se extiende por casi 20 minutos).

En un informe del 2015 sobre importaciones de piña fresca por parte de la Unión Europea (véase informe titulado "CBI Product Factsheet: Fresh Pineapples in Europe"), se pudo leer que:

"In 2014, Costa Rica accounted for 87% of the supply of fresh pineapples (817,000 tonnes), followed by Panama (32,000 tonnes), Ghana (24,000 tonnes) and the Ivory Coast (23,000 tonnes)" (página 4).

Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica (presentados por el sector productivo y por las autoridades costarricenses como una justificación incuestionable para expandir la producción), en el 2016 la prestigiosa ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por los supermercados alemanes con base en un informe que detalla las condiciones inhumanas que prevalecen (“inhumane conditions which prevail“) en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado “Sweet fruit, bitter truth“). No se tiene conocimiento de drásticas medidas legales de control / prevención tomadas desde el 2016 para erradicar las prácticas laborales denunciadas por los integrantes de Oxfam en fincas piñeras. Nótese que el Buró de Oxfam en Alemania colgó en su sitio la reacción (algo airada) a su informe de una empresa piñera de la Zona Norte: véase carta de Finca Once SA.

Un estudio publicado en Francia describe otro efecto muy pocamente investigado de la expansión piñera, ante el que el Estado costarricense demuestra su complacencia: la concentración de tierras en detrimento del pequeño y del mediano agricultor costarricense y el desplazamiento que genera de familias rurales (véase al respecto artículo de Edgar Fernández Fernández (2014), "L’accaparement des terres au Costa Rica: le cas des entreprises productrices d’ananas").

Otro aspecto que merecería una mayor investigación es el impacto de la piña para los mismos municipios y el régimen fiscal privilegiado que ostentan las empresas a cargo de su producción. En este artículo del Semanario Universidad del 2017, se lee por parte de una ex regidora municipal que:

"la agroindustria piñera es como “un cáncer” para las comunidades, porque con el argumento de que da empleo es una actividad protegida que no paga patente ni impuestos municipales, y hasta el impuesto de bienes inmuebles que paga es bajo por ser terrenos agrícolas. En cambio, las municipalidades financiadas con los impuestos de todos tienen que reparar los caminos que se dañan con el pesado transporte de la piña, y las personas que viven en los vecindarios hasta donde se extienden las plantaciones sufren problemas de salud a causa de las fumigaciones de las plantaciones con agroquímicos, mientras que también se ven afectadas actividades económicas de la población aledaña".

El impacto en la salud de las poblaciones aledañas a las plantaciones de piña que se menciona será objeto de algunos breves apuntes en las líneas que siguen, no sin antes recordar que también en este ámbito, la "desaplicación" de la normativa pareciera ser la regla.

Daños a la salud humana provocados por las plantaciones de piña: en ausencia de datos oficiales

Con relación a las diversas patologías asociadas a la aspersión de herbicidas, insecticidas y fungicidas y otras sustancias químicas que se aplican en las plantaciones de piña, son a menudo mencionadas en los reportajes europeos precitados al entrevistar a trabajadores y a vecinos.

Es muy probable que existan datos oficiales de los centros de salud más próximos, que atienden casos de trabajadores y de integrantes de comunidades que conviven a diario con estas plantaciones: por alguna razón, estos datos oficiales no se han dado a conocer. En el marco de un reciente ejercicio realizado por el Consejo Universitario de la UCR sobre los impactos de la producción piñera en Costa Rica, realizado a a finales del 2018, las dos únicas entidades del Estado costarricense que no entregaron la información solicitada por la máxima instancia de la UCR fueron el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) (véase carta al Consejo Universitario del 2017 hecha por el Programa Kioscos Socio Ambientales de la UCR, y que resume bastante bien la problemática de la piña en Costa Rica).

Un reportaje del programa Era Verde (UCR) del 2010 titulado “Desastre ambiental por piñeras ahora en Zona Norte” (véase enlace en YouTube) denunció en su momento la presencia de piñeras a pocos metros de la escuela de El Jobo en Los Chiles (min. 2:20) y del hogar de ancianos en Pital de San Carlos (min. 3:00), documentando bien lo que sufren a diario muchas comunidades costarricenses al convivir con una plantación de piña ante la actitud omisa de las autoridades. Una ponencia presentada en el 2013 por un especialista, el Dr. Clemens Ruepert, a los integrantes del Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) sobre sus hallazgos en escuelas cercanas a plantaciones de piña, revela el tipo de sustancias que a diario deben respirar niños y maestros en algunzas zonas de Costa Rica (véase presentación titulada "Fenómenos ambientales asociados a la producción de piña", en particular filminas 23 a 25).

En el caso de otro monocultivo de Costa Rica, el daño a la salud de los niños indígenas debido al uso de ciertas sustancias químicas y de ciertos plásticos usados en plantaciones de banano fue objeto de investigaciones publicadas en revistas científicas internacionales (Nota 6). En el 2014, se dió a conocer otra investigación que asocia a investigadores de la Universidad Nacional (véase nota de CRHoy). Una investigación del 2015 (véase texto completo) del Posgrado en Salud Pública de la UCR, analiza lo que no investigan las autoridades sanitarias y educativas costarricenses. En las conclusiones de su investigación, el autor señala:

"Las concentraciones de clorpirifos halladas en las muestras de aire de esta investigación fueron mayores que las reportadas por otras nacionales e internacionales. En las muestras se detectó en gran medida fungicidas que se aplican de forma aérea en el cultivo de banano. Además, se encontró un plaguicida principalmente utilizado en el cultivo de la piña, y varios detectados en las muestras (terbufos y etoprofos) se catalogan como plaguicidas alta y extremadamente tóxicos" (p. 91).

A modo de conclusión: la sostenibilidad ambiental y la imagen internacional de Costa Rica puestas en entredicho

Favorecer por un lado, la expansión de un monocultivo que afecta suelos y aguas, fauna y flora, que destruye la cobertura boscosa y aumenta el nivel de erosión de los suelos, provocando la sedimentación de diversos cuerpos de agua, impactando la salud humana de las comunidades circundantes y la biodiversidad de zonas tan prodigiosas como las costarricenses; y por otro lado, presentarse ante el mundo como un Estado comprometido con el ambiente y la lucha contra el cambio climático plantea, como mínimo, algunas interrogantes válidas.

Precisamente, un suplemento del Semanario Universidad, "Ojo al clima", publicado en el 2018 (véase texto), hace ver desde su mismo título los impactos severos de la piña en Costa Rica de cara al cambio climático: "Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático".

La ausencia de reacción oficial a estos y a otros cuestionamientos posiblemente lleve a otros equipos de periodistas a alertar al consumidor europeo (y a los consumidores de otras latitudes) sobre los efectos pocamente discutidos en Costa Rica de este monocultivo, pese a la persistente y valiente acción de algunas organizaciones ecologistas, a la de comunidades directamente afectadas por la expansión piñera en Costa Rica y a las críticas externadas por varios académicos en diversos espacios (a los que no asisten siempre las autoridades y el sector piñero invitados, tal y como ocurrió en el 2017 - Nota 7).

Foto extraída de nota de prensa del Tico Times (2017) titulada "Environmentalists demand halt to pineapple expansion"

Nótese que, contrario al supuesto "desarrollo" para las comunidades circundantes a las plantaciones de piña pregonado por algunas entusiastas autoridades, los cantones en los que más se ha expandido la piña en los últimos años se mantienen entre los cantones con el Indice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo de Costa Rica.

Con relación al mercado mundial de la piña fresca, según un informe de la UNCTAD del 2016 (véase texto completo), Costa Rica lidera la exportación de piña a nivel mundial con 2.126.929 toneladas métricas exportadas, seguida en América Latina por Panamá con tan solo 67.038 toneladas y Ecuador con 57.380 (véase gráfico Table 3 ubicado en la página 13): hemos revisado detenidamente esta tabla para detectar algún error de dígitos. Al parecer, Costa Rica es el único Estado en el mundo cuyas autoridades se muestran dispuestas a favorecer y a expandir el cultivo de la variedad "Sweet Gold" en semejantes proporciones (agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para obtener datos oficiales similares actualizados al 2018 por parte de la UNCTAD).

La voracidad desmedida de algunos pareciera no tener freno alguno. En esta nota en francés del 2017 sobre el mercado mundial de la piña se señala que:

"L’offre est quasi monovariétale : le MD-2. Une origine, le Costa Rica, alimente 87 % de la consommation de l’UE et 82 % de celle des États-Unis, les deux principaux marchés".

---Notas---

Nota 1: En la parte final de su pronunciamiento, el Consejo Universitario de la UCR declaraba en diciembre del 2008: "3. Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:

a. Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.

b. Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.

c. Se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país
».

Nota 2: Se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que “En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192). No se tiene registro de alguna reacción oficial explicando este llamativo episodio registrado por los investigadores del Estado de la Nación en el 2014.

Nota 3: Véase al respecto CUADRADO G., "Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)", Revista Ambientico 2008, (Número 177), pp. 11-12, en el que se lee que: "El borrador de decreto ejecutivo que pretende legalizar la intrusión de Diurón en el agua para consumo humano tolera cantidades de hasta de 1,05 um/l; y la propuesta de decreto ejecutivo que quiere hacer lo mismo con el Bromacil tolera hasta 5 ug/l en agua para consumo humano y todavía aumenta, vía transitorio, la cantidad del herbicida hasta 10 um/l en el primer año después de publicado el decreto". Artículo disponible en este enlace.

Nota 4: Las principales sustancias químicas usuadas en la producción piñera en Costa Rica son, según un artículo disponible en la red de MONTIEL SEGURA M.A., "Uso de agroquímicos en la producción intensiva de piña en Costa Rica", Revista Pensamiento Actual, Ciencias Naturales, UCR (2015), pp. 183-195: Insecticidas: diazinón, etoprofos, carbaril; Herbicidas: ametrina, bromacil, diurón, paraquat; Regulador de crecimiento: etefón (hasta tres veces por ciclo); Fungicidas: fosetil, mancozeb, metalaxil, y triadimefón (tabla en p. 190). Nótese que el uso del Paraquat fue prohibido por la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) en toda la Unión Europea, en una decisión de julio del 2007 (véase comunicado de prensa), mientras que el Bromacil fue prohibido en Alemania (1993), Eslovenia (1997) y Suecia (1990) y su uso es objeto de restricciones muy severas en varios otros Estados desde finales de los años 90.

Nota 5: Véase nuestra breve nota, BOEGLIN N., "La piña de Costa Rica ante la CIDH", DiarioExtra, Suplemento de Opinión Página Abierta, marzo del 2015, texto disponible aquí. Una versión más extensa de este artículo se publicó en el sitio jurídico especializado costarricense de DerechoalDia.

Nota 6: Véase por ejemplo: “Indigenous children living nearby plantations with chlorpyrifos-treated bags have elevated 3,5,6-trichloro-2-pyridinol (TCPy) urinary concentrations”, Environmental Research (2012). El estudio como tal está disponible en este enlace.

Nota 7: Véase nuestra breve nota, BOEGLIN N., "A propósito de un reciente foro sobre la expansión piñera en Costa Rica", ElPais.cr, edición del 29/10/2017. Artículo disponible aquí.