VEHEMENTE REACCION DE BRASIL A COMUNICADO CONJUNTO CIDH-ACNUDH

En el día de hoy, varios medios de prensa (véase por ejemplo nota de Elpais.cr) han reportado la reacción vehemente de Brasil ante el comunicado conjunto difundido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (véase texto conjunto reproducido al final de esta nota).

Se lee que el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, en su comunicado,"repudia, nos mais fortes termos, o teor desinformado e tendencioso do comunicado conjunto de imprensa emitido hoje pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)". Así mismo "Causa espanto a leviandade com que o ACNUDH e a CIDH fantasiosamente querem induzir a crer que o Brasil não dispõe de instituições sólidas, dedicadas à proteção dos direitos humanos e alicerçadas no estado democrático de direito. A nota afasta-se dos princípios que devem fundamentar a ação desses órgãos, entre os quais o elementar respeito à verdade dos fatos " (véase texto al final del comunicado de Brasil).

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil señaló que "O governo brasileiro atua amparado na Constituição Federal e de acordo com os princípios internacionais de proteção aos direitos humanos. É surpreendente e condenável que nota subjetiva e distante da realidade sacrifique o compromisso de seriedade e imparcialidade de organismos internacionais cuja ação o Brasil apoia e promove.".

El comunicado de la ACNUDH y de la CIDH hacía referencia a la manifestación del miércoles en Brasilia en la que unas 50.000 personas pidieron la renuncia del Presidente Michel Temer, contra quien la Corte Suprema abrió una investigación por supuestos actos de corrupción. En esa ocasión, el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y la llamada a fuerzas militares para resguardar el orden y los edificios públicos fueron considerados desproporcionados. En el comunicdo conjunto se lee además que una operación anti droga preocupa a ambos órganos: "Asimismo, el 24 de mayo varias personas resultaron heridas en el área conocida como Cracolândia, en la ciudad de San Pablo, durante un operativo de seguridad para remover de las calles a dependientes químicos usuarios de drogas ilícitas. Según la información recibida, el operativo habría incluido el derrumbe de un edificio que estaba ocupado, el desalojo de residentes y comerciantes y el uso de bombas de gas y balas de gomas contra los residentes de Cracolândia".



COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO CIDH-ACNUDH

ONU Derechos Humanos y CIDH condenan uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales y durante operativos de seguridad en Brasil

Santiago, Chile / Buenos Aires, Argentina - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) condenan el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Militar para reprimir protestas y manifestaciones en Brasil. Asimismo, condenan la violencia policial en operativos de seguridad en el espacio urbano y en el marco del conflicto de tierras.

El 24 de mayo de 2017, movimientos sociales y centrales sindicales convocaron a protestas en Brasilia, la capital federal del país, en las que participaron aproximadamente 35.000 manifestantes. Durante estas manifestaciones ocurrieron actos de violencia, incluyendo el incendio y el destrozo de equipamientos públicos. En este contexto, se reportó que al menos siete personas fueron detenidas y 49 resultaron heridas, algunas de ellas gravemente, al menos una con arma de fuego. Asimismo, se reportó que la Policía Militar utilizó gases pimienta, lacrimógenos y balas de goma para reprimir la protesta. Se informó que la Policía Militar del Distrito Federal iba a iniciar una investigación por el uso de arma de fuego.

En respuesta a estas protestas, el 24 de mayo de 2017, el gobierno emitió un Decreto mediante el cual autorizó el empleo de las Fuerzas Armadas para la garantía de la ley y del orden en el Distrito Federal entre el 24 y el 31 de mayo. Ese mismo día, el gobierno anunció que se movilizaron 1.200 miembros del Ejército y 200 fusileros navales a los predios públicos. Dicho decreto fue revocado el 25 de mayo de 2017.

“Instamos al Estado brasileño a redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y proteger el derecho a la manifestación pacífica”, dijo el Representante para América del Sur del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra. “La manifestación pacífica es una forma de participación propia de las sociedades democráticas, donde las personas pueden exigir sus derechos humanos y ejercer activamente sus derechos a la libertad de opinión y de expresión”, agregó.

Los dos organismos condenan todo acto de violencia y urgen a los manifestantes a ejercer sus derechos a la libre protesta en forma pacífica, al tiempo que reafirman que la actuación de las fuerzas de seguridad debe respetar en todo momento las normas internacionales de derechos humanos.

Adicionalmente, la CIDH y la Oficina para América del Sur del ACNUDH expresan su profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado brasileño en operaciones tanto en el marco del conflicto de tierras, como en el contexto de la remoción urbana de dependientes químicos usuarios de drogas ilícitas.

Por ejemplo, se ha recibido información preocupante sobre el uso recurrente de la violencia en el marco del conflicto agrario, en especial contra trabajadores sin tierra. En este sentido, el 24 de mayo, diez personas resultaron muertas durante un desalojo violento realizado por policías y militares en una hacienda en el Estado de Pará. La CIDH y la Oficina para América del Sur del ACNUDH hacen un llamado a las autoridades a investigar estos hechos y otros actos de violencia, a fin de identificar y sancionar a las personas responsables y así combatir la impunidad y evitar la repetición de hechos similares.

Asimismo, el 24 de mayo varias personas resultaron heridas en el área conocida como Cracolândia, en la ciudad de San Pablo, durante un operativo de seguridad para remover de las calles a dependientes químicos usuarios de drogas ilícitas. Según la información recibida, el operativo habría incluido el derrumbe de un edificio que estaba ocupado, el desalojo de residentes y comerciantes y el uso de bombas de gas y balas de gomas contra los residentes de Cracolândia.

La CIDH y la Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH urgen al Estado a adoptar mecanismos para garantizar el estricto apego a los principios generales de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social. Asimismo, las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. El uso de este tipo de armas es una medida extrema, y no deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas.

Ambas organizaciones instan a las autoridades a llevar a cabo las investigaciones correspondientes, juzgar y sancionar a los responsables. Asimismo, llaman al Estado a garantizar y proteger la integridad física y seguridad de los y las manifestantes y a brindar las garantías suficientes para el ejercicio del derecho a la reunión pacífica, dentro del marco de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Adicionalmente, la Comisión Interamericana y la Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH exhortan al Estado de Brasil a regular los procedimientos policiales que involucran uso de la fuerza respetando los estándares internacionales en materia de derechos humanos, cumpliendo con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deben guiar el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado. De acuerdo con los estándares internacionales, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades.

“Hacemos un llamado a las autoridades brasileñas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en el marco de un Estado democrático de Derecho, lo cual es condición fundamental para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos en el país”, dijo Incalcaterra.

“Buscamos garantizar los derechos democráticos en una situación bastante delicada de Brasil en este momento”, dijo el Relator de la CIDH para Brasil, Comisionado James Cavallaro. “Urgimos al gobierno brasileño que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esto incluye garantizar el derecho a la protesta y adoptar políticas públicas que tengan como prioridad el respeto y garantía del derecho a la vida, a la integridad personal y otros derechos humanos fundamentales”, puntualizó. El Comisionado Cavallaro expresó su interés en realizar próximamente una visita al país en su condición de Relator para Brasil.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) tiene el mandato de promover y proteger el goce y la plena realización, para todas las personas, de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y en las leyes y tratados internacionales de derechos humanos. El ACNUDH desarrolla sus labores a la luz del mandato que le ha encomendado la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/141. Su sede global se encuentra en Ginebra, Suiza. La Oficina Regional del ACNUDH para América del Sur se encuentra en Santiago de Chile y cubre los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. No. 069/17



COMUNICADO DE PRENSA DE BRASIL Nota 163 Nota à imprensa

26 de maio de 2017 - 17:43

O governo brasileiro repudia, nos mais fortes termos, o teor desinformado e tendencioso do comunicado conjunto de imprensa emitido hoje pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

Causa espanto a leviandade com que o ACNUDH e a CIDH fantasiosamente querem induzir a crer que o Brasil não dispõe de instituições sólidas, dedicadas à proteção dos direitos humanos e alicerçadas no estado democrático de direito. A nota afasta-se dos princípios que devem fundamentar a ação desses órgãos, entre os quais o elementar respeito à verdade dos fatos. Em momento algum os autores da nota se preocuparam com a ameaça à segurança de funcionários públicos e de manifestantes pacíficos sujeitos a violência sistemática e claramente premeditada. Os eventos do último dia 24 de maio foram contaminados pela ação organizada de criminosos que depredaram os prédios dos Ministérios da Cultura, da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura, incendiando alguns, pondo em grave risco a integridade física de pessoas. A pronta resposta do governo federal, a começar pela retirada em segurança de pessoas da área conflagrada, sempre amparada na Constituição Federal e nos princípios internacionais de defesa dos direitos humanos, garantiu a integridade física de milhares de servidores públicos e de manifestantes pacíficos que foram aterrorizados por atos de vandalismo e agressão premeditada.

Em atitude que beira a má-fé, a nota evoca episódio de violência agrária no sul do Pará, que não tem qualquer relação com os acontecimentos do último dia 24 e que, além disso, já está sendo apurado por autoridade competente no quadro da legislação brasileira. Da mesma forma, o governo brasileiro lamenta que a ação das autoridades de São Paulo, que tampouco guarda relação com o ocorrido em Brasília, seja capitalizada pela nota, cinicamente e fora de contexto, para fins políticos inconfessáveis. O combate ao tráfico de drogas, bem como o apoio a dependentes químicos, enseja atuação da máxima seriedade, que é a marca das reconhecidas políticas públicas brasileiras no enfrentamento ao problema mundial das drogas.

O governo brasileiro atua amparado na Constituição Federal e de acordo com os princípios internacionais de proteção aos direitos humanos. É surpreendente e condenável que nota subjetiva e distante da realidade sacrifique o compromisso de seriedade e imparcialidade de organismos internacionais cuja ação o Brasil apoia e promove.