A propósito de la película "El monaguillo, el cura y el jardinero": aspectos juridicos desde la persectiva internacional

A propósito de la película "El monaguillo, el cura y el jardinero": aspectos juridicos desde la perspectiva internacional

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho internacional público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 21 de julio, el programa mañanero de Desayunos de Radio Universidad de la UCR dedicó la emisión al recién estrenado documental costarricense titulado "El monaguillo, el cura y el jardinero" (véase enlace): en este caso pudo contar con la presencia de su director y de uno de los protagonistas de este documental así como de una reconocida activista desde México. Esta nota de ElPais (España) del 3 de julio del 2025 fue publicada días después de su primera proyección en un sala de cine en Costa Rica. 

Se trata de un esfuerzo muy valioso y valiente, desde la técnica específica del documental, en aras de visibilizar la denuncia hecha por dos jóvenes costarricenses, Anthony Venegas y Josué Alvarado, con relación a los abusos sexuales que sufrieron de niños por parte de un sacerdote en la parroquia católica de la localidad de Patarrá. 

En esta nota del medio digital Delfino.cr se pueden conocer los horarios de proyección previstos durante esta cuarta semana del mes de julio del 2025.

Una Iglesia Católica ante sus obligaciones éticas y ...

Si bien la Iglesia Católica se ha mostrado históricamente resistente a escuchar a las víctimas de este tipo de abusos y a abrir sus archivos sobre las denuncias no atendidas así como como sobre casos de sacerdotes "rotados" hacia otras parroquias (a raíz de denuncias en sus comunidades de feligreses por abusar sexualmente a menores), desde la asunción del Papa Francisco, las máximas autoridades en Roma han instruido a sus obispos en todo el mundo a cambiar de actitud: véase mensaje muy reciente de marzo del 2025 de su Santidad el Papa Francisco, disponible en castellano, así como varias regulaciones relacionadas a la tramitación de denuncias por abusos sexuales contenidas en este enlace oficial del mismo Vaticano, todas bastante recientes.

Como observado en otros ámbitos (denuncia de las exacciones de Israel en Gaza, protección internacional del ambiente, minería y actividades extractivas contaminantes y derechos de las comunidades aledañas, defensa del Acuerdo de Escazú), las posiciones de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Roma no son siempre seguidas de efectos y mucho menos de de pronunciamientos por parte de los obispos costarricenses.

 ... sus obligaciones jurídicas internacionales

En el caso específico de las denuncias por abuso sexual contra menores de edad, desde el punto de vista internacional, no está de más recordar que, en derecho internacional público, la Santa Sede es considerada como un Estado: y que encontramos a la Santa Sede, al igual que Costa Rica, España o Italia, como Estado Parte a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990 (véase estado actual oficial de firmas y ratificaciones). 

En las observaciones al informe oficial remitido por el Estado del Vaticano al Comité de Derechos del Niño (véase documento CRC/VA/CO/2, documento de febrero del 2014), se lee que:

"8. El Comité tiene presente la doble naturaleza de la ratificación por la Santa Sede de la Convención sobre los Derechos del Niño como Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano y también como sujeto soberano de derecho internacional, poseedor de una personalidad jurídica original, autónoma e independiente de cualquier autoridad o jurisdicción. Aunque el Comité tiene plena conciencia de que los obispos y los principales directivos de los institutos religiosos no actúan como representantes o delegados del Romano Pontífice, observa que los subordinados en las órdenes religiosas católicas deben obediencia al Papa, de conformidad con los cánones 331 y 590 del Código de Derecho Canónico. Por consiguiente, el Comité recuerda a la Santa Sede que, al ratificar la Convención, asumió el compromiso de aplicarla no solo dentro del territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino también en su calidad de poder supremo de la Iglesia Católica en todo el mundo, por los particulares y las instituciones sujetos a su autoridad".

La Convención sobre Derechos de los Niños contempla mecanismos para que las víctimas puedan llevar las violaciones a las disposiciones de esta convención multilateral al conocimiento del órgano de tratado, a saber, el Comité de los Derechos del Niño (Nota 1). 

Ahora bien, si  se considera que:

- desde el 2012, a nivel europeo, existe un tratado regional que contiene regulaciones que deben de adoptar los Estados contra el abuso sexual de menores (véase texto), y; 

- si desde 1990 (fecha en que la Santa Sede aprobó la Convención de los Derechos del Niño como Estado), la Iglesia Católica sigue acumulando denuncias, revelaciones y escándalos a repetición en diversas partes del mundo por abuso sexual de menores, 

es también hora de pensar en recurrir a los mecanismos internacionales de denuncia existentes a disposición de las víctimas de estos abusos contra el Estado del Vaticano como tal.

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya le había hecho una excitativa a Italia en el 2019 para que se creara un mecanismo que investigara lo que ocurre en materia de abuso sexual a menores en el seno de la Iglesia Católica (véase y nota de la prensa italiana del 2019). Es de notar que el informe remitido por Italia en el 2022 fue considerado como una verdadera "broma" por las asociaciones de víctimas y sus familiares (véase nota de The Guardian del 2022). 

Algunos esfuerzos más recientes

Después de Italia en el 2022, se han observado investigaciones mucho más integrales por parte de la misma Iglesia Católica, que ameritarían ser replicadas y mejoradas en diversas partes de mundo, Costa Rica incluida: es así como en Francia, luego de 2 años y medio de investigaciones internas dentro y fuera de la Iglesia Católica gala, se dio a conocer el informe final de la Comisión CIASE en octubre del 2021 (véase enlace) (Nota 2). Una pregunta sobre los hallazgos en Francia de un senador fue la ocasión para el ministerio del interior en Francia de detallar una serie de iniciativas tendientes a ayudar a las víctimas de abusos sexuales en Francia: véase enlace a pregunta (julio 2022) y respuesta (agosto del 2023).

En España, fue en el 2023 que se dio a conocer el "Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos" realizado por el Defensor del Pueblo en España (véase enlace).

Comisiones de investigación inter-disciplinarias que reúnan a expertos de diversas ramas, a familiares de víctimas así como a integrantes de la Iglesia Católica en servicio o retirados (con una palabra más libre que los que siguen sometidos a las autoridades eclesiales), permitirían tener una idea, en cada país, de los alcances de esta práctica y proponer reformas legales que permitan una tramitación mucho más expedita de este tipo de denuncias en vista de sancionar a los sacerdotes involucrados.  

No obstante esta apertura observada en Roma, las pocas víctimas que han optado por alzar la voz  en muchas partes del mundo siguen esperando justicia y siguen esperando que los responsables sacerdotales de estos abusos sean sancionados por la justicia nacional: en octubre del 2024 una comisión pontifical reconoció que aún falta mucho por recorrer en diversas  partes del mundo (véase reportage de "The Guardian").

Un documental que delata un verdadero "sistema" para proteger a algunos

En el caso de Costa Rica, el documental pone en evidencia que quien atendió las denuncias del joven Anthony en su calidad de Vicario sin que ello fuera seguido de efecto, es hoy quien... encabeza la Iglesia Católica costarricense. 

Y que el sacerdote que oficiaba en la parroquia de Patarrá autor de los hechos, luego de presentadas las denuncias, fue promovido dentro de la misma Iglesia Católica durante varios años en Costa Rica, antes de ser trasladado discretamente hacia México por su misma jerarquía. 

Fue gracias a una campaña llevada por el mismo Anthony en México ante los medios de prensa mexicanos, que fue capturado en Monterrey (México) y entregado a las autoridades judiciales costarricenses, de conformidad con una orden de captura emitida por la agencia internacional policial INTERPOL, en agosto del 2019 (véase artículo de la BBC del 20/08/2019). 

A modo de conclusión

Al enorme valor que hay que saludar, demostrado por Anthony así como por Josué, así como por sus familiares y allegados, para denunciar y apoyar sus respectivas denuncias contra un sacerdote perteneciente a una entidad tan influyente como la Iglesia Católica en Costa Rica, hay que saludar el esfuerzo del director de este documental y la calidad de la película, ganadora reciente de un Festival internacional de Cine realizado en Costa Rica en la categoría documental. 

Queda muy claro luego de haber visto este documental que el caso de estos dos jóvenes es a penas la punta de un iceberg y que son en realidad muchas más las víctimas en Costa Rica de abusos de este tipo en sus parroquias. 

No se ha escuchado, a la fecha de redactar estas líneas, de una investigación que pueda cuantificar la cantidad de víctimas potenciales de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos en Costa Rica. 

Hacemos desde ya voto para que este documental sea proyectado en las diversas salas de cine en toda Costa Rica, en particular en sus siete provincias, y que contribuya a romper el pesado silencio que ha imperado desde demasiado tiempo en muchas familias y pequeñas comunidades de feligreses. Y ojalá que, liberada la palabra, se multipliquen acciones como las de Anthony y las de Josué ante la justicia costarricense contra sacerdotes que debieran de ser inmediatamente sancionados por su jerarquía (en vez de ser protegidos y discretamente "rotados").  

Coincidencia o no de la difusión de este documental, fue hace pocos días que grandes nadadoras que le dieron medallas olímpicas a Costa Rica en los años 90 denunciaron los abusos a los que fueron sometidas por su entrenador de natación, con hechos que remontan a hace más de 37 años (véase nota de prensa de Radio UCR).

Con relación a los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, tampoco se ha escuchado de una iniciativa desde las mismas autoridades públicas costarricenses al respecto, que tienen también algún grado de responsabilidad, la cual deriva de la misma... Constitución Política. En efecto, para quienes nos leen desde otras latitudes, Costa Rica persiste desde el punto de vista jurídico en ser un Estado confesional, con una religión oficial de Estado, al leerse en el Artículo 75 de la Constitución de Costa Rica (siempre vigente), que:

"ARTÍCULO 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres".

Es muy probable que abusos de esta naturaleza se estén dando también dentro de otros credos religiosos en Costa Rica, y sería incorrecto designar únicamente a la Iglesia Católica como entidad padeciendo de estas prácticas. 

De igual manera, dentro de la Iglesia Católica, no se puede nunca generalizar, sino que son algunos sacerdotes (pero... ¿cuántos? y... ¿desde cuando?) los que se han prestado para abusar de menores en sus respectivas parroquias. 

Lo que sí pone en evidencia este documental de manera magistral, con imágenes de rostros de autoridades religiosas que lo dicen todo, es el velado "sistema" de encubrimiento y de "rotación" que han aplicado las instancias superioras de la Iglesia Católica cuando les han llegado denuncias contra un sacerdote por abusos contra menores. Este verdadero "sistema" no es propio de la Iglesia Católica en Costa Rica, sino que se ha observado y documentado en los informes precitados elaborados en Francia y en España en años recientes,  así como en otras investigaciones sobre denuncias de este tipo.  

Tratándose de una entidad como la Iglesia Católica costarricense, reacia a  realizar cambios para abrir sus archivos y sancionar a los responsables de estos abusos sexuales perpetrados hace muchos años y que en muchos casos han caído en un pesado silencio (un silencio en el que las víctimas han optado en algunos casos por las drogas, el alcool, el suicidio o bien por replicar los abusos de los que fueron víctimas en el seno de sus propias familias),  merece ser planteada la siguiente pregunta del daño provocado a la sociedad costarricense por el precitado "sistema" que detalla este documental: además de las sanciones penales individuales contra sacerdotes que abusan de menores de edad por parte de la justicia costarricense, ¿no ha llegado también el momento de exigir en beneficio de estas víctimas y de sus familiares, mediante compensaciones y reparaciones, mediante lo que también en derechos humanos se denominan "garantías de no repetición" (Nota 3) que la Iglesia Católica ponga a responder su vasto patrimonio en Costa Rica, mediante la presentación por parte de las víctimas de demandas civiles resarcitorias?

En ese mismo sentido, una carta (véase texto) a las máximas autoridades eclesiales del Vaticano del 2021, firmada por varios relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas, espera siempre respuesta.

  

Nota 1: Sobre el Estado del Vaticano y la Convención sobre los Derechos del Niño, véase el informe de investigación preparado por el Children Rights International Network (CRIN), titulado "Los abusos sexuales a niños y la Santa Sede. Necesiada de justicia, rendición de cuenta y reforma". Texto integral disponible aquí.

Nota 2: Para un un análisis de los resultados y hallazgos en Francia de esta comisión que tuvo acceso a toda la información que requirió, desde la perspectiva archivistica, véase , AIRIAU P., BOULLU Th., LANCIEN A., PORTIER Ph., "Les violences sexuelles sur mineurs dans l’Église : l’enquête de la Commission indépendante sur les abus sexuels (CIASE)", La Gazette des archives, Vol. 266 (2022), pp. 191-204. Texto integral disponible aquí. 

Nota 3: Por "garantías de no repetición" que suelen aparecer en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en complemento a las indemnizaciones por el daño moral, podríamos pensar en medidas tales como la creación de programas de asistencia a víctimas de abusos sexuales, la creación de fondos o fideicomisos que puedan acompañar a los familiares de estas víctimas ante la justicia, becas de estudio, programas comunitarios, radiales y televisivos de prevención sobre los riesgos que corren los monaguillos y otros jóvenes al aceptar servir en sus parroquias y muchas otras medidas de índole preventiva.