Estados Unidos / Venezuela: las diversas reacciones oficiales registradas en América Latina ante primera la intervención militar norteamericana en América Latina del siglo XXI
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
La operación militar realizada por Estados Unidos contra Venezuela en la noche del 2 al 3 de enero del 2026 ha causado asombro a nivel internacional. Incluyó a fuerzas especiales, comandos lanzados desde helicópteros, 150 aviones en tareas de apoyo y embarcaciones frente a las costas venezolanas. Ante ello, son varios los Estados de América Latina que han considerado oportuno manifestarse con respecto a esta acción militar unilateral contra Venezuela y contra su máxima autoridad. Resulta además muy válido preguntarse que fue lo que impidió a algunos hacerlo, y mantenerse en un pesado silencio.
El análisis de las reacciones oficiales en América Latina reviste un especial interés, en razón de estar la región compuesta por Estados soberanos, que sufrieron durante el siglo XIX y el siglo XX intervenciones militares norteamericanas directas o indirectas, destinadas todas a favorecer los intereses de Estados Unidos en la región. Vivir en una región sujeta a este tipo de acciones unilaterales o a amenazas de intervenciones militares norteamericanas, que han marcado la historia y la memoria colectiva de esta región del mundo, es una característica muy propia de América Latina: desde la perspectiva jurídica internacional, la única intervención norteamericana llevada a conocimiento de la justicia internacional fue la relacionada a las acciones militares y paramilitares contra Nicaragua, con una histórica sentencia en junio de 1986 condenando a Estados Unidos. ¿Será que Venezuela intentará obtener a partir de ahora justicia y compensaciones en el 2026 ante esta misma justicia internacional, que le dió razón a Nicaragua en 1986?
Lejos de considerarse como un capítulo cerrado de la historia de América Latina, lo ocurrido este 3 de enero del 2026 indica que esta práctica aún tiene a algunos adeptos en círculos políticos en Estados Unidos en este siglo XXI, y más sorprendente aún, que algunos Estados de América Latina no consideran necesario condenarla.¿Como así? Como se lee.
Resulta oportuno indicar que los primeros días de enero no deberían sorprender a observadores internacionales: Estados Unidos ya había planificado en estos primeros días ataques militares sumamente cuestionables y cuestionados en años recientes, como por ejemplo el perpetrado en Irak el 2 de enero del 2020 contra un alto funcionario iraní, contando para ello con información proporcionada por los servicios secretos de Israel (Nota 1).
Las reacciones inmediatas desde Naciones Unidas
A nivel de Naciones Unidas, las reacciones no se hicieron esperar, desde el mismo 3 de enero, ya sea desde la Secretaría General de Naciones Unidas, ya sea desde la Presidencia de la Asamblea General (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).
La comisión de investigación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (un órgano creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas) solicitó una investigación sobre lo ocurrido de manera a que se conozca el alcance de la destrucción y en particular el saldo de vidas humanas perdidas y de personas heridas durante este ataque (véase comunicado oficial). Como bien es sabido, Venezuela es parte a diversos instrumentos de derechos humanos, así como al Estatuto de Roma de 1988 que crea la Corte Penal Internacional (CPI): el ejemplo reciente de Ucrania solicitando a la CPI investigar exacciones cometidas en su territorio por parte de Rusia sin ser Ucrania Estado Parte al Estatuto de Roma en el 2022 merece mención.
Se sabe, por su nacionalidad, que murieron 32 personas oriundas de Cuba durante el ataque de Estados Unidos en Venezuela del pasado 3 de enero (véase nota de la DW).
Se puede prever que en días venideros, un primer ejercicio en el Consejo de Seguridad contará con el veto de Estados Unidos y que el asunto se examinará luego con una votación de los 193 Estados Miembros en la Asamblea General en próximos días, tal y como lo solicitó Sudáfrica en su comunicado oficial condenando a Estados Unidos (véase texto). Siempre y cuando, claro está, Venezuela y sus aliados considere oportuno llevar el asunto a conocimiento de los miembros del Consejo de Seguridad y luego a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Tuvimos la oportunidad de analizar una secuencia muy similar (Consejo de Seguridad - veto ruso - Asamblea General - abrumadora mayoría) en febrero/marzo del 2022, luego de la agresión militar sufrida por Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero del mismo año (Nota 2).
Es de notar que por parte de América Latina fungen como Estados Miembros no Permanentes del Consejo de Seguridad, Colombia y Panamá a partir del 1ero de enero del 2026, siendo Panamá el último Estado de América Latina en haber sufrido una intervención militar norteamericana (1989).
Las alertas desoídas de Naciones Unidas
Es de notar que mucho antes del 3 de enero del 2025, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas habían condenado de manera contundente el bloqueo impuesto a Venezuela y la intercepción y destrucción de naves sospechosas de dedicarse al narcotráfico con sus tripulantes a bordo, realizados por el ejército de Estados Unidos.
Remitimos en particular a nuestros estimables lectores a:
- el comunicado de prensa del 24 de diciembre del 2025;
- el comunicado del 4 de noviembre;
- el comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en persona del 31 de octubre;
- el comunicado conjunto del 21 de octubre del 2025;
- el comunicado de varios expertos del 16 de septiembre del 2025, luego de registrarse la destrucción de una primera embarcación.
¿Descubrirán nuestros estimables lectores la existencia de estos comunicados oficiales colgados en el sitio del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y advirtiendo que estas acciones unilaterales de Estados Unidos atentaban como tal contra la normativa internacional vigente, interesando las nociones de crímenes internacionales y de ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales? Si es del caso, se sugiere investigar qué pudo haber ocurrido con agencias de noticias y medios de prensa internacionales para que no refirieran mayormente a estos comunicados oficiales de Naciones Unidas en su momento.
Cabe señalar que las organizaciones palestinas se hacen también la misma pregunta con relación a algunos comunicados colgados por Naciones Unidas en su sitio oficial desde el 7 de octubre del 2023 sobre el drama indecible que se vive en Gaza, y que no encuentran mayor eco en la prensa internacional.
Las reglas internacionales vigentes e inmutables en breve
El uso de la fuerza de un Estado contra otro Estado está expresamente prohibido en la Carta de Naciones Unidas desde 1945, así como en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 1948, y su prohibición ha sido invocada una y otra vez por un Estado víctima y reafirmada una y otra vez por instancias de Naciones Unidas; así como por jurisdicciones internacionales desde 1945 que han conocido de acciones militares de un Estado contra otro Estado.
Cuando un Estado ha infringido esta regla en el pasado reciente, se ha esmerado en invocar figuras legales inexistentes en derecho internacional público tales como la "legítima defensa preventiva" invocada por Estados Unidos en Irak en el 2003, o por Colombia en Ecuador en marzo del 2008 (operación Fénix) y ... de manera pionera por Israel en 1981 en Irak (Nota 3); o bien invocando la noción de "guerra contra el terrorismo" para justificar bombardeos en Pakistán y en Afganistán luego del 11 de septiembre del 2001 ideada por la administración norteamericana; o bien refiriendo a la noción de "combatientes ilegales" para enviar a la base militar norteamericana de Guantánamo en Cuba a personas oriundas de Oriente Medio capturadas de manera ilegal por Estados Unidos y enviadas en vuelos clandestinos hacia Guantánamo. Más recientemente, Rusia invocó una "intervención humanitaria" en Ucrania so pretexto de un pretendido genocidio cometido contra poblaciones rusas en Ucrania en el 2022. Desde septiembre del 2025, Estados Unidos busca justificarse frente a las costas de Venezuela invocando una noción poco clara como la de "guerra contra el narco-terrorismo". Lo que podemos denominar una creatividad sin límites de algunos Estados obedece al hecho siguiente: todos los Estados buscan siempre la manera de maquillar de presunta legalidad la violación a la regla de prohibición del uso de la fuerza, al ser una norma fundamental del ordenamiento jurídico internacional.
En efecto, esta regla constituye la piedra angular de todo el edificio normativo construido desde 1945, así como el principio de no intervención de un Estado en asuntos internos de otro Estado.
La acción unilateral de Estados Unidos registrada este 3 de enero del 2026 viene a desestabilizar un poco más a la región y al mundo ya bastante convulso, confirmándose de paso que para el actual mandatario de Estados Unidos y los integrantes de su gabinete, las reglas vigentes en el ordenamiento jurídico internacional sobre la prohibición del uso de la fuerza ...son para otros Estados.
Cabe precisar que desde el 21 de enero del 2025, sea en materia de reglas comerciales, sea en materia migratoria, sea en materia de derechos humanos, sea en materia de respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, o bien sea en materia de respeto al principio de prohibición del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza, sea más recientemente en materia de normas internacionales relativas a la captura e incautamiento de cargamentos de droga en alta mar, el actual ocupante de la Casa Blanca se ha esmerado en violar de manera sistemática y desvergonzada algunas reglas internacionales existentes en estas y muchas otras materias.
En América Latina, la última intervención militar realizada por Estados Unidos en Panamá, iniciada el 20 de diciembre de 1989 y concluida con la captura del general Noriega el 3 de enero del 1990, viene a recordarnos la tentación que cada cierto tiempo tienen las máximas autoridades norteamericanas de "resolver" a su manera (la militar) problemas políticos sin lograrlo mayormente (véase enlace a diversos informes realizados en Panamá sobre esta invasión de 1989). Esta nota de prensa del 2024 señala que aún continúan las investigaciones en Panamá sobre la identificación de las víctimas panameñas, cuya cifra exacta a la fecha se desconoce.
Una acción militar unilateral de Estados Unidos ante una situación interna ya explosiva: ¿hacia donde se dirige Venezuela?
No está de más señalar que al precisar la máxima autoridad en Estados Unidos en conferencia de prensa este mismo 3 de enero del 2026 que Estados Unidos pretende asegurar una "transición pacífica" y "comercializar el petroleo de Venezuela" mientras esta transición se confirma, el irrespeto absoluto a diversos sectores en Venezuela se ve confirmado, incluyendo a sectores de la oposición política.
Un editorial del New York Times - que ninguno de nuestros estimables lectores puede tildar de favorable al régimen político en Venezuela - del mismo 3 de enero alertaba sobre los riesgos que implica para Estados Unidos y para su imagen en Venezuela, en América Latina (y en el mundo), esta acción unilateral (véase texto).
Un documental de 30 minutos, "De Macedonia, con amor", realizado por activistas en derechos humanos venezolanos a raíz de las protestas multitudinarias observadas el 29 de julio del 2025 en Venezuela, retrata de manera bastante completa el descontento de muchos sectores populares con las autoridades venezolanas, luego de anunciarse los resultados oficiales de las elecciones en julio del 2025. Ahora bien, ¿será que estos mismos sectores apoyan todos esta intervención ilegal de Estados Unidos que atenta contra la soberanía de Venezuela y que apoyarán la idea que Estados Unidos controle la producción de los hidrocarburos extraídos del subsuelo venezolano?
Ello sin mencionar el hecho que la experiencia ha demostrado que cambios de regímenes políticos mediante una intervención externa militar han agravado la crisis en vez de resolverla, como se ha podido constatar en Irak a partir del 2003, Afganistán a partir del 2002, o bien Libia y Siria a partir del 2011 así como en Yemen a partir del 2014.
En asuntos estrictamente petroleros, no está de más añadir que Irán, al nacionalizar su Primer Ministro Mohammad Mossadegh la extracción de su petróleo, fue objeto en 1953 de un golpe de Estado dirigido desde Estados Unidos para colocar a autoridades mucho más favorables a sus intereses. Las cuales fueron finalmente derrocadas en 1979 por la revolución dirigida por el Ayatollah Khomeini. En asuntos mineros, nuestros estimables lectores oriundos de Chile y más generalmente de América Latina, saben muy bien lo que sufrió Chile en 1973, con un golpe de Estado al que no es ajeno Estados Unidos, desclasificando documentos sensibles al cuenta gotas, siendo la última entrega la del 2023 (Nota 4). En ambos casos (Irán, 1953 y Chile, 1973) la situación de los derechos humanos desmejoró notablemente, siendo la prioridad para Estados Unidos otra muy distinta.
Al respecto merece una pequeña mención el regocijo de algunos sectores políticos en Costa Rica y en otras partes de América Latina anunciando el fin del régimen actual y la llegada de la democracia en Venezuela: en efecto, si bien la captura de la máxima autoridad en Venezuela y de su esposa por parte de Estados Unidos pudo debilitar por unos días la cadena de mando dentro del Estado venezolano, el sistema político existente encontró manera de suplir rapidamente esta ausencia. Con lo cual, se puede pensar que hay fuertes probabilidades para que se mantenga el mismo régimen, en particular si la oposición política venezolana no encuentra manera de articular un frente común. Con lo cual el precitado regocijo resulta algo aventurado e interesa la noción popular costarricense no muy jurídica pero perfectamente entendible de "alegrón".
Los ejemplos de regímenes políticos que se han mantenido por muchos años luego de la desaparición de su "líder" histórico, pese a la férrea oposición política de Estados Unidos, son numerosos. En cuanto al hecho de creer que Estados Unidos actuó para restablecer la democracia en Venezuela, se considera que un breve repaso de la historia nos demuestra que las verdaderas motivaciones de Estados Unidos son otras cuando interviene militarmente.
Una primera advertencia hecha en... el 2017 y repudiada de forma casi generalizada en América Latina
Cabe señalar que el 11 de agosto del 2017, este mismo Presidente de Estados Unidos había señalado, a pocos meses de iniciar su primer mandato, en declaraciones ante la prensa, que:
"No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo"
En aquel mes de agosto del año 2017, fueron varias las reacciones oficiales de Estados en América Latina repudiando mediante comunicados oficiales la "opción militar", y que tuvimos la ocasión de analizar en su momento, haciendo ver que Costa Rica no consideró en aquel momento oportuno manifestarse al respecto como sí lo hicieron muchos otros Estados (Nota 5): una omisión bastante notable y notoria, y muy pocamente analizada en Costa Rica.
Reacciones oficiales registradas en América Latina de condena al accionar de Estados Unidos de este 2 de enero del 2026
Más allá de la gran incertidumbre que pesa sobre la crisis interna aguda que vive Venezuela desde varios años, y que posiblemente se vea agravada significativamente con esta intervención militar norteamericana, entre las diversas reacciones oficiales ante lo ocurrido este 3 de enero del 2026, se puede mencionar la de Brasil, que señala de manera enfática (véase comunicado oficial) que:
"Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.
Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo.
A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões.
A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz".
Se puede también referir a la vehemente reacción del aparato diplomático de Chile (véase comunicado oficial) que señala entre varios puntos, en un extenso comunicado, de lectura completa sugerida (Nota 6), que:
"Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia, y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial, y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región".
Por su parte, en su comunicado oficial, Colombia indicó que:
"Colombia reafirma su compromiso permanente con la paz y la seguridad regional, la soberanía de los Estados y el respeto irrestricto de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias. La experiencia histórica de la región, proclamada como Zona de Paz, demuestra que ninguna controversia puede resolverse legítimamente mediante acciones unilaterales".
En su comunicado oficial, el aparato diplomático de México por su parte precisó que:
"El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.
América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional".
Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región".
Volviendo a América Latina, el escueto comunicado oficial de Costa Rica de tres frases (véase enlace) es totalmente omiso (Nota 7) si se compara con los de Brasil, Chile, Colombia, México o de Uruguay. Al respecto, un error gramatical en la primera frase con un "ha" en vez de un "han" evidencia que el texto fue redactado con cierta premura, pese a ser divulgado a una hora bastante avanzada de la tarde en Costa Rica (4:19 pm). Esta misma omisión de Costa Rica ante violaciones flagrantes a principios y reglas básicas del ordenamiento jurídico internacional se ha observado en otro caso reciente: las reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel en Gaza (Nota 8).
Mientras que el comunicado oficial de Bolivia y el comunicado oficial de Perú evitan mencionar a Estados Unidos, así como el de Nicaragua (véase texto), al igual que el de Panamá (véase texto), el comunicado oficial de Argentina (véase enlace) se congratula de la acción llevada por Estados Unidos, reproduciendo prácticamente el lenguaje y las valoraciones de Estados Unidos de una manera bastante notoria. De igual manera se pronuncia el aparato diplomático de Paraguay (véase comunicado oficial). Llama la atención que para estos últimos Estados, el objetivo de la lucha contra el narcotráfico pareciera justificar acciones como la observada este 3 de enero del 2026 en Venezuela. Se les sugiere revisar y evaluar en qué medida la captura del general Noriega en 1990 por parte de Estados Unidos en Panamá redujo sensiblemente los flujos de droga en dirección del mercado norteamericano.
En cuanto a Panamá, objeto de la última intervención militar del mismo tipo realizada en diciembre de 1989 por parte de Estados Unidos, en violación a su integridad territorial y a su soberanía, al parecer sus actuales autoridades se conformaron con omitir toda condena y repudio a esta acción y consideraron oportuno evitar toda referencia a lo vivido en diciembre de 1989 por Panamá.
No está de más señalar que en abril del 2018, la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela ante la justicia internacional de La Haya dejó entrever apetitos norteamericanos por los hidrocarburos en Venezuela, con una diplomacia de Estados Unidos en aquel momento dirigida por una persona cuya única experiencia internacional era la de haber fungido como CEO de una compañía petrolera norteamericana: Exxon Mobile (Nota 9). Estos mismos intereses por el control de los hidrocarburos de Venezuela se dejaron entrever durante la conferencia de prensa ofrecida el mismo 3 de enero del 2026 por el actual ocupante de la Casa Blanca.
También se puede pensar que un anuncio oficial como este de finales de agosto del 2025 sobre multimillonarias inversiones de empresas chinas en Venezuela para extraer petróleo se considerara en algunos círculos económicos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos como una seria amenaza a sus intereses, obligando a la Casa Blanca a elaborar algún tipo de estrategia para resguardarlos: simple coincidencia (o no tanto...), a inicios de septiembre del 2025, una primera embarcación fue eliminada por Estados Unidos frente a Venezuela, bajo el pretexto de traficar droga hacia Estados Unidos (véase nota del 2 de septiembre del 2025).
Intervenciones militares y formas de repudio oficiales omitiendo designar a sus responsables
Las intervenciones militares por parte de Estados Unidos en América Latina para resguardar sus intereses han convulsionado a la región a lo largo de toda su historia y volverán a hacerlo de volver a perpetrarse nuevamente: la última intervención militar norteamericana registrada antes de la del 3 de enero del 2026, fue la acaecida en Panamá en 1989, precedida por un histórico fallo de 1986 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a las acciones militares y paramilitares de Estados Unidos contra Nicaragua: véase el texto de la sentencia, en particular los párrafos 188 y 190 en los que la CIJ califica expresamente la prohibición del uso de la fuerza como un principio general así como una regla consuetudinaria (Nota 10).
Pese a la importancia fundamental de la regla violada en caso de intervención militar de un Estado contra otro, en América Latina se ha a veces repudiado omitiendo referirse a Estados Unidos expresamente: es así como, en el 2016, una resolución de la Asamblea General de la OEA de "desagravio" a República Dominicana por la intervención de Estados Unidos en 1965 se refirió a los "acontecimientos de abril de 1965" (véase nota publicada en el OPALC con texto final de la resolución adoptada).
Será de mucho interés observar si los diversos órganos de la OEA se pronunciarán sobre lo ocurrido el 3 de enero del 2026 en Venezuela, o si optarán por un aterrador silencio ante una violación de la misma... Carta de la OEA de 1948 por parte de Estados Unidos. Al respecto, el primer comunicado de prensa del Secretario General de la OEA (véase texto) invita a pensar que los juegos semánticos y los eufemismos, así como omitir toda referencia a Estados Unidos, ... serán de gran utilidad a la hora de redactar un proyecto de resolución en el seno del Consejo Permanente. Un texto de comparación sugerido con lo que adopte (si es que lo logra) la OEA en alguna futura sesión de su Consejo Permanente, puede ser este comunicado conjunto de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, con cinco párrafos y cuyo primer párrafo indica que:
"1. Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil".
También puede revisar la OEA el pronunciamiento del 4 de enero de la UE (véase texto), en la que figuran todos los Estados miembros de la UE menos Hungría (véase texto con detalle sobre lista de los 26 Estados firmantes). Como bien se sabe el actual mandatario de Estados Unidos mantiene excelentes relaciones con su homólogo húngaro al que llama con frecuencia y que considera un líder político ejemplar.
A la fecha de escribir estas líneas (8 de enero), no se registró ninguna condena de un órgano de la OEA a esta violación flagrante de su propia carta constitutiva: la reunión del Consejo Permanente del 5 de enero se limitó a escuchar las posiciones de cada Estado, sin más. En cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su sitio permanece omiso con relación a lo ocurrido el 3 de enero (véase enlace). Resulta oportuno señalar que con relación a las operaciones militares de Estados Unidos consistiendo en eliminar a embarcaciones y tripulantes de naves sospechosas que iniciaron en los primeros días de septiembre del 2025), no fue sino hasta el 2 de diciembre del 2025 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos externó su preocupación en un comunicado de prensa (véase enlace) en el que se destaca la expresión siguiente al referirse a estas operaciones "que presuntamente han causado la muerte a numerosas personas" (sic.).¿"Presuntamente"? Así como se lee: "presuntamente". La Comisión reitera no obstante en este tardío y poco contundente comunicado oficial a Estados Unidos, lo que ha reiterado en innumerables ocasiones a Estados miembros de la OEA:
"Cuando personal militar o de las fuerzas de seguridad utiliza la fuerza letal fuera del territorio nacional, los Estados tienen la obligación de demostrar que esa medida fue estrictamente legal, necesaria y proporcionada y de investigar de oficio cualquier pérdida de vidas en ese contexto. Esas obligaciones siguen vigentes sin importar dónde se lleven a cabo los operativos ni el estatus que se atribuya a las personas afectadas por ellos. De una manera similar, las personas bajo control del Estado deben siempre tener a su favor el pleno respeto del debido proceso y un trato humano".
A modo de conclusión
Sea colectiva, sea individual, las reacciones oficiales registradas desde el 3 de enero del 2026 se caracterizan por una gran diversidad de tono y de vocabulario: como siempre lo hemos enseñado a nuestros estudiantes, la diplomacia reside ante todo en el arte del lenguaje.
No obstante, ante una violación grave a un regla básica del derecho internacional público como la es la prohibición absoluta del uso de la fuerza, la cacofonía observada en América Latina resulta bastante llamativa, con algunas de estas reacciones oficiales evidenciando que para algunos (pocos) Estados de América Latina, la acción de Estados Unidos de este 3 de enero del 2026 no sienta ningún precedente peligroso ... y que es válida desde el punto de vista jurídico (o que, por lo menos, no requiere condena o manifestación de repudio alguno expresada en un comunicado oficial).
Este artículo publicado en el Reino Unido por un renombrado jurista, indica desde su mismo título que no existe ninguna base legal para justificar semejante acción en Venezuela por parte de Estados Unidos. Al igual que este otro publicado en EJIL-Talk este 5 de enero del 2026 y este otro en OpinioJuris este 6 de enero. En este otro artículo de un jurista mexicano también publicado el 6 de enero, se lee en sus conclusiones que:
"Estos principios no se negociaron y adoptaron así, simplemente como por el capricho de los Estados, sino como una manera de mantener la paz y seguridad internacionales después de dos conflictos mundiales que produjeron millones de muertos y destrucción de una infraestructura material creada por el trabajo de millones de personas. El orden mundial, es una respuesta a esa patología. Es una medida racional y mínima para hacer posible la convivencia pacífica de la comunidad internacional.
Cuando desaparece el DI como norma de solución de controversias y de convivencia pacífica se le da paso a la política de fuerza y esto acerca a la guerra mundial".
Para quiénes sostienen, repitiendo la narrativa de Estados Unidos y de algunos más, que la defensa de los derechos humanos y la erradicación de autoridades ilegítimas justifican semejante accionar, resulta oportuno recordar que el fin no siempre justifica los medios: autoridades que son consideradas ilegítimas por otros Estados se observan en muchas partes del mundo, cada vez que un proceso electoral se realiza en condiciones poco transparentes y en las que no puede participar la oposición política en condiciones de perfecta igualdad. No obstante, pensar que la solución consiste en intervenir militarmente desde el exterior resulta más que ilusorio y abundan los ejemplos recientes y menos recientes, tanto en América Latina como fuera de ella, de intervenciones militares extranjeras que no han hecho sin agravar la situación política interna que pretendían "resolver". En cuanto al argumento de la lucha contra el narcotráfico (que al parecer tiene muy convencidos a varios círculos políticos en América Latina, en particular en Argentina y en Paraguay), no está de más recordar que:
- hace justo un mes, el actual ocupante de la Casa Blanca indultó al ex Presidente de Honduras condenado en Estados Unidos a 40 años de cárcel por narcotráfico (véase nota de la BBC del 3 de diciembre del 2025) y que;
- son muchos los expertos que han cuestionado el hecho de considerar a Venezuela como un eje mayor en el narcotráfico en dirección de Estados Unidos.
En materia de violación a los derechos humanos, que califican como crímenes de lesa humanidad en el caso de varias de ellas en Venezuela, no está de más indicar que hay dos investigaciones abiertas pendientes ante la justicia penal internacional de La Haya desde el 2018 (véanse detalles en este enlace y en este otro); además de numerosos informes y reiterados llamados hechos desde diversos órganos de Naciones Unidas sobre la situación imperante en Venezuela en materia de derechos humanos. El informe A/HRC/51/43 del 2022 realizado por una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, disponible en este enlace, merece una lectura integral, a complementar con el informe A/HRC/59/58 del mes de agosto del 2025, disponible en este enlace.
Más allá de los errores de apreciación de unos y de otros, de círculos que gavitan alrededor de las embajadas norteamericanas (y que repiten su narrativa sin mayor reserva), y de un mandatario norteamericano tan imprevisible como errático desde que entró en funciones en enero del 2025 (con un nivel de descontento creciente dentro de Estados Unidos a muy pocas semanas de cumplir su primer año en función), resulta de sumo interés comparar la reacción de estos mismos Estados de América Latina ante la agresión militar de Rusia a Ucrania ocurrida el 24 de febrero del 2022 (Nota 11): claramente la consistencia de unos en la defensa de los principios de respeto a la integridad territorial de un Estado y de prohibición absoluta del uso de la fuerza no es tal, sino que se ha ido transformando para varios de ellos, en una incoherencia total entre el 24 de febrero del 2022 y el 3 de enero del 2026.
Desde el punto de vista jurídico, tanto lo observado el 24 de febrero del 2022 como el 3 de enero del 2026 constituyen violaciones flagrantes de una regla fundacional inscrita en la Carta de Naciones Unidas desde 1945. El hecho que en ambas acciones militares unilaterales tanto en el 2022 como en el 2026, sus autores sean Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, debería de interpelar a todos los demás Estados miembros de Naciones Unidas y llevarlos a condenar ambas acciones con la misma vehemencia: en efecto, sustituir progresivamente el derecho a la fuerza por la fuerza del derecho en las relaciones entre Estados ha sido una dura y larga batalla, que inició con la consagración desde 1945 de la prohibición del uso de la fuerza entre los Estados en la Carta de Naciones Unidas. Esta batalla no ha terminado y es de interés de todos los Estados del planeta que no se abandone.
Notas:
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