COSTA RICA GALARDONADA COMO "ENEMIGA DE TIBURONES" POR LA ONG SHARK PROJECT

Imagen extraída de reportaje de Mundo-Geo titulado "Tiburones: Los cazadores cazados"

Este 1ero de Febrero, la ONG internacional Shark Project otorgó por segunda vez a Costa Rica el premio internacional de "enemigo de los tiburones": en esta ocasión, el galardón es entregado al actual Presidente de Costa Rica, Luis Guillermos Solis Rivera. Se trata de un llamativo premio internacional que busca hacer ver ante la opinión pública mundial a Estados cuyas políticas públicas afectan gravemente a las ya diezmadas poblaciones de tiburones. En noviembre del 2015, se había anunciado la nominación a este peculiar galardón, un decisión tomada por 20 ONG (tanto nacionales como no nacionales): ver al respecto esta nota de prensa (CRHoy/Costa Rica). La publicidad hecha a esta nominación posiblemente buscaba obtener alguna última rectificación del Estado para evitar este tipo de "trofeos" internacionales.

En esta nota de prensa (La Nación/Costa Rica), se lee que para esta ONG, "El presidente Solís ha eliminado de forma sistemática todas las medidas establecidas legalmente para la protección de los tiburones. Es más, su gobierno ha aprobado numerosas leyes y normativas que favorecen la caza de tiburones y el comercio con aletas”. En el año 2006, el Presidente de Costa Rica Abel Pacheco de la Espriella también fue galardonado con el mismo premio internacional (ver nota de prensa de La Nación). Se trata de llamadas de atención a Costa Rica por parte de organizaciones internacionales que vienen a apoyar los señalamiento provenientes de la misma sociedad civil costarricense ante la caótica situación de los recursos pesqueros, la ausencia de controles efectivos y la falta de regulaciones para frenar la drástica disminución de sus recursos marinos, incluyendo a los tiburones.

SEÑALAMIENTOS A ESTADOS Y DERECHO INTERNACIONAL. Desde el punto de vista estríctamente jurídico, los comunicados o las valoraciones críticas realizadas desde entidades privadas sobre políticas de un Estado no cuentan con algun tipo de regulación en derecho internacional público, a diferencia de la situación en la que se coloca un Estado al manifestarse sobre la situación interna de otro Estado. Tuvimos recientemente la oportunidad de analizar en el sitio jurídico de Ius360 (ver nota) el cruce de comunicados oficiales entre Costa Rica y Venezuela de inicios del 2016, en el que Venezuela se refirió al principio de no intervención en asuntos internos.

En caso de manifestaciones provenientes de organizaciones de la sociedad civil, el Estado aprecia la oportunidad de responder o de no responder a los cuestionamientos hechos. Usualmente, los pronunciamientos de entidades nacionales no dan pié para mayor manifestación por parte del Estado. Cuando se trata de comunicados de entidades privadas internacionales, el Estado puede optar por emitir algún tipo de comunicado o mantenerse en silencio. Muchas veces, el criterio de oportunidad se guía por el tipo de difusión a nivel internacional del señalamiento hecho. Al parecer, conscientes del tipo de difusión de galardones internacionales de esta naturaleza, las autoridades de Costa Rica optaron por emitir un comunicado oficial a pocas horas de concedido el galardón de Shark Project (cuyo texto reproducimos al final de esta nota), suscrito por un Ministro (Ministerio de Agricultura y Ganadería) y un Vice Ministro (Ministerio de Ambiente y Energía) a cargo de " Aguas, Mares, Costas y Humedales".

LOS SEÑALAMIENTOS DESDE LA SOCIEDAD CIVIL COSTARRICENSE. Cabe señalar que en los últimos años, se ha puesto de manifiesto en varios ámbitos de la protección del ambiente un doble discurso por parte de las autoridades de Costa Rica (ver nuestra breve nota publicada en junio del 2008: ¿Paz o Requiem para la Madre Tierra?). Un Manifiesto Público en Defensa de la Naturaleza suscrito en el 2008 por varias personalidades y entidades de la sociedad civil costarricense (ver texto completo) denunciaba la inconsistencia existente entre la imagen verde proyectada hacia el exterior por Costa Rica y las políticas públicas elaboradas desde el mismo Estado. En este comunicado colectivo del 2008 (que no provocó mayor manifestación por parte de las autoridades de la época y mucho menos rectificación alguna en su errático actuar) se lee, entre varias exigencias a las autoridades de la época, que: "LEY DE PESCA: Reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura de forma tal que la pesca ilegal en las Áreas Marinas Protegidas de Costa Rica sea severamente castigada, así como una Reforma a la Ley de creación del INCOPESCA que elimine el claro conflicto de intereses que existe a la hora de decidir de sanciones por la pesca ilegal". También se alertaba en la parte de considerandos sobre: "... la ineficacia de las sanciones previstas por la Ley de Pesca y Acuicultura por la pesca ilegal (en particular el aleteo de tiburón y pesca de arrastre del camarón) en las aguas sometidas a la jurisdicción costarricenses y en áreas protegidas cómo la isla del Coco, como quedó al descubierto con el barco atunero Tiuna a inicios del año;". En febrero del 2015 se leyó en un reportaje sobre la pesca ilegal de tiburón martillo cerca de la Isla del Coco que, según un alto funcionario del Sistema Nacional de Areas de Conservación de Costa Rica (SINAC): "No teníamos la información que tenía el personal de la isla. La información en el Sinac no está centralizada" (ver artículo del Semanario Universidad). En otras palabras, y si interpretamos correctamente lo que se lee, en Isla del Coco se identifican embarcaciones pescando ilegalmente, se registran sus números de matrículas por parte de los funcionarios del SINAC, pero la información no es trasladada a las oficinas centrales.

LA PESCA DE ARRASTRE EN COSTA RICA. En el 2013, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica acogió un recurso contra la pesca de camarón con redes de arrastre, propiciada por las autoridades de pesca, indicando (ver texto completo de su resolución 10540 - 2013) que: " "En definitiva, confrontando las normas impugnadas con los principios expuestos del derecho internacional y comunitario, se observa una flagrante violación, toda vez que la pesca del camarón con redes de arrastre en el contexto actual costarricense, causa serios daños al ecosistema marino, pone en grave riesgo la existencia y reproducción de especies comerciables y del propio camarón, y atenta contra la supervivencia del sector pesquero artesanal socialmente vulnerable". En el "Por tanto" de esta sentencia del año 2013, el juez constitucional se muestra poco complaciente con las autoridades de pesca costarricenses recurridas, al señalar que: "En consecuencia, a partir de la notificación de esta sentencia, el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre. En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentesconservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas". En un reciente porgrama radial sobre el irresuelto tema de la pesca de camarón con redes de arrastre (ver nota con audios del Programa de Amelia Rueda), se lee que: "con la técnica de pesca de arrastre de fondo se desperdicia un 80 por ciento de los peces que no están listos para el consumo humano". En el 2010, la ONG MarVica (Costa Rica) ya advertía en un estudio sobre la pesca de arrastre en Costa Rica que, después de las tortugas: "Otro grupo fuertemente afectado por la pesca de arrastre son los tiburones, y es, después del pescado eviscerado, el tipo de pesca más común en los desembarcos de FACA comercializable" (p. 40).

EL CASO WATSON ANTE LA CIDH. En mayo del 2012, Paul Watson, reconocido lider ecologista canadiense y director de la ONG Sea Shepherd, fue aprehendido por las autoridades policiales de Alemania debido a una antigua orden de captura internacional vigente, solicitada por la justicia de Costa Rica a INTERPOL: las máximas autoridades diplomáticas de Costa Rica decidieron reunirse personalmente con él en Alemania (ver nota de prensa) para encontrar una solución en caso de que fuera deportado hacia Costa Rica. No fue deportado a Costa Rica, y se ignora cuál fue el acuerdo al que llegaron las partes durante esta cita realizada en Berlín. En noviembre del 2013, se indicó que Paul Watson regresó a Estados Unidos después de 15 meses, y que la orden de captura de INTERPOL fue retirada (ver nota de prensa del Tico Times). En octubre del 2015, el mismo Paul Watson señaló a Costa Rica como una "nación ecológica criminal" (ver nota de CRHoy). En noviembre del 2015, se indicó que Paul Watson presentó una demanda contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver nota de prensa del Tico Times).





El comunicado de prensa emitido por la Presidencia de Costa Rica se reproduce a continuación

Presidente ratifica compromiso con protección de los tiburones 1 febrero, 2016 Tiburón

Se desmienten de manera categórica las razones expuestas por Shark Project.

Esta organización no cuenta con la información correcta y veraz



San José, Costa Rica. 2 de febrero del 2016. El Gobierno de la República rechaza terminantemente el nombramiento del Señor Presidente de la República Luis Guillermo Solis Rivera como “enemigo de los tiburones” por la ONG Shark Project.

Enfatizamos el compromiso con la conservación marina y la regulación del aprovechamiento de estas especies marinas, a la vez que desmentimos categóricamente las razones expuestas por Shark Project para nominar al señor Presidente;

Promoción de conservación de especies en convenciones internacionales. Durante la Administración Solís Rivera, el Gobierno de la República ha asumido un enérgico liderazgo mundial entorno a la conservación de especies a nivel internacional, como lo fue la inclusión de las especies de tiburón martillo y sedoso en el Anexo II de la Convención de Especies Migratorias. Además el Gobierno de la Republica se prepara para realizar durante el mes de Febrero 2016 la reunión de Signatarios del Memorandum de Entendimiento “Shark Mos 2”, de la Convención de Especies Migratorias, el cual busca el desarrollo de un plan de conservación para las especies incluidas en el Anexo II de esta Convención.

Modificación de Reglamento CITEs. El Gobierno de la República ha asumido con responsabilidad un proceso de fortalecimiento del Reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, y para ello realizó una revisión del decreto que regula la Convención de CITES, para otorgarle un papel protagónico a las instancias de carácter técnico y científico y hacer vinculantes sus dictámenes. La Administración Solís Rivera es la primera que apoya al Consejo de Autoridades Científicas CRAC-CITES en la elaboración de un instrumento para la regulación de exportaciones de subproductos de especies de tiburón martillo (Dictamen de Extracción No Perjudicial) y ha asumido totalmente las recomendaciones por medio de la Autoridad Administrativa (SINAC)

Exportación por medio de aerolíneas. En el país solamente se permiten aquellas exportaciones de subproductos que contengan trazabilidad y en el resguardo de este monitoreo intervienen instancias como INCOPESCA, SENASA, SINAC, Aduanas, entre otras. Es falso que no haya regulaciones al respecto por parte del Gobierno en este tema.

La ONG Shark Project no cuenta con la información correcta y veraz para hacer sus valoraciones y por ello hacemos esta pertinente aclaración.

Luis Felipe Araúz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería

Fernando Mora Rodríguez, Viceministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales